CONCURSOS MERCANTILES. CONCEPTO DE RETROACCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS. CONCURSOS MERCANTILES. REQUISITOS PARA DECLARAR PROCEDENTE EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE FECHA DE RETROACCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 105/2009. **********
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son fundados los conceptos de agravio hechos valer, en razón de lo que enseguida se expondrá.
Como argumentos torales que se contienen en la sentencia sujeta a revisión, se tienen los siguientes:
1) Que contrario a lo aducido por la parte quejosa, el Juez explicó los motivos por los que consideró que el incidente de modificación de fecha de retroacción propuesto era infundado, es decir, sí procedió a su valoración, pues señaló que los recurrentes no demostraron en modo alguno la causa de pedir de su incidente, en tanto que no expresaron aquellas circunstancias de hecho que evidenciaran actos fraudulentos realizados en perjuicio de acreedores, esto es, no indicaron de manera clara y precisa en qué consistían dichas conductas, ni ofrecieron pruebas tendentes a demostrar la existencia de esos actos supuestamente cometidos en fraude de acreedores; en otras palabras, las numerosas conductas "sospechosas" que dijeron haber narrado los recurrentes en su incidente, así como las pruebas que dicen quedaron debidamente relacionadas que justificaban la modificación de la fecha de retroacción, sí fueron valoradas por el Juez responsable en la resolución reclamada, pues consideró que no se invocó, de manera indefectible, aquel hecho que pudiera reputarse cometido en fraude de acreedores, ni se aportaron las pruebas que justificaran ese hecho.
2) Que de las manifestaciones del conciliador no se advertía indicio alguno sobre la existencia de conductas fraudulentas en agravio de acreedores, pues el informe del referido conciliador era una mera opinión, sin prueba que lo sustentare.
3) Que de la demanda de amparo, no se desprendía que las empresas quejosas hubieran establecido hecho concreto alguno que vinculado con su demanda incidental y con el recurso de revocación, permitiera establecer algún punto de partida para fijar la fecha de retroacción derivada de algún acto fraudulento y que, además, ese hecho estuviera acreditado con prueba o pruebas conducentes que demostraren tal hecho de fraude o dilapidación de bienes de la empresa quebrada; sino que insisten, de manera genérica, en hacer referencia a varios hechos, pero sin precisarlos en su fecha y menos acreditarlos con prueba en concreto.
4) Que contrario a lo aducido por las peticionarias de amparo, en el caso, sí era menester que precisaran de manera clara qué conductas o hechos concretos pudieran reputarse cometidos en fraude de acreedores y aportar las pruebas con las que se acreditaran los mismos, a fin de justificar la modificación de la fecha de retroacción fijada en la sentencia de concurso, pues si el legislador previó que la solicitud relativa se hiciera en la vía incidental, era inconcuso que debieron indicar lo siguiente: a) Señalar con claridad y precisión lo que se pedía; b) El motivo en que fundó su acción incidental (el que debía estar contemplado en alguno de los supuestos de los artículos 114 a 117 de la Ley de Concursos Mercantiles, para ser considerado como fraude de acreedores); c) La narración sucinta de los hechos en que el actor fundó su petición, los que debían ser expuestos con claridad y precisión; y, d) Ofrecer las pruebas con las que justificaren su acción.
5) Que lo anterior, incluso en tratándose de un incidente, imponía a las partes la carga de desarrollar una serie de conductas procesales, como lo era la relativa a la carga para ofrecer pruebas idóneas o que guardaren relación con los hechos controvertidos, siendo que en materia mercantil, el numeral 1194 del Código de Comercio, de aplicación supletoria, establece que corresponde a las partes probar los hechos en que funden sus pretensiones, de manera que al promoverse el incidente de origen, el incidentista tenía la obligación de presentar las pruebas idóneas y suficientes a fin de acreditar la procedencia de la modificación de la fecha de retroacción; de ahí que la prueba instrumental de actuaciones que ofrecieron las quejosas era inconducente para demostrar algún hecho, pues dicha prueba sólo era todo lo actuado en el procedimiento, siendo que debió demostrarse con pruebas concretas algún acto fraudulento, o bien, que la empresa quebrada dilapidara sus bienes.
6) Que del análisis efectuado al incidente propuesto se advertía que los acreedores no invocaron en concreto aquella conducta o conductas que pudieran reputarse cometidas en fraude de acreedores, pues los hechos narrados sólo hacían referencia a diversos créditos pertenecientes a empresas que las quejosas calificaron de "sospechosos", o bien, que se generaron "inexplicablemente", lo cual no puede tomarse como actos concretos verificados en agravio de acreedores, y menos vincularon esos hechos con el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en que pidieron se fijara la fecha de retroacción.
