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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO PREVÉ UN SUPUESTO DE DOBLE TRIBUTACIÓN. RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X, EN RELACIÓN CON LA DIVERSA XXIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO ESPECIFICAR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO ESPORÁDICO", NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1101/2009. · Registro digital (IUS): 22039
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 688.

AMPARO EN REVISIÓN 1101/2009. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 17, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de abril de dos mil ocho; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, subsistiendo el problema de constitucionalidad planteado.

SEGUNDO. No es necesario analizar la oportunidad del presente recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue presentado en los términos legalmente establecidos.

TERCERO. Las consideraciones necesarias para la resolución del presente asunto son las siguientes:

I. En síntesis, las consideraciones mediante las cuales la a quo resolvió sobreseer en el juicio, por un lado, y negar el amparo solicitado, por el otro, fueron las siguientes:

1. Sobreseyó en el juicio por lo que hace a los actos reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, al considerar que se actualizó lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

2. Consideró que el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no le fue aplicado a la quejosa, ya que de los anexos presentados por la quejosa no se advertía la existencia de algún documento que pudiera servir como referencia a fin de determinar que efectivamente le fue aplicado dicho precepto.

Que así las cosas, al no tener interés jurídico, procedía sobreseer en el juicio al actualizarse el supuesto del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

3. Consideró que el hecho de que en el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establezca la exención del impuesto hasta por un límite de salarios mínimos no viola el principio de proporcionalidad, ya que el indicador de capacidad contributiva a que atendió el legislador es la obtención de ingresos que representen una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, por lo que para la determinación de la base gravable dicho ordenamiento prevé un sistema conforme al cual deben acumularse los ingresos objeto de gravamen y restarse las deducciones legalmente procedentes, a fin de determinar la utilidad fiscal a la que habrá de aplicarse la tasa respectiva para obtener el monto del impuesto a cubrir, lo que implica que para efectos de la obtención de la base gravable, los contribuyentes deben considerar todos los cambios que se produzcan en su patrimonio, lo que sucede en la entrega de los recursos contenidos en las cuentas individuales relativas a retiro, cesantía de edad y vejez.

Que de tal manera, el indicador de la capacidad contributiva no lo constituye la mera obtención de ingresos, sino que es necesario que éstos produzcan una renta o incremento en el haber patrimonial de los causantes, de forma que cada uno de los elementos que la ley precisa como ingreso no puede interpretarse aisladamente y pretender que determinan diversas bases sobre las cuales debe aplicarse la tasa impositiva, sino que cada uno de esos ingresos debe entenderse como componente de la fórmula para obtener la base gravable del tributo respectivo.

Señaló que el hecho de que dicho precepto otorgue un trato diverso a las pensiones de retiro, cesantía de edad y vejez y a la diversa subcuenta de vivienda, no viola el principio de equidad tributaria.

Lo anterior, ya que el hecho de que los ingresos que se gravan son los que haya obtenido derivado de la cuenta individual sólo por el excedente de noventa salarios mínimos, sin que ello implique que haya pagado el impuesto sobre la renta por lo que hace a la restante aportación.

Se señala que la exención es un beneficio que se otorgó al trabajador con el objeto de conferir seguridad social a los trabajadores al momento de su retiro, para que tengan asegurado un futuro mejor y una buena calidad de vida.

Que, contrario a lo asegurado por la quejosa, no hay doble tributación, ya que la fracción X del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta supone que no se erogará el citado impuesto por lo que hace a las aportaciones que por seguridad social de los trabajadores efectúen sus patrones, por lo que, en la especie, la doble tributación no está acreditada, pues las aportaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a favor de la quejosa a fin de ser ingresada a la cuenta de ahorro por retiro, cesantía de edad y vejez, no fueron causantes del tributo al momento de ser ingresadas, sino hasta que le fueron pagadas, y esto sucedió en razón del excedente de las mismas por el monto de noventa días de salario mínimo.

De tal manera, se determinó negar el amparo solicitado por la quejosa.

II. En sus agravios, la recurrente expuso lo siguiente:

1. En su primer agravio, la recurrente alega que respecto del considerando tercero de la sentencia de amparo se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, al considerar indebida y arbitraria la apreciación del juzgador, al estimar como no ciertos los actos atribuidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, por el simple hecho de que dichas autoridades lo negaron.

