Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA, SIN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO DE LEY, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 322/2010. · Registro digital (IUS): 22903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 1269.

AMPARO EN REVISIÓN 322/2010. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No serán materia de estudio los agravios transcritos, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que la Jueza Primera de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, quien desechó la demanda de garantías promovida por **********, por considerarla notoriamente improcedente, no es competente para conocer de la misma, por lo que no debió aceptar la competencia declinada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

De los antecedentes transcritos se advierte que ********** promovió juicio de amparo contra la orden verbal girada por el ********** para separarlo del puesto que venía desempeñando como ********** y como autoridades ejecutoras señaló al director general de Recursos Humanos y el director general adjunto de Planeación, Organización y Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos, ambos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación; precisó que ese nombramiento le correspondía como servidor público de carrera y que la separación y terminación de su nombramiento fueron bajo la justificación de haber incumplido con las obligaciones señaladas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables, por lo que esa separación se efectuó sin respetar las formalidades que prevé la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que es la que rige la relación.

Como antecedentes narró que ingresó a prestar servicios como **********, y posteriormente, habiendo resultado ganador del concurso público y abierto conforme a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento, cubrió el puesto de **********, a partir del primero de diciembre de dos mil nueve, documentos que anexó a su demanda, pero el ********** le fue comunicado de manera verbal por el ********** y ********** que quedaba separado del cargo y se daba por terminado su nombramiento.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien tocó conocer del asunto, en prevención, interpretó tales hechos como equivalentes a un despido injustificado, por lo que se declaró legalmente incompetente y remitió la demanda al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en turno, por estimar que se trata de actos de naturaleza laboral.

La Jueza Primera de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, a quien por turno tocó conocer del asunto, aceptó la competencia declinada, pero estimó que la demanda de garantías era notoriamente improcedente por considerar que el promovente del amparo debía agotar la vía procesal ordinaria ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En este orden de ideas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, porque se está en presencia de un acuerdo emitido por una Jueza de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal que desechó la demanda de garantías promovida por el ahora recurrente, por lo que atendiendo al planteamiento del problema, se impone el estudio de oficio del aspecto competencial por ser un presupuesto procesal para ejercer la jurisdicción.

Encuentra aplicación a lo anterior, la tesis P./J. 22/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 6, Tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 8/2001, de rubro: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’, se concluye que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez especializado que considere competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que regulan la competencia por materia de dichos órganos jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que dicho principio es dominante respecto de la declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad que tiene el Juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el Juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución."

Como se adelantó, la Jueza Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal no es competente para conocer de la demanda de garantías promovida por ********** y, como una consecuencia inminente de ello, tampoco está legalmente facultada para desechar ese escrito por considerarlo notoriamente improcedente, en razón de que el acto reclamado versa sobre la omisión de la autoridad señalada como responsable, en observar un procedimiento previsto en una ley de naturaleza administrativa, pues ésta regula el ingreso al servicio profesional de carrera de la administración pública federal, porque el ahora recurrente afirmó que si obtuvo nombramiento conforme a los lineamientos y procedimiento que establece la misma (concurso), entonces, para la separación del cargo, debe observarse el procedimiento administrativo que la misma prevé, de lo que se sigue válidamente que el impetrante de garantías en manera alguna reclamó la existencia de un despido injustificado en sí mismo.

Ello, porque de la lectura de los conceptos de violación y del escrito aclaratorio presentado ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa mencionado, se advierte que la violación de garantías que hizo valer deriva de que se sometió a un procedimiento para adquirir un nombramiento como servidor público de carrera y que, para separarlo de su plaza, no se observaron las disposiciones relativas de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, conforme a la cual obtuvo esa calidad, es decir, que el promovente del amparo solicita la protección de la Justicia de la Unión, contra la omisión de quien señala como autoridades responsables por no observar un procedimiento previsto en dicho ordenamiento legal.

Conviene señalar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil tres y de su artículo 1 destaca que tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, indicando además que las entidades del sector paraestatal podrán hacer lo mismo a partir de la base que proporciona la ley en comento.

