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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2101/2009. · Registro digital (IUS): 22537
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 646.

AMPARO EN REVISIÓN 2101/2009. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II, y primero transitorio del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque respecto al problema de inconstitucionalidad planteado en relación al numeral acabado de citar existen criterios temáticos para resolverlo.

SEGUNDO. Esta Segunda Sala no examinará la oportunidad en la presentación del recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto ya hizo el estudio correspondiente.

TERCERO. La recurrente en vía de agravios argumenta, fundamentalmente, lo siguiente:

A) Es incorrecta la primera razón externada en la sentencia recurrida para establecer que el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no viola la garantía de audiencia, consistente en que los alegatos pueden ser vertidos en la audiencia a la cual se refiere la fracción I de dicho precepto o, incluso, con posterioridad en el periodo de ofrecimiento de pruebas.

Lo anterior, en primer lugar, porque la a quo en forma incongruente estableció que el artículo 21 impugnado no confiere de manera expresa el derecho de formular alegatos, y que ello no impide la formulación de los mismos y, por otra, determinó que tal precepto sí confiere expresamente el derecho a formular alegatos, lo cual ocurre cuando el servidor público presuntamente responsable comparece a la audiencia prevista en la fracción I del numeral citado, momento en el cual cuenta con la posibilidad de rendir su declaración en torno a los hechos imputados a él y que pueden ser causa de responsabilidad administrativa.

Otra incongruencia deriva del razonamiento relativo a que los alegatos se pueden formular, ya sea por escrito o en forma verbal, una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria. Este razonamiento es incongruente con el relativo a que en el procedimiento administrativo de responsabilidades, los alegatos pueden formularse de manera previa a la etapa probatoria, es decir, en la comparecencia prevista en el artículo 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las incongruencias de mérito generan incertidumbre sobre la verdadera naturaleza asignada a los alegatos y respecto de la determinación de si el artículo 21 en cita prevé o no la fase procedimental de los alegatos. Además, las incongruencias en comento generan la invalidez de la primera razón en la cual se sustenta la constitucionalidad de dicho precepto.

Por otra parte, a juicio de la recurrente se considera que los argumentos relativos a que el artículo 21 en cuestión sí prevé el derecho de formular alegatos, el cual puede ser ejercido al momento de comparecer a rendir su declaración en torno a los hechos imputados al declarante o, incluso, al momento de ofrecer las pruebas correspondientes, son insuficientes para sostener la constitucionalidad del precepto citado, según ella, porque como lo reconoció la a quo los alegatos constituyen las argumentaciones verbales o escritas formuladas por las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria, mediante las cuales se exponen las razones de hecho y de derecho en la defensa de los intereses de quien los formula, con el objeto de demostrar al juzgador que las pruebas aportadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

La recurrente agrega que los alegatos en todo proceso, ya sea judicial o administrativo, deben formularse posteriormente a la fijación de la litis y una vez concluidas las etapas postulatoria y probatoria, razonamiento con base en el cual considera que la Juez de Distrito confunde la comparecencia a juicio con la fase conclusiva de éste, pues según el criterio de la juzgadora con la comparecencia del servidor público a la audiencia de ley, en la cual rinde su declaración respectiva, se debe tener por desahogada la fase procesal de los alegatos, a pesar de que ésta legalmente se da en un momento procesal distinto, a saber, cuando ya ha sido fijada la litis y rendido las pruebas respectivas; luego, con el criterio de la a quo, se coarta el derecho de alegar en el momento procesal oportuno.

B) Diverso argumento es el relativo a que el legislador federal al emitir el precepto 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos únicamente estableció que desahogadas las pruebas admitidas la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrán al infractor las sanciones administrativas correspondientes, pero omitió establecer un periodo de alegatos previo al dictado de la resolución respectiva, circunstancia por la cual es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues no solamente excluye la posibilidad de la quejosa de contrastar, mediante la invocación de argumentos lógico jurídicos, los hechos afirmados en el acto con el que se le cita a procedimiento y se le hacen de su conocimiento los hechos a él atribuidos, así como en torno a los medios de prueba existentes hasta entonces, sino que, además, se hace nugatorio su derecho a controvertir, en caso de que presentase los elementos adicionales de prueba que la autoridad determine recabar, de manera oficiosa y unilateral, en el ejercicio de la facultad prevista en la fracción IV del artículo 21 precitado, el valor de dichas pruebas o, incluso, el contraste de los hechos adicionales que pudiese advertir la autoridad en la práctica de las nuevas diligencias.

C) La Juez de Distrito omitió estudiar los argumentos referidos a que el artículo 21, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé que durante la sustanciación del procedimiento la autoridad competente puede practicar todas las diligencias tendentes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad.