Señala que aun cuando en el informe de fecha treinta de septiembre de dos mil ocho, rendido por la **********, no se señala expresamente el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí se advierte su aplicación del informe justificado rendido por el Servicio de Administración Tributaria.

Que es indebida la apreciación del juzgador que el informe de fecha treinta de septiembre de dos mil ocho, como la propia constancia de retención del impuesto sobre la renta del periodo diciembre de dos mil siete, son insuficientes para tener por probada la existencia del acto de aplicación de los artículos 109, fracción X y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que justamente de la adminiculación de ambas pruebas documentales, a las que el juzgador les concedió valor probatorio pleno, se desprende que la retención del impuesto sobre la renta tiene como sustento lo dispuesto en los citados numerales.

Que la retención del tributo se hizo precisamente en aplicación a lo establecido por el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Considera que la determinación del juzgador es ilegal, pues tuvo como no ciertos los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, por lo que sobreseyó en el juicio al considerar que se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Señala que la negativa de dicho acto no debió tener como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo, ya que no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Que lo anterior es así, ya que quedaron demostrados los actos reclamados a las autoridades referidas, que fue la aplicación del decreto por el que se expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos.

Asimismo, manifiesta su inconformidad respecto de que la Juez haya sobreseído en el juicio por considerar que no existía acto de aplicación ni interés jurídico por parte de la quejosa, pues a su juicio no se aplicó el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues a través del informe rendido por la empresa ********** se justificó la retención del 20% de la cantidad depositada en las cuentas de "retiro, cesantía en edad avanzada y vivienda" en aplicación de los artículos 109, fracción X y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y regla 3.12.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal dos mil ocho.

2. En su segundo agravio la recurrente señala que la a quo pasó por alto que las cantidades que conforman las cuentas individuales son los recursos provenientes de las aportaciones de seguridad social que realizan los trabajadores, el Estado y el patrón, y como tales tienen naturaleza de gasto público, tal como se desprende del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, por lo cual, refiere, no pueden ser sujetos al pago de contribución alguna.

Que la Juez pasó inadvertido el hecho de que el dinero entregado proveniente de la cuenta individual tiene naturaleza de gasto público y, aun cuando pueda modificar su patrimonio, es por una causa de interés público, necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado y no puede ser sujeta a gravamen alguno.

3. Advierte que la a quo desconoció que un porcentaje del dinero depositado en la cuenta individual proviene de una retención que le fue practicada a la recurrente, una vez que ya había enterado el impuesto sobre la renta.

Sostiene que tal como se desprende de los artículos 159, fracción I y 179 de la Ley del Seguro Social, las cuentas individuales administradas por las administradoras del fondo para el retiro son compuestas en su totalidad por las cuotas obrero patronales transferidas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, previa recaudación.

Afirma que mensualmente el patrón calcula, determina, retiene y entera a la autoridad fiscal el impuesto sobre la renta causado por sus trabajadores, por lo que el trabajador en forma indirecta entera el impuesto sobre la renta causado.

Que, así las cosas, mensualmente el ingreso bruto del trabajador es reducido debido al pago del impuesto sobre la renta y al pago de la cuota obrero patronal. De forma tal que el patrón al calcular y enterar el impuesto sobre la renta cumple con la obligación establecida en los artículos 113 y 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Señala que, una vez descontado el impuesto sobre la renta, el patrón calcula y retiene la cuota obrero patronal en términos de los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, de forma tal que el dinero que se recauda por concepto de cuota obrero patronal ya causó y pagó impuesto sobre la renta, por lo que de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley del Seguro Social, el ingreso de cada cuenta individual ya causó y pago el tributo.

Que de acuerdo con lo anterior, al momento en que dicho dinero es puesto a disposición de la recurrente ya no debe ser disminuido por el impuesto sobre la renta, pues ya lo había causado y enterado con anterioridad.

Que el dinero que le es retenido mensualmente por concepto de aportación de seguridad social y depositado en su cuenta individual constituye un ahorro para el retiro establecido obligatoriamente por la Ley del Seguro Social, por lo que es absurdo que el Estado pretenda gravar con ese impuesto la devolución de ese dinero, cuando en realidad es un ahorro con recursos que ya causaron y pagaron impuesto sobre la renta previo a su depósito.

Que de conformidad con el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, los recursos aportados por el Estado y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en su cuenta individual tienen la naturaleza de gasto público y, por ende, no pueden estar gravados por el impuesto sobre la renta, ya que su naturaleza es satisfacer las necesidades de la colectividad, y no así incrementar un patrimonio.

