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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 93, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 241/2011. · Registro digital (IUS): 23044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 160.

AMPARO EN REVISIÓN 241/2011. **********.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14 a 17, en relación con el 47, así como 37, parte final y 86, primer párrafo, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en materia administrativa, en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que por lo que ve a su artículo 93, sexto párrafo, vigente a partir del uno de mayo de dos mil diez, subsiste el problema de constitucionalidad planteado.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que -al igual que los amparos directos en revisión- los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, esta Sala debe avocarse al mismo.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue presentado en el término legalmente establecido.

Por otro lado, en autos no existen elementos fehacientes que permitan establecer si el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el delegado del presidente de la República fue o no interpuesto en tiempo, ya que, por un lado, aun cuando se estimara que la copia certificada del acuse relativo al oficio 618, que se giró al presidente de la República para informarle la admisión a trámite del recurso de la quejosa, permite advertir que se asentó como fecha de recepción el siete de marzo de dos mil once, y que, por tanto, el plazo de cinco días previsto en el último párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso adhesivo, en el caso, transcurrió del martes ocho al lunes catorce del mismo mes, debe destacarse que no existen elementos para establecer con plena certeza que la autoridad recurrente efectuó el depósito del sobre relativo en esta última fecha, ya que el original del sobre enviado, respecto al que se informó que corresponde a aquel en que se envió tal recurso, no asienta su recepción en la oficina de correos de esta ciudad, el catorce de marzo de dos mil once o en algún día anterior a éste, sino hasta el treinta y uno de marzo del año en curso, lo que se advierte de los sellos estampados correspondientes, siendo que, de dicho sobre también se advierte que en él se hizo constar que contiene constancias relativas al "recurso de revisión que se interpone en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 613/2010-II", siendo este último un número de juicio diverso de aquel en que se pronunció la sentencia de primer grado y que corresponde al 633/2010-II.

Por ende, en el caso, las constancias allegadas no permiten establecer si en realidad el recurso de revisión adhesiva en alusión realmente fue interpuesto en tiempo o no, máxime que el escrito original de éste fue recibido hasta el dieciocho de marzo de dos mil once, por la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado que envió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, dado el sentido de este fallo, se estima finalmente intrascendente ahondar en el esclarecimiento de lo anterior, porque, de cualquier forma, resultará innecesario dar respuesta al agravio de fondo planteado en la revisión adhesiva que se comenta.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Al tenor de los antecedentes del caso, corresponde a esta Sala estudiar los argumentos contenidos en el segundo agravio, atingentes al tema de constitucionalidad que subsiste en el recurso, hechos valer frente a la negativa de amparo que estableció el Juez Federal, por lo que hace al artículo 93, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y establecer lo conducente respecto al recurso de revisión adhesiva interpuesto por el delegado del presidente de la República.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación, se sintetizan los argumentos atingentes a las cuestiones medulares planteadas en la controversia traída a revisión:

1. Los planteamientos formulados por la quejosa a través de los conceptos de violación, en esencia, fueron:

1.1. En su único concepto de violación, la quejosa planteó la supuesta violación al principio de equidad tributaria tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al considerar que a partir de la entrada en vigor del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la aplicación de los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 del mismo ordenamiento afecta sus intereses jurídicos, por virtud de la exención que aquél prevé a favor de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, para no pagar el impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate.

Sobre el particular, la quejosa sostiene que, al entrar en vigor el citado artículo 93, la aplicación de los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le obliga a realizar el entero de este tributo respecto del cien por ciento de sus ingresos netos, lo cual -afirmó- resulta en un trato diferenciado y discriminatorio, precisamente porque el artículo 93 en comento establece la referida exención a favor de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos.

La quejosa sostiene que por lo que respecta a los ingresos que obtienen esas personas morales y fideicomisos, por actividades distintas a las de su fin, se colocan en un plano de absoluta igualdad en relación al resto de los contribuyentes que realizan actividades gravadas, como la quejosa.

Añade que a pesar de que en materia de impuesto sobre la renta el supuesto generador de éste es la obtención de ingresos en general, la exención prevista en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de mayo de dos mil diez, concede a las entidades referidas un beneficio consistente en la exención del diez por ciento de los ingresos que obtengan, por realizar actividades distintas a sus fines, esto es, motivos distintos de la realización de fines de ayuda social, los cuales justifican la exención que la ley les otorga en condiciones normales; que, por ende, sólo en caso de que dichos ingresos rebasen el porcentaje mencionado del diez por ciento, pagarán el impuesto de referencia y únicamente por el excedente.

