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IGUALDAD. EL ARTÍCULO 195 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL PREVER PENAS MÁS SEVERAS POR LA POSESIÓN DE CIERTOS NARCÓTICOS QUE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NO VIOLA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 823/2010. · Registro digital (IUS): 23096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 573.

AMPARO EN REVISIÓN 823/2010. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y tercero, fracción II, del Acuerdo Plenario 5/2001, en relación con el punto cuarto del acuerdo en cita, en virtud de que fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional, de un juicio de garantías en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 195 Bis del Código Penal Federal.

SEGUNDO. El presente recurso se interpuso oportunamente, ya que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por lista el lunes diecinueve de abril de dos mil diez, y surtió efectos el día hábil siguiente, conforme al artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, el martes veinte del propio mes y año, por lo que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, transcurrió del miércoles veintiuno de abril de dos mil diez al martes cuatro de mayo del mismo año, con exclusión de los días veinticuatro y veinticinco del mes de abril, así como primero y dos de mayo por ser sábados y domingos, respectivamente, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Luego, si la parte recurrente presentó el recurso de revisión el jueves veintinueve de abril de dos mil diez, se concluye que lo hizo dentro del término legal de diez días hábiles de que disponía para ese efecto.

TERCERO. Previo a entrar al estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, conviene hacer una reseña de las cuestiones necesarias para resolver el presente asunto.

I. En la demanda de amparo, el quejoso hizo valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación:

1. Que el legislador en ejercicio de sus funciones, tomando en consideración las circunstancias sociales de un lugar y tiempo determinados, debe definir las conductas que estime contrarias a la convivencia social, junto con su correspondiente sanción, pero de ninguna manera puede apartarse de las disposiciones de la Carta Magna atendiendo al principio de supremacía constitucional, en el que se incluyen las garantías individuales, de las que se debe destacar en esta ocasión la primera, con el objetivo de que se emitan leyes justas en las que se impongan las mismas reglas sancionadoras a todos aquellos cuya conducta y circunstancias personales o de otra índole tipifiquen la figura delictiva que describen de manera abstracta y general o, en su defecto, establecer los razonamientos por los cuales se prevén los razonamientos por los cuales se prevén los factores de gravedad que implican la diversidad de castigos.

Cita como fundamento a lo anterior los siguientes criterios: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.", "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.", "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA." y "EVASIÓN DE PRESOS, DELITO DE. EL ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD."

2. Que el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, vigente a partir del veintiuno de agosto de dos mil diez, contenido en el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, es inconstitucional.

Que el legislador da un trato desigual a las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 477 de la Ley General de Salud, en relación con las que se ubiquen en lo dispuesto por el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, pues ambos artículos describen una conducta que requiere los mismos elementos de integración, es decir, la existencia de una sustancia considerada como narcótico, que finalmente se trata de los mismos que contempla la Ley General de Salud en los ordinales 237 y 245, fracciones I, II y III, así como el diverso 248, que también una persona determinada ejerza actos de poder sobre el mismo y, finalmente, lo haga en circunstancias que no lleven a suponer que se destinaría a conductas diversas, entre éstas, comercio y suministro.

Que pese a lo anterior, el legislador estableció una diferencia injustificada para sancionar la posesión de las drogas previstas en la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato", siempre que éstas no rebasen la cantidad que resulte de multiplicar por mil las ahí previstas, con sólo diez meses de prisión como mínima, mientras que, al margen de la cantidad, en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, pretende que se castigue al activo con cuatro años de cárcel, cuando menos.

Que existe una diferencia injusta que contraviene el principio de igualdad y equilibrio previsto por el artículo 1o. constitucional, pues el bien jurídico resguardado por ambos artículos es la salud pública, factor que el legislador no tomó en cuenta para determinar los castigos, toda vez que el daño que producen las sustancias previstas en la tabla de referencia a la que el artículo 477 remite, producen un daño más severo que el que puede causar la sustancia activa componente de la única pastilla que se encontró en poder del quejoso.