Que así las cosas, los artículos 109, fracción X y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta violan en su perjuicio los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones, previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

4. En su tercer agravio, la recurrente consideró que la autoridad responsable desestimó los argumentos que hizo valer, en el sentido de que los actos impugnados violaban el principio de equidad tributaria, al determinar que dicha desigualdad es por causas justificadas, en cuanto a que las aportaciones y rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social se pueden disponer para adquirir una casa habitación o para sufragar gastos derivados de la misma.

Considera que para encontrar una desigualdad justificada es necesario que el legislador establezca dicha justificación en la exposición de motivos de la ley, situación que no se actualiza, pues para que la desigualdad justificada sea evidente y demostrable no basta una simple presunción o apreciación subjetiva, ya que sería contrario al principio de legalidad.

Que la justificación de carácter social dada por el juzgador es insuficiente para demostrar una desigualdad razonada, toda vez que carece de sustento legal, además de que el ejercer o no los recursos de la cuenta individual para los gastos de vivienda no implica que se pueda obtener o no una vivienda.

Señala que no hay relación alguna entre la obtención de una vivienda y la ejecución de dichos recursos, pues ésta no necesariamente se traduce en la obtención de una casa habitación.

Que lo anterior aunado a que para obtener una vivienda no es necesario llevar a cabo el retiro de los recursos contenidos en la cuenta individual, ya que hay otros mecanismos financieros.

III. Al analizar el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, el cuerpo colegiado del conocimiento manifestó lo siguiente:

1. Consideró infundado el agravio mediante el cual la recurrente combate el sobreseimiento decretado por la a quo regido por el tercer considerando de la sentencia recurrida, con base en la negativa de actos no desvirtuada en autos, señalados al secretario de Hacienda y Crédito Público y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, ya que, contrario a lo que estimó en la demanda de garantías, en el caso no se está en presencia de actos de autoridad recaudatorios, sino ante el simple cumplimiento de la ley que ********** realizó a nombre y cuenta de la quejosa.

2. Consideró como fundado el agravio mediante el cual la recurrente señaló que la a quo indebidamente sobreseyó en el juicio, en términos de lo establecido en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, ya que del propio texto de los artículos reclamados contrastados con el informe a través del cual la quejosa conoció de la retención se puede observar la aplicación del artículo 109, fracción X, en relación con el 170, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que demuestra la aplicación del 20% sobre el monto no exento del cual se calculó la retención que sostiene como inconstitucional.

Derivado de lo anterior, se revocó la sentencia recurrida en la parte que se sobreseyó en el juicio respecto del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3. El cuerpo colegiado del conocimiento se abstuvo de analizar tanto los conceptos de violación omitidos por la a quo con base en el sobreseimiento decretado, como los restantes motivos de agravio expresados en el recurso de revisión, en los que se controvierte la constitucionalidad del artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del primero de enero de dos mil dos, al estimar que debe conocer de los mismos este Alto Tribunal.

Por lo que estimó procedente enviar los autos a este Alto Tribunal de acuerdo con los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 5/2001.

CUARTO. De la sentencia emitida por el cuerpo colegiado del conocimiento se advierte que el mismo revocó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Del mismo modo, se advierte que se declaró incompetente para conocer de la constitucionalidad de los artículos 109, fracción X y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos.

De tal manera que la materia a dilucidar en el presente asunto se contrae a resolver lo propuesto en el primer concepto de violación que no fue estudiado por la a quo, mediante el cual la entonces quejosa cuestionó la constitucionalidad del segundo de los preceptos referidos, así como los agravios segundo, tercero y cuarto, en los que la quejosa recurrente combatió la constitucionalidad del diverso precepto referido.

QUINTO. Como primera cuestión, esta Primera Sala estudiará el primer concepto de violación planteado en su demanda de garantías, toda vez que este Alto Tribunal ha sostenido el criterio conforme al cual el estudio de la garantía de legalidad tributaria debe hacerse previamente a las demás cuestiones de carácter fiscal que, en su caso, sean planteadas en la demanda de garantías. Tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"X, agosto de 1999

"Tesis: P./J. 77/99

"Página: 20

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material."