La anterior circunstancia es considerada por la quejosa como inequitativa, al afirmar que el resto de los contribuyentes, encontrándose en el mismo supuesto de causación, que es la obtención de ingresos derivados de la realización de actividades distintas a fines de ayuda social, no pueden hacerse acreedores al citado beneficio.

La quejosa adujo que la razón que justifica un tratamiento diferenciado en condiciones normales a favor de las entidades pertenecientes al régimen de personas morales con fines no lucrativos, no se actualiza ni resulta aplicable para el caso de la exención prevista en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que los sujetos beneficiados por esta norma se colocan en igualdad de circunstancias con relación a los demás contribuyentes, en lo que respecta a los ingresos obtenidos por actividades distintas a las orientadas a fines sociales.

Posteriormente, señala que el principio de equidad tributaria consiste en que ante iguales supuestos de hecho deben corresponder iguales consecuencias de derecho y, además, en otorgar el mismo tratamiento a los sujetos pasivos que resulten iguales frente a la norma tributaria.

En la especie, se alegó que se viola el citado principio, toda vez que a las referidas donatarias les es otorgado un beneficio de exención que -a decir de la quejosa- resulta injustificado, al sostener que no guarda relación alguna con el supuesto de causación de dicho impuesto, ni con las características personales del sujeto que percibe dicho ingreso, ya que el mismo no corresponde a la realización de sus fines sociales.

2. Al dictar la sentencia correspondiente, el Juez de Distrito resolvió en los términos que a continuación se sintetizan:

2.1. Inicialmente, en el tercer considerando, resolvió sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la abstención de vetar el decreto por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 93, párrafo sexto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil nueve.

Lo anterior, sobre la estimación -que compartida o no por esta Sala, finalmente es firme en el caso- de que el titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene la obligación de actuar en el sentido que pretende la quejosa, toda vez que se trata de una facultad discrecional de esa autoridad, y que ello se traduce en inexistencia de ese acto reclamado.

En cuanto a los demás actos reclamados, en el considerando cuarto señaló que resultaban ciertos.

2.2. Posteriormente, en el considerando quinto refirió proceder al análisis de las causales de improcedencia hechas valer por las responsables, o que, en su caso, operen de oficio.

Sobre el particular, consideró que se actualizaba la causal contenida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en dos mil diez.

Al efecto, consideró que los citados artículos se encuentran vigentes desde el uno de enero de dos mil diez, así como el hecho de que la quejosa probó que el diez de febrero de dicho año realizó el pago del impuesto, y que tal pago fue el primer acto de aplicación de dichos artículos, por lo que el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo para intentar el juicio de garantías transcurrió en exceso, ya que la demanda de amparo la promovió hasta el diez de junio de la misma anualidad.

Se agregó una expresa consideración en el sentido de que no es óbice de lo anterior el hecho de que la quejosa haya referido que con motivo de la entrada en vigor del artículo 93, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los citados artículos se tornaron inconstitucionales, en razón de que éstos no están vinculados directamente con el diverso 93 en comento, porque se refieren a los elementos esenciales del impuesto sobre la renta: sujetos obligados, objeto o hecho imponible, tasa y época de pago, en tanto que el último de los nombrados sólo establece la exención de pago de dicho tributo a favor de personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, respecto de un diez por ciento de los ingresos que aquellos sujetos obtengan por la realización de actividades distintas para su fin.

2.3. En el considerando sexto, estudió las causales de improcedencia hechas valer por las responsables, únicamente en lo que respecta al artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de mayo de dos mil diez.

Sobre el particular, consideró infundadas las causales hechas valer tanto por el representante legal de la Cámara de Senadores, contenidas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como las planteadas por el presidente de la República, contenidas en las fracciones V y XVIII del propio numeral 73, esta última en relación con el artículo 80 del citado ordenamiento.

2.4. A continuación, en el considerando séptimo el Juez estimó infundado el concepto de violación hecho valer.

Para tales efectos, luego de verter diversas consideraciones relativas a la potestad del Poder Legislativo en materia de imposición de cargas tributarias, destacó aspectos atingentes a la equidad tributaria, y añadió que esta Suprema Corte ha establecido ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio relativo a ella, pues no toda desigualdad genera una violación a éste, sino únicamente cuando se produzca una distinción entre situaciones tributarias consideradas iguales. En ese sentido, también puntualizó que así como por virtud de ese principio las personas que se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios han de recibir el mismo trato, en lo que se refiere al impuesto respectivo, en contrapartida, es igualmente válido que exista un trato tributario desigual de las personas frente a la ley impositiva, si se encuentran en situaciones diversas.

Además, el a quo señaló que el tratamiento diferenciado debe establecerse siempre en bases objetivas y destacó que éstas pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o, incluso, extrafiscales.