7) Que de la manifestación del conciliador tampoco se advertía algún acto concreto cometido en fraude de acreedores, pues sólo hizo alusión a los derechos de los acreedores para hacer valer las acciones que estimaren convenientes en contra de la concursada, por una supuesta simulación de créditos; aunado a que las incidentistas sólo se refirieron a presuntos créditos que el conciliador omitió identificar la evidencia de los mismos, como era su obligación, así como proporcionar sus características, lo cual sólo denotaba una calificación sobre el actuar de dicho especialista.
8) Que en conclusión, como la solicitud de modificación de la fecha de retroacción debía tramitarse vía incidental, era evidente que los incidentistas debieron señalar con claridad y precisión los actos que estimaban se realizaron en fraude de acreedores, los cuales debían estar contemplados en alguno de los supuestos de los artículos 113 a 117 de la ley de la materia, para ser considerados cometidos en fraude de acreedores, y no sólo presumirlos, debiendo aportar, además, los medios de prueba que apoyaren su pretensión; empero, si no se hizo así, fue correcto que el Juez responsable declarara infundado el incidente de mérito.
9) Que no pasaba inadvertido que lo considerado por el Juez de ninguna manera era una falacia, pues si la responsable consideró que los recurrentes no demostraron la causa de pedir de su incidente, en tanto que no expresaron aquellas circunstancias de hecho que evidenciaren actos fraudulentos realizados en perjuicio de acreedores y que, por ello, era infundado el incidente propuesto, entonces, el Juez en ningún momento empleó como premisa la conclusión a la que llegó, pues solamente afirmó que no quedaba demostrada la existencia de actos cometidos en fraude de acreedores y que, por ello, era infundado el incidente; de ahí que el argumento de la responsable no podía ser erróneo o engañoso y, por el contrario, estaba apoyado en la interpretación lógica de los artículos 112 a 117 de la Ley de Concursos Mercantiles.
10) Que las quejosas pretendieron que primero se fijara la fecha de retroacción y después se acreditaran los actos que constituyeron fraude de acreedores, pero esa interpretación no podía advertirse del artículo 112 de la Ley de Concursos Mercantiles.
11) Que los efectos de la sentencia no podían retrotraerse sólo por el hecho de que existiera un detrimento en el patrimonio de la concursada pues, de existir tal menoscabo, debía derivarse necesariamente de alguna conducta y ésta era, precisamente, la que tenía que demostrarse.
Ahora bien, como conceptos de agravio se expusieron, esencialmente, los siguientes:
a) Que el artículo 112 de la Ley de Concursos Mercantiles sólo condiciona la modificación de la fecha de retroacción a la presentación oportuna, por parte del acreedor, de una solicitud debidamente fundada y motivada y con anterioridad al dictado de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de donde se advierte que la exigencia a que alude el a quo, consistente en acreditar la existencia de actos fraudulentos como requisito de procedencia de la petición de modificación de la fecha de retroacción, no se encuentra contenida en la ley pues, se insiste, únicamente se exige que la solicitud debidamente fundada y motivada, sea presentada de manera oportuna y por la vía incidental; de ahí que la resolución reclamada resulta contraria al citado artículo 112.
b) Que del mero hecho de que la petición de modificación de fecha de retroacción deba tramitarse de manera incidental, de ninguna manera se sigue que se encuentre sujeta a un requisito no establecido en la ley, puesto que en tratándose de la solicitud de modificación de la fecha de retroacción, el incidente por el cual se solicita constituye tan sólo la vía o el cauce por el que debe probarse el sustento que justifica la petición, en el caso, sólo la probable comisión de actos o conductas presumiblemente ilícitos en fraude de acreedores y lesivos para la masa concursal, bastando para ello las mismas actuaciones procesales que, en términos del numeral 1294 del Código de Comercio, supletoriamente aplicado, hacen prueba plena; por lo que el hecho de que la solicitud de modificación deba tramitarse de manera incidental, resulta un dato completamente irrelevante, no pertinente, para determinar las condicionantes a las que se encuentra sujeta dicha petición.
