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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU EJECUCIÓN GENERA CONSECUENCIAS SIMILARES A LAS QUE PRODUCÍA EL EMBARGO PRECAUTORIO REGULADO POR LA FRACCIÓN I DEL PRECEPTO 145 DEL PROPIO ORDENAMIENTO VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 101/2009. · Registro digital (IUS): 22010
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2893.

AMPARO EN REVISIÓN 101/2009. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios son infundados en su mayoría, el resto inoperantes.

Previo a exponer las razones de esa conclusión, se estima conveniente precisar que el juicio de amparo indirecto 1152/2008 fue promovido por **********, para combatir el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, a partir de su aplicación en el oficio **********, de diecinueve de marzo de dos mil ocho, suscrito por el administrador central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Ese oficio fue emitido después de que las visitadoras de tal oficina no pudieron hacerle entrega a la quejosa del diverso oficio **********, de veintidós de febrero de dos mil ocho, que ordenó practicar la visita domiciliaria número **********.

Como se anticipó, los motivos de agravio son infundados.

Cabe aclarar que el Juez de Distrito sí cumplió con fundar y motivar su resolución.

Así lo revela la resolución recurrida, en la parte que dice:

"Cierto, el acto de aplicación reclamado se hizo consistir en la orden contenida en el oficio **********, de diecinueve de marzo del dos mil ocho, emitido por el administrador central de Fiscalización Estratégica, y que tuvo como fundamento el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en el que se ordenó el aseguramiento de todas las cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos, incluyendo todo saldo a favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y casas de bolsa a nivel nacional.

"Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/95, visible en la página 27 del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció el siguiente criterio:

"‘EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.’

"Al respecto, cabe considerar que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación sufrió una reforma sustancial en su contenido, puesto que se excluyeron todas las fracciones que lo conformaban, algunas de ellas fueron trasladadas al adicionado artículo 145-A, en la especie, la fracción I, y que si bien es cierto se sustituyó ‘embargo precautorio’ por ‘aseguramiento precautorio’, figuras totalmente diferentes, los efectos que tienen en los bienes de los contribuyentes son los mismos que las del embargo precautorio, pues les impide disponer de ellos en tanto se encuentren asegurados y sin haberle determinado crédito fiscal al causante.

"En ese sentido, si la resolución emitida por la responsable en la que ordena el aseguramiento precautorio se apoya en la fracción I del citado precepto, es inconcuso que resulta ilegal, en virtud de que permite el aseguramiento precautorio sobre los bienes del contribuyente cuando éste se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio, ya que permite a la autoridad fiscal decretar la medida de mérito afectando a su arbitrio y en forma desmedida el patrimonio de un gobernado, cuando aún no se ha determinado el incumplimiento de alguna obligación fiscal, y se le impide continuar con el desarrollo normal de su actividad, lo que ocasiona perjuicios de difícil reparación, al no poder cumplir con los compromisos propios de su actividad.

"Esto es así, ya que el hecho de que el gobernado se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio, no tiene un significado patrimonial que justifique el aseguramiento de bienes, ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no debe hacerse a través de una afectación innecesaria o desmedida de bienes sin existir un crédito fiscal determinado.

"Con esto se infringe el artículo 16 constitucional, pues se crea un estado de incertidumbre en el contribuyente que desconoce la justificación del aseguramiento de bienes para garantizar un supuesto crédito fiscal cuyo monto no se encuentra determinado, por lo que en caso de no acontecer esto, no existen razones objetivas para aplicar la medida precautoria, motivo por el cual resulta inconstitucional el precepto reclamado, pues además de que otorga a la autoridad facultades omnímodas, no se cumple con el mandato constitucional de fundar y motivar su actuar, al no saber cuál es el monto del crédito fiscal y si el gobernado en contra de quien se dirige la medida está obligado al mismo. ..."

La jurisprudencia citada en el fallo que se revisa y cuya aplicación se cuestiona, tiene por contenido el siguiente:

"EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN. En los términos en que se encuentra redactado el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, se autoriza la traba del embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente, sin que se encuentre determinada la obligación de enterar tal o cual tributo ni la cuantificación del mismo, con lo que se infringe el artículo 16 constitucional, al crearse un estado de incertidumbre en el contribuyente, que desconoce la justificación del aseguramiento de bienes para garantizar un supuesto crédito fiscal cuyo monto no se encuentra determinado. La expresión que utiliza el dispositivo citado ‘de proteger el interés fiscal’, carece de justificación en virtud de que la determinación de una contribución constituye requisito indispensable del nacimiento del interés fiscal, lo que implica que si ello no se actualiza no existen razones objetivas para aplicar la aludida medida precautoria. Sostener lo contrario propiciaría la práctica de aseguramientos en abstracto, puesto que en esa hipótesis se ignorarían los límites del embargo ya que no se tendría la certeza jurídica de la existencia de un crédito fiscal. Por estas razones resulta inconstitucional el precepto invocado al otorgar facultades omnímodas a la autoridad fiscal que decreta el embargo en esas circunstancias al dejar a su arbitrio la determinación del monto del mismo y de los bienes afectados; además de que el plazo de un año para fincar el crédito es demasiado prolongado y no tiene justificación."