Luego, el a quo desestimó la aseveración de la quejosa en el sentido de que ella se encuentra en un plano de igualdad de condiciones en la obtención de sus ingresos, frente a las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, en cuanto a los ingresos que éstas obtienen por la realización de actividades distintas de las de sus fines y, para ello, tomó en cuenta lo dispuesto en los numerales 93, 95, 97 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Juez de Distrito estableció que el tratamiento diferenciado entre las donatarias autorizadas y la quejosa deriva justamente en que las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos reúnen un cúmulo de características diversas, de conformidad con los artículos 93, 95, 97 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no reúne la quejosa, y que no permiten ubicarla en un plano de igualdad frente a las exentas por la norma que reclamó.

3. Los razonamientos contenidos en los agravios hechos valer por la quejosa, contra la resolución anterior, son los que se mencionan a continuación:

3.1. En el primer agravio, la recurrente alegó que la sentencia de primer grado no se ajustó a los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, como consecuencia de la indebida aplicación de los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, del propio ordenamiento.

Sobre el particular, sostuvo que la sentencia emitida por el a quo resulta ilegal debido a que, en la especie, no se actualiza el supuesto de actos consentidos tácitamente, al sostener que el perjuicio jurídico originado por los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo resiente a partir de la entrada en vigor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 93 del mismo ordenamiento legal.

La quejosa retoma lo argumentado dentro de su demanda de amparo, en el sentido de que la entrada en vigor del citado precepto modificó, en vía de consecuencia, su esfera de derechos y obligaciones, habilitándola con ello para acudir a impugnarlas ante las autoridades jurisdiccionales.

Lo que es más, insiste en que los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 no fueron reclamados por vicios propios, sino que los mismos se tornaron inconstitucionales al momento de la entrada en vigor del artículo 93, párrafo sexto, al establecer una exención injustificada a favor de donatarias autorizadas.

3.2. En el segundo agravio, la quejosa planteó que la sentencia recurrida se aparta de lo dispuesto en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, al sostener que el a quo pasó por alto que el artículo 93, párrafo sexto, impugnado, resulta violatorio del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

Se duele de que se le negó el amparo solicitado, habiendo pasado por alto que el precepto impugnado coloca en un plano de inequidad a la recurrente frente a las donatarias autorizadas, pues éstas se ubican en un plano de igualdad de condiciones con relación a las demás personas morales, por lo que hace a la obtención de ingresos provenientes de actividades lucrativas ("ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados").

Esto es, la recurrente destaca que la exención de referencia es otorgada en el plano de ingresos percibidos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados, esto es, con relación a ingresos obtenidos por actividades lucrativas, y no con donativos, y que por ese solo hecho debe estimarse que se sitúan en un plano de absoluta igualdad con los demás contribuyentes no comprendidos en esa exención.

4. Finalmente, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

4.1. En la materia de la revisión, resolvió confirmar la sentencia recurrida.

4.2. En el considerando quinto de su resolución, dejó intocado el sobreseimiento respecto del acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la abstención de vetar el decreto por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 93, párrafo sexto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil nueve, al afirmar que no fue materia de impugnación.

4.3. En el sexto considerando, declaró inoperante el primer agravio, al conformar el sobreseimiento decretado frente a los actos consistentes en los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la consideración de que, de cualquier modo, en términos de la jurisprudencia 44/2004 del Pleno de este Alto Tribunal, aun cuando se considerara que el juicio de amparo fuere procedente respecto a tales numerales y que éstos prevén los elementos esenciales del tributo, el amparo sólo se concedería respecto de la porción normativa que prevé la exención, haciendo extensivo en su caso dicho beneficio a la quejosa, mas no liberándola del pago de la contribución, además de que aquéllos no los reclamó por vicios propios, por lo que tampoco serían susceptibles de análisis directo.

4.4. En el séptimo considerando, indicó que se declaraba legalmente incompetente para conocer respecto al fondo del asunto con relación al artículo 93, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que en el caso subsistía el problema de constitucionalidad planteado, y que lo procedente era enviar los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera del asunto.

5. En el recurso de revisión adhesiva, hecho valer por el delegado del presidente de la República, se hicieron valer los siguientes agravios:

5.1. En el primer agravio se alegó que la sentencia del Juez Federal debió considerar actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al afirmar que la quejosa consintió tácitamente los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor desde el uno de enero de dos mil diez, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, pese a que al diez de febrero de dos mil diez quedó concretado en su perjuicio el primer acto de aplicación de esos preceptos, a través del pago que realizó la quejosa del tributo en comento, respecto al periodo de enero de dos mil diez.

