JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 27, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTITUYE UN GRAVAMEN INDIRECTO Y, DADA SU NATURALEZA, ES TRASLADABLE TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES. JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES, EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS. SU CONCEPTO Y VALORACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA.
AMPARO EN REVISIÓN 101/2009. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2o., fracción II, inciso B), 3o., fracción XII, 5o. B, 8o., fracción III, 17, 18 y 27, párrafo último, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil ocho, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni tampoco existe alguna otra causa, ni la solicitud por parte de algún Ministro, para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Resulta innecesario hacer el análisis de la oportunidad de presentación respecto del recurso de revisión principal, así como del recurso de revisión adhesiva, toda vez que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que previno en el conocimiento del asunto ya hizo el estudio respectivo, concluyendo que la interposición de ambos recursos fue oportuna.
TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia son las que a continuación se sintetizan.
En los conceptos de violación, en lo que al presente estudio interesa, la parte quejosa adujo lo siguiente:
I. En el motivo de inconformidad hecho valer en primer término, la demandante del amparo, después de hacer un análisis de los alcances de las garantías de proporcionalidad tributaria y de seguridad jurídica, así como de la naturaleza jurídica del impuesto especial sobre producción y servicios, alegó sustancialmente que el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es violatorio de las garantías de proporcionalidad tributaria y seguridad jurídica, puesto que basta la simple lectura del sistema tributario del impuesto referido, para advertir que no se desprende disposición alguna que establezca la obligación o que faculte al contribuyente del impuesto a trasladar la carga económica del tributo al prestatario del servicio, lo cual es desproporcional y violatorio de la garantía de seguridad jurídica al desnaturalizar el tributo.
Que por lo que hace a las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se viola la garantía de proporcionalidad tributaria, al no permitir repercutir la carga económica en el prestatario del servicio, al tratarse de un impuesto indirecto, además de que no grava al contribuyente de acuerdo a su capacidad contributiva.
Que en el caso de los impuestos indirectos, la capacidad contributiva se mide en función de si la erogación correspondiente es indicativa o no de capacidad contributiva, situación que en el caso del inciso B), fracción II, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no ocurre, pues al prestar las actividades a las que alude el citado numeral no se faculta al contribuyente a trasladar el impuesto respectivo.
Que en el dictamen de la exposición de motivos elaborado por la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados, en torno al impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de actividades a las que alude el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Ejecutivo Federal señaló que la imposición del gravamen sobre juegos, obedece al hecho de desincentivar la industria del juego con apuestas y sorteos, al no proporcionar a la sociedad mexicana los beneficios directos e indirectos que ésta demanda ni compensa plenamente los costos que trae consigo dicha industria.
Que no obstante lo anterior, resulta claro que la mecánica del impuesto no logra desincentivar la participación de la población en las actividades a que alude el impuesto en estudio, por lo que resulta violatorio de las garantías de proporcionalidad tributaria, de fundamentación y motivación, pues con su creación no se logra el propósito que en principio buscó el legislador federal, ya que no es dable que la quejosa traslade la carga económica del impuesto al consumidor final ni siquiera de manera oculta en el valor de la contraprestación pactada, con lo que lejos de desincentivar la industria del juego y las apuestas, simplemente se genera un tributo, el cual absorbe en su totalidad el prestador del servicio.
II. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa estableció medularmente que en el supuesto de que el Juez de Distrito determinara que resulta apegado a la Constitución que el legislador federal tenga facultades para desvirtuar la naturaleza de un impuesto indirecto, al no establecer la posibilidad de repercutir la carga económica en el consumidor final, se deben estudiar los argumentos consistentes en que también se viola la garantía de proporcionalidad, en atención a que la empresa quejosa está obligada al pago de un impuesto equivalente al veinte por ciento de todas las contraprestaciones derivadas de la prestación de los servicios por la realización de juegos y sorteos.
Que conforme al artículo 18 de la ley en estudio, para calcular el impuesto relativo, se considerará como valor el total de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por dichas actividades.
Que en ningún precepto de la ley se establece la posibilidad o la obligación para el contribuyente del impuesto, de repercutir o trasladar la carga económica del tributo al prestatario del servicio, con lo cual, lo que grava el impuesto referido es prácticamente el ingreso derivado de la realización de las actividades lúdicas referidas, sin deducción alguna y además con una tasa excesiva del veinte por ciento.
Que entonces, la base del impuesto se constituye por los ingresos efectivamente percibidos de los participantes de dichas actividades; empero, tratándose de los impuestos directos, la garantía de proporcionalidad tributaria se cumple si se toman en cuenta los gastos en los que el contribuyente haya incurrido para la obtención de dichos ingresos, pues de lo contrario el impuesto en estudio resulta inconstitucional.