Además, en el segundo párrafo de esa misma fracción, se establece que si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que implique nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otro servidor público, pueden disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias.

La disconforme agrega que le dijo al Juez a quo que las dos reglas contenidas en los dos párrafos antes de la fracción IV del artículo 21 citado se traducen, simple y llanamente, en la facultad potestativa a cargo de la autoridad instructora de recabar mayores elementos de prueba, adicionales a aquellos allegados en las fases iniciales previas a la instauración de los procedimientos administrativos de responsabilidades, no obstante ello, no se da al interesado la oportunidad de formular alegatos para reflejar o cuestionar tales actuaciones.

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que los alegatos dentro de los procedimientos administrativos de responsabilidades son la única oportunidad de los servidores públicos de presentar argumentaciones, en las cuales expongan las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos para demostrar a la autoridad instructora que las pruebas desahogadas con posterioridad al emplazamiento y desahogo de la audiencia prevista en el artículo 21 cuestionado confirman su mejor derecho y desvirtúan los argumentos y probanzas recabadas con posterioridad al desahogo de la audiencia de ley, todas estas consideraciones tienen como efecto evidenciar que la fase de alegatos es trascendente dentro de los procedimientos citados y la Juez de Distrito no los analizó, violando así lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo y 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla.

D) La segunda razón es insuficiente para determinar que el numeral 21 impugnado no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, la cual consiste en que al preverse en aquél el llamamiento del interesado al procedimiento relativo para ser oído en su defensa cumple con dicha garantía, máxime que el precepto 14 indicado no refiere la etapa de alegatos.

Lo anterior, según la recurrente, porque si bien es verdad que en el artículo 14 constitucional no se establece expresamente que los actos privativos sólo pueden ser considerados válidos si se emiten contemplando una fase de alegatos, también lo es que en tal precepto se consagra la garantía de audiencia previa a cualquier acto privativo, y para respetarla se debe seguir un juicio en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales, conforme a la jurisprudencia 47/95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son las siguientes:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y,

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Por tanto, resulta irrelevante que el artículo 14 constitucional no se refiera expresamente a que los actos privativos deben derivar de un procedimiento en el cual se aperture y desahogue una fase de alegatos, pues ésta queda comprendida en las formalidades esenciales del procedimiento a las cuales se refiere dicho precepto, las cuales deben entenderse como aquellas fases o etapas en las que se garantice una adecuada y oportuna defensa al gobernado, por ello, se le debe dar la oportunidad de formular los alegatos respectivos.

En este orden de ideas, la Juez de Distrito, al no observar la jurisprudencia 47/95, titulada "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", violó lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues conforme a éste tal jurisprudencia es obligatoria para dicha juzgadora para brindar al artículo 14 constitucional el sentido que en vía interpretativa ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a lo que debe entenderse por "formalidades esenciales del procedimiento".

E) Diverso agravio es en el que la recurrente considera que es insuficiente la tercera razón con base en la cual la Juez de Distrito determinó que el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es constitucional, la cual se hizo consistir en que la inconstitucionalidad de una ley no depende de la no consagración de una etapa procedimental de manera expresa.

Lo anterior, según la disconforme, porque si bien es verdad que la inconstitucionalidad no depende de la omisión de contener o definir en sentido estricto todas las fases integrantes de un procedimiento, también lo es que la norma en la cual se sustenten los actos privativos de derechos sí debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades. Esto de acuerdo al criterio contenido en la tesis 2a. LXVIII/2002, cuyo rubro es: "AUDIENCIA. PARA DETERMINAR SI LA LEY ESTABLECE ESTA GARANTÍA, DEBEN EXAMINARSE TODAS LAS NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES."

La Juez de Distrito fundó, incorrectamente, la sentencia recurrida en la jurisprudencia titulada: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.", en virtud de que la inconstitucionalidad del artículo 21 impugnado no se apoyó en la imprecisión de su redacción, sino en la omisión de prever la fase de alegatos en el procedimiento respectivo, con lo cual se violan las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, por contravenir el artículo 14 constitucional.

F) Finalmente, la Juez de Distrito consideró incorrectamente que cuando un artículo no repite los requisitos de las formalidades esenciales del procedimiento respectivo no significa que sea inconstitucional, porque la obligación a cargo de la autoridad de cumplir con tales formalidades deriva directamente de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, por lo cual, el incumplimiento de la autoridad administrativa respecto de la observancia de las formalidades de mérito constituirá un vicio de aplicación y no de inconstitucionalidad.