c) Que la determinación del a quo, en el sentido de que la demostración de actos fraudulentos constituye una exigencia a la que se encuentra sujeta la modificación de fecha de retroacción, resulta insostenible, pues desnaturaliza por completo la figura del periodo de retroacción y de las acciones revocatorias especiales, viciando a dichas figuras de contenido alguno, pues tal exigencia no es necesaria, bastando sólo para ello motivar la petición de ampliación de la fecha de retroacción, relatando los actos o conductas probablemente ilícitas, cuya existencia ha sido anunciada, inclusive, probada en el juicio.
d) Que lo anterior, debido a que la declaración de concursado reconoce una situación jurídica especial respecto del comerciante (la de insolvencia) que, en consecuencia, cambia el contexto bajo el cual éste realiza actos de comercio y, por tanto, también cambia las inferencias que resultan válidas efectuar sobre los motivos subyacentes a dichos actos, por lo que resulta razonable que el legislador haya creado una acción revocatoria especial (para el contexto de concursos mercantiles), sujeta a cargas menos onerosas para su ejercicio que la equivalente civil (acción pauliana); en ese orden de ideas, el legislador condicionó la eficacia de dicha acción especial únicamente a la demostración de la realización de diversos supuestos dilapidadores de bienes (del tipo descritos en la ley), por lo que relevó al acreedor de la carga de demostrar la existencia de un concilium fraudes entre el deudor y el tercero, estableciendo en su lugar una presunción, según los artículos 114 a 117 de la Ley de Concursos Mercantiles.
e) Que de acuerdo con la mecánica establecida, una vez acreditada la existencia de alguna de las hipótesis dilapidadoras, efectuadas a partir de la fecha de retroacción (que constituye el momento a partir del cual el legislador considera que se produjo, en la práctica, el estado de insolvencia del deudor), la ley por operación de una presunción, concluye que tales actos fueron efectuados con la intención de defraudar acreedores; por tanto, se concluye que la solicitud de modificación de fecha de retroacción, por razones lógicas, no puede estar condicionada a la demostración de la realización de actos efectuados en fraude de acreedores pues, se insiste, la ley no lo exige y en las acciones revocatorias especiales ello se demuestra, precisamente, valiéndose de la presunción que acompaña a la figura jurídica de la retroacción o periodo de sospecha, esto es, el juzgador de garantías exige como condición de procedencia de la solicitud de modificación de fecha de retroacción acreditar algo que, precisamente, se demuestra por virtud de la ampliación del periodo de sospecha (y de las presunciones que operan dentro del mismo) y sólo posteriormente a la fijación de la multicitada fecha de retroacción, como ámbito temporal para realizar el escrutinio de conductas lesivas de la masa concursal y, consecuentemente, de los propios acreedores, por lo que primero es necesario ampliar dicha fecha de retroacción y, después, demostrar que los actos acontecidos en tal ampliación, por presunción de ley, fueron cometidos en fraude de acreedores.
f) Que de seguirse el criterio del a quo, la figura de periodo de retroacción carecería de razón de ser alguna, puesto que si el acreedor ya hubiera logrado acreditar la existencia de un acto fraudulento, dejaría de tener objeto solicitar el acceso a una figura cuyos únicos fines son permitir que el acreedor se valga de ciertas presunciones que hacen menos onerosa la demostración de la existencia de actos fraudulentos y calificar de ineficaces, frente a la masa, todos los actos o conductas ilícitas cometidas durante ese periodo.
g) Que el a quo modificó la litis, pues una cosa es tener que motivar la solicitud de modificación de fecha de retroacción con base en conductas dilapidadoras del tipo de las descritas en los artículos 114 a 117 de la Ley de Concursos Mercantiles y otra muy distinta es tener que motivarla con la acreditación de actos realizados en fraude de acreedores; así es, el juzgador responsable determinó que la modificación solicitada se encuentra sujeta a la demostración de la existencia de conductas fraudulentas, y no meramente a acciones dilapidadoras sospechosas de la clase descrita en los artículos antes referidos, como se estableció en la sentencia recurrida.
h) Que aun en el supuesto no concedido de que se considerare que la modificación de fecha de retroacción se encuentra sujeta a la demostración de actos fraudulentos o indicios de los mismos, de todas formas la sentencia recurrida resultaría equivocada, al señalar que tal extremo no fue satisfecho en virtud de que, contrario a lo estimado por el juzgador de amparo, la instrumental de actuaciones no resulta una prueba inconducente para acreditar la existencia de indicios de fraude o de créditos sospechosos, puesto que las constancias que conforman al juicio natural, evidentemente incluyen todas las pruebas del mismo, esencialmente documentales y confesiones judiciales, mismas que hacen prueba plena cuando forman parte del propio procedimiento.