Que en tal sentido, no hay duda de que el contenido del artículo 195 Bis del Código Penal Federal constituye para el accionante una violación al derecho fundamental de recibir un trato igual a todos aquellos cuya conducta y circunstancias personales sirvan para tipificar la descripción prevista por el artículo 477 de la Ley General de Salud; que este trato diferenciado no encuentra justificación alguna, por el contrario, sin importar el mayor o menor grado lesivo de las sustancias, se castiga con mayor dureza a quienes posean, aun en cantidades mínimas, narcóticos que representan el mismo riesgo para el bien jurídico salvaguardado, por el solo hecho de que no hubieran sido incluidos en la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato", misma que forma parte del artículo 479 de la Ley General de Salud.

II. Las consideraciones de la sentencia recurrida, en esencia, señalan lo siguiente:

Que es infundado lo que se sostiene en el sentido de que el artículo 195 Bis del Código Penal Federal, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de veinte de agosto de dos mil nueve, contravenga lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional.

Que la garantía de igualdad prescrita en el artículo 1o. constitucional se ve reflejada en la normatividad en la medida de que en esta última se evitan disposiciones legales tendentes a generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Que la igualdad jurídica en cuanto al delito contra la salud, en su modalidad de narcóticos, se ve reflejada tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Salud, en la medida de que quien sea sujetado a un proceso por tal delito y modalidad guardara una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y sanciona, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho procedimiento y pena que, en su caso, se le pueda imponer, dependiendo del tipo de droga de que se trate, la cantidad de narcótico y las modalidades en cómo se dé el delito, con lo cual se tratará de igual forma a quienes se encuentren en situaciones semejantes y, contrariamente, desigual a situaciones disímiles.

Que, por tanto, el hecho de que la posesión de narcótico, clonazepam, se encuentre prevista en el actual artículo 195 Bis del Código Penal Federal y no en el artículo 479 de la Ley General de Salud y que en el primero se contenga una pena distinta a la que se señala en el segundo precepto en modo alguno viola la garantía de igualdad prevista en el precitado artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que ello es así, porque el legislador está constitucionalmente facultado para definir qué conductas están consideradas como delitos, esto es, para crear delitos, modalidades del mismo y fijar sus penas atendiendo a cuestiones de política criminal, atento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal.

Que, asimismo, si bien es cierto que el artículo 195 Bis del Código Penal Federal señala una pena de cuatro a siete años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa para quien posea uno de los narcóticos señalados en el artículo 193 de ese mismo ordenamiento, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, en tanto que en la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato" se prevén otras penas para quien posea los narcóticos ahí descritos, en cantidades límites que ahí mismo se indican, también es verdad que con ello no se propicia discriminaciones y desigualdades injustas o arbitrarias, pues el legislador, para fijar esas penas, atendió a diversos aspectos sociales como lo son la población carcelaria existente en el país por ese tipo de delitos y la política de combate al narcotráfico, en la modalidad de narcomenudeo, lo que le permitió discernir por qué la posesión de determinados tipos de narcóticos debería tener una pena más grave que la que fijó para la posesión de otro tipo de esas sustancias, con lo cual se justifica el trato diferencial que dio.

Que todo lo antes expuesto encuentra fundamento en los antecedentes legislativos que dieron origen a las reformas en comento.

Que en ese orden, como el precepto 195 Bis del Código Penal Federal no constituye una norma privativa pues, de manera general, abstracta e impersonal determina la pena que se ha de imponer a quien posea un narcótico de los señalados (sic) 193 del Código Penal Federal, sin dirigirse a una persona o grupo previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados a desaparecer después de su aplicación, entonces, no viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. El inconforme, en su escrito de expresión de agravios, manifestó lo siguiente:

1. Que si bien, como acertadamente lo considera el Juez resolutor, los creadores de leyes están facultados, de acuerdo a lo que dispone la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de ninguna manera tal facultad puede rebasar los límites establecidos por las garantías individuales de las que se debe destacar, por ahora, la garantía de igualdad.