Lo anterior, dice la recurrente, porque en los conceptos de violación no se esgrimió que el numeral 21 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es inconstitucional por no repetir las etapas o fases procedimentales necesarias para respetar la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional, pues lo argumentado fue que aquél es inconstitucional por no establecer, considerar o brindar la oportunidad al gobernado de formular alegatos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad y no porque no contuviera de manera expresa o literal la expresión alegatos.

Además, es falso que al emitir normas de carácter general, la omisión del legislador de consagrar las formalidades esenciales del procedimiento únicamente implique violación de garantías por lo que hace al acto de aplicación y no en cuanto a la ley en sí misma considerada.

La recurrente agrega, respecto de la garantía de audiencia, que es cierto que la obligación de las autoridades de respetar las formalidades esenciales del procedimiento deriva directamente de las prevenciones del artículo 14 constitucional, pero es falso que si las autoridades dictan actos privativos, con base en leyes secundarias que no prevean las formalidades esenciales a las cuales se refiere tal precepto 14, dicha violación únicamente importe vicios del acto de aplicación, y no de la ley por sí misma, pues de considerar tal circunstancia, como pretende la a quo, se trastocaría nuestro sistema jurídico sin permitir la impugnación en amparo de las normas de carácter general, debiendo limitarse los gobernados a impugnar los actos concretos de aplicación, pero subsistiendo la posibilidad de que en lo futuro continúen siendo aplicadas en su perjuicio las normas inconstitucionales.

CUARTO. En principio, se estudian los motivos de inconformidad insertos en el párrafo segundo del agravio transcrito en el inciso A) del considerando precedente en el cual se argumenta, esencialmente, que la sentencia recurrida es incorrecta debido a las incongruencias en las cuales incurrió la a quo al pronunciarla pues, por una parte, estableció que el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no confiere de manera expresa el derecho de formular alegatos y, por otra, determinó que tal precepto sí confiere expresamente ese derecho.

Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida se advierte que la Juez de Distrito no incurrió en la incongruencia alegada por la recurrente, pues siempre se mantuvo en la línea de pensamiento de que el artículo 21 impugnado no prevé expresamente la fase o etapa de alegatos, pero que ello no impide su formulación, tal y como se advierte de la inserción siguiente:

"Por tanto, contrario a lo que señala la quejosa, el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es inconstitucional por el hecho de no señalar expresamente la fase o etapa de alegatos ... Procedimiento administrativo disciplinario que no impide que se formulen los alegatos, aun y cuando dicho precepto no señale expresamente la etapa para alegar."

Por tanto, con base en la lectura de las consideraciones precedentes, se reitera que la a quo adoptó una sola postura en el sentido de que el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no prevé expresamente la etapa o fase de alegatos dentro del procedimiento contemplado en el propio precepto y que, no obstante ello, no viola la garantía de audiencia, esto es, la a quo no estableció que el precepto cuestionado expresamente prevé tal etapa, motivo por el cual no existe la incongruencia señalada por la recurrente.

Por otra parte, es inexistente la incongruencia precisada en el párrafo tercero del inciso A) precitado, pues del examen de la sentencia recurrida se observa que la Juez de Distrito en ningún momento determinó que los alegatos pueden formularse de manera previa a la etapa probatoria, sino en forma genérica consideró que en la audiencia prevista en el artículo 21, fracción I, impugnado se puede hacer valer el derecho de alegar, como se advierte de la inserción siguiente:

"... conforme a lo establecido en la fracción I del citado artículo 21 impugnado, tal audiencia se desarrollará en relación a los hechos u omisiones atribuidos al presunto responsable, por tanto, es en esta fase del procedimiento previsto en el artículo citado en la que el presunto responsable puede hacer valer el derecho que le asiste para alegar, declarar o manifestar en relación a los actos u omisiones que se le atribuyen. Lo antes expuesto lleva a señalar que contrario a lo manifestado por la quejosa, el procedimiento previsto en el artículo impugnado, no es inconstitucional, porque durante la sustanciación del mismo procedimiento cuenta con la oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales que a su interés convengan."

No pasa inadvertido para esta Sala el razonamiento de la a quo en el sentido de que "los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria", pero esta consideración se externó para ilustrar en qué consisten los alegatos, es decir, como una de las definiciones del concepto alegatos, como se pone de manifiesto con la transcripción siguiente:

"... en una acepción general, que se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte."

En este orden de ideas, se pone de relieve que las incongruencias alegadas por la recurrente son inexistentes y aun cuando se considerara lo contrario, las mismas no generarían incertidumbre sobre la determinación de si el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé o no la fase o etapa de alegatos; pues el criterio de la Juez de Distrito es en el sentido de que tal precepto no prevé dicha etapa de manera expresa, luego, no existe la incertidumbre alegada por la disconforme y de ahí lo infundado de los argumentos analizados.

