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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL CENTRO DE RECLUSIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA RESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE LA DICTÓ SEA DIFERENTE AL DEL LUGAR DE DICHO CENTRO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 45/2010. · Registro digital (IUS): 22388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 1201.

AMPARO EN REVISIÓN 45/2010. **********.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción de la parte considerativa de la sentencia impugnada y de los agravios expresados por el recurrente, en tanto que este Tribunal Colegiado advierte, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, pues a razón de los principales efectos (materiales) del acto reclamado y el lugar en donde se encuentra el quejoso en reclusión preventiva (Centro de Ejecución de Sanciones en Altamira, Tamaulipas), es incuestionable que, con base en las reglas de competencia que para conocer de un juicio de amparo establece el artículo 36 de la ley invocada, la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, de manera incorrecta, estimó ser competente para resolver el juicio de garantías que constituye la materia de la revisión.

Para evidenciar la conclusión predicha, en primer término, se estima necesario recapitular los principales argumentos relativos a los efectos del fallo que en una apelación confirma un auto de formal prisión y a la competencia para conocer de un juicio de amparo, en los términos que a continuación se exponen.

En cuanto a los efectos de la resolución que en una apelación confirma un auto de formal prisión, debe apuntarse que la Primera Sala del Alto Tribunal, previo examen de los tópicos relativos al auto de formal prisión y sus efectos jurídicos, así como de la figura de la apelación como recurso ordinario en contra de un auto de formal prisión dictado en primera instancia y sus efectos jurídicos, al respecto determinó que:

Los principales efectos de la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad, pues con dicha conducta jurisdiccional el tribunal de alzada reconoce que no se actualiza ningún supuesto que permitiese revocar el auto y, en su caso, dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traducía, entre otro supuesto, en que dicho inculpado permaneciese privado en forma cautelar de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del juzgador de primera instancia. Y en ese sentido concluyó que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, constituye un acto con efectos materiales, al repercutir directamente en la libertad personal del inculpado, en tanto que dicha libertad se encontrará provisionalmente restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también en razón de su confirmación en segunda instancia, al continuar privado cautelarmente de su libertad como consecuencia positiva de este último fallo.

Razones antes sintetizadas que integraron en parte el motivo de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 174, con epígrafe siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal."

Ahora bien, el Pleno del Alto Tribunal también ha sostenido que las cuestiones de competencia, además de que se constituyen en presupuestos procesales y de orden público, están elevadas a rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia;(1) es decir, en el caso particular, la competencia constitucional de los Juzgados de Distrito y, por identidad procesal sustancial,(2) de los Tribunales Unitarios, está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada por el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, que a la letra dice:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. ..."

Estatuye que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito y, en su caso, dado el principio de identidad jurídica sustancial, ante el Tribunal Unitario bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacándose que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; de esta manera, siendo ésta la intención del legislador, de que esencialmente se fije la competencia de la autoridad de control constitucional para conocer de un juicio de amparo, atendiendo al lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, es que no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier autoridad de control constitucional para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente.

Orienta lo señalado, la tesis aislada sustentada por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XV, Materia Común, página 38, que literalmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. Para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional, tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trata de ejecutarse, siendo esto lo que principalmente fija la competencia del Juez."(3)

Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que literalmente dicen:

"Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

"Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material."

"Artículo 29. Los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán:

"I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito. ..."

Reglamentan los supuestos básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito y, por identidad procesal sustancial, de los Tribunales Unitarios, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Supuestos que, para una mejor comprensión técnica, a partir de lo que al respecto han estimado el Pleno y la Primera Sala del Máximo Tribunal,(4) pueden concretarse en las reglas que se puntualizan a continuación:

i) Será competente el Juez de Distrito (o el Tribunal Unitario) del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;

ii) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces (o Tribunales Unitarios) de esas jurisdicciones, a prevención, y

iii) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito (o el Tribunal Unitario) en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.

De donde se hace manifiesto que la primera regla se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito o del Tribunal Unitario, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una diversa autoridad.

Mientras que la segunda previsión normativa, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, establece que, en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo.

Y la última regla, consistente en que cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material será competente el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, requiere la evidencia en autos de que la responsable emisora del acto que se reclama (que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez de Distrito o del Tribunal Unitario, para que éstos sean los que naturalmente, en su caso, conozcan del juicio de garantías.