Que, entonces, es incorrecto, como lo sostiene el a quo, que por el solo hecho de que los legisladores tengan la facultad de expedir las leyes que definan las conductas delictivas o faltas contra la Federación, así como a establecer las sanciones, puedan actuar al margen de la ley, de forma concreta, al margen de las garantías individuales, de lo contrario, su acción se convertiría en una seria contravención al principio de supremacía constitucional incluida en el artículo 133 de la Constitución Política. Cita en apoyo a sus alegaciones el criterio de rubro:

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."

2. Que el resolutor también expone que el legislador, para fijar las penas de los artículos 195 Bis del Código Penal Federal y 477 de la Ley General de Salud, atendió a diversos aspectos sociales como lo son la población carcelaria existente en el país por ese tipo de delitos y la política de combate al narcotráfico en la modalidad de narcomenudeo.

Que, a ese respecto, se debe hacer notar, por una parte, la obligación de los legisladores de exponer de forma clara los motivos de una determinación que finalmente se verá reflejada en una norma a la que se deberán someter los gobernados e, igualmente, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, que ciñe al proceso legislativo a la observancia de las garantías individuales, se deben explicar los criterios y con qué fines se expiden las leyes o las reformas a las mismas estableciendo un análisis de las condiciones sociales que hacen necesario el pronunciamiento legislativo, dando así cumplimiento a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política.

Que así se hace indiscutible que el legislador, respecto a la garantía de igualdad contemplada por el artículo 1o. de la Constitución Política y a la prohibición de discriminación expresa en la misma, no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el objetivo de alcanzar las metas constitucionalmente válidas, esto es, aceptables dentro de los límites marcados por las garantías individuales. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis siguiente:

"DELITOS CULPOSOS. EL LEGISLADOR ORDINARIO AL NO ESTABLECER EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LA CAUSA POR LA CUAL DETERMINÓ EN EL ARTÍCULO 85, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, UNA PENA MÍNIMA PARA AQUÉLLOS, IGUAL A LA QUE CORRESPONDERÍA PARA LOS DOLOSOS, VIOLA LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Que, contrario a lo que se razona en el fallo que se impugna, los miembros del Congreso no hacen pronunciamiento alguno en la exposición de motivos que da origen al decreto de fecha veinte de agosto del dos mil nueve, respecto a las causas por las cuales se debe sancionar con una pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa a quienes incurran en la conducta descrita por el artículo 195 Bis del Código Penal Federal.

Que es cierto que menciona que su actuar obedece al hecho de que en los últimos seis años se hubiera incrementado el número de adictos por lo que se tomaron en cuenta principalmente las sustancias que quedaron incluidas en la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato", a que hace referencia el artículo 477 de la Ley General de Salud, para indicar cuáles forman parte de esa descripción típica, además del propósito firme de combatir a los delincuentes que de verdad afectan a la sociedad en materia de narcotráfico y no a los que se introducen al narcomenudeo, quienes en la mayoría de los casos son los propios adictos.

Que, pese a esto, no es verdad que hubiera explicado el motivo de la diferencia establecida entre las personas que incurren en la conducta del mencionado artículo 477 de la Ley General de Salud y la descrita por el diverso 195 del Código Penal Federal, que hubiera llevado a la determinación de sancionar con penas mucho más graves a los que poseen, sin la intención de cometer ninguna otra conducta que ponga en riesgo o lesione al bien jurídico protegido, alguno de los narcóticos previstos por el artículo 193 del Código Penal Federal, ya que en ese proceso legislativo no se analizó si dicha distinción obedece a una finalidad objetiva constitucionalmente válida.