Que el impuesto relativo no reconoce los gastos en los que ha incurrido la persona que realiza los juegos y sorteos, para la obtención de los ingresos, lo que trae como consecuencia que dicho tributo se aparte de la auténtica capacidad contributiva de la quejosa, al no considerarse el valor real de sus ingresos, pues al impedírsele restar las erogaciones que de manera necesaria se efectúan para obtener el ingreso, es claro que no se está gravando su real capacidad contributiva, lo cual resulta violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria.
Que tratándose de impuestos directos que gravan al ingreso como sucede en la especie, para determinar la capacidad contributiva del particular no debe contemplarse únicamente el ingreso, sino también las erogaciones que son precisamente causa y fuente de la existencia de los ingresos; y en el presente caso no se contempla la posibilidad de efectuar deducción alguna por parte de los contribuyentes del tributo impugnado, sino que se gravan los ingresos brutos, por lo que no se atiende a la real capacidad contributiva del sujeto pasivo; situación que ha sido reconocida incluso por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que para determinar un ingreso auténtico y real, es necesario que el legislador federal reconozca que las personas contribuyentes incurren en ciertos gastos, los cuales se generan con motivo del desarrollo normal de su objeto social, sin los cuales no se podrían obtener los ingresos gravados, máxime cuando es una tasa tan elevada del veinte por ciento.
Que no es obstáculo a lo anterior el hecho de que conforme al artículo 5o. B de la ley impugnada, se permita a los concesionarios disminuir del impuesto correspondiente a dichas actividades en el mes de que se trate, el monto de la participación que corresponda al Gobierno Federal de los productos obtenidos por los permisionarios, así como un monto equivalente al pago efectivamente realizado por concepto de los impuestos que las entidades federativas tengan establecidos sobre los juegos con apuestas y sorteos, sin que en ningún caso esta disminución exceda de la quinta parte del impuesto que establece la ley a dichas actividades, ya que éstas son las únicas deducciones que permite la ley de la materia y en nada subsanan la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria.
Que para que se pueda atender a la capacidad contributiva del sujeto gravado, es necesario que las deducciones estén determinadas en la base del impuesto para que el gobernado tribute de acuerdo a una base gravable acorde a su capacidad contributiva, pues el hecho de que se prevean disminuciones posteriores, esto es, una vez determinada la base del tributo, en nada modifica la inconstitucionalidad del sistema tributario por lo que toca a juegos y sorteos, aunque exista un beneficio económico que de todas formas es mínimo, porque el monto que representa la disminución permitida no equivale a más del dos por ciento del ingreso de la quejosa, frente a un veinte por ciento por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios.
Que en atención a lo anterior, se debe considerar que la motivación legislativa plasmada en el dictamen de la Cámara de Diputados al Proyecto de Reformas y Adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no justifica en forma alguna la imposición de un gravamen que en realidad es un aumento a las participaciones que paga la contribuyente, ya que con el pago del impuesto, el Gobierno Federal se convierte en su socio, lo cual, desde luego, no es el propósito de la recaudación en ningún país.
III. Que el impuesto controvertido viola la garantía de proporcionalidad tributaria, porque no existe relación alguna entre el objeto del impuesto y su base gravable, además de que su objeto es la realización de las actividades de juegos con apuestas, sorteos, juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en desarrollo de aquellos utilicen imágenes visuales electrónicas, así como los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar.
Que conforme al artículo 18 de la ley impugnada, para calcular el impuesto referido se debe calcular como valor, el total de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por la actividades a las que alude el artículo 2o. de la ley referida; y no obstante ello, conforme al segundo párrafo del citado artículo 18, cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera referenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar en dicho sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice haya enajenado todos los bienes que participen en este sorteo.
Que de acuerdo con el artículo 8o. de la ley en comento, resulta claro que no existe relación entre el objeto del impuesto y la base gravable, porque el objeto del tributo se constituye por la realización de la prestación del servicio de juegos y sorteos, por lo que la base gravable debe tomarse en función de esa actividad; esto es, de las contraprestaciones derivadas de la prestación de dichos servicios, sin dejar a un lado los gastos e inversiones en los que la empresa haya incurrido para la obtención de los ingresos.
