PANDILLA. AL CONCURRIR COMO AGRAVANTE EN UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SU PUNICIÓN ES ÚNICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 59/2009. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Fue correcto que la a quo de amparo tuviera como cierto el acto que se reclamó del Juez responsable, lo anterior porque esta autoridad así lo reconoció en su informe justificado (fojas 15 y 16 del juicio de amparo).
SÉPTIMO. Los agravios del recurrente son infundados.
Antes de justificar esa afirmación, se advierte que fue legal lo expuesto por el a quo constitucional, en el sentido de que el Juez de la causa valoró adecuadamente las pruebas que constan en el sumario, para lo cual se fundamentó en los artículos 246, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y, con base en lo anterior, llegó a la conclusión de que el cuerpo de los delitos de robo calificado (encontrándose la víctima en un vehículo particular, con violencia moral y en pandilla), previsto en el artículo 220, en concordancia con los numerales 224, fracción III, 225, fracción I y 252, párrafo segundo, y privación de la libertad en su modalidad de secuestro express calificado, contemplado en el dispositivo 163 bis (hipótesis de cuando el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer el delito de robo), en vinculación con el artículo 252, párrafo segundo (pandilla), todos del Código Penal para esta ciudad, como la probable responsabilidad penal del quejoso quedaron acreditados en términos de lo que dispone el artículo 122 del código adjetivo mencionado, ya que el siete de octubre de dos mil ocho, siendo aproximadamente las veintiún horas ********** chofer transportista de la empresa ********** dejó cargada la camioneta de la marca Ford, tipo tres y media toneladas, color blanco, con placas de circulación ********** del Estado de México, en una bodega ubicada en aquella entidad federativa, ya que iba a transportar la mercancía objeto del delito de robo, pues la tenía que entregar el día siguiente en las ciudades de Cuernavaca y Acapulco, y es el caso que este día, siendo aproximadamente las seis horas con veinte minutos, cuando circulaba en ese automotor por el Periférico a la altura de ********** siendo custodiado por ********** quien tripulaba el coche de la marca Volkswagen, tipo Lupo, modelo 2008, color verde botella, el cual portaba un radio portátil al igual que ********** con quien iba comunicándose y al llegar a la colonia citada, el primero fue interceptado por el vehículo de la marca Neón de color gris supracitado, el que "le cerró" el paso y en cuyo interior iban cuatro personas, entre ellos ********** bajándose dos de ellos, llevando cada uno una pistola y se dirigieron al denunciante, uno de cada lado, subiéndose al vehículo que conducía ********** apuntándole por cada uno de los lados y procediendo a abrir la puerta del conductor, por lo que un individuo le apuntó con el arma para que se recorriera al asiento del copiloto, indicándole que le abriera la puerta al otro sujeto, y una vez que lo hizo, el quejoso se subió y le apuntó con el arma en la cabeza, ordenándole que se tirara al suelo, por lo que el pasivo de la acción se agachó en el sillón, preguntándole qué era lo que llevaba, a lo que el chofer contestó que focos, mientras que el otro sujeto le preguntaba si tenía localizador y si decía mentiras lo iban a matar y a tirar en la carretera, mientras que uno iba manejando, en tanto los otros dos sujetos se quedaron en el coche e iban circulando, metiéndose a una calle en donde del Neón bajó otro sujeto activo, quien se acercó a la camioneta y les dijo "vámonos, vámonos, porque ahí anda la policía", por lo que los dos sujetos bajaron de la camioneta y subieron al coche, procediendo a darse a la fuga sobre el mismo Periférico, donde se encontraron con una patrulla y el carro del custodio, por lo que se inició una persecución y más adelante, sobre la misma vía fueron detenidos tres sujetos activos y el restante se dio a la fuga.
Lo anterior, el juzgador responsable adecuadamente lo sostuvo con la narrativa del denunciante, quien sufrió el desapoderamiento de los bienes materiales, pues él era el conductor del automotor mencionado y quien fue restringido de su libertad ambulatoria; además consta la versión de ********** elemento de seguridad de la empresa ********** quien fue testigo presencial de los acontecimientos y solicitó la intervención de los agentes captores supraindicados, lo que fue corroborado por éstos ya que reconocieron que intervinieron debido a la petición que les formuló el custodio de referencia; además consta la declaración de ********** dueña de la camioneta relacionada a la causa y ********** representante de la empresa ofendida **********.
