Corpus
Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 544/2010. · Registro digital (IUS): 23111
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 2018.

AMPARO EN REVISIÓN 544/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son fundados, suplidos en su deficiencia, los agravios expuestos por el recurrente, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

En efecto, de las constancias que obran en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito, se advierte que el quejoso ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diez, emitido por la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual determinó que no era procedente admitir el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de veintitrés de junio del mismo año, en virtud de que fue presentado fuera de las veinticuatro horas contadas a partir de su notificación.

Asimismo, reclamó la ejecución del referido acto al director del Centro de Readaptación Social, actualmente de Reinserción Social de Puebla.

Al respecto, la Juez de Distrito determinó resolver en los siguientes términos:

Negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del auto de catorce de julio de dos mil diez, al considerar que el mismo no es violatorio de garantías.

Ahora bien, de la parte considerativa de la sentencia, se advierte que se sobreseyó con relación al acto de ejecución reclamado por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa de la autoridad ejecutora no desvirtuada por el quejoso, aquí recurrente.

Sin embargo, dicho sobreseimiento no fue reflejado en los puntos resolutivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

"...

"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

No obstante, toda vez que el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público y, por ende, de estudio oficioso, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que enseguida se cita, estima procedente subsanar la incongruencia destacada ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues por las razones que se han expuesto con antelación, la incongruencia destacada no es de tal gravedad que deje en estado de indefensión al quejoso, en tanto que, como se ha evidenciado, fue correcto el sobreseimiento decretado en el juicio.

La jurisprudencia a la que se ha hecho referencia es la número 401 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 345, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

Precisado lo anterior, es de establecerse que del escrito por el cual se interpuso recurso de revisión, el inconforme no expresó ningún agravio respecto al sobreseimiento decretado por la Juez de garantías, en la parte considerativa de la sentencia recurrida, referente al acto de ejecución reclamado al director del Centro de Reinserción Social de Puebla.

Empero, en virtud de que la determinación del juzgador puede afectar al inculpado y con relación a éste, al ser parte reo en el proceso de origen, opera la suplencia de la queja; es procedente realizar el análisis oficioso de la determinación a que se alude.

Tiene aplicación al caso, el criterio emitido por este propio tribunal en la jurisprudencia número 49, publicada en la página 76, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2002, de rubro y texto siguientes:

"SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO CUANDO EL RECURRENTE SEA EL INCULPADO, AUN CUANDO NO SE FORMULEN AGRAVIOS EN CONTRA DEL MISMO. Si en la sentencia recurrida por el quejoso se sobresee y niega el amparo, y el recurrente no formula agravios en el recurso de revisión contra el sobreseimiento decretado, el estudio de éste debe hacerse de oficio, pues ese sobreseimiento puede afectar al inculpado, a favor del cual procede la suplencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo."

En ese contexto, esta potestad federal considera que fue legal el proceder de la Juez de garantías al decretar el sobreseimiento aludido, en virtud de que, tal como lo sostuvo, de los autos del juicio se obtiene que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto atribuido, sin que el quejoso, aquí recurrente, durante la tramitación del juicio, aportara prueba alguna que desvirtuara tal negativa.

Circunstancia que, como lo advirtió la Juez Federal, conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

"...

"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley."

Apoya lo expuesto la jurisprudencia número 284, citada por la Juez de amparo en la sentencia recurrida, sostenida por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Por otra parte, como se precisó, la Juez Federal determinó negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el entonces quejoso, aquí recurrente, respecto del acuerdo de catorce de julio de dos mil diez, emitido por la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual determinó que no era procedente admitir el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha veintitrés de junio del mismo año, por haberlo presentado de manera extemporánea, esto es, fuera de las veinticuatro horas contadas a partir del momento de la notificación del proveído impugnado.

Las consideraciones en que la Juez Federal sustentó su determinación son las siguientes:

1. La autoridad responsable, al proveer respecto del recurso de revocación que interpuso el inconforme, consideró que el mismo resultaba extemporáneo, ya que fue interpuesto fuera del término de veinticuatro horas a aquél en que tuvo conocimiento de la resolución que recurría, esto es, el trece de julio de dos mil diez, a las diez horas con quince minutos; actuación que, agregó la Juez Federal, se fundó en los artículos 31 y 269 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado.

2. En ese sentido, señaló la Juez de garantías que el artículo 49 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado prevé: "Artículo 49. Los términos que señala este código para los casos que prevé el artículo anterior, se contarán de momento a momento y no podrán interrumpirse por ningún motivo."

3. Que de la transcripción del artículo 269 se advierte que el recurso de revocación puede interponerse en dos momentos, en el acto mismo de la notificación y cuando es solicitada dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación.

4. Que de la simple lectura del proveído de catorce de julio de dos mil diez, por el que la autoridad responsable desechó el recurso de revocación y, atento a la disposición del código adjetivo de la materia, es claro que la autoridad responsable actuó en acatamiento a la misma al desechar de plano el recurso interpuesto.