Ese criterio, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 27, y a éste corresponde el número de tesis P./J. 17/95 (visible en el IUS ingresando el registro 200320).

Como puede advertirse, el Juez de Distrito, en el fallo recurrido, citó tanto las disposiciones como la jurisprudencia que estimó aplicables y expresó las razones que tuvo para considerar inconstitucional la norma reclamada, estimando que el precepto correspondiente conserva el mismo vicio de inconstitucionalidad de que adoleció el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes del veintinueve de junio de dos mil seis, aun cuando el artículo que se adicionó emplea el término "aseguramiento precautorio", en lugar de "embargo precautorio" y que aun cuando éstas eran figuras totalmente diferentes, los efectos que producían una y otra medida cautelar eran los mismos, pues impedían al contribuyente disponer de sus bienes mientras la medida estuviera vigente, sin haber determinado el respectivo crédito fiscal al causante.

Por lo mismo, desacierta la autoridad recurrente al afirmar que el juzgador a quo se limitó a señalar que en el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, subsisten los vicios de inconstitucionalidad de que adolecía el artículo 145 anterior a la reforma de veintiocho de junio de dos mil seis, pues en su resolución expuso los argumentos suficientes para justificar el otorgamiento de la protección constitucional impetrada en contra de ese numeral y su ejecución.

Cabe mencionar que la aplicación en la sentencia de la jurisprudencia que se acaba de transcribir, es fundamento legal de esa resolución. En ese aspecto, este tribunal comparte el criterio contenido en la jurisprudencia VI.2o. J/327 (registro IUS 210336), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 69, que dice:

"SENTENCIA DE AMPARO. LA FALTA DE CITA DE DISPOSICIONES LEGALES NO ENTRAÑA SU ILEGALIDAD. Aun cuando en la sentencia no se señalen las disposiciones legales que sirvieron de apoyo para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, si se citó la jurisprudencia aplicable al caso, este criterio jurisprudencial debe tenerse como el fundamento legal de dicho fallo, siendo de advertir que la falta de cita de preceptos legales en una sentencia no lleva a estimar que sea ilegal, máxime si los razonamientos que se vertieron en la parte considerativa de ella son jurídicos, por lo que el repetido fallo constitucional sí se encuentra apegado a derecho."

Así, es obvio estimar que el aludido criterio jurisprudencial de rubro: "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.", no es inaplicable como lo señala la autoridad responsable.

En efecto, aun cuando la tesis indicada P./J. 17/95 se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación que preveía el embargo precautorio, el análisis comparativo entre esa norma y el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación vigente, llevan a concluir que una y otra disposición adolecen del mismo vicio, ya que ambos preceptos legales autorizan en la porción normativa correspondiente a la autoridad hacendaria a practicar una medida precautoria (llámese "embargo" o "aseguramiento"), que inmoviliza la negociación o el resto de los bienes de un contribuyente como pueden ser inmuebles, cuentas bancarias, depósitos o valores, elementos mercantiles los anteriores que se consideran indispensables para que dicho contribuyente realice su actividad, sin que para ello se hubiera determinado un crédito fiscal.

El precepto declarado inconstitucional en la sentencia recurrida, dispone:

(Adicionado, D.O.F. 28 de junio de 2006)

"Artículo 145-A. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente cuando:

"I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.

" ...

"El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se refieren los artículos 46-A y 48 de este código en el caso de las fracciones II, III y V y de 18 meses en el de las fracciones I y IV, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución."

Como puede advertirse de esa transcripción, las autoridades fiscales están facultadas para decretar el "aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente", cuando éste se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.

De manera implícita esa disposición permite a las autoridades hacendarias asegurar bienes sin que antes se haya determinado un crédito fiscal, dando lugar a que se genere un estado de incertidumbre en el contribuyente que de esa manera desconoce los motivos y el alcance de la medida implementada, tal como antes sucedía con la aplicación del anterior artículo 145 del ordenamiento invocado.

En efecto, la redacción de esa norma no permite establecer la existencia o no de ese interés por parte del fisco para trabar el aseguramiento sobre los bienes o la negociación del contribuyente, pues no se encuentra determinado que exista la obligación de enterar tal o cual tributo y la cuantificación del mismo, creándose con ello un estado de incertidumbre al no tener conocimiento cierto de las razones y motivos por los que se aseguraron los bienes y el alcance que esta medida pueda tener.

