EMPLEADOS PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS CUYOS NOMBRAMIENTOS SE EXPIDEN COMO ACTOS CONDICIÓN, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CUANDO ALGUNA NORMA CALIFIQUE LABORALMENTE A SUS AGENTES COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA, JURÍDICAMENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA EN SU LITERALIDAD NI PODRÍAN RECONOCERSE ALCANCES PROPIOS DE ESTA CLASE DE TRABAJADORES. POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES I, INCISO D) Y II, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES PARA ELLO SE REQUIERE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y RESOLVER CADA CASO CONCRETO. POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL NOMBRAMIENTO Y LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE SUS AGENTES NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO "ACTOS CONDICIÓN". POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 2198/2009. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con apoyo en el punto cuarto en relación con el punto tercero, fracción III, a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario 5/2001 reformado el quince de octubre de dos mil nueve; lo anterior, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto en donde se planteó la inconstitucionalidad de diversos artículos de una norma federal, como lo es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, subsistiendo en esta instancia el estudio constitucional del artículo 35 de dicho ordenamiento y sin que, por otra parte, se advierta que para su resolución se requiera de la intervención del Pleno.
SEGUNDO. Es innecesario referir a la legitimación de quien materialmente hizo valer el recurso en nombre del solicitante del amparo (lo que se hizo por su autorizado) y a la oportunidad en su interposición porque de tales cuestiones ya se ha ocupado el Tribunal Colegiado que comenzó a conocer de esta instancia.
Asimismo, a juicio de esta Sala deben considerarse definitivas las consideraciones que bien fueron formuladas por el mismo Tribunal Colegiado mediante las cuales declaró que los agravios son inoperantes en un aspecto y fundados en otro, teniendo todo ello como resultado que se levantara el sobreseimiento decretado por el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y lógicamente por las autoridades que participaron en el proceso legislativo y su publicación también.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2008 de esta Primera Sala cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN DEFINITIVA."
TERCERO. La materia de la revisión, en lo que es del conocimiento de esta Primera Sala, prácticamente se limita al estudio de los conceptos de violación omitidos sobre la inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esto, de conformidad con el artículo 91, fracción I de la Ley de Amparo.
Lo anterior se debe:
I. A que en la sentencia recurrida la Juez sobreseyó respecto de la totalidad de las autoridades y actos reclamados;
II. A que el Tribunal Colegiado de Circuito que comenzó el estudio de esta revisión calificó los agravios de inoperantes en un aspecto y fundados en otro, teniendo eso como resultado que se levantara el sobreseimiento, pero sólo respecto del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y
III. Que por ese motivo este asunto se remitiera a este Alto Tribunal, pues en relación con dicha norma federal no se advirtió jurisprudencia aplicable que sirviera para resolver definitivamente el caso en sede del Tribunal de Circuito.
CUARTO. Los conceptos de violación omitidos básicamente se resumen en lo siguiente:
• Que el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República viola la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 constitucional, dado que al ingresar a la Policía Judicial Federal cumplió con todos los requisitos que la institución entonces le requirió y le fue otorgado el nombramiento de agente de la Policía Judicial Federal, adquiriendo por tal causa derechos de estabilidad, sin embargo, la ley orgánica fue reformada y ahora en su artículo 35 se establece una serie de requisitos "de ingreso" (sic) y permanencia, como son acreditar que se hubiesen concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación superior o equivalente, pues antes de esta nueva disposición sólo se requería la preparatoria.
• Que al armonizar el contenido de los artículos 35, 46, fracción II, inciso a) y 87 de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se pone de manifiesto que las personas que no cumplan con los requisitos de permanencia "deberán" (sic) ser separados del servicio, como son que no cuente con los estudios correspondientes a la educación superior o equivalentes, lo que, a juicio del quejoso, viola la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 constitucional, dado que no se pueden afectar derechos adquiridos al amparo de la anterior ley orgánica de la citada procuraduría y requerir que ahora se cumpla con nuevos y mayores requisitos de permanencia.