Que dicho numeral, introduce un elemento que nada tiene que ver con el objeto del impuesto, pues tratándose de sorteos en los que el premio ofrecido se encuentre contenido de manera diferenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue derecho a participar en el sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice haya enajenado todos los bienes que participen en el mismo y nada tiene que ver el precio de enajenación de un producto, pues la riqueza no va en función de la actividad que se pretende gravar, aunque sólo se pueda participar en el sorteo mediante su adquisición; por tanto, resulta inconcuso que se viola la garantía de proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
IV. En el cuarto concepto de violación se argumentó, en síntesis, que el impuesto impugnado transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria por un motivo adicional, toda vez que una misma fuente tributaria o riqueza gravada, no pueda soportar un exceso en su carga tributaria, pues ello redundará irremediablemente en el agotamiento y extinción de la fuente que pretende gravar.
Que la quejosa además de ser sujeta del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, es igualmente sujeta del impuesto empresarial a tasa única, sin que se le permita hacer deducción alguna, y también es sujeta de impuestos locales por las mismas actividades, por lo que el impuesto impugnado resulta ruinoso por contemplar una sobre tasa respecto de los demás gravámenes.
Que el impuesto impugnado resulta violatorio de la garantía de fundamentación y motivación en relación con la garantía de proporcionalidad tributaria, en razón de que el impuesto se presenta de una forma inconstitucional, oscura y contradictoria desde la propia exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, ya que no existe una conformidad entre los motivos expuestos en dicho documento y la ley combatida, toda vez que el impuesto impugnado va más allá, porque desmotiva la inversión de los centros de entretenimiento legalmente constituidos y autorizados para operar; promueve el mercado ilegal del juego en nuestro país; y propicia una pérdida de eficiencia económica, toda vez que reduce la actividad económica, encarece a los precios de los consumidores y reduce los ingresos de los prestadores de servicios.
Que resulta inobjetable confirmar la ilegal pretensión del legislador con el establecimiento del impuesto en cuestión, si a esta industria se le obliga a desembolsar los premios a los participantes en las condiciones establecidas por la autoridad y al entero de las contribuciones y aprovechamientos, tomando en consideración que los aprovechamientos y el impuesto en análisis, se calculan sobre el monto total y casi total de los ingresos, respectivamente, lo que se traduce en una violación a la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo, prevista por la Carta Magna.
Que es asombroso que el legislador señale en la exposición de motivos, que los ingresos tributarios que genera la industria sean muy bajos, toda vez que la industria legalmente establecida en México se encuentra sujeta a un gran número de contribuciones federales, estatales y municipales en total igualdad con respecto a otros contribuyentes de diversas industrias, además del pago adicional de los aprovechamientos al Gobierno Federal.
Que si la industria que se pretende aniquilar con el impuesto que se combate refleja pérdidas por la reducción de la productividad en el trabajo y reducción del ahorro, como se refiere en la exposición de motivos, resulta entonces aconsejable que el Ejecutivo Federal y el Legislativo, también grave a la industria de boliches, billares y hasta la cinematográfica en los que se pague por su admisión, máxime que en el caso concreto la quejosa organiza concursos y otorga premios a los ganadores, lo cual implica una simple distracción para los participantes y desde luego que no genera adicción ni mucho menos.
V. En el concepto de violación planteado en quinto lugar, la quejosa alegó sustancialmente que el artículo 8o., fracción III, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria, puesto que da un trato desigual a sujetos iguales, al establecer que aquellos contribuyentes que no obtengan más de diez permisos para celebrar en un año de calendario, estarán exentos del pago del impuesto por la realización de juegos y sorteos, lo que los ubica en un régimen de beneficio frente a otros contribuyentes que requieran la obtención de más de diez permisos.
Que tampoco existe razón alguna para ubicarse en un régimen de beneficio, si el monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario no excede el tres por ciento de los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior, máxime que no se dice de qué ingresos se refiere si los derivados de los concursos o de impuesto sobre la renta, etcétera.
Que en ese sentido, el impuesto impugnado es igualmente violatorio de la garantía consagrada en el artículo 28 constitucional, relativa a que están prohibidas las exenciones de impuestos, situación respecto de la cual se ubican los contribuyentes del régimen de beneficio apuntado.
VI. En el motivo de inconformidad planteado en sexto lugar se sostuvo, en síntesis, que conforme al artículo 27, último párrafo, de la ley en estudio, los Estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto especial sobre producción y servicios o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción, introducción, distribución o almacenamiento de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto.
Que dicha determinación genera inseguridad jurídica, porque para aquellos contribuyentes que no realicen las actividades para juegos y sorteos a las que alude el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la ley referida, los Estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos locales o municipales; lo cual resulta inequitativo, tomando en cuenta que todos los demás contribuyentes del impuesto impugnado, esto es, aquellos que no realicen las actividades consistentes en juegos y sorteos, se encuentran en un régimen de beneficio, al no estar gravados por disposición local o municipal alguna.