Además de lo anterior, es verdad que en autos consta la fe ministerial de mercancía y de vehículos, así como el dictamen oficial de identificación y valuación; fe ministerial de documentos exhibidos por ********** ropa de ********** y de la nota de remisión; todo lo cual permitió al Juez natural concluir adecuadamente cuáles eran los elementos típicos que se acreditaron con dichas pruebas, siendo la conducta, en la que especificó la fecha y hora del apoderamiento, así como de la restricción de la libertad personal por el tiempo estrictamente necesario para cometer el delito de robo; la forma de intervención fue como coautor material en términos de lo que dispone el artículo 22, fracción II, del Código Penal de esta capital; el resultado fue el detrimento patrimonial y su nexo causal; los sujetos pasivos del delito lo fueron ********** por el delito de robo, mientras que ********** por el de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express; lesión al bien jurídico tutelado que lo fue el patrimonio de los ofendidos y la libertad de ********** mientras que el objeto material lo fueron ciento treinta y cinco cajas ********** valuadas en veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos, propiedad de ********** y del vehículo marca Ford, tipo F-350, modelo 2008, placas ********** color blanco, serie ********** propiedad de ********** valuado en ciento ochenta mil pesos, así como la persona de ********** las cosas robadas eran ajenas muebles y el apoderamiento se realizó sin consentimiento de quien podía otorgarlo; además el robo fue cometido con el ánimo de apoderamiento y los delitos fueron realizados dolosamente; incluso dicho Juez hizo referencia a las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; aunado a que consideró que se trata de delitos calificados por haberse cometido en pandilla, debido a que se realizaron por más de tres personas que se reunieron ocasionalmente sin estar organizadas con fines delictuosos; además, el robo fue cometido encontrándose la víctima en el vehículo particular supraseñalado y por medio de la violencia moral.
Sin que se omita señalar que consideró que las citadas pruebas son suficientes para tener por demostrado hasta el momento procesal que se analiza, que la conducta típica no está justificada y que el encausado es imputable, tenía conocimiento de la antijuridicidad y le era exigible otra conducta.
También fue correcto que el Juez responsable negara eficacia probatoria a la declaración del ********** ya que se trata de versiones defensistas que no tienen sustento probatorio, mismas que se encuentran desvirtuadas con las probanzas existentes en su contra, a las que ya se hizo referencia; mientras que de lo expuesto por ********** se advierte aleccionamiento con la finalidad de corroborar el dicho del sujeto activo, pues es inverosímil que a las seis horas fuera "con su patrón" a comprar unos zapatos, además, ninguno estuvo presente en el momento de los hechos reprochados, por ende, no pueden considerarse como de coartada.
Por lo expuesto es que se advierte que el auto de formal prisión reclamado se encuentra fundado y motivado, pues como se vio, el Juez responsable mencionó los preceptos legales que tomó en consideración para afirmar que las pruebas de cargo merecen eficacia probatoria y sobre el particular expuso los motivos que la llevaron a esa determinación, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En razón de lo anteriormente anotado, fue adecuado que el Juez natural concediera eficacia probatoria a las probanzas mencionadas, las que en términos del numeral 261 del Código de Procedimientos Penales de esta capital, lo condujeron a concluir que se encuentra acreditado el cuerpo de los delitos en estudio y la probable responsabilidad penal del inconforme, lo que en efecto se logra con la prueba circunstancial la cual se basa en el valor convictivo de los indicios y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que están probados; al caso sirven de apoyo las jurisprudencias 275 y 276, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 200 y 201 del citado Apéndice, Tomo II, Materia Penal, bajo los siguientes rubros y textos:
"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato para complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." y "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión."
Por lo que fue correcto que la juzgadora responsable concluyera que están demostrados los elementos descriptivos, normativos y subjetivos de los tipos penales en estudio, con lo que se comprobó el cuerpo de los delitos en análisis, así como la probable responsabilidad penal del amparista.
Ahora bien, el agravio es infundado en la parte en que se alegó que se valoró como confesión la versión del quejoso, pues no se advierte consideración alguna de esa naturaleza por parte del Juez natural, por el contrario, como ya quedó precisado en líneas precedentes, la Juez Federal apreció que el Juez natural correctamente le negó valor a lo que adujo en su ministerial, lo que ratificó en preinstrucción.
Asimismo, no le asiste la razón al peticionario de amparo al afirmar que se apreció en forma equivocada el material probatorio de cargo al haberse dictado auto de formal prisión en su contra por los dos delitos de referencia, pues a su decir el robo ya se había consumado cuando se cometió el secuestro express.