5. Que es así, consideró la autoridad de amparo, porque como lo señaló la responsable, de la notificación del proveído de veintitrés de junio de dos mil diez, se advierte que fue realizada, al ahora quejoso, el doce de julio del mismo año, a las ocho horas con veinte minutos, y que éste interpuso el recurso de revocación el trece de julio de dos mil diez, a las diez horas con quince minutos, como se advierte del sello de recepción de la oficialía de partes del juzgado responsable y, acorde a lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, el término para interponer el citado recurso de revocación era dentro de las veinticuatro horas siguientes a la misma, pues comenzó a transcurrir al momento de realizada la notificación y concluyó el trece de julio de dos mil diez, a las ocho horas con veinte minutos, por lo que al haber presentado el escrito el trece de julio a las diez horas con quince minutos, el mismo resultó extemporáneo.

6. Que no era óbice lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que las veinticuatro horas a que se refiere el numeral 269 del código adjetivo de la materia, deban ser hábiles, ya que las promociones únicamente pueden presentarse de las ocho a las quince horas conforme al artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que dicho artículo se refiere al horario para despachar de los tribunales y no a los términos que corren a las partes.

7. Que así, de una correcta interpretación del citado artículo 269, se pone de manifiesto que cuando se opte por la segunda posibilidad de interposición del recurso de revocación, el término empieza a correr, precisamente, desde la hora y fecha en que quedó notificado el auto que se impugna y concluye una vez transcurridas las veinticuatro horas siguientes, toda vez que el término dado es de aquellos que corren de momento a momento conforme al numeral 49 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado.

8. Por lo que, agregó la Juez Federal, si el artículo 269 señala que el recurso se interpondrá dentro de las veinticuatro horas siguientes, y el numeral 49 que los términos judiciales corren de momento a momento y que no podrán interrumpirse por ningún motivo, debe considerarse que dicho término debe computarse sin interrupción alguna, pues no existe excepción al respecto, por lo que debe seguirse el principio de que donde la ley no distingue, no puede hacerlo quien la aplica, por lo que no es aplicable el artículo 5o., segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por lo que lo procedente era negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que sí fue violatorio de garantías el auto de catorce de julio de dos mil diez, mediante el cual la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla desechó el recurso de revocación, pues el mismo sí fue interpuesto en tiempo y forma legal.

Con la finalidad de evidenciar lo que se afirma, es pertinente transcribir el contenido de los siguientes preceptos legales del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla:

"Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica."

"Artículo 49. Los términos que señala este código para los casos que prevé el artículo anterior, se contarán de momento a momento y no podrán interrumpirse por ningún motivo."

"Artículo 269. Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano."

Así, del último precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación puede interponerse en dos momentos:

1. En el acto de la notificación.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a ésta.

Por su parte, del primer numeral transcrito se obtiene lo siguiente:

I. Que los términos judiciales son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles.

II. Que la excepción a dicha forma de cómputo se actualiza cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales.

b) Que se trate de tomarle su declaración preparatoria.

c) Que se trate de resolver la situación jurídica.

En tanto que, del segundo artículo transcrito, se sigue que los términos a que se refiere el diverso numeral 48 se contarán de momento a momento y no podrán interrumpirse por ningún motivo.

Ahora bien, de lo anterior se puede colegir que son, precisamente, en las hipótesis de excepción a las que se ha hecho referencia en donde los términos judiciales deben contarse de momento a momento, pues así se desprende de la armónica interpretación del texto de los citados numerales, al contener, el primero, la regla general y prever los casos de excepción y, el segundo, al referirse a la forma en que, con relación a dichos supuestos, debe computarse el término judicial sólo en estos aspectos, pues en los demás casos el cómputo en los términos judiciales debe realizarse en términos de la primera parte del artículo 48 de la legislación adjetiva penal estatal para que pueda considerarse legalmente hecha y sea a partir de dicho momento en que pueda iniciar el término judicial.

En ese sentido, para que una notificación pueda considerarse legalmente hecha es menester que ésta surta sus efectos, pues precisamente el surtir efectos forma parte de su perfeccionamiento, por lo que cuando esto no haya sucedido no pueden legalmente computarse los términos que la ley conceda para la interposición de los recursos.

Es decir, una notificación se tiene por legalmente hecha cuando ha surtido efectos, y es a partir de entonces que el notificado está en aptitud de intentar contra la resolución mandada notificar, los recursos o medios de defensa que la ley autorice.

Se cita en sustento de lo expuesto, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 56 del Volumen 58, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"NOTIFICACIÓN, SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA. El surtir efectos una notificación forma parte de ésta en su perfeccionamiento así que mientras una notificación no haya surtido efectos, en los términos de la ley respectiva, no se pueden legalmente computar los términos que la ley conceda para la interposición de los recursos. Es decir, una notificación se tiene por legalmente hecha cuando ha surtido efectos, y es a partir de entonces que el notificado está en aptitud de intentar contra la resolución mandada notificar, los recursos o medios de defensa que la ley autorice."

