RECURSO DE QUEJA. ARTÍCULO 1.395 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, QUE EXIGE LA PREVIA EXHIBICIÓN DE GARANTÍAS PARA SU ADMISIÓN, ES TRANSGRESOR DE LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES.
AMPARO EN REVISIÓN 256/2009. **********
CONSIDERANDO:
CUARTO. En el asunto que se trata, previo estudio de los agravios se considera conveniente relacionar los principales antecedentes procesales que conforman la litis constitucional planteada en este asunto.
El quince de mayo de dos mil nueve ********** demandó en controversia del orden familiar a ********** un régimen de convivencia provisional y posteriormente definitivo con su menor hijo **********.
Dicha demanda fue admitida el dieciocho de mayo de dos mil nueve por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, bajo el número de expediente **********.
El diez de junio de dos mil nueve, la demandada planteó un incidente de falsificación de firma, el cual fue inadmitido en esa misma fecha. Asimismo, dio contestación a la demanda, teniéndosele por contestada la misma y por opuestas las excepciones y defensas.
Por otra parte, el diecisiete de junio de dos mil nueve ********** promovió un incidente de falsificación de firma del escrito inicial de demanda, el cual fue admitido el dieciocho de junio de dos mil nueve.
En contra de la admisión del mencionado incidente ********** interpuso recurso de apelación, el cual por medio de auto de uno de julio de dos mil nueve, no fue admitido.
No conforme con el desechamiento del recurso de apelación, el ocho de junio de dos mil nueve el actor interpuso recurso de queja, el cual fue inadmitido en esa misma fecha, en razón de que no exhibió la garantía equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región, de conformidad con los artículos 1.134 y 1.135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
El trece de julio actual ********** promovió juicio de amparo, en el que reclamó de la ********** del gobernador constitucional del Estado de México, del director de la Gaceta de Gobierno del Estado de México y del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la inconstitucionalidad del artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en cuanto a la discusión, aprobación, promulgación, publicación y expedición de dicho precepto, así como su aplicación y ejecución.
Dicha demanda de amparo fue admitida el catorce de julio de dos mil nueve, y una vez transcurridas las etapas procesales correspondientes, el dieciocho de dos mil nueve se celebró la audiencia constitucional y en esa misma fecha se dictó sentencia por el Juez de Distrito, en la que se concedió el amparo solicitado, en los términos que indicó.
Inconforme con la anterior determinación, la ********** por conducto del presidente de la diputación permanente ********** y sus delegados ********** y ********** interpusieron el presente recurso de revisión.
En principio, la parte recurrente señala que le causa perjuicio la sentencia recurrida, al conceder el amparo a la parte quejosa, pues se considera que el artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México es violatorio del numeral 17 constitucional, por restringir el acceso a los tribunales para resolver un recurso de queja, razón por la que reseñó las razones emitidas por el Juez Federal al conceder el amparo, las cuales considera inexactas, pues señala que se trata de un decreto de observancia general que se encuentra correctamente fundado y motivado, para lo cual citó los criterios de los rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA. CON RESPETO A LAS LEYES." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPLICARLOS."
Así, la recurrente considera que el artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el numeral 14 constitucional, ya que al establecer que al interponer el recurso de queja debe exhibirse una garantía y que en caso de no hacerlo no se admitirá el recurso, no se hace ningún distingo entre las partes al sancionarlas por no cumplir con esa obligación procesal, razón por la que dicho precepto no rompe el equilibrio entre las partes, ya que el texto establece la prevención expresa relacionada con la omisión de exhibir la garantía, por lo que dicho precepto no establece otra condicionante para hacer efectiva la sanción de no admitir el recurso, más que el desacato de exhibir la garantía; al respecto citó el criterio de rubro: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. EL ARTÍCULO 683 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL ESTABLECER COMO SANCIÓN PROCESAL PARA EL APELANTE TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO, POR OMITIR SEÑALAR CON PRECISIÓN LAS CONSTANCIAS PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA."
Asimismo, la impetrante refiere que el mencionado precepto tampoco es violatorio del artículo 17 constitucional, el cual señala que la justicia se administra gratuitamente, esto es, que los litigantes no están obligados a pagar honorarios, derechos, ni otro concepto que se pudiera generar por la actividad jurisdiccional, al respecto, citó el criterio: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."
Continuó con que los tribunales del fuero común del Estado de México que reciben la garantía que se exige para el trámite del recurso de queja, si bien es cierto que lo hacen en ejercicio de la función jurisdiccional, también lo es que esa garantía no es para la administración de justicia, sino para garantizar la multa que eventualmente se le impusiera al recurrente para el caso de que el recurso fuera infundado; de ahí que el mencionado precepto no sea violatorio de garantías.