Que, no obstante, al margen de que se hubieran hecho valer o no los motivos de la decisión de los congresistas, no existen causas que pudieran justificar la determinación de establecer las penas del artículo 195 Bis que se tacha de inconstitucional; así, la diferencia de trato entre quienes incurren en este supuesto y el del artículo 477 de la Ley General de Salud no es congruente con el respeto a la dignidad de los seres humanos, ya que en ambos prevén supuestos sustancialmente idénticos, pues requieren que una persona determinada tenga dentro de su radio de acción algún narcótico, aun cuando para conocer cuál de éstos se encuentra sujeto a sanción, un supuesto remita al artículo 193 del Código Penal Federal y el otro a la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato" inmersa en el artículo 479 del ordenamiento especial mencionado, toda vez que esto no es un motivo suficiente para la diferencia de penas, por el contrario, atendiendo a la exposición de motivos en análisis, es evidente que el legislador fijó la mirada en la droga de mayor consumo y que más lacera a la salud pública por ser la que más se consume, lo que indica que si alguna otra sustancia no quedó nombrada en ese listado orientador, es porque no levantó la misma trascendencia. Este argumento lo apoya el criterio que se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA."

Que, por tanto, se difiere de lo expresado por el resolutor en el fallo que se impugna, porque no es verdad que exista un motivo constitucionalmente válido que justifique la sanción establecida por el artículo 195 Bis; así, al no existir una relación de proporcionalidad entre los medios y fines de la norma, la diferenciación carece de justificación objetiva y razonable, en consecuencia, sí viola la garantía de igualdad en perjuicio del directo quejoso.

Que, por otra parte, la parte invocada por el a quo del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, exclusivamente hace referencia al artículo 195 Bis del Código Penal Federal, antes y después de la reforma en comento, por lo que no se debió haber tenido en cuenta como una justificación constitucionalmente válida para establecer la distinción que le aqueja a mi representado, por tanto, en este sentido, tampoco le asiste la razón.

Que de esta manera se concluye que el resolutor no analizó la inconstitucionalidad del artículo 195 Bis del Código Penal Federal, en los términos que se le solicitaba en la demanda de amparo, de acuerdo con las exigencias que se establecen en los criterios que a continuación se invocan: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD." e "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."

CUARTO. Los agravios esgrimidos por el recurrente son infundados, en atención a lo siguiente:

Si bien, como lo señala el recurrente, el hecho de que el legislador Federal esté facultado, de acuerdo a lo que dispone la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, no significa que éste no puede rebasar los límites establecidos por las garantías individuales, en específico, la garantía de igualdad; sin embargo, en el caso, no se violenta tal garantía, como se verá más adelante.

Por otra parte, de la lectura de la sentencia recurrida en esta vía se advierte que el juzgador de amparo dio respuesta al planteamiento esgrimido por el quejoso, señalando: Que la garantía de igualdad jurídica, en cuanto al delito contra la salud en su modalidad de narcóticos, se refleja tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Salud, en la medida de que quien sea sujetado a un proceso por determinado delito y modalidad, guardará una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y sanciona, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho procedimiento y pena que, en su caso, se impusiera dependiendo del tipo de droga de que se trate, la cantidad de narcótico y las modalidades en cómo se dé el delito, con lo cual se tratará de igual forma a quienes se encuentren en situaciones semejantes, y contrariamente desigual a situaciones disímiles.

Que, por tanto, el hecho de que la posesión de narcótico, clonazepam, se encuentre prevista en el actual artículo 195 Bis del Código Penal Federal y no en el artículo 479 de la Ley General de Salud y que en el primero se contenga una pena distinta a la que se señala en el segundo precepto en modo alguno viola la garantía de igualdad prevista en el precitado artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que, asimismo, si bien es cierto que el artículo 195 Bis del Código Penal Federal señala una pena de cuatro a siete años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa para quien posea uno de los narcóticos señalados en el artículo 193 de ese mismo ordenamiento, en tanto que en la "Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato" se prevén otras penas para quien posea los narcóticos ahí descritos, en cantidades límites que ahí mismo se indican, también es verdad que con ello no se propician discriminaciones y desigualdades injustas o arbitrarias, pues el legislador, para fijar esas penas, atendió a diversos aspectos sociales como la población carcelaria existente en el país por ese tipo de delitos y la política de combate al narcotráfico, (en la modalidad de narcomenudeo) lo que le permitió discernir por qué la posesión de determinados tipos de narcóticos deberían tener una pena más grave que la que fijó para la posesión de otro tipo de esas sustancias, con lo cual se justifica el trato diferencial que dio.