Esto es así, en virtud de que se carece de razón al afirmar que no se actualiza el delito de "secuestro express" debido a que el robo ya se había consumado cuando supuestamente se privó de la libertad al sujeto pasivo, pues contrario a tal afirmación este tribunal considera que fue legal la formal prisión reclamada, pues atendiendo a la mecánica delictiva debe afirmarse la coexistencia de ambos ilícitos debido a que el de privación de la libertad nace jurídicamente desde el momento mismo en que se impide al sujeto pasivo descender de su automotor, pero dada su naturaleza permanente, su consumación se prolongó en el tiempo hasta el último acto de ejecución y precisamente el objetivo de tal restricción era la de cometer el delito de robo; en tal tenor, tiene aplicación la tesis aislada I.2o.P.159 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, misma que se encuentra visible en la página 2431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, que a la letra dice:
"ROBO DE VEHÍCULO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU HIPÓTESIS DE SECUESTRO EXPRESS, SU COEXISTENCIA (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). Es verdad que el delito de robo se consuma de manera instantánea desde el momento en que el autor lo tiene en su poder, aunque lo abandone o lo desapoderen de él, según lo establece el artículo 226 del Código Penal capitalino, y también es cierto que el tipo penal de privación ilegal de la libertad en su hipótesis de secuestro express, previsto en el numeral 163 bis de dicho ordenamiento legal requiere para su actualización de la referencia temporal y finalidad consistentes en que la restricción de la libertad deambulatoria debe ser por el tiempo estrictamente indispensable para cometer el delito de robo, por lo que cuando la víctima que viaja en su vehículo es amagada con arma de fuego por varios sujetos activos que suben por ambas puertas delanteras, uno de los coautores conduce y al ofendido se le impide descender hasta pasados unos minutos, ello no significa que no se acreditó el segundo ilícito bajo el argumento de que los justiciables no actuaron con la finalidad de cometer el delito de robo, porque éste ya se había consumado de manera instantánea, sino que atendiendo a la mecánica delictiva debe afirmarse la coexistencia de ambos ilícitos debido a que el segundo de ellos nace jurídicamente desde el momento mismo en que se impide al sujeto pasivo descender de su automotor, pero dada su naturaleza permanente, su consumación se prolongó en el tiempo hasta el último acto de ejecución y precisamente el objetivo de tal restricción era la de cometer el primer injusto."
Asimismo, es necesario dejar anotado que el veinticuatro de febrero de dos mil seis fue reformado el párrafo segundo del artículo 163 bis a ley punitiva en cita, y entró en vigor al día siguiente, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 163 bis. Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este código o para obtener algún beneficio económico.
"Se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, sin perjuicio de las penas que corresponden por los delitos de robo o extorsión y de las reglas de aplicación del concurso para la imposición de sanciones."
Sin que se considere que se trata de una recalificación de la conducta el que se actualicen los dos ilícitos en forma autónoma, pues se trata de comportamientos que lesionan bienes jurídicos diferentes, ya que en tanto el ilícito de robo tutela la propiedad, el delito de privación ilegal de la libertad mencionado protege la libertad deambulatoria.
En otra parte, de manera acertada se determinó la identificación administrativa, solicitando los ingresos anteriores a prisión y la práctica del estudio de personalidad, pues en cuanto al primero, es una medida idónea para recabar datos físicos y personales del inculpado, con el objeto, además, al igual que los ingresos a prisión, de proteger a personas inocentes, en el caso de homónimos, donde resulta, además, que tales medidas, al igual que el estudio de personalidad, no contravienen ninguna disposición constitucional, ya que se trata únicamente de medidas administrativas y no penas, las cuales son una consecuencia directa de aquel auto de formal prisión, cuyo fundamento se halla en los artículos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 151, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyo rubro es: "FICHAS SIGNALÉTICAS, FORMACIÓN DE. IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS."