Siendo que tales reglas, como lo ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) fueron establecidas por el legislador con el propósito de buscar facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiese disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender, de una manera adecuada y permanente, el desenvolvimiento del juicio que promueva.

Corrobora lo anterior, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 5, que literalmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario."

Por otra parte, debe destacarse que en los autos del juicio de amparo indirecto que se revisa, en lo que interesa, se advierte lo siguiente:

a) El quejoso de que se trata, en su escrito de demanda de amparo, entre otras cosas señaló, que estaba privado de su libertad en el "Centro Preventivo y de Readaptación Social de Altamira, Tamaulipas" y solicitó la protección constitucional en contra de la resolución de siete de enero de dos mil nueve, dictada en el toca de apelación ********** por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se modificó (sólo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos) el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, en auxilio de las labores del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la causa penal **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada, y

b) Durante la tramitación legal del juicio de amparo indirecto, en el que la autoridad jurisdiccional responsable aceptó haber sustanciado y resuelto, en el toca penal **********, la apelación interpuesta por **********, contra el ya descrito auto de formal prisión dictado en su contra como probable responsable de la comisión del delito de delincuencia organizada, fueron girados varios exhortos al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que notificara personalmente al quejoso de que se trata de las diversas resoluciones (acuerdos y sentencia) pronunciadas dentro del mismo; los cuales fueron legalmente diligenciados por el actuario judicial adscrito al tribunal exhortado, precisamente en el "Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas", dado que en dicho lugar el aludido quejoso se encuentra recluido provisionalmente con motivo del fallo de segunda instancia reclamado.

Inclusive, de las constancias que integran el cuaderno del amparo en revisión que ahora se resuelve, se advierte que la presidencia de este Tribunal Colegiado ordenó girar diversos despachos al Juez de Distrito de turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que notificara personalmente al recurrente los acuerdos de trámite que al efecto fueron emitidos, dado que aquél se encontraba privado de su libertad en el "Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas"; los cuales también fueron legalmente diligenciados en el referido centro de reclusión por el actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico.

Así pues, sobre las premisas legales y antecedentes relatados, es posible establecer que, en el caso particular, el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, consistente en la resolución de siete de enero de dos mil nueve, dictada en el toca de apelación ********** por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se modificó el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, en auxilio de las labores del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la causa penal **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada, constituye un acto que importa una ejecución material; pues si tal resolución convalidó los principales efectos jurídicos del auto de formal prisión, entre otros, la justificación de la detención cautelar del procesado ahora recurrente -prisión preventiva-, no obstante la modificación que se hizo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos, es inconcuso que repercute en la libertad personal del quejoso al continuar privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también por la resolución que en segunda instancia, aunque modificó sólo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos, revalidó positivamente los efectos legales de aquél.

De esta manera, si el quejoso de que se trata se encuentra en reclusión preventiva con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra en primera instancia y convalidado, en esencia, en la reclamada resolución de segunda instancia, en el "Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas"; como se corrobora con los diversos exhortos que obran en los autos del juicio de amparo indirecto que se revisa, mediante los cuales se solicitó auxilio al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la notificación al quejoso referido de diversos proveídos de trámite y de la sentencia emitida en el mismo en ese centro de reclusión donde éste se encuentra recluido, incluso con los despachos que obran en el cuaderno del amparo en revisión por los que se notificó en forma personal al quejoso los acuerdos de trámite dictados por la presidencia de este Tribunal Colegiado, precisamente en el centro de reclusión mencionado; entonces, deviene incuestionable que la ejecución del fallo de segunda instancia reclamado tiene verificativo en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, pues en dicho lugar está el centro carcelario en donde el quejoso está recluido de manera preventiva.

Y esa tesitura, desde luego, conforme a las ya subrayadas previsiones de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, dada la naturaleza de la resolución de segunda instancia reclamada por el quejoso, ahora recurrente, es que se actualiza la primera regla del artículo 36 de la Ley de Amparo y, por ende, dado el lugar en que se lleva a cabo la ejecución material de aquélla (ciudad de Altamira, Tamaulipas), se estima que la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad de Toluca, carece de competencia legal en razón de territorio para resolver del juicio de amparo venido a revisión, puesto que la competencia para conocer de dicho juicio de garantías se surte a favor del Tribunal Unitario en cuya jurisdicción reside el "Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas", lugar donde se encuentra interno el quejoso, hoy recurrente y, obviamente, tiene verificativo la ejecución de la resolución materia del reclamo.