El artículo 2 define al Sistema de Servicio Profesional de Carrera como el mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública a partir de los méritos y con objeto de impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad.

El artículo 3, fracción IX, define al servidor público de carrera como la persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, que desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia, mientras que el numeral 4, establece que el servidor público de carrera ingresará al sistema a través de un concurso de selección y sólo podrá ser nombrado o removido en los casos y bajo los procedimientos previstos por esa ley.

Por otro lado, el artículo 6 dispone que los servidores públicos de libre designación y los trabajadores de base de la administración pública federal tendrán acceso al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento previstos en este ordenamiento y que para la incorporación al sistema del trabajador de base, será necesario que éste cuente con licencia o se haya separado de la plaza que ocupa, no pudiendo permanecer activo en ambas situaciones.

Finalmente, se destaca el contenido del artículo 63 que prevé que la pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables.

Del contenido de los dispositivos que anteceden se concluye que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:

1) Fue creada con objetivos de planeación y organización, no para regular las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.

2) Con su creación se concibe el servicio profesional de carrera como un mecanismo que garantice el ingreso a la función pública por méritos y establece un procedimiento para hacerlo.

3) Establece que un servidor público de carrera es aquel que desempeña un cargo de confianza, de lo que se colige que está concebida para regular la situación de estos trabajadores.

4) Condiciona el ingreso del trabajador de base al servicio profesional de carrera, previa renuncia o solicitud de licencia en su plaza.

5) Limita la otrora facultad del superior jerárquico de solicitar o exigir la renuncia al trabajador de confianza, perteneciente al servicio profesional de carrera a la obligación de seguir previamente un procedimiento.

6) Prohíbe la separación del cargo de un servidor público de carrera por razones de carácter político o por motivos y procedimientos que no se encuentren expresamente previstos en la propia ley o en otras aplicables.

Los últimos dos aspectos permiten concluir que la ley en comento está creada para procurar estabilidad del trabajador de confianza al servicio de las dependencias de gobierno.

Cabe señalar que los procedimientos derivados de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal se encuentran regulados en detalle en el reglamento de la misma, por lo que debe entenderse que cuando se alude al procedimiento previsto en dicha ley, se trata del que está contemplado en su reglamento.

El quejoso aportó la documental con que demostró que se le designó candidato ganador del concurso público y abierto para ocupar el puesto de ********** a partir del primero de diciembre de dos mil nueve (foja 16); asimismo, exhibió el formato ********** que ampara el nombramiento respectivo por una vigencia que va del primero de junio de dos mil nueve al treinta y uno de marzo de dos mil diez, así como los recibos de pago de las dos quincenas del mes de septiembre de dos mil diez, documentales con las que acreditó que se ubicaba dentro del tipo de servidores públicos cuya actividad regula la ley de referencia.

Lo anterior pone de relieve que en la especie resulta aplicable la norma legal de naturaleza administrativa de que se trata, que es la que regula los actos del promovente del amparo como servidor público de carrera respecto de las funciones que desempeña ante la autoridad que señaló como responsable.

Esto es, el servidor público de carrera, definido como la persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia, no puede ser removido de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, conforme a sus artículos 3 y 63. En esas condiciones, si esa legislación regula la actividad de los servidores públicos de carrera considerados por ésta como de confianza, frente a diverso ordenamiento, y la jurisprudencia expresamente los excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, la demanda de garantías promovida contra la falta de aplicación o de la indebida observancia de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal no puede ser del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues de esta forma se estaría coartando el derecho de los servidores públicos de carrera de impugnar cualquier anomalía en la aplicación de la ley de la materia, por parte de las autoridades para las que prestan sus servicios. Consecuentemente, por no darse las hipótesis para instar el amparo laboral para reclamar la separación del cargo, por disposición expresa de la ley en aplicación, debe atenderse a los procedimientos que ésta prevé, por lo que, para conocer de la demanda de garantías que se promueva contra ese conflicto, resulta competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