De lo que se advierte que si bien, como lo señala el recurrente, no analizó la inconstitucionalidad del artículo 195 Bis del Código Penal Federal, en los términos de las exigencias que se establecen en las tesis de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD." e "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", lo cierto es que esta Primera Sala considera que dicho precepto no resulta violatorio de la garantía de igualdad invocada aun bajo los criterios sostenidos por esta Sala en las tesis en cita, conforme a lo siguiente:

En principio, conviene transcribir los artículos que integran el sistema que prevé el artículo 195 Bis, mismos que disponen lo siguiente:

Código Penal Federal

"Artículo 195 Bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. ..."

"Artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

"Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. ..."

Ley General de Salud

"Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. ..."

"Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

"I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

"(Véase archivo anexo) (sic)

"Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

"II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

"Amobarbital

"Anfetamina

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994)

"Butorfanol

"Y sus sales, precursores y derivados químicos

"Ciclobarbital

"Dextroanfetamina (dexanfetamina)

"Fenetilina

"Fenciclidina

"Heptabarbital

"Meclocualona

"Metacualona

"Metanfetamina

"Nalbufina

"Pentobarbital

"Secobarbital.

"III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

"Benzodiazepinas:

"Alprazolam

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Amoxapina

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Ácido barbitúrico (2, 4, 6 trihidroxipiramidina)

"Bromazepam

"Brotizolam

"Camazepam

"Clobazan

"Clonazepam

"Cloracepato dipotásico

"Clordiazepoxido

"Clotiazepam

"Cloxazolam

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994)

(Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Clozapina

"Delorazepam

"Diazepam

(Reubicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Efedrina

(Reubicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Ergometrina (ergonovina)

(Reubicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Ergotamina

"Estazolam

(Reubicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"1-fenil 2-propanona

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Fenilpropanolamina

"Fludiazepam

"Flunitrazepam

"Flurazepam

"Halazepam

"Haloxazolam

"Ketazolam

"Loflacepato de etilo

"Loprazolam

"Lorazepam

"Lormetazepam

"Medazepam

"Nimetazepam

(F. de E., D.O.F. 18 de febrero de 1988)

"Nitrazepam

"Nordazepam

"Oxazepam

"Oxazolam

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Pemolina

"Pinazepam

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Pimozide

"Prazepam

(Reubicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Pseudoefedrina

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Risperidona

"Quazepam

"Temazepam

"Tetrazepam

"Triazolam

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Zipeprol

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Zopiclona

"Y sus sales, precursores y derivados químicos.

"Otros:

"Anfepramona (dietilpropion)

(F. de E., D.O.F. 18 de febrero de 1988)

"Carisoprodol

"Clobenzorex (clorofentermina)

"Etclorvinol

"Fendimetrazina

"Fenproporex

"Fentermina

"Glutetimida

"Hidrato de cloral

"Ketamina

"Mefenorex

"Meprobamato

"Trihexifenidilo. ..."

"Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245."

Ahora, por su parte, los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud, respecto de los cuales el quejoso considera dan un trato diferente al del precepto impugnado, prevén lo siguiente:

"Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

"No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder."

"Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Ver listado

De los que se advierte que, mientras en el artículo 195 Bis impugnado se establece que la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 -entre los que se encuentra la sustancia encontrada al quejoso- que no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se sancionará con una pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa, el artículo 477 de la Ley General de Salud prevé una pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

Ahora bien, como ha destacado esta Suprema Corte, la igualdad se configura en nuestra Constitución Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

En consonancia con esta condición, la Constitución plasma diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella a veces en un plan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23096-efaa8fb3/igualdad-el-articulo-195-bis-del-codigo-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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