Ahora bien, es cierto que el citado artículo 48 del código adjetivo penal del Estado no es preciso en determinar cuándo surten efectos las notificaciones y sólo señala que los términos judiciales se contarán al día siguiente al en que éstas se hubieren practicado; luego, es de concluirse que dicha notificación surte efectos desde el momento en que se efectúa y, por ende, que los términos a que se refiere la codificación procesal penal deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza.

Apoya lo considerado la tesis aislada número VI.1o.P.104 P de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1142 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"TÉRMINOS JUDICIALES. CUÁNDO SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, vigente en el Estado, no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de lo que se colige que la notificación surte sus efectos desde el momento en que se realiza; en consecuencia, puede concluirse que si dicha codificación que rige el acto no señala cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza."

En esas condiciones, si bien es cierto que el artículo 269 del código procesal penal establece que cuando no se interponga el recurso de revocación en el momento de la notificación, éste podrá interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes, ello no significa que se trate de una regla distinta de la señalada en el numeral 48 del mismo ordenamiento legal, consistente en que el cómputo de los términos se contará a partir del día siguiente al en que se haya hecho la notificación, sino que dicha expresión debe entenderse en armonía con este último numeral, del que se colige el momento en que la notificación surte efectos y, por ende, del momento en que debe computarse cuando no se actualice alguno de los supuestos a que se refiere la parte final del artículo 48, y en los que de acuerdo con el diverso numeral 49, deberán contarse de momento a momento.

Considerar lo contrario e interpretar de una manera aislada lo dispuesto en dichos numerales, como lo hizo la autoridad responsable, al estimar que las veinticuatro horas deben computarse a partir del preciso momento en que se efectúa materialmente la notificación, aun supuestos no comprendidos en los casos de excepción, implicaría que el término comenzaría a transcurrir antes de que la notificación quedare legalmente realizada que, según lo expuesto, esto acontece cuando surten sus efectos, o sea, en el momento de su realización, por lo que el término debe computarse al día siguiente de ello, lo que sólo, se insiste, puede obtenerse de la interpretación armónica de las disposiciones legales ya citadas en tanto se complementan y no se contrarían entre sí.

Orienta lo hasta aquí expuesto, por lo que informa en lo de interés, la jurisprudencia número 2a./J. 60/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2006-SS, publicada en la página 325 del Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"QUEJA INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CÓMPUTO DEL PLAZO EN CASO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.-Los artículos 24, fracción III, y 34, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que para la interposición de los recursos los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación relativa, y que las notificaciones que se hagan a las autoridades responsables surtirán sus efectos desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas. Por su parte, los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, del citado ordenamiento, prevén que el recurso de queja contra la resolución que concede o niega la suspensión provisional deberá presentarse ante el Juzgado de Distrito dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente. En ese sentido, se concluye que tratándose de la interposición del mencionado recurso por parte de las autoridades responsables, el plazo de veinticuatro horas aludido deberá computarse a partir de las cero horas del día hábil siguiente al en que haya quedado legalmente hecha la notificación de la resolución recurrida hasta las veinticuatro horas de ese mismo día."

Así las cosas, si en la especie, según se advierte de actuaciones, el proveído de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, por medio del cual se requirió al quejoso, aquí recurrente, para que cumpliera con la sentencia condenatoria emitida en su contra con el apercibimiento que de no hacerlo se haría efectivo el depósito exhibido para garantizar su libertad caucional, revocándose esta última y se ordenaría su reaprehensión, a fin de cumplir con dicha sentencia, le fue notificado a las ocho horas con veinte minutos del día doce de julio de dos mil diez; dicha notificación surtió efectos en ese momento, por lo cual el término de veinticuatro horas a que se refiere el numeral 269 del código adjetivo penal, inició y feneció el trece de julio siguiente, por lo que si el recurso fue presentado a las diez horas con quince minutos de este último día, es evidente que estuvo dentro del término establecido por la legislación y, por ende, debió ser admitido por la Juez del proceso.

En esas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia, por una parte, sobreseer en el juicio de garantías y, por otra, conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, deje insubsistente el auto de fecha catorce de julio de dos mil diez dictado en el proceso **********, y emita otro en el que estime que el recurso de revocación interpuesto por **********, en contra del diverso auto de veintitrés de junio de dos mil diez, se presentó de manera oportuna y, en ese sentido, provea lo que conforme a derecho corresponda, respecto de su tramitación.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto del acto reclamado al director del Centro de Readaptación, actualmente de Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del proveído de fecha catorce de julio de dos mil diez dictado por la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso **********.

TERCERO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto consistente en el proveído de fecha catorce de julio de dos mil diez, dictado por la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla en el proceso **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia certificada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Torres Pérez, Alfonso Gazca Cossío y José Manuel Vélez Barajas, siendo ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23111-a314c94f/notificaciones-en-materia-penal-surten-efectos-el-mismo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.