ARRENDAMIENTO. APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE RENTAS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NÚMERO 459, VISIBLE EN LA PÁGINA 319, TOMO IV, DEL APÉNDICE DE 1995 DE RUBRO "ARRENDAMIENTO. PENA CONVENCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRACTO SUCESIVO.").
AMPARO EN REVISIÓN 207/2009. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. No será materia de análisis en la presente resolución el contenido de los considerandos tercero y cuarto que rigen el resolutivo primero de la sentencia impugnada, toda vez que la recurrente no es la legitimada para expresar agravios en su contra.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta del Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."
QUINTO. Los argumentos consistentes en que la Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales son inoperantes, en virtud de que no se puede atribuir a los Jueces de Distrito actuaciones afectadas de inconstitucionalidad, pues no es propio del recurso de revisión el estudio de violaciones a la Constitución, sino que el Juez de Distrito haya adecuado o no su actuación a lo que ordena la Ley de Amparo.
En efecto, los Jueces de Distrito ejercen la función de control constitucional de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, para lo cual su actuación se ciñe a los preceptos establecidos en la Ley de Amparo.
El recurso de revisión no es un medio de control constitucional o un procedimiento autónomo, sino que constituye un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial que desempeña el Juez de Distrito, el cual debe ceñirse a lo preceptuado en la Ley de Amparo y, por tanto, únicamente existe la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de esta naturaleza violen preceptos de la propia Ley de Amparo, pero no preceptos constitucionales.
Por lo tanto, a través del recurso de revisión técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que la Juez Federal actuó inconstitucionalmente, dada la naturaleza de dicho medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera, se equipararía a ese órgano jurisdiccional a una autoridad responsable, desnaturalizando el juicio de amparo al establecerse un control constitucional sobre otro control constitucional.
Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia número 35, consultable en las páginas 28 y 29, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
SEXTO. Son infundados los agravios que formula la recurrente, puesto que contrario a lo que afirma el cuarto punto resolutivo de la sentencia definitiva de veinte de mayo de dos mil ocho, ni la cláusula tercera del contrato base de la acción justifican el cálculo que pretende realizar de la pena convencional, puesto que un solo incumplimiento no justifica la acumulación de la sanción que se pactó, puesto que no es posible sancionar varias veces un mismo incumplimiento.
Es cierto que en la cláusula tercera del documento base de la acción se estipuló que la renta se pagaría por mensualidades adelantadas dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes y en caso de no hacerlo la subarrendataria aceptó pagar una pena convencional equivalente a un cinco por ciento del importe de la renta por concepto de gastos y cobranzas y demás trastornos del atraso; asimismo, se pactó que dicha pena se aplicaría por cada mes de retraso, tal como se advierte de la siguiente transcripción:
"Tercera. Como contraprestación por el uso y goce del local comercial referido ‘La subarrendataria’ pagará a ‘El subarrendador’ o a quien sus derechos represente, como renta mensual la cantidad de Usd $4,030.00 (cuatro mil treinta dólares americanos 00/100). ‘La subarrendataria’ pagará además el impuesto al valor agregado que se cause en términos de dicha ley. Ambas partes convienen que el local será entregado el 9 de enero de 2003, por otra parte, la renta mensual mencionada correrá a partir del día 1o. de marzo de 2003. La renta es pagadera por mensualidades adelantadas en el domicilio de ‘El subarrendador’, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes de ‘Subarrendamiento’ y en caso de no hacerlo, ‘La subarrendataria’ dentro del término estipulado está conforme en pagar una pena convencional, equivalente a un cinco por ciento del importe de la renta, por concepto de gastos de cobranzas y demás trastornos derivados del atraso. La pena a que se refiere este párrafo se aplicará por cada mes de retraso, sin perjuicio de lo mencionado en la cláusula décimo primera del presente contrato." (fojas 262 a 268 del juicio de amparo indirecto).
De la cláusula antes transcrita se advierte que efectivamente la subarrendataria se obligó a pagar una pena convencional equivalente al cinco por ciento del importe de la renta por concepto de gastos y cobranzas y demás trastornos derivados del atraso, esa sanción se aplicaría en cada ocasión en que se incurriera en incumplimiento, esto es, por un incumplimiento; lo cual se justifica por la naturaleza de las obligaciones a cargo de la subarrendataria, ya que si el pago de la renta es una obligación que debe cumplirse mensualmente, la pena por el incumplimiento debe aplicarse por cada mes que deje de entregarse la pensión rentística, en la forma y tiempo pactados; sin que ello implique que esta pena deba aplicarse durante cada mes en que permanezca insoluto el pago de la renta por cada mes de que se trate, de modo que no puede concluirse que el incumplimiento en el pago de un mes de renta autorice la aplicación de la pena convencional durante toda la época en que haya durado la ocupación del inmueble o hasta que se cubra el pago.