5.2. Dentro del segundo agravio, se adujo que, del mismo modo, se actualizó la improcedencia del juicio de garantías respecto a los artículos 1, 4, 10, 17, 18 y 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor desde el uno de enero de dos mil diez, en términos de la fracción XVIII del numeral 73, en relación con la fracción V del numeral 116 de la ley de la materia, al no haberse formulado conceptos de violación en contra de éstos. Bajo esa óptica, se añadió que el sobreseimiento con relación a esos dispositivos jurídicos procedía al relacionar esa causal de improcedencia con la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento.

5.3. En el tercer agravio, único que versó sobre el fondo del asunto, se alegó que debe negarse el amparo, en virtud de que la quejosa y las personas morales con fines no lucrativos, como son aquellas a las que se autoriza la exención reclamada, contenida en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de mayo de dos mil diez, no se encuentran en igualdad de circunstancias.

En tal sentido, afirmó que la quejosa se dedica primordialmente a la realización de actividades con fines de lucro y a obtener ganancias de ellas, para luego distribuirla entre sus socios, lo que no puede compararse frente a una donataria a la que no le es posible ello, porque en términos de la fracción III del numeral 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que no pueden ser utilizados los activos de las donatarias con fines distintos a los de su objeto social, así como que no pueden otorgarse beneficios sobre el remanente distribuible sobre persona alguna; por así llamar a la obtención de un ingreso distinto de su objeto social, ya que dicha ganancia por ley no puede ser un beneficio para los integrantes de la persona moral sin fines de lucro, salvo en dos casos, primero, que se trate de otra persona moral sin fines de lucro, y para el pago de servicios efectivamente recibidos.

QUINTO.-Esta Primera Sala considera infundado el agravio hecho valer por la quejosa recurrente, relativo al punto de constitucionalidad por el que subsiste el recurso.

Lo anterior, en virtud de que la quejosa recurrente parte de un enfoque en el cual pretende el análisis de la inequidad del artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual, afirma, no es acorde con el criterio base para determinar si una ley es inequitativa, que consiste en que se trate de manera "igual a los iguales y desigual a los desiguales", es decir, su ámbito de protección se encuentra vinculado a un trato de personas o a un grupo de personas, y no sobre el tipo de ingresos que reciban.

Lo anterior se corrobora al observar que el fundamento ontológico del estudio de la garantía de equidad radica en la igualdad de las personas ante la ley, tal como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 97/2006, emitida por esta Primera Sala, transcrita enseguida:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad".(12)

En ese sentido, no se transgrede la garantía de equidad tributaria por el hecho de que se otorgue un tratamiento desigual a personas que se encuentran en distintas categorías de contribuyentes, sino por el contrario, con ello se garantiza su respeto.

Lo anterior, ya que el principio de equidad salvaguarda que a contribuyentes iguales se les otorgue un trato similar, o que siendo diferentes se otorgue uno desigual.

A pesar de que en ocasiones dos tipos de contribuyentes diferentes aparezcan con idénticos datos en su estructura funcional y obtengan el mismo ingreso, debe tenerse presente que lo que justifica el tratamiento fiscal diverso es porque constituyen dos categorías de contribuyentes diversos que, por tanto, tienen un tratamiento fiscal distinto.

En el caso en concreto, el artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta reclamado, corresponde al régimen de las personas morales con fines no lucrativos, y establece lo siguiente:

"Artículo 93.

"...

"En el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del título II de esta ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

"Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades federativas, o Municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior."

Dicho artículo autoriza a las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos a obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Así como que precisa que por el excedente de dicho porcentaje deberán pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo con la tasa prevista en el artículo 10 de la ley de dicho ordenamiento legal.

De lo anterior se advierte que el tratamiento fiscal que reclama la quejosa deriva de un régimen distinto al en que ella se encuentra, que es el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, que se trata de una categoría especial prevista por el legislador relativa a los contribuyentes que no buscan mediante sus actividades la obtención de algún beneficio económico.

En ese sentido, el a quo sostuvo que la quejosa es una persona moral con fines de lucro, que tiene libertad de realizar actividades lucrativas y percibir ingresos por ellas, no puede recibir donativos deducibles de impuestos y sus actividades se basan en la legislación mercantil, siendo su fin preponderante el lucro.

Cuestión distinta a lo que sucede con las personas morales con fines no lucrativos, específicamente las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos que prevé el artículo reclamado, que se encuentran en un régimen especial establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no son contribuyentes, no pueden realizar actividades lucrativas y, por tanto, no pueden recibir ingresos deri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23044-ef4bc1a2/renta-el-articulo-93-ultimo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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