Atento a lo anterior, no es posible determinar que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo, porque si la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal regula la situación de los trabajadores de confianza al servicio de las dependencias gubernamentales y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado excluyen de la tutela de sus disposiciones precisamente a los trabajadores de confianza, en relación a la estabilidad del trabajo, entonces el quejoso no encontraría protección a los derechos que adquirió al obtener la calidad de servidor público de carrera, pues por definición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se trata de un trabajador de confianza, y si conforme a esta norma se sometió a un procedimiento que regula la misma y con base en ella obtuvo nombramiento como servidor público de carrera, el conflicto planteado reviste el carácter de administrativo, puesto que la intención del legislador, no fue la de regular las relaciones laborales en las entidades de la administración pública federal, sino la de organizar y regular el ingreso al servicio público de carrera y el funcionamiento del sistema creado para tal efecto a partir de los principios que en la misma se establecen, entre los cuales se encuentra el derecho del servidor público de carrera a no ser removido de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos ajenos a la ley de que se trata u otras que sean aplicables, sin que de ninguna manera pretenda regular las relaciones entre los servidores públicos y las dependencias del Gobierno Federal a la que pertenezcan.

Conforme a lo anterior, este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, comparte la tesis aislada sostenida por su similar Tercero de la misma materia y circuito, que aparece publicada en los siguientes términos:

"No. Registro: 164426

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXI, junio de 2010

"Tesis: I.3o.T.220 L

"Página: 1037

"SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA. LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA SEPARARLO DEL CARGO SON COMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3, fracción IX, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal define al servidor público de carrera como: la persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia. Asimismo, el artículo 63 de dicha ley dispone que quien tiene esa calidad no podrá ser removido de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en esa o en otras leyes aplicables. Por otro lado, la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyen a los trabajadores de confianza de la tutela del derecho a la estabilidad en el empleo. En este sentido, si la Ley del Servicio Profesional de Carrera regula la actividad de los servidores públicos de carrera considerados por ésta como de confianza, frente a diverso ordenamiento y la jurisprudencia que expresamente los excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, no es posible estimar que los conflictos derivados de la falta de aplicación o de la indebida observancia de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal son de carácter laboral, pues de estimarlo así se haría nugatorio el derecho de los servidores públicos de carrera de impugnar cualquier anomalía en la aplicación de la ley de la materia, por parte de las autoridades para las que prestan sus servicios. De lo anterior, se colige que al no darse los supuestos para impugnar irregularidades en su aplicación en la vía laboral, como lo es la separación del cargo, y puesto que por disposición expresa de la ley en comento debe atenderse a los procedimientos que ésta prevé, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo que se promueva ante esta clase de conflictos.

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Amparo en revisión 189/2009. Daniel Godínez Hernández. 17 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Lourdes Alejandra Flores Díaz."

Bajo ese tenor, como no se está en presencia de un conflicto de carácter laboral, ya que la omisión que se combate es en relación con la falta de desahogo de un procedimiento administrativo previsto en una ley que tiene ese carácter, y que, conforme a las anteriores consideraciones, el quejoso ostenta la calidad de **********, la consecuencia es que se concluya que la competencia para conocer de la demanda de garantías del recurrente recae en un Juez de Distrito en Materia Administrativa, por lo que debe conminarse a la Jueza Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal a que deje insubsistente el acuerdo recurrido y emita otro en el que no acepte la competencia declinada y devuelva los autos al juzgado que se los envió para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I, 86 y 89 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca el auto de cinco de noviembre de dos mil diez, dictado por la Jueza Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********, que desechó la demanda de garantías, que promovió **********, contra los actos de 1) oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; 2) director general de Recursos Humanos adscrito a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación; y 3) director general adjunto de Planeación, Organización y Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación.

SEGUNDO.-Se ordena a la Jueza Federal a que deje insubsistente el acuerdo recurrido y emita otro en el que no acepte la competencia declinada y devuelva los autos al juzgado que se los envió para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y José Manuel Hernández Saldaña, con las adiciones y reformas propuestas en sesión, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue relator el segundo de los nombrados. El Magistrado Héctor Landa Razo emitió voto particular que se transcribe al final de esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22903-908a80cc/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.