Esa circunstancia fue la misma que sirvió de base al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del aludido artículo 145 del Código Fiscal de la Federación en el amparo en revisión 1416/94, promovido por **********, que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia P./J. 17/95 aplicada por el Juez de Distrito. Para evidenciarlo, a continuación se transcribe la parte relativa de la ejecutoria dictada en la sesión de cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco:

"En efecto, si bien es cierto que con la medida precautoria establecida en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, se pretende proteger el interés fiscal, no menos verídico es que en los términos en que se encuentra redactado, no permite establecer la existencia o no de ese interés por parte del fisco para trabar el embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente, cuando no se encuentra determinado si existe la obligación de enterar tal o cual tributo y la cuantificación del mismo, con lo que se crea un estado de incertidumbre al no saberse las razones y motivos por los que se embargan bienes para garantizar un supuesto crédito fiscal cuyo monto no se encuentra determinado.

"Bajo esta misma línea de pensamiento y para determinar cuándo surge la obligación tributaria, es pertinente transcribir el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación.

"‘Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con anterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: I. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. II. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. ... ’.

"Del contenido del numeral transcrito se desprende que el legislador distingue tres factores en toda relación tributaria:

"a) Que exista la obligación;

"b) Que sea determinada en cantidad líquida; y,

"c) Obligación de hacer el pago.

"Luego entonces, si en nuestro sistema tributario, por regla general, es el propio contribuyente quien realiza la determinación de su situación, es claro que es hasta que se actualicen los momentos antes precisados que la autoridad puede ejercitar sus facultades para hacer efectivo el cumplimiento del tributo adeudado; es decir, cuando vencido el término que se tuvo para efectuar el pago cuya cantidad se encuentra determinada, éste no se realizó. Pero no es factible, como lo prevé el artículo 145 reclamado y a excusa de proteger el interés fiscal, que se autorice trabar embargo aun cuando el crédito fiscal no esté determinado o sea exigible; pues la determinación de una contribución constituye requisito indispensable del interés fiscal, por lo que si no existe dicha liquidación, es obvio que no hay razones objetivas para aplicar la medida precautoria de que se viene tratando. De no aceptarlo así, con tal procedimiento se abre la puerta para que se practiquen embargos en abstracto, al no saberse sobre qué es y hasta cuánto debe ascender el embargo; o lo que es más, sin que se haya concluido el momento en que el contribuyente está obligado a efectuar el pago del tributo correspondiente; por lo que, resulta del todo ilegal que se embarguen bienes para garantizar un crédito fiscal que ni siquiera se tiene la certeza jurídica de que exista.

"Además de lo anterior, el lapso de un año que se da a la autoridad exactora para que una vez fincado el embargo se determine si existe o no la obligación y en qué proporción, es desmedido, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente de no poder operar libremente su negocio, actitud que a la vez afecta una de las fuentes de riqueza del país, generadora de empleos, satisfactores, etc.; pues dada esa facultad tan amplia otorgada a la autoridad, ésta puede implementar medidas como la intervención o el embargo de cuentas bancarias, las cuales son imposibles de superar en un término tan amplio, ocasionando, con seguridad, graves daños a la economía del contribuyente, que en nada beneficia al sistema impositivo de la Nación.

"Asimismo, por lo anteriormente considerado, es dable sostener que el dispositivo impugnado otorga facultades omnímodas a la autoridad fiscal al dejar a su libre albedrío el monto del embargo y los bienes motivo del mismo, pues no señala las bases o elementos a tomar en cuenta para determinarlos. Pero además, debe decirse, que aun ante tal omisión legislativa, es imposible que la autoridad fiscal, atendiendo a lo ordenado por el artículo 16 constitucional, puede determinar la existencia de esos elementos para fundar y motivar su actuar, al no saber cuál es el monto del crédito fiscal y si el gobernado en contra de quien se dirige la medida está obligado al mismo, con lo cual, es obvio que se decreta un embargo en abstracto, ocasionando perjuicios respecto de actos con los cuales posiblemente no se tenga la obligación de cumplir.

"No obsta a lo anterior, que el precepto impugnado establezca condiciones para practicar el embargo, tales como: cuando a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento; en virtud de que se sustentan en supuestos de realización incierta, pues al no existir la determinación de un crédito ni la certeza de que se esté obligado al mismo, tampoco puede actualizarse la presunción de que se vaya a evadir lo que no está determinado o a lo que no se está obligado."