Tampoco es exacto que el pago de la pena pueda derivar del contenido de la resolución de veinte de mayo de dos mil ocho, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se modificaron diversos resolutivos de la sentencia de primera instancia, entre ellos, el cuarto relativo a la condena de pago de la pena convencional, para quedar de la siguiente manera:
"CUARTO. Se condena a la demandada persona moral ********** al pago de la cantidad equivalente a un 5% del importe de cada una de las rentas adeudadas a partir del día veinticuatro de enero de dos mil siete, de conformidad con la cláusula tercera del contrato basal, debido al incumplimiento de los codemandados en el pago oportuno de sus rentas, siempre y cuando dicho porcentaje no exceda al equivalente de un mes de renta, ya que de lo contrario el citado porcentaje se liquidará hasta el equivalente de un mes de renta, lo anterior con fundamento en el artículo 1843 del Código Civil, y cuya liquidación que se haga en ejecución de sentencia."
En efecto, del anterior resolutivo se advierte que se condenó a la demandada al pago del equivalente a un cinco por ciento del importe de cada una de las rentas adeudadas, de conformidad con el contenido de la cláusula tercera del contrato base de la acción, por el incumplimiento en el pago oportuno de las rentas, a partir del día veinticuatro de enero de dos mil siete. De modo que conforme a ese punto resolutivo que es cosa juzgada y, por ende, la base de la liquidación que no puede ser rebasada, existe una fecha determinada para ampliar la pena convencional. Entonces, el ejemplo que cita la recurrente para el cálculo de la pena convencional es incorrecto, toda vez que toma como referencia la mensualidad relativa a enero de dos mil cinco, cuando el resolutivo establece que la pena se calculará sobre las rentas adeudadas a partir de enero de dos mil siete.
Por tanto, es preciso aclarar que el ejemplo que se cita en agravios es incorrecto, máxime si se toma en consideración que la propia recurrente en su demanda incidental cuantificó la pena convencional a partir de enero de dos mil siete y no desde el mes de enero de dos mil cinco, como ahora lo afirma en su escrito de expresión de agravios, por lo que esa circunstancia ya no puede ser modificada, porque se alteraría lo resuelto en el contenido del cuarto resolutivo de la sentencia dictada por la Sala responsable.
En ese contexto, si la Sala responsable al dictar la resolución mediante la cual modificó la sentencia de primera instancia no determinó que la pena convencional fuese acumulable, ni el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal autoriza que la pena convencional se aplique durante cada mes en que permanezca insoluto el pago de cada mes de renta, resulta legal que el Juez de Distrito haya considerado infundados sus conceptos de violación en torno a la procedencia de la aplicación de la pena en más de una ocasión por un mismo incumplimiento como lo pretende la recurrente.
En efecto, los artículos 1840 y 1843 del Código Civil para el Distrito Federal establecen lo siguiente:
"Artículo 1840. Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios."
"Artículo 1843. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal."
De los artículos antes transcritos se advierte, por una parte, la facultad de los contratantes de estipular una sanción para el caso de que alguno incumpla con las obligaciones a su cargo, o bien, cuando no lo haga en los términos y condiciones pactados; asimismo, establecen un límite a esa libertad contractual porque prohíbe que la cláusula penal exceda en valor y cuantía a la obligación principal, lo que implica la posibilidad de que pueda haber una pena por cada incumplimiento, pero no se pueden aplicar varias penas al mismo incumplimiento.
En el caso, la pena convencional deriva del incumplimiento en el que incurrió la subarrendataria en el pago de las pensiones rentísticas en los términos y condiciones pactadas, es decir, la pena se pactó para cada mes que dejara de cubrir; por tanto, el incumplimiento (falta de pago) podía generarse cada mes porque si la obligación se debe cumplir mensualmente a través del pago de las pensiones rentísticas, la falta de observancia de esta obligación se puede presentar cada vez que la subarrendataria dejara de pagar la renta mensual y, por ende, la pena convencional podía aplicarse en cada ocasión.
Sin embargo, como lo señaló la Juez de Distrito, el hecho de que la sanción pueda aplicarse por diversos incumplimientos generados cada mes que la subarrendataria dejó de pagar la renta, no implica en modo alguno que pueda generarse el pago de la pena durante cada mes posterior en que permaneciera insoluto el pago de ese mes como lo pretende la recurrente, y que esa misma fórmula aplicara a cada mes de incumplimiento, hasta la fecha de desocupación del inmueble.
Lo anterior es así, puesto que la aplicación de una pena convencional deriva del incumplimiento de una obligación, por lo que si, en la especie, la subarrendataria incumplió la obligación en el momento que dejó de pagar la renta en el plazo convenido, los cinco primeros días de cada mes, y es esa la causa por la que tendrá que pagar la pena convencional pactada, el hecho de que siga transcurriendo el tiempo no significa un nuevo incumplimiento de la misma obligación, sino que sigue siendo el mismo; por lo que no hay causa por la que deba pagar la pena convenida por el mismo mes, durante cada mes posterior hasta la fecha en que propuso en la liquidación.