i) Que además, en el incidente respectivo, se efectuó una relación pormenorizada de distintos actos extremadamente sospechosos efectuados por la concursada en conjunción con diversos terceros, del tipo de los descritos en los artículos 114 al 117 de la Ley de Concursos Mercantiles, debidamente sustentada con las pruebas pertinentes, como lo es la confesión del conciliador, especificando, entre otras cuestiones, las fechas en que tuvieron verificativo las conductas y actos jurídicos calificados de sospechosos, la puntual narración de hechos y las pruebas que, en conjunto, constituyen la instrumental de actuaciones, que hace prueba plena.
j) Que no es necesario mencionar los artículos de la Ley de Concursos Mercantiles para su procedencia, como equivocadamente resuelve el a quo, ya que los hechos los narran las partes y el derecho lo dice el Juez.
k) Que las omisiones incurridas por el conciliador en identificar adecuadamente los créditos, concatenadas con las demás pruebas ofrecidas sobre el carácter irregular de tales créditos, ciertamente constituyen indicios y presunciones que arrojan luz sobre la existencia de numerosos actos fraudulentos realizados por la concursada en perjuicio de los acreedores; lo anterior es así, en virtud de que el conciliador es, precisamente, el especialista encargado de la supervisión de la contabilidad de la empresa y de sus operaciones habidas durante la etapa del concurso, de modo tal que, en principio, es quien mejor conoce sobre su situación económica, financiera y contable, por lo que el informe del especialista en comento, lejos de ser una mera opinión insustentada, constituye un reporte adecuadamente soportado, no objetado, sobre la situación de la empresa concursada.
l) Que por tanto, si la fecha de retroacción es definida por la doctrina como el periodo en el cual se estima, sospecha o presume que el comerciante insolvente efectuó actos o conductas en fraude de acreedores, con participación directa o indirecta de terceros y que, una vez demostrados esos fraudes, los mismos serán ineficaces frente a la masa, es decir, el juzgador concursal, a petición de parte, primero fija el ámbito temporal retroactivo calificado de fecha de retroacción o periodo de sospecha, dentro del cual se afectarán de ineficacia, precisamente, los actos o conductas que, en segundo término, tocará probar en juicio al acreedor interesado o perjudicado, no al revés, sino ningún caso tendría el hecho de fijar un periodo predeterminado de doscientos setenta días naturales denominado fecha de retroacción, pues simplemente establecería la posibilidad de invocar, denunciar o demandar el fraude de acreedores.
Ahora bien, a manera de resumen, se tiene que el Juez de amparo estableció en la sentencia recurrida, medularmente, que sí era menester que las ahora disconformes precisaren de manera clara qué conductas o hechos concretos pudieran reputarse cometidos en fraude de acreedores y aportar las pruebas con las que se acreditaran los mismos, a fin de justificar la procedencia del incidente de modificación a la fecha de retroacción fijada en la sentencia de concurso; mientras que las recurrentes plantean, esencialmente, que no es necesario acreditar hechos o conductas cometidas en fraude de acreedores, pues el artículo 112 de la Ley de Concursos Mercantiles sólo condiciona la modificación de la fecha de retroacción a la presentación oportuna, por parte del acreedor, de una solicitud debidamente fundada y motivada, y con anterioridad al dictado de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, donde debe probarse sólo la probable comisión de actos o conductas presumiblemente ilícitos en fraude de acreedores y lesivos para la masa concursal, por lo que una vez acreditada la existencia de alguna de las hipótesis dilapidadoras, efectuadas a partir de la fecha de retroacción de ley, por operación de una presunción, concluye que tales actos fueron efectuados con la intención de defraudar acreedores, por lo que, primero, es necesario ampliar dicha fecha de retroacción y, después, demostrar que los actos acontecidos en tal ampliación, por presunción de ley, fueron cometidos en fraude de acreedores.
Así las cosas, como se dijo, en un principio, resultan fundados los conceptos de agravio planteados.
Efectivamente, contraria a la determinación adoptada por el juzgador de garantías y como lo hacen valer las disconformes, para efecto de justificar la modificación de la fecha de retroacción establecida en la sentencia de concurso, en el incidente que se proponga al efecto, no es necesario que el incidentista demuestre que existen actos o conductas cometidas por la concursada en fraude de acreedores pues, primero, es necesario ampliar dicha fecha de retroacción y, después, demostrar que los actos acontecidos en tal ampliación, por presunción de ley, fueron cometidos en fraude de acreedores.