En el primer concepto de violación, la quejosa aduce que el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vulnera la garantía de legalidad tributaria y el principio de reserva de ley, al establecer un objeto genérico y no especificar qué debe entenderse por "ingreso esporádico". Considera indebido que sea la autoridad quien determine cuál es el ingreso esporádico, y califique así el retiro que la quejosa efectuó, en una sola exhibición, de los recursos de la cuenta individual de ahorro para el retiro.

Que lo anterior le causa agravio, ya que la empresa ********** retuvo el equivalente al 20% del pago de los recursos de su cuenta individual de ahorro para el retiro, aun y cuando el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establezca expresamente que dicho monto deba causar el tributo.

Dicho concepto de violación se considera infundado de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El principio de legalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la exigencia de que toda contribución sea creada por el Poder Legislativo y que sus elementos esenciales, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, estén consignados en la ley, de modo que el sujeto obligado sepa con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras, lo que se puede advertir de los siguientes criterios:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"91-96, Primera Parte

"Tesis:

"Página: 173

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"91-96, Primera Parte

"Tesis:

"Página: 172

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."

De los elementos que constituyen el impuesto sobre la renta, el cuestionado en este asunto es su objeto, que se encuentra previsto en los artículos 1o. y 106, que establecen:

"Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

"I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

"II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

"III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste."

"Artículo 106. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que señale esta ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. ..."

De conformidad con lo expuesto, el objeto del impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que sean percibidos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley que lo regula, o de cualquier otro tipo, independientemente de la fuente de donde procedan.

Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:

"Quinta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"XLV

"Tesis:

"Página: 4900

"INGRESOS, CONCEPTOS DE. El artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, define lo que debe entenderse por ingreso, en los siguientes términos: ‘por ingreso se entenderá, para los efectos de esta ley, toda percepción en efectivo, en valores o en créditos que, por alguno de los conceptos especificados en los capítulos de esta ley, modifique el patrimonio del causante, sin obligación de restituir su importe’. De la cabal comprensión del texto transcrito, se desprende que lo que el legislador entiende por ingreso, no es, precisamente, la utilidad que obtiene el causante en el desarrollo de sus negocios, sino una percepción en efectivo, en valores o en crédito, que entra a formar parte de su patrimonio, y de la cual puede disponer, sin restituir su importe. El uso de la palabra ‘restituir’ aclara el concepto, en el sentido de que las percepciones a que se refiere, son aquellas que pertenecen a un particular, como bienes propios, en contraposición a las pertenecientes a terceros, que por cualquier causa estén en su poder, y que está en obligación de devolver o restituir. El pago de impuestos no puede considerarse como una restitución, porque la parte de las percepciones que el causante aplica para el pago de las mismas, pertenece a su patrimonio, y puede disponer libremente de ella, sin obligación de devolverla a persona distinta. Para determinar el monto de los ingresos, no cabe hacer más excepción de las entradas totales, que la relativa a bienes que no son propiedad del causante, sino de terceras personas que hubiere recibido en calidad de préstamo, depósitos, etcétera.

"Amparo administrativo en revisión 15110/32. **********. 12 de septiembre de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Gómez Campos."

Conviene apuntar que tanto esta Primera como la Segunda Salas de este Alto Tribunal han sostenido que el objeto del impuesto es la obtención de ingresos, entendidos éstos en términos amplios, es decir, como aquellos que modifican positivamente el patrimonio del contribuyente y no se encuentran expresamente excluidos por el legislador de ser gravados. Por virtud de ello, se consideró que la expresión prevista en el artículo 15 de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta y reiterada en el numeral 17 de la ley vigente, referida a que los ingresos "de cualquier otro tipo" igualmente quedan sujetos al pago del impuesto sobre la renta, respeta el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que tal situación no hace genérico el objeto del impuesto ni constituye una cláusula abierta para que la autoridad determine caprichosamente esos ingresos, pues en todo caso éstos quedan delimitados a los que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente y no se encuentren excluidos de ser gravados. Así se advierte de los criterios siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIII, abril de 2006

"Tesis: 2a. XXXIV/2006

"Página: 295

"RENTA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN ‘O DE CUALQUIER OTRO TIPO’, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1998). El citado numeral prevé que ‘las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero ...’. Ahora bien, el hecho de que el artículo 15, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta emplee la expresión ‘o de cualquier otro tipo’, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no hace genérico su objeto ni constituye una cláu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22039-523192c9/renta-el-articulo-109-fraccion-x-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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