QUINTO. Son infundados los conceptos de violación.
Dada su vinculación, serán examinados conjuntamente de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Para concluir que son infundados dichos planteamientos y con independencia de la síntesis del considerando que antecede, es necesario hacer una descripción más detallada de aquellas argumentaciones en los términos siguientes:
• Como puede observarse, el quejoso plantea que el artículo 35 de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República(1) viola la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional.
• Lo anterior, porque el solicitante de amparo considera que mediante la entrada en vigor de esa legislación se afectan sus derechos adquiridos derivados de su ingreso como policía ministerial porque se suman a los requisitos de permanencia en la institución como agente policial, entre otros, uno anteriormente inexistente, verbigracia: una escolaridad (acabada) que corresponda a la educación superior o su equivalente.
• Agrega el impetrante que, bajo la vigencia de la anterior ley orgánica, esa escolaridad no se exigía y por ello, la misma no le fue requerida al momento de "ingresar" como agente policial, por lo que al sobrevenir esa nueva exigencia considera que inminentemente causará baja mediante una retroactiva aplicación de la ley que establece dicho requisito; todo esto como consecuencia de los diversos artículos 46, fracción II, inciso a), 57 y 86 de la misma legislación orgánica en donde, según dicho del quejoso, se prevé que la falta de algún requisito de permanencia en los policías ministeriales provocará la terminación de su servicio público.
• Para informar de mejor forma esta resolución, es conveniente incluir el texto del mencionado artículo 35:
"Artículo 35. Para ingresar y permanecer como agente de la Policía Federal Ministerial de carrera, se requiere:
"I. Para ingresar:
"a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
"b) Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
"c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
"d) Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación superior o equivalente;
"e) Sustentar y acreditar el concurso de ingreso;
"f) Seguir y aprobar los cursos de formación;
"g) Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
"h) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;
"i) Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
"j) No padecer alcoholismo;
"k) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
"l) No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
"m) Cumplir con los deberes establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, y
"n) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.
"II. Para permanecer:
"a) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;
"b) Mantener actualizado su certificado único policial;
"c) No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
"d) Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;
"e) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;
"f) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un periodo de treinta días naturales;
"g) Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;
"h) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
"i) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y
"j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables."
• El artículo anterior cobró vigencia conjuntamente con la nueva ley orgánica de la mencionada dependencia, la cual fue íntegramente publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil nueve; y cuyos transitorios primero y segundo establecen los siguientes aspectos destacables:
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2002. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la ley que se abroga, en lo que no se opongan a la presente."
• Asimismo, debe mencionarse que el artículo 35 no fue reclamado con motivo de una aplicación concreta, sino como una ley autoaplicativa; tan es así que en autos no obra constancia alguna que demuestre que el quejoso hubiera causado baja como policía e incluso el amparo se sobreseyó respecto de las responsables procurador general de la República y Consejo de Profesionalización de la misma dependencia, por la negativa de los actos atribuidos e inexistencia de la baja del quejoso que éste les atribuyó; lo único que obra en el expediente es la manifestación del quejoso en la demanda en la cual tácitamente señala que no cuenta con la nueva escolaridad exigida y por esa razón teme que en lo futuro inmediatamente se proceda a tramitar su cese o baja, toda vez que es inminente el que se le puedan aplicar los artículos 46, fracción II, inciso a),(2) 57, párrafo primero(3) y 86, párrafo primero(4) de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de los que -según el quejoso- se desprende que los agentes de la Policía Federal Ministerial del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial "podrán ser separados" de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia, lo que se entiende por el impetrante como una consecuencia necesaria.
Los argumentos arriba descritos son infundados, pues en su formulación el quejoso partió de premisas equivocadas que lo llevaron a conclusiones de la misma naturaleza.