QUINTO. En este apartado se estudian conjuntamente los argumentos contenidos en los agravios insertos en los incisos A), párrafos penúltimo y último y B) del considerando tercero, en virtud de que tienen como finalidad fundamental evidenciar que los argumentos relativos a que el artículo 21 en cuestión sí prevé el derecho de formular alegatos (el cual puede ser ejercido al momento de comparecer a rendir la declaración en torno a los hechos imputados al declarante o, incluso, al momento de ofrecer las pruebas correspondientes), son insuficientes para sostener la constitucionalidad del precepto citado, según ella porque, como lo reconoció la a quo los alegatos constituyen las argumentaciones verbales o escritas formuladas por las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria, mediante las cuales se exponen las razones de hecho y de derecho en la defensa de los intereses de quien los formula, con el objeto de demostrar al juzgador que las pruebas aportadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

Además, porque el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos omitió establecer un periodo de alegatos previo al dictado de la resolución respectiva, circunstancia por la cual es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues no solamente excluye la posibilidad de la quejosa de contrastar, mediante la invocación de argumentos lógico jurídicos, los hechos afirmados en el acto con el que se le cita a procedimiento y se le hacen de su conocimiento los hechos a él atribuidos, así como en torno a los medios de prueba existentes hasta entonces, sino que, además, se hace nugatorio su derecho a controvertir, en caso de que presentase los elementos adicionales de prueba que la autoridad determine recabar, de manera oficiosa y unilateral, en el ejercicio de la facultad prevista en la fracción IV del artículo 21 precitado, el valor de dichas pruebas o, incluso, el contraste de los hechos adicionales que pudiese advertir la autoridad en la práctica de las nuevas diligencias.

Previamente a analizar los agravios precedentes, se inserta el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo texto es:

"Artículo 21. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento: I. Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la ley, y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan. La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; II. Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades; IV. Durante la sustanciación del procedimiento la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna. Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Se requerirá autorización del presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que la secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia secretaría."

Para dar respuesta a los agravios en comento se considera útil insertar las consideraciones sustentadas por esta Sala al resolver por unanimidad el amparo en revisión 1038/2007 que, en lo interesante, son del tenor siguiente:

"En el caso a estudio importa precisar que en respeto a la garantía de audiencia, no es necesario que los procedimientos administrativos tengan las mismas características de un proceso judicial -en el que se da a las partes la oportunidad de formular alegatos una vez concluido el periodo probatorio y antes de dictar sentencia-, pues basta que se le dé al particular afectado la oportunidad de ofrecer las pruebas en que finque su defensa y la de ‘formular alegatos’ para apoyarla con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Lo anterior, porque de acuerdo al Diccionario del Español Actual (editado por Grupo Santillana de Ediciones. 1a. Edición. Madrid, España.), alegar significa ‘exponer (algo) como fundamento o apoyo’ y el concepto alegato en términos jurídicos se define como ‘escrito en que el abogado expone las razones de su cliente e impugna las de su adversario’ (página 200). Luego, es dable concluir que en términos jurídicos, la expresión ‘formular alegatos’, se traduce en expresar las razones jurídicas necesarias para desvirtuar las pretensiones de la contraparte y que dan sustento a las pruebas en que se finque la defensa. De lo expuesto con antelación se colige que tratándose de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en respeto a la garantía de audiencia, el legislador debe prever un procedimiento a través del cual se dé al presunto infractor la oportunidad de expresar los argumentos jurídicos que estime convenientes para desvirtuar los hechos que se le atribuyen y ofrecer las pruebas en que finque su defensa. Ahora bien de la lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se observa que se satisfacen los requisitos necesarios para garantizar una adecuada defensa, en virtud de que de conformidad con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda denuncia debe ir acompañada de las pruebas que acrediten la existencia de la infracción atribuida al servidor público de que se trate y su probable responsabilidad, además, de que el precepto 134 de dicha ley al señalar que se le deberá enviar al presunto responsable ‘copia del escrito de denuncia y sus anexos’ para que rinda un informe sobre los hechos denunciados refiriéndose a cada uno de ellos, es evidente que dicho numeral impone a la autoridad sancionadora la obligación de dar a conocer al servidor público denunciado la infracción administrativa que se le atribuye así como los medios de prueba con los que se pretende acreditar su existencia y su responsabilidad en la comisión de la misma, situación tal que le da al presunto infractor la oportunidad de exponer los argumentos jurídicos (aleg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22537-e885b885/principio-de-interpretacion-de-la-ley-conforme-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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