VII. En séptimo lugar, la parte quejosa señaló, sustancialmente, que los artículos 2o., fracción II, inciso B), 5o. B, 8o., fracción III y 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resultan violatorios de las garantías de fundamentación y motivación, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues el Congreso de la Unión carece de facultades para imponer una contribución especial sobre juegos y sorteos, en virtud de que esa actividad no se encuentra expresamente contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., constitucional.
Que si bien es cierto que conforme al artículo 73, fracción VII, de la Constitución, el Congreso de la Unión puede imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, tal facultad está expresamente acotada por el inciso 5o. de la fracción XXIX del mismo artículo, conforme al cual tal órgano federal solamente puede establecer contribuciones especiales sobre ciertas actividades o materias enunciadas limitativamente en ese precepto.
Que no se controvierte el derecho de la Federación para gravar los juegos y sorteos como una fuente tributaria genérica, sino el hecho de que tales actividades se gravaron mediante una contribución especial, ya que este tipo de contribuciones solamente pueden establecerse respecto de las actividades exhaustivamente listadas en ese precepto, pues para ello existe tal lista.
Que una vez que algún órgano del Estado ha emitido un acto de autoridad como lo es el decreto combatido en este juicio, con base en preceptos que fijan su competencia y facultades, no le es posible cambiar el fundamento de su actuación, afirmando que son aplicables otros preceptos diversos que en el caso concreto no fundaron su acto, razón por la cual al haber expedido el Congreso de la Unión un decreto conforme al cual los actos a actividades de la recurrente, se gravan con un impuesto especial, es obvio que fundó su actuación en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., constitucional, es obvio que el decreto combatido viola las garantías de fundamentación y motivación.
Que en nuestro actual sistema constitucional de distribución de competencias impositivas, se establecen tres grandes especies de facultades, a saber:
a) La facultad exclusiva de la Federación para imponer contribuciones, sin que las entidades federativas tengan el derecho constitucionalmente reconocido de participar en ellas.
b) La facultad exclusiva de la Federación para imponer gravámenes de los que constitucionalmente está obligada a participar a las entidades federativas.
c) La facultad concurrente que tienen la Federación y las entidades federativas para imponer contribuciones sobre cualquier materia distinta a las anteriores.
Que los impuestos especiales tienen un origen histórico preciso, y fueron definidos limitativamente por el Constituyente Permanente de una manera expresa, por lo que constituyen acotaciones a las facultades del Congreso de la Unión para gravar, mediante impuestos especiales, las fuentes a que tal precepto alude.
Que de acuerdo con la anterior clasificación, si el Congreso de la Unión deseó imponer alguna contribución a la realización de juegos y sorteos que realiza la recurrente, debió hacerlo con un impuesto que no fuera "especial", pues de otra forma excede sus facultades, violando lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., constitucional; y, por ende, las garantías de motivación y fundamentación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
CUARTO. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoyó el Juez Federal para negar a la quejosa la protección constitucional solicitada son, en síntesis, los siguientes:
A) Que resultaba infundado el séptimo concepto de violación vertido por la quejosa, en atención a que los actos de las autoridades legislativas cumplen con el requisito de fundamentación y motivación, según así lo establece la jurisprudencia de este Alto Tribunal, consistente en que sean emitidos por la autoridad constitucionalmente competente y que dicha producción normativa tienda a regular un acto o relación social;
Que de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracciones VII y XXIX, 117, 118 y 124 de la Constitución Federal, se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación. Además, esta Suprema Corte ha determinado que la facultad impositiva de la Federación no se encuentra sujeta a un límite, salvo los expresamente establecidos en la propia Constitución; por tanto, la fracción XXIX del artículo 73 constitucional no contiene una lista restrictiva a la Federación, como lo sustenta la quejosa, sino que, de conformidad con jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, el referido numeral constitucional no debe ser interpretado como una restricción del poder inquisitivo de la Federación, sino como una limitante a la facultad contributiva de las entidades federativas.
Que la facultad impositiva de la Federación para imponer contribuciones especiales, no son otra cosa que impuestos al comercio y a la industria, y se encuentra prevista en las fracciones VII y XXIX del artículo 73 constitucional, y con base en ello cualquier contribución que sobre dichas actividades determine el Congreso de la Unión debe estimarse dentro del ámbito de su competencia, y no puede asumirse que las únicas contribuciones especiales son las enunciadas expresamente en la fracción XXIX, pues de la interpretación de la voluntad del legislador y de los criterios de esta Suprema Corte, lo que se debe entender es que sólo la Federación puede imponer contribuciones al comercio y la industria en los casos de la última fracción aludida, y respecto al resto de las actividades comerciales e industriales, existe concurrencia de la potestad tributaria de la Federación y de las entidades federativas. En apoyo de lo anterior, el Juez de Distrito transcribió la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA MATERIA CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACIÓN COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE.".