Se afirma que se partió de bases erróneas al considerar que con la entrada en vigor de la nueva ley orgánica automáticamente se produciría su baja como policía; que por haber cubierto los requisitos de ingreso tendría derechos adquiridos para permanecer con estabilidad en el encargo de policía; como también fue equivocado de su parte sostener que son inmodificables los requisitos de ingreso y permanencia una vez ingresado a dicho servicio público.
Tales premisas son desacertadas porque:
• No es verdad que la sola entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República cause la baja del quejoso, pues en la formulación de este argumento claramente presupone y prejuzga el impetrante que habrá una aplicación irracional y desproporcional del sistema de la ley reclamada, cuando en la norma misma se contienen menciones acerca de cómo se actuará respecto de la adopción de las nuevas exigencias de permanencia, las cuales serán valoradas en un procedimiento especial en el cual se podrá causar baja o cese, pero sin que esto sea una consecuencia necesaria; a lo que se suma que, en este amparo, la ley fue reclamada con motivo de su sola entrada en vigor y no por actos concretos de aplicación, situación que provoca que los planteamientos y el estudio de inconstitucionalidad deban estudiarse de manera limitada a las características de la ley y no al examen de supuestos específicos de aplicación que, en la especie, son inexistentes.
• Además, ingreso y permanencia en el cargo de agente policial son cosas distintas, destacando que en la permanencia no se pueden alegar derechos adquiridos dada su naturaleza.
• Asimismo, tratándose de miembros del servicio público de seguridad, reiteradamente se ha sustentado en la Suprema Corte de Justicia que no es aplicable la garantía de irretroactividad ni la inmodificabilidad de las condiciones para permanecer en esos cargos, toda vez que tales nombramientos se rigen por las reglas de los actos-condición del derecho administrativo, a lo cual debe sumarse que, en el ámbito del derecho burocrático, los agentes policiales se encuentran excluidos constitucionalmente de la mayoría de los derechos laborales y en especial de la estabilidad en el empleo.
Lo anterior, a continuación será precisado:
La baja por no cubrir requisitos de permanencia no es inmediata ni se concreta por
la sola entrada en vigor de la norma.
Es necesario exponer las razones por las cuales se afirma que la sola entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no tiene como consecuencia necesaria que, inmediata o inminentemente, causen baja o sean cesados quienes no cuenten con la nueva escolaridad exigida para ingresar y permanecer en el cargo de policía ministerial federal.
Lo anterior tiene importancia porque, como ya se mencionó, el impetrante fue insistente en mencionar que promovía el presente juicio por temer que su baja o cese sean inminentes por el hecho de cobrar vigencia el mencionado ordenamiento orgánico.
Dicha premisa resulta incorrecta como se ha adelantado sobre todo considerando que el presente amparo fue promovido por la sola entrada en vigor de la norma y no con motivo de aplicación concreta alguna pues, a la fecha, la misma no se ha presentado.
En efecto, aun cuando del artículo 35, fracción I, inciso d), en relación con la fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento, se desprenda que representa un requisito de permanencia en el cargo de policía ministerial los estudios correspondientes a la educación superior o equivalente, ello no significa que la sola vigencia del sistema de normas en estudio ocasione por necesidad la baja del quejoso pues el sistema de la propia norma no admite esa posibilidad.
El numeral 86 de la ley de referencia establece que los agentes de la Policía Federal Ministerial podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes, de lo que se sigue que la autoridad a quien competa la emisión de la resolución de separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio cuenta con discrecionalidad para la emisión de la decisión correspondiente en función del caso concreto.
La concepción anterior se fortalece, si se considera el contenido del numeral 46, fracción II, inciso a), en donde se señala, que además de la terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial será ordinaria (que comprende a la renuncia; incapacidad permanente; jubilación o retiro, y muerte); existe la terminación extraordinaria, la cual comprende, entre otros supuestos, la separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia.