Así es, para arribar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta lo que establece el artículo 112 de la Ley de Concursos Mercantiles, el cual no sufrió modificación alguna respecto de las reformas a dicha norma publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil siete, el cual está redactado en los siguientes términos:
"Artículo 112. Para efectos de lo previsto en el presente capítulo, se entenderá por fecha de retroacción, el día doscientos setenta natural inmediato anterior a la fecha de la sentencia de declaración del concurso mercantil.
"El Juez, a solicitud del conciliador, de los interventores o de cualquier acreedor, podrá establecer como fecha de retroacción una anterior a la señalada en el párrafo anterior, siempre que dichas solicitudes se presenten con anterioridad a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Lo anterior se substanciará por la vía incidental.
"La sentencia que modifique la fecha de retroacción se publicará por Boletín Judicial o, en su caso, por los estrados del juzgado."
De dicho precepto se advierte que se entenderá por fecha de retroacción, el día doscientos setenta natural inmediato anterior a la data de la sentencia de declaración de concurso mercantil; además, que el Juez, a solicitud del conciliador, de los interventores o de cualquier acreedor, podrá establecer como fecha de retroacción una anterior a la señalada en la sentencia de declaración de concurso mercantil, siempre que dichas solicitudes se presenten con anterioridad a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos; asimismo, que dicha petición se sustanciará por la vía incidental.
Sin embargo, la referida legislación de la materia no prescribe cuáles extremos deben estar justificados en la incidencia respectiva, para que el juzgador esté en posibilidad de modificar la fecha de retroacción, esto es, esté en aptitud legal de señalar un anterior al día doscientos setenta natural inmediato anterior al de aquel en que se dicta la sentencia de declaración de concurso mercantil.
Por ende, para establecer en qué supuestos es factible cambiar la data de retroacción, es indispensable atender qué debe entenderse por concurso mercantil, masa activa, de los procedimientos de reintegración de ésta, de la retroacción y de la razón de ser de ésta.
En ese orden de ideas, por "concurso mercantil" debe entenderse el procedimiento de ejecución de índole universal, seguido ante el estado de insolvencia del deudor, pues todos sus bienes quedan destinados, en principio, a satisfacer los créditos de la pluralidad de sus acreedores.
Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Concursos Mercantiles, en su fracción V, establece que por "masa" debe entenderse la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso mercantil, integrada por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en términos del propio ordenamiento y sobre la cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos sus créditos; el precepto en comento dispone lo siguiente:
"Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ... V. Masa, a la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso mercantil integrada por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en términos de esta ley, sobre la cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos sus créditos."
De esta manera, la masa activa es el conjunto de bienes y derechos susceptibles de ejecución, excepción hecha de los bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles; de ahí que, para excluir de la masa activa aquellos bienes y derechos con los que no debe responder el comerciante concursado a los acreedores, se contemplan en la ley las acciones de separación de bienes, sin embargo, conjuntamente con estas operaciones, también existen otras dirigidas a buscar su incremento, conocidas como de reintegración concursal, integración de masa activa o acción de integración.
La fuente del sistema de reintegración de la masa en el concurso, descansa en la experiencia contrastada que antecede al reconocimiento jurídico del estado de insolvencia; siendo que la constatación de esa realidad ha llevado a que en toda regulación concursal se disponga de reglas y mecanismos que permitan revisar las actuaciones del concursado en esa etapa anterior a la declaración del concurso y en la que ya padecía el estado de insolvencia que luego se formalizara o en la que, al menos, se produjeron ciertos desarreglos económicos que le llevaron tal comportamiento.
En el caso, del análisis de la Ley de Concursos Mercantiles se advierte que el sistema de reintegración acogido por ella, es el de la retroacción.
Derivado de lo anterior, la retroacción es entendida como la época en que se considera que en el estado patrimonial del concursado ya existía el incumplimiento generalizado de pagos (estado de impotencia patrimonial, no transitorio, que impiden al deudor cumplir regularmente con sus obligaciones líquidas y exigibles, mediante recursos genuinos); por ello, la retroacción tiene su razón de ser en la falta de coincidencia entre el momento en que comienza el incumplimiento generalizado de obligaciones, que es presupuesto para la declaración de concurso mercantil, y el momento de su declaración judicial, periodo en el que opera la presunción de que los actos realizados por el deudor han sido consumados en perjuicio de los acreedores y, de ahí, que se actualice la retroactividad de los efectos de la sentencia de concurso, a fin de eliminar las consecuencias dañosas que, para ello, tales actos pudieran eventualmente haber producido.