Que la potestad tributaria de la Federación se encuentra reconocida esencialmente en el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Federal, de tal forma que la imposición a los juegos y sorteos prevista en los artículos 2o., fracción II, inciso B, 5o. B, 8o., fracción III, 17, 18 y 27, último párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tiene su fundamento respecto de la competencia del Congreso de la Unión en dicho precepto constitucional, sin que la inclusión en la ley impugnada pueda estimarse como una violación constitucional, ni que implique que la única competencia para establecer contribuciones especiales sea la prevista en la diversa fracción XXIX del artículo 73 del Ordenamiento Supremo, pues ello no implica que el legislador federal carezca de atribuciones para establecer diversos impuestos sobre los actos de comercio e industria.
Que la inclusión de un impuesto sobre juegos y sorteos en la ley impugnada encuentra una lógica de técnica legislativa, dado que es en dicho cuerpo normativo donde la Federación ha optado por gravar diversas actividades de la industria y el comercio, que considera indicativas de una capacidad contributiva, pues de la exposición de motivos de la reforma combatida se advierte que se identifica a ese sector de la economía, como la "industria del juego con apuestas y sorteos", por lo que de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma del artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal, las contribuciones especiales sólo son contribuciones sobre actividades mercantiles e industriales, de ahí la lógica de la inclusión de tal impuesto en la ley reclamada.
B) Que resultaban infundados los argumentos planteados en el primer concepto de violación, los cuales se hicieron consistir medularmente en que el artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios viola las garantías de proporcionalidad y seguridad jurídicas tuteladas por los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, porque al tratarse de un impuesto indirecto, real y objetivo, el indicador de capacidad contributiva va en función de la erogación por parte del contribuyente y, por lo que respecta a este impuesto, sería el prestatario de los servicios o el consumidor final.
Que el artículo 31, fracción IV, constitucional contempla los principios de justicia tributaria como el de proporcionalidad, el cual se encuentra vinculado a la capacidad económica del contribuyente, para que en función de cada caso, el impacto sea diferente no sólo en cantidad, sino en el mayor o menor sacrificio reflejado en la obligación fiscal sustantiva, la cual debe ser proporcional a los ingresos, utilidades, rendimientos o manifestaciones de riqueza que el legislador haya optado gravar.
Que dicho legislador goza de la potestad tributaria, en ejercicio de la cual puede seleccionar la fuente de riqueza susceptible de gravamen y a partir de ella definir el objeto imponible, siempre que al hacerlo elija un objeto revelador de la capacidad de pago de los contribuyentes.
Que en el caso de los impuestos indirectos, la capacidad contributiva es medida en función de una circunstancia indirecta como puede ser el consumo o el precio del bien o servicio adquirido, pues el legislador parte del supuesto de que si una persona tiene capacidad para adquirir un determinado bien o servicio, también tiene capacidad para soportar la carga tributaria que implica un impuesto aplicado sobre el valor del bien o servicio adquirido, de tal forma que la congruencia entre el objeto y la capacidad contributiva se encuentre en la determinación de la base del impuesto, pues el mismo se debe pagar en la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes que señala la ley, y en la prestación de los servicios que la misma establece.
Que conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1o. de la ley impugnada, debe distinguirse entre dos sujetos pasivos del impuesto, como lo son, por una parte, el sujeto pasivo jurídico en quien recae la obligación de enterar al fisco las cantidades que se causen con motivo del tributo, así como todas las obligaciones de carácter formal inherentes a la contribución y, por la otra, el sujeto pasivo de hecho, en quien recae la carga económica de pagar el impuesto, pues en términos del numeral referido, todos los sujetos, incluso, los que no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deben aceptar la traslación del impuesto especial sobre traslación y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo en los términos que marca la ley, extremo que no desvirtuó la quejosa con la prueba pericial que desahogó en el sumario.
Que la base del impuesto se calcula con los valores determinados por la ley para cada bien o servicio que la misma establece, y la contraprestación para efectos de la prestación del servicio de juegos con apuestas y sorteos puede variar, razón por la que el artículo 18 de la ley impugnada establece distintas maneras de calcular la contraprestación a la que se le aplicará la tasa del artículo 2o., fracción II, inciso B), del mismo ordenamiento legal, cuyos valores no constituyen la contraprestación a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21878-2093474a/juegos-con-apuestas-y-sorteos-el-congreso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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