También refiere que si bien el artículo 1.395 de la legislación procesal civil vigente en la entidad, establece la exhibición de una garantía para que el recurso de queja sea admitido, ello no significa que la administración de justicia que se imparte tenga algún costo, sino que el requisito de la garantía es con el fin de sancionar a aquellos que frívola y maliciosamente hacen uso de las defensas establecidas con el afán de retardar la solución definitiva de un asunto.
Finalmente, señala que el hecho de que el numeral multicitado condicione la tramitación del recurso de queja, no puede ser estimado como contrario al artículo 17 constitucional, ya que no viola la garantía de gratuidad de la administración de justicia, ya que tal condición no se traduce en la imposición de costas prohibidas, sino que constituye un requisito con motivo de litigio en que interviene, ya que dicha garantía es un requisito para la tramitación del recurso y no para retribuir al tribunal.
Los anteriores argumentos resultan infundados.
En efecto, para sustentar debidamente la determinación que aquí se adopta, es preciso señalar que conforme a la jurisprudencia número 218 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en las páginas 260 y 261 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 y que lleva por rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", ahí quedó plasmado y decidido que tales formalidades consagradas por el artículo 14 constitucional, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada y oportuna antes del acto privativo pues, conforme al espíritu de la invocada norma, la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad plena a defender sus intereses y derechos, de ofrecer y desahogar las pruebas en el juicio, así como la oportunidad de interponer los recursos o medios de impugnación previstos por la ley en defensa de tales derechos e intereses, por lo que, de no otorgarse dicha prerrogativa con plenitud, no se estará cumpliendo con el espíritu del Constituyente consagrado a través de la mencionada garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.
Luego, si en este particular el artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que se tilda de inconstitucional, dice: "Al interponer el recurso, el quejoso deberá exhibir garantía equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región, si se trata de queja interpuesta contra un Juez de primera instancia y de veinte días de salario mínimo si se refiere a Juez de cuantía menor. De no exhibir la garantía no se admitirá el recurso."; por ende, conforme a una interpretación gramatical y teleológica de dicho precepto, se obtiene que el legislador local impuso una obligación a la parte que intente el recurso de queja, de exhibir en forma previa una garantía equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región, si se trata de una inconformidad interpuesta contra actos de un Juez de primera instancia, y de veinte días de salario mínimo si la queja se refiere a actos de un Juez de cuantía menor y que, en caso de no exhibirse dicha garantía, no se admitirá el recurso, denotándose, al respecto, que según el texto de dicha norma la palabra "deberá", constituye un imperativo insuperable, esto es, obligatorio, cuya omisión es sancionada con la inadmisión del recurso de queja.
Por consiguiente, deviene incontrovertible que, como lo destacó el Juzgador Federal, tal dispositivo, opuesto a la perspectiva de la legislatura recurrente, sí es contrario al texto de los artículos 14 y 17 constitucionales, pues en orden con la garantía de pleno acceso a la justicia, constriñe al quejoso a la exhibición de una garantía previa para que pueda admitírsele un recurso de queja al que por disposición constitucional tiene derecho pleno, sin limitantes, a promover en defensa de sus intereses, recurso de queja que, cabe destacar, no es de naturaleza administrativa, esto es, que tienda a impugnar la conducta personal o subjetiva del juzgador, sino que tal recurso es de naturaleza netamente procesal, por cuanto así se encuentra contemplado por el artículo 1.360, fracción III, del ordenamiento adjetivo en cita, estableciéndose, incluso, en el numeral 1.361 del propio código que los recursos no son renunciables y, por su parte, en cuanto a los efectos de la queja, el diverso artículo 1.398 del propio ordenamiento procesal dispone: "Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación."
Con tal exposición, sin duda queda plenamente constatado que el recurso de queja previsto por el artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México que se tildó de inconstitucional, es de naturaleza netamente procesal, y que fue incorporado en tal ordenamiento adjetivo para impugnar las resoluciones del Juez en aquellos casos en los que no se admita una demanda o se deniegue una apelación, pues así lo establece el numeral 1.393 del citado código.
Por tanto, es obvia e indiscutible la inconstitucionalidad de dicho precepto, precisamente por cuanto habiéndose establecido un recurso de queja como medio de defensa contra la determinación del juzgador de no admitir una demanda, o cuando deniega una apelación para la admisión de dicho recurso, el citado dispositivo exija y requiera de la exhibición previa de una garantía, so pena de no admitirse ese medio de impugnación; de ahí deviene patente e incuestionable que el texto de esta disposición adjetiva, esto es, el numeral 1.395 de que se viene haciendo mérito, contraviene el espíritu del Constituyente plasmado en los artículos 14 y 17 de la Ley Fundamental de la República, pues impide al gobernado el ejercicio pleno de la oportunidad de defensa, en tanto que en la eventualidad de no contar al momento de interponer el recurso de queja previsto por la citada disposición adjetiva con la garantía o importe de los treinta o veinte días de salario mínimo vigente en la zona de que se trate, su recurso será inadmitido, impidiéndosele así el ejercicio pleno de un derecho de defensa elevado a rango constitucional y, sobre todo, el acceso a una impartición de justicia plena, sin limitantes, pronta, integral y gratuita.