Lo anterior no contraviene el contenido de la cláusula tercera del contrato base de la acción, ni el sentido del resolutivo en el que se condenó a pagar esa pena convencional a su contraparte; puesto que la sanción se aplicaría por cada mes de incumplimiento, tal como se pactó, sin que por ello deba considerarse que la falta de pago de un mes deba sancionarse también en la siguiente mensualidad, además de la pena convencional que se generara por la segunda mensualidad y subsecuentes.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, CV, Sexta Época, del rubro y texto siguientes:
"ARRENDAMIENTO. CLÁUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS RENTAS. De conformidad con las disposiciones relativas al arrendamiento, una de las obligaciones principales del inquilino consiste en pagar la renta en el lugar y plazo convenidos en el contrato, pudiendo las partes otorgantes, inclusive el fiador, al tenor del artículo 2800 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, estipular una cláusula penal cuya función es la de determinar convencionalmente los daños y perjuicios compensatorios, que se causen por el incumplimiento de la susodicha obligación de pago. Sin embargo, no por tratarse de prestaciones periódicas que dejaron de cubrirse, puede sostenerse válidamente que ello da lugar al pago de otras tantas penas convencionales, sino al de una sola, ya que la obligación de pagarlas es una y nada más, que dimana del contrato respectivo, de ahí que también sólo una vez se incurra en su incumplimiento."
También es aplicable por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis, visible en la página 82, Tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia civil, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"ARRENDAMIENTO. PROCEDE LA CONDENA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS RENTAS DEVENGADAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Aun cuando el título sexto de la parte segunda del libro cuarto del Código Civil para el Distrito Federal, relativo al contrato de arrendamiento, no prevé expresamente la condena al pago de intereses moratorios tratándose del incumplimiento del pago de las rentas devengadas, conforme a las disposiciones relativas a las obligaciones generales de los contratos se advierte que las partes quedan sujetas tanto a lo dispuesto en las cláusulas del contrato respectivo como a los principios legales y consecuencias concernientes al acto jurídico realizado. En ese tenor y tomando en cuenta que los intereses moratorios son la indemnización cuya finalidad es desincentivar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a plazo, se concluye que ante el incumplimiento del pago de las rentas devengadas procede la condena a cubrir los intereses moratorios correspondientes, independientemente de que haya o no pacto expreso en ese sentido, en tanto que el arrendador tiene derecho a ser resarcido por el daño y perjuicio causados, entendiendo por el primero, las rentas adeudadas y por el segundo, la imposibilidad fáctica de usar y disfrutar el bien arrendado, así como la ganancia lícita dejada de percibir durante el tiempo en que el arrendatario omitió efectuar el pago a que estaba obligado."
En esas condiciones las tesis cuyos rubros son: "ARRENDAMIENTO. LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS RENTAS PUEDE SER IGUAL O HASTA EL MONTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL." y "ARRENDAMIENTO. PENA CONVENCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRACTO SUCESIVO.", no le benefician porque la primera establece que sí es posible que se pueda generar una pena convencional por el mismo monto de la obligación principal, pero no sostiene que se aplique sucesivamente durante cada mes que permanezca insoluto y, por otro lado, la pena convencional que se pactó equivale sólo al cinco por ciento de la renta mensual, por ende, si sólo se aplica una vez, es evidente que la aplicación de dicha sanción de manera mensual no supera el monto de la obligación principal.
Por otro lado, la segunda tesis que se generó por este tribunal con una integración anterior, si bien establece que es posible aplicar una pena convencional por diversos incumplimientos, debe modificarse por esta nueva integración para aclarar que no procede aplicar una pena varias veces a un mismo incumplimiento, sino que puede aplicarse por cada diverso incumplimiento y no puede generar una acumulación por ese mismo concepto durante cada mes que permanezca el incumplimiento, si es que no está expresamente pactado. En consecuencia, hágase nueva tesis que corresponda a lo que aquí se ha sustentado en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo.
En las narradas condiciones, al no demostrarse la ilegalidad de la sentencia en la parte materia de la revisión, procede confirmarla.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos que reclamó de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario, ambas del Distrito Federal, que precisados quedaron en el resultando primero de este fallo.
TERCERO.-Se modifica el criterio de este tribunal establecido en la tesis de rubro: "ARRENDAMIENTO. PENA CONVENCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRACTO SUCESIVO.".
Notifíquese; y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos originales al Juez de Distrito que los remitió y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos de los señores Magistrados presidente Neófito López Ramos y Benito Alva Zenteno, en contra del voto del Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, quien lo formula por separado, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los mencionados.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Nota: La tesis de rubro: "ARRENDAMIENTO. LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS RENTAS PUEDE SER IGUAL O HASTA EL MONTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con la clave I.8o.C. J/22 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 971.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22229-951986b2/arrendamiento-aplicacion-de-la-pena-convencional-por-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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