Así es, parafraseando lo establecido por Horacio Augusto Grillo, en su libro titulado "Periodo de sospecha en la legislación concursal, efectos retroactivos de la quiebra", 2a. Edición, Editorial Astrea, Argentina, 2001, se tiene que en el mayor de los casos, el comerciante no arriba a la declaración de concurso en forma súbita o intempestiva, sino que hay un proceso de deterioro de su economía, más o menos lento, que lo va llevando hacia esa declaración; siendo que las dificultades económicas y financieras conducen al estado de cesación de pagos y, a partir de ello, su patrimonio resulta afectado por un proceso de erosión que, en la generalidad, tarde que temprano lleva a la insuficiencia patrimonial para cumplir con sus obligaciones.
En tales circunstancias, continúa argumentando dicho autor, la realidad ha demostrado cómo el comerciante por un optimismo en su recuperación o con el fin deliberado de insolventarse, como sucede en muchas ocasiones, realiza una serie de operaciones en perjuicio de sus acreedores, como pueden ser vender a precio menor su activo, recurrir a la usura, gravar bienes a favor de algún acreedor determinado, etcétera; por lo que la recomposición de ese patrimonio por tales eventos es lo que constituye la finalidad central de la Ley de Concursos Mercantiles, lo cual puede lograrse a través de la utilización de mecanismos propios e idóneos, pues las acciones comunes, como la revocatoria pauliana, son insuficientes para ese fin, de donde surge, entonces, la retroacción de los efectos de la resolución de concurso.
Consecuentemente, en el caso concreto, de la interpretación contextual de la Ley de Concursos Mercantiles es factible derivar que la retroacción es el periodo decretado por el Juez, mediante el cual se pretende hacer coincidir el estado legal de incumplimiento generalizado de obligaciones, con el estado de incumplimiento generalizado de obligaciones de hecho, posibilitándose la declaración de ineficacia de todas aquellas operaciones o actos realizados por el comerciante en esa época, a la que se retrotraen los efectos de la declaración judicial.
Ahora bien, el numeral 113 del cuerpo de leyes mencionado, el cual tampoco sufrió modificación alguna en relación con la reforma precisada con antelación, prescribe lo siguiente:
"Artículo 113. Serán ineficaces frente a la masa todos los actos en fraude de acreedores.
"Son actos en fraude de acreedores los que el comerciante haya hecho antes de la declaración de concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedores si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de este fraude.
"Este último requisito no será necesario en los actos de carácter gratuito."
El precepto invocado señala que serán ineficaces frente a la masa todos los actos en fraude de acreedores y, además, que son actos en fraude de acreedores los que el comerciante haya hecho antes de la declaración de concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedores, si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de ese fraude y, finalmente, que este último requisito no será necesario en los actos de carácter gratuito.
De tal suerte que contrario a lo señalado por el Juez de amparo, no obstante que el artículo 112, previamente invocado, esté inserto en el capítulo VI del título tercero, denominado "De los actos en fraude de acreedores" y que, precisamente, en este apartado se localiza de igual forma el dispositivo 113, no da pauta para estimar que el fundamento para estar en posibilidad de establecer como fecha de retroacción una anterior a la indicada en la sentencia de declaración de concurso mercantil, estribe en que se hayan celebrado actos en fraude de acreedores.
Ello porque al interpretar, en su justa dimensión, el contenido del mencionado numeral 113 únicamente es obtenible, como lo sostuvieron las recurrentes, que este artículo establece la consecuencia de los actos en fraude de acreedores frente a la masa, así como la hipótesis general respecto a cuándo se está en presencia de un acto en fraude de acreedores y que son, precisamente, los que el comerciante haya hecho antes de la declaración de concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedores, si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de ese fraude.
Por lo que el numeral en comento no constituye el parámetro para modificar la fecha de retroacción pues, se insiste, dicho numeral únicamente establece que la consecuencia generada por los actos en fraude de acreedores es su ineficacia frente a la masa y, además, establece un planteamiento general de lo que debe entenderse por actos en fraude de acreedores y que consisten, precisamente, en aquellos que el comerciante haya realizado antes de la declaración de concurso mercantil defraudando, a sabiendas, a los acreedores, si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de dicho fraude.
Sentido que tiene congruencia con las normas establecidas en los res
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21790-b8b90b97/concursos-mercantiles-concepto-de-retroaccion-y-sus-consecuencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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