Corolario anterior que, evidentemente, comulga con el ánimo que el legislador tuvo al establecer las reglas de competencia para que los Jueces de Distrito y, por identidad procesal sustancial, los Tribunales Unitarios, conociesen de los juicios de amparo, pues precisamente se buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiese disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que se promoviese; lo que se resguarda, sin lugar a dudas, cuando el Tribunal Unitario competente para conocer del amparo en contra del fallo que, aunque modificó una cuestión secundaria, convalidó en esencia un auto de formal prisión, es aquel que reside en el mismo lugar en que se ubica el centro de reclusión en donde el procesado se encuentra privado de la libertad en forma provisional, dado los efectos positivos de aquella resolución de segunda instancia.

Lo anterior no se contrapone a lo expuesto en las tesis de jurisprudencia P./J. 25/98 y 1a./J. 147/2005, con los rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO." y "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN."; pues, la primera tesis de jurisprudencia dilucidó que, dada la expresión "más próximo a la residencia de aquel que hubiese emitido el acto impugnado", prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ningún obstáculo existía para que los Tribunales Unitarios pertenecientes a un mismo circuito, en el cual ejerciesen jurisdicción, conocieran unos respecto de otros de los juicios de amparo indirectos; en tanto que la segunda tesis de jurisprudencia referida, entre otros temas, en lo que importa, estableció la competencia para conocer de un juicio de amparo a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción residiese el que conociera del proceso penal de primera instancia para el caso de que se impugnase el fallo que, en la apelación, confirmase el auto de formal prisión, siempre y cuando el lugar de residencia del Juez del proceso fuese coincidente con el del centro de reclusión en donde, en su caso, estuviese interno el inculpado para efecto de la prisión preventiva (coincidencia que no se surte en el caso que ahora se resuelve). Al contrario, por las razones que informan las tesis de jurisprudencia aludidas, en lo conducente, corroboran la decisión adoptada en la presente ejecutoria, al converger, de manera respectiva, en que es aplicable, por identidad procesal sustancial, para fincar la competencia de los Tribunales Unitarios, las reglas de competencia establecidas por el artículo 36 de la ley de la materia, entre otras, en razón de la jurisdicción en que debiese tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama, lo que precisamente forma parte del sustento del presente fallo.

Por tanto, si el quejoso permanece privado de su libertad personal, en forma cautelar, con motivo de la resolución de segunda instancia, que es materia del reclamo, en el "Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas", resulta inconcuso que, atento al principio de identidad procesal sustancial y conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo y puntos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es el Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien debe conocer y resolver el juicio de garantías de que se trata.

En las relatadas circunstancias, al advertirse de oficio que la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, carece de competencia legal en razón de territorio para resolver del juicio de amparo venido a revisión, lo que procede, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, es revocar la sentencia pronunciada en audiencia constitucional y terminada de engrosar el treinta de noviembre siguiente, en el juicio de amparo indirecto **********, por la Magistrada aludida y, en su lugar, se ordena remitir los autos al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que dicte la sentencia correspondiente; en la inteligencia de que, conforme a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los efectos anulatorios operan únicamente respecto del fallo impugnado, y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, la que, por lo tanto, deberá quedar subsistente.

Constriñe lo precisado, la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 5, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.-Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente."

Por lo expuesto y, con apoyo en lo que establecen los artículos 107, fracciones II y III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 76, 77, 78, 184 y 190 de la Ley de Amparo, así como 1o., fracción III, 34, 35 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia materia de la revisión.

SEGUNDO.-Se considera legalmente competente para resolver el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que, dejando subsistente la audiencia constitucional, se avoque a su resolución y, para tal efecto, deberán remitírsele los autos que integran el juicio de garantías referido.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria remítanse los autos respectivos al Tribunal Unitario que se estimó competente; asimismo, comuníquese la misma a la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidenta María de Lourdes Lozano Mendoza, Jorge Luis Silva Banda y Fernando Hernández Piña, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, V y VI, 5, 8, 13, 14, 18, 61 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Notas: La jurisprudencia P./J. 25/98 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 17.

El Acuerdo General 57/2006 citado en esta ejecutoria, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 2429.

____________

1. Así se estableció en la ejecutoria por la que se resolvió la contradicción de tesis 7/95, que dio origen a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2001.

2. Principio que fue estimado por el Pleno del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22388-df757330/competencia-para-conocer-del-amparo-promovido-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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