Dicha hipótesis, para concretarse, necesariamente requiere de la sustanciación del procedimiento a que se refiere el diverso artículo 47 de la misma legislación, de lo que se sigue que, por resultar necesaria la instrumentación de dicho mecanismo entonces tal terminación extraordinaria no es de forma inmediata.
El mencionado artículo 47 señala lo siguiente:
"Artículo 47. La separación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, por las causas a que se refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 46 de esta ley, se realizará como sigue:
"I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
"II. El Consejo de Profesionalización notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;
"III. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente;
"IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y
"V. Contra la resolución del Consejo de Profesionalización no procederá recurso administrativo alguno.
"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta ley."
Del artículo anterior se desprende que la terminación por no cumplir los requisitos de permanencia, necesariamente requiere del agotamiento de un procedimiento administrativo que inicia con la formulación de una queja en contra del agente policial por no cumplir el mencionado requerimiento, la cual se hará por su superior jerárquico ante el Consejo de Profesionalización, y éste a su vez notificará de la queja al servidor público de que se trate, lo citará a una audiencia en donde tendrá oportunidad de justificar la falta de cumplimiento del requisito o demostrar que el mismo sí se cumple y, desahogada la audiencia, el Consejo dictará resolución contra la que no procederá recurso administrativo alguno.
A lo anterior debe agregarse que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso artículo cuarto transitorio del decreto de publicación oficial de la mencionada ley orgánica, el personal que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República tendrá un plazo de sesenta días hábiles para optar por: a) Permanecer en la Procuraduría General de la República y someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas; b) Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o c) Adherirse a un programa de conclusión definitiva de servicios; todo lo cual, además se instrumentará en un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor de dicha ley.
Y será después de optar por la permanencia y someterse o no acreditar las evaluaciones, que dejará de prestar sus servicios; tiempo dentro del cual, el interesado podría tener la oportunidad de cumplir el requisito que no tenga cubierto; a efecto de demostrar lo anterior se transcribe el mencionado artículo transitorio:
"Cuarto. En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas siguientes:
"I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;
"II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o
"III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.
"La Procuraduría General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo.
"El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo y no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable."
Con lo anterior, resulta inconcuso que el hipotético cese que pudiera resentir el quejoso por no cubrir algún requisito de permanencia, no le ocasiona un agravio inmediato con motivo de la sola entrada en vigor de la ley orgánica en comentario, lo que, sumado a la negativa del procurador general de la República y del Consejo de Profesionalización de la misma dependencia, demuestran que es incorrecta la premisa de referencia.
La garantía de irretroactividad de la ley
es inaplicable a los nombramientos policiales que dan lugar a una relación administrativa derivada de actos-condición.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -tanto en Pleno como en Salas- ha sustentado que los nombramientos para los cargos públicos y en especial los de agentes policiales ostentan una naturaleza que en derecho administrativo se denomina "actos condición".
En efecto, los nombramientos de ciertos cargos públicos como los policías federales representan actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, en virtud de que dichos nombramientos o investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Se trata de un acto diverso en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento; cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición.
De tal manera que dicho acto representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, generalmente de forma escrita, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordinan su valor y subsistencian, según corresponda.
A propósito de lo anterior, resultan aplicables los siguientes criterios del Pleno:
"Séptima Época
"Registro: 233459
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 40 Primera Parte
"Materia(s): Administrativa, Laboral
"Tesis:
"Página: 33
"EMPLEADOS PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO DE LOS. ES UN ACTO CONDICIÓN. El acto de nombramiento o de investidura para un cargo público no es ni un acto unilateral, ya que no se puede imponer obligatoriamente, ni un contrato, porque no origina situaciones jurídicas individuales. Se trata de un acto diverso cuyas características son: las de estar formado por la concurrencia de las voluntades del Estado que nombra y del particular que acepta el nombramiento, y por el efecto jurídico que origina dicho concurso de voluntades, que es, no el de fijar los derechos y obligaciones del Estado y del empleado, sino el de condicionar la aplicación a un caso individual (el del particular que ingresa al servicio) de las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público. Ese acto que condiciona la aplicación del estatuto legal; que no puede crear ni variar la situación que establece dicho estatuto, y que además permite la modificación de éste en cualquier momento sin necesidad del consentimiento del empleado, es el acto condición."