En cuanto a la suspensión de los derechos políticos, se advierte que fue incorrecto que el Juez responsable "se abstuviera" de suspender los derechos políticos del quejoso y para ello se sustentara en la jurisprudencia emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, intitulada: "DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", porque esa jurisprudencia fue superada por la diversa 171/2007, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, la cual es de observancia obligatoria en términos del ordinal 192 de la Ley de Amparo, visible en la página 215 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, que es del tenor literal siguiente:
"DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien el citado precepto constitucional dispone expresa y categóricamente que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden a causa de un proceso criminal por delito que merezca pena corporal y que el plazo relativo se contará desde la fecha de la emisión del auto de formal prisión; y, por su parte, el artículo 46 del Código Penal Federal señala que la referida suspensión se impondrá como pena en la sentencia que culmine el proceso respectivo, que comenzará a computarse desde que cause ejecutoria y durará todo el tiempo de la condena -lo cual es acorde con la fracción III del propio artículo 38 constitucional-, ello no significa que la suspensión de los derechos políticos establecida en la Carta Magna haya sido objeto de una ampliación de garantías por parte del legislador ordinario en el código sustantivo de la materia, ni que exista contradicción o conflicto de normas, ya que se trata de dos etapas procesales diferentes. Consecuentemente, deben declararse suspendidos los derechos políticos del ciudadano desde el dictado del auto de formal prisión por un delito que merezca pena corporal, en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal; máxime que al no contener éste prerrogativas sino una restricción de ellas, no es válido afirmar que el mencionado artículo 46 amplíe derechos del inculpado. Lo anterior es así, porque no debe confundirse la suspensión que se concretiza con la emisión de dicho auto con las diversas suspensiones que como pena prevé el numeral 46 aludido como consecuencia de la sentencia condenatoria que al efecto se dicte, entre las que se encuentra la de derechos políticos, pues mientras la primera tiene efectos temporales, es decir, sólo durante el proceso penal, los de la segunda son definitivos y se verifican durante el tiempo de extinción de la pena corporal impuesta."
OCTAVO. Sin embargo, en suplencia de la queja deficiente que autoriza el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez primario estimó el delito de robo, calificado por encontrarse la víctima en un vehículo particular, con violencia moral y en pandilla, y el de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express agravado por la última de las antes mencionadas calificativas, lo que es incorrecto, puesto que dicha agravante es única para ambos delitos.
Lo recién expuesto así se considera por los motivos siguientes:
El artículo 252, párrafo inicial, del Código Penal para el Distrito Federal prevé: "Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el o los delitos cometidos ..."
La interpretación literal de tal precepto parece indicar que del mismo deriva la regla indistinta de que dicha calificativa se actualizará respecto de los ilícitos que se comentan bajo esa circunstancia (pandilla).
Sin embargo, una correcta interpretación del dispositivo legal de que se trata implica que su significado sea conforme a la Constitución General de la República.
Desde la perspectiva de la última clase de interpretación en cita, deriva que el artículo de que se habla no puede entenderse en el sentido de que cuando en una secuela de acontecimientos se cometen dos o más ilícitos al mismo tiempo y tal proceder lo llevan a cabo tres o más personas, reunidas de manera habitual u ocasional, sin estar organizadas con fines delictuosos (calificativa de pandilla en términos del supraindicado numeral 252 del ordenamiento sustantivo en mención), deba tenerse por actualizada esta última agravante para cada uno de los delitos y, a la postre, sancionarla de forma independiente respecto de cada uno de los ilícitos; sino que debe interpretarse que aquélla se sanciona en forma única respecto del hecho típico que se analice, pues esto último es acorde con el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal, que prohíbe la duplicidad de las sanciones por un mismo accionar.
Así las cosas, si en la especie la privación de la libertad en su modalidad de secuestro express se llevó a cabo por el tiempo estrictamente indispensable para robar (lo que incluso necesariamente así debe acontecer para que se acredite el primero de los delitos en mención, conforme a la descripción típica contenida en el artículo 163 bis de la ley punitiva antes aludida), esto es, el apoderamiento de los objetos materiales del delito y la citada privación de la libertad se perpetraron en idéntico momento, y tal acción típica se ejecutó en pandilla, entonces, es inconcuso que ésta, atento a lo expresado en el párrafo precedente, no pueda jurídicamente acreditarse para ambos delitos.
No es óbice para concluir lo anterior, que cada uno de los mencionados delitos pueda sancionarse de manera independiente, en términos del artículo 163 bis del código sustantivo en comento, pues esto tampoco puede interpretarse en contravención al precitado principio de non bis in idem.
Es aplicable, por identidad jurídica normativa, la tesis aislada que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 2391, cuyos rubro y texto dicen:
"VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES EN AGRAVIO DE UN PARIENTE. CUANDO CON LA MISMA CONDUCTA SE ACTUALIZAN AMBOS DELITOS, NO PUEDE CONSIDERARSE AGRAVADO EL SEGUNDO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-El artículo 287 Bis del Código Penal del Estado de Nuevo León establece el delito de violencia familiar, ilícito que se produce con independencia de que esa propia conducta pueda a su vez dar lugar a la actualización de un delito diverso. Por su parte, el artículo 306 de la legislación en cita, que prevé el delito de lesiones calificadas, establece que se aumentará la sanción prevista para el delito básico, cuando éste sea cometido por sujetos activos que tengan vínculos de parentesco o de afinidad con los ofendidos, esto es, ambos preceptos sancionan la agresión que el sujeto activo del delito lleva a cabo sobre un pasivo con el que tenga vínculo de parentesco, entre otros. Por tanto, si la conducta del inculpado actualizó el delito de violencia familiar y al mismo tiempo el de lesiones en agravio de un familiar, este último no debe considerarse como agravado, en atención a que el artículo 23 de la Constitución Federal prohíbe la duplicidad de las sanciones por una misma conducta, pues aun cuando el delito de violencia familiar se sanciona con independencia de la que correspondiera a otro delito, ello no puede interpretarse en detrimento del aludido principio non bis in idem."