Lo acabado de transcribir pone de manifiesto que, contrario a lo que aduce la autoridad inconforme, la resolución recurrida no fue arbitraria ni imparcial por el hecho de apoyarse en la jurisprudencia aludida que resultó aplicable en lo medular, pues el vicio de inconstitucionalidad que permite a las autoridades hacendarias inmovilizar bienes del contribuyente sin que exista un crédito fiscal determinado, pervive en la norma 145-A que se adicionó y merece darle el mismo tratamiento.

En efecto, si bien el legislador modificó el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación para que a través de éste se permita sólo el embargo de bienes que sirvan para garantizar el interés fiscal previamente determinado y adicionó el artículo 145-A para regular en éste la figura del "aseguramiento de bienes", con la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones en forma relacionada a la conducta o actitud del contribuyente, lo cierto es que a través de ese "aseguramiento" inmoviliza los bienes del sujeto de la obligación sin tener antes un crédito fiscal determinado, como sucedía con el "embargo precautorio" regulado en el antiguo artículo 145 del Código Fiscal de la Federación que dio lugar a declararlo inconstitucional.

En ese sentido resultan inoperantes los agravios en los que la autoridad responsable inconforme aludió a la exposición de motivos del decreto relativo a la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, en específico, de su artículo 145 y la adición del 145-A, para sostener que la misma atendió fundamentalmente a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararon inconstitucional el embargo precautorio, y que ese vicio quedó subsanado en la medida en que el Congreso de la Unión consideró que el embargo precautorio procedería cuando exista un crédito fiscal determinado o determinable y que en aquellos casos relacionados con la conducta o actitud del contribuyente sería procedente el aseguramiento sobre los bienes o la negociación del mismo, otorgando así certeza y seguridad jurídicas a los contribuyentes y fortalecimiento al estado de derecho que nos rige.

Es así, en tanto que esas razones no forman parte de la ley y no pueden otorgarle validez.

Sobre el particular tienen aplicación las razones que informa la jurisprudencia P./J. 15/1992 (registro IUS 205682), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 52, abril de 1992, página 11, que dice:

"LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN.-La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia."

Así, es la propia recurrente quien se equivoca al sostener que se parte de una premisa falsa al afirmar que la norma actual es también inconstitucional bajo esa analogía.

Por lo mismo, es incorrecto también sostener que para proceder al aseguramiento de bienes o de la negociación del contribuyente, basta la realización de determinada conducta del particular tendente a evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades, para que fuera implementada, pues ello no puede estar por encima de una prerrogativa que el gobernado tiene a su favor contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, que impide a las autoridades molestar a un individuo en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Para llegar a esta determinación se considera que el aseguramiento de bienes previsto por el artículo tildado de inconstitucional no tiene como origen el que éstos sean producto de un hecho considerado como ilícito, o bien, para impedir su ilegal estancia en el país, sino que, se reitera, el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en vigor a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, al igual que la fracción I del diverso 145 del código tributario que ya había sido declarado inconstitucional (vigente hasta antes de aquella fecha), afectan por igual los bienes de un contribuyente mediante el "aseguramiento", tratándose del primero de esos artículos, o el "embargo" en el caso del numeral restante, cuando el sujeto a quien está dirigida la medida se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio, sin que antes se haya determinado crédito fiscal alguno.

En la medida de todo se consideran infundados los agravios en los que la autoridad responsable expresa que la sentencia de amparo trasgrede lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, ya que el Juez de Distrito no cumplió con analizar todas las cuestiones propuestas en los conceptos de violación, incluyendo el estudio de las argumentaciones señaladas por las responsables en la defensa de la constitucionalidad de sus actos, pues de haberlo hecho así, no se hubiese basado en tesis y razonamientos que no resultaban acordes al actor reclamado, lo cual se traduce en que la resolución en comento es arbitraria y parcial.

Es así, pues el Juez de Distrito no está obligado a referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, para avalar su determinación, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Además, no es cierto que estuviera obligado a analizar todos los conceptos de violación que le fueron planteados. Su deber estaba primordialmente en atender aquellos motivos de inconformidad que determinaran la concesión del amparo conforme al principio de mayor beneficio. En esa medida, no le puede ser reprochada falta de exhaustividad alguna que pudiera generar algún perjuicio para las partes en el juicio.

En apoyo a la consideración anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 56/2000 -registro IUS 191604- sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 68, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES CONTENIDAS EN AQUÉL.-No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."

También tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 3/2005 (registro IUS 179367), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, de contenido siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Igualmente, apoya lo anterior la tesis aislada I.4o.A.74 K -registro IUS 173078- sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1651, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.-La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obligan al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efect

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22010-480a2918/aseguramiento-de-los-bienes-o-la-negociacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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