"Séptima Época
"Registro: 233457
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 40 Primera Parte
"Materia(s): Administrativa, Laboral
"Tesis:
"Página: 17
"EMPLEADO PÚBLICO, NATURALEZA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL, CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN. CONSECUENCIAS. Las consecuencias del carácter legal de la naturaleza de la situación jurídica del empleado público con respecto a la administración, son: I) El empleado público tendrá frente a la administración, en cada momento, los deberes y derechos descritos en las leyes que regulan su régimen jurídico; 2) Tales derechos y deberes subsistirán en cuanto no se modifiquen las normas que los establecen, modificación a la que no pueden oponerse los empleados públicos; 3) El régimen establecido con carácter general en la ley no podrá ser fijado por la administración en beneficio o en perjuicio de alguno de los empleados públicos, en virtud del principio de legalidad; 4) Si la administración desconoce la situación descrita en la ley referida de los empleados públicos, sus actos podrán ser impugnados."
En esta virtud, como el nombramiento de un agente policial representa un acto condición, es evidente que la naturaleza propia de esta clase de actuaciones impide su análisis frente a la garantía de irretroactividad, pues entre dicho derecho constitucional y las características de los actos condición existe una incompatibilidad que imposibilita dicho examen.
Además de lo anterior, debe considerarse que los policías carecen de varios derechos laborales, y entre ellos, el de estabilidad en el empleo, regularmente un derecho adquirido.
Inexistencia de diversos derechos laborales en los cargos de seguridad pública y policiales
y particularmente de estabilidad en el empleo.
La fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional excluye expresamente a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y, entre ellas, el derecho a la estabilidad en el empleo.
De ello se sigue que la relación jurídica entre el ente estatal y un agente del servicio público de seguridad pública es una relación, no de trabajo, sino administrativa, lo cual tiene una justificación constitucional como se verá a continuación.
Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, se adicionó al artículo 123 constitucional, el apartado B, estableciendo las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra.
En dichas bases se consignó un régimen protector de los empleados al servicio del Estado en términos semejantes -no iguales- a los establecidos en el apartado A, para los obreros en general, reconociéndose, entre otros, los siguientes derechos: jornada máxima, días de descanso, vacaciones, protecciones al salario, derechos escalafonarios, seguridad social, estabilidad en el empleo, etcétera.
Asimismo, debe destacarse que también fueron instituidas las reglas de que los trabajadores del Estado sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada, y que dichos burócratas tienen derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes.
En la fracción XII del apartado B, del artículo 123 -que también fue incorporada mediante la señalada reforma constitucional- se estableció que los conflictos individuales o colectivos "... serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.", legislación, esta última, que en la práctica lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que pormenoriza y desarrolla las bases constitucionales aplicables, siendo importante referir que en su artículo 2o. se estableció que: "Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio ...", con lo cual se configuró una ficción jurídica acorde a la intencionalidad protectora del apartado B que reglamenta ese ordenamiento, la cual fue consistente en equiparar la relación existente entre Estado y empleado con una relación laboral, y en disminuir la calidad del Estado al nivel de un patrón.
Sin embargo, ese esfuerzo del Poder Reformador de la Constitución de asimilar a los empleados estatales a las condiciones jurídicas de los trabajadores regidos por el apartado A del numeral 123 del Pacto Federal, explícitamente no comprendió a todos los servidores del Estado.
La fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional excluyó explícitamente a cuatro grupos como se puede ver a continuación:
"XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejér
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22582-9abe919a/empleados-publicos-diferencias-entre-requisitos-de-ingreso-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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