Este órgano colegiado tampoco soslaya la existencia de la jurisprudencia 1243 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1996, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:
"PANDILLERISMO, HETERONOMÍA DE LA CALIFICATIVA DE.-El artículo 164 bis del código punitivo del Distrito Federal, así como los demás ordenamientos de las entidades de la República que contienen la misma disposición, no establecen el pandillerismo como delito autónomo, sino como una circunstancia agravante de las infracciones que por su naturaleza la admiten, pues su texto establece que se aplicará a los que intervengan ‘además de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos ...’, lo que sólo incrementa la sanción en relación directa con los ilícitos cometidos ‘en pandilla’."
Así como de la diversa tesis aislada 5168 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2646, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente:
"PANDILLA, DELITOS COMETIDOS EN. CONDENA CON PENA MAYOR POR LA CALIFICATIVA QUE POR EL DELITO BÁSICO. NO VIOLA GARANTÍAS.-No viola garantías individuales, la sentencia que impuso al acusado pena por dos delitos materia de su condena y agravó la pena de éstos con la calificativa concurrente de haberse cometido por pandilla, porque cada ilícito se ejecutó y consumó en forma independiente y con la intervención de más de tres personas, sin que tampoco agravie al quejoso, el que la pena de la calificativa probada sea mayor a la del delito básico, toda vez que una y otra figura así como la gravedad de la pena tienen razones distintas según el bien jurídico protegido."
Sin embargo, se considera que tales criterios no son aplicables al caso concreto, porque no abarcan el tema que nos ocupa, esto es, que mediante pandilla se cometan en un mismo momento dos o más delitos, pues la primera de tales tesis sólo trata el tema relativo a que el pandillerismo no es delito autónomo, sino una circunstancia agravante de las infracciones que por su naturaleza la admiten; en tanto que la segunda de las tesis en cita aborda la hipótesis de cuando en pandilla se ejecutan de manera independiente diversos delitos, es decir, contrario al supuesto que ahora nos ocupa.
Por lo expuesto, si desde el auto de formal prisión se advierte la cuestión aludida, que es violatoria de garantías, debe concederse el amparo para efectos con independencia de lo que resulte en el proceso y en la sentencia definitiva.
Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 5168 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 67, cuyos rubro y texto rezan:
"CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.-En estricto acatamiento a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de non bis in idem, previstos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal, es cuando se dicta el auto de procesamiento, el primer momento en el que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar lo relativo a la operatividad del concurso aparente de tipos penales, ya que ello se encuentra supeditado a los datos o pruebas con las que cuenta para determinar si los hechos que se le atribuyen al inculpado son subsumibles o no en uno de los varios supuestos de hechos típicos penales. En contrapartida, el órgano jurisdiccional al no contar con esa inicial convicción que le generan los diversos elementos de prueba, encontraría un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al respecto, resultando inaceptable obligarlo a que lo realice arbitraria o intuitivamente, con independencia de que, si en el auto de procesamiento en forma provisional no estuvo en condiciones de hacerlo, posteriormente pueda llevar a cabo el estudio de mérito. Por otra parte, exista o no el estudio sobre la operatividad del concurso aparente de tipos en el auto de procesamiento, al momento de dictarse la sentencia es cuando el juzgador en forma definitiva debe resolver al respecto, es decir, dar sustantividad propia a los hechos, precisamente porque el resultado al que se arribe habrá de trascender en las sanciones que, como consecuencia jurídica del delito, serán impuestas al acusado. En el caso de que se haya realizado el estudio en el auto de procesamiento, al dictarse la sentencia, las pruebas aportadas pueden conducir a la misma conclusión, o bien, a variar el criterio que se sostuvo inicialmente, sin que pueda sufrir variación alguna la base fáctica de la acusación."
En este orden de ideas, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para efectos de que el Juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y en su lugar dicte uno nuevo en el que, reiterando sus demás aspectos y sin agravar la situación jurídica del justiciable, con base en las consideraciones antes expuestas, precise que la calificativa de pandilla es única para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21630-a45d87e9/pandilla-al-concurrir-como-agravante-en-un-concurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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