Así, no es acertado y menos plausible lo que alega la recurrente al pretender defender la constitucionalidad de un precepto que, en sí, resulta inconstitucional pues, se reitera, para el ejercicio de un derecho que se encuentra contemplado por los artículos 14 y 17 de la Constitución Fundamental de la República, le impone al gobernado una obligación inusitada de exhibir previamente una garantía para que un recurso o medio de defensa procesal le sea admitido, cuando que, la garantía de acceso a la impartición de justicia pronta, eficaz e integral consagrada por el artículo 17 de la Ley Suprema de nuestro país, no debe tener limitación alguna, sino que, se reitera, debe ser amplia, libre y sin restricciones de ninguna índole, según el espíritu y texto del último precepto constitucional supracitado. Ello, con independencia de que la aplicación de la norma tildada de inconstitucional se aplica por igual a ambas partes en el juicio, sea una facultad de los órganos jurisdiccionales del Estado de México, en razón a que se trata de un requisito que a todas luces contraviene el texto de las citadas disposiciones, con independencia de su fin, o si sería para garantizar una multa para beneficiar o no a la administración de justicia u otra institución, o bien, como sanción para las partes que pretendan retardar la solución del asunto, pues aun en esas hipótesis queda de manifiesto que la exigencia del otorgamiento de una garantía para la procedencia del recurso de queja afecta el libre ejercicio a la garantía de acceso a la justicia, la cual debe ser otorgada sin limitación ni condición alguna tal como, con estricto apego a derecho, lo determinó el a quo federal; por cuyas razones, en definitiva, no existe transgresión alguna a lo dispuesto por los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo, merced a que, como se observa de la sentencia recurrida, el resolutor federal hizo una correcta intelección del numeral 1.395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México impugnado de inconstitucional, como así lo calificó y, al ser ello así, tal determinación debe confirmarse en sus términos; denotándose, incluso, que por las razones antes expuestas, los criterios jurisprudenciales invocados por la recurrente no tienen aplicación en el presente asunto, máxime que el último de ellos es adverso a sus intereses, por cuanto ahí se establecen los derechos públicos subjetivos del gobernado a una garantía de audiencia libre, plena y a la impartición de justicia en forma gratuita, sin limitantes inusitadas.
Al respecto, resulta aplicable la tesis II.2o.C.511 C de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1755, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
" De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Ley Fundamental de la República, los gobernados gozan de la garantía constitucional de una defensa adecuada previa al acto privativo, otorgándoseles la oportunidad amplia y plena, sin limitaciones, para defender sus intereses y derechos, así como de ofrecer y desahogar las pruebas en el juicio, y la oportunidad de interponer los recursos o medios de impugnación previstos por la ley en defensa de tales derechos e intereses, al igual que la prerrogativa del acceso a una impartición de justicia plena, oportuna y gratuita. Por tanto, si el legislador del Estado de México, según el artículo 1.395 del Código de Procedimientos Civiles, relativo al recurso de queja, impone al promovente de ese medio de impugnación la obligación de exhibir en forma previa una garantía, equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región, si se tratare de una inconformidad interpuesta contra actos de un Juez de primera instancia, y de veinte días de salario mínimo si la queja se refiere a actos de un Juez de cuantía menor, y que de no exhibirse dicha garantía no se admitirá el recurso; de ello se sigue en forma clara e incontrovertible la inconstitucionalidad de dicho precepto, precisamente por cuanto es patente que establecido el citado recurso como medio de defensa contra la determinación del juzgador, de no admitir una demanda o cuando deniega una apelación, no debe requerirse la exhibición previamente de una garantía, so pena de no admitirse ese medio de impugnación, de donde deviene evidente e incuestionable que el texto de tal disposición adjetiva, contraviene el espíritu social protector del Constituyente plasmado en los artículos 14 y 17 de la Ley Fundamental de la República, al coartar e impedir al gobernado el ejercicio pleno, abierto y sin restricciones de la oportunidad de defensa, puesto que en la eventualidad de no aportarse aquélla al momento de interponer el referido recurso, éste será inadmitido, con lo cual se impide a los gobernados el ejercicio pleno del derecho de defensa elevado a rango constitucional, y sobre todo, el acceso a una impartición de justicia plena, sin limitantes, de manera pronta, integral y gratuita; de ahí que, en conclusión, la norma adjetiva supracitada resulta obvia e indiscutiblemente inconstitucional en sí misma, en tanto contraviene el texto de dichos artículos 14 y 17 de la Constitución Fundamental de la República Mexicana."
En mérito de lo expuesto, procede confirmar en sus términos la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, de dieciocho de agosto de dos mil nueve, dictada en el amparo indirecto número ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en consecuencia,
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de la ********** gobernador constitucional de esta entidad federativa y director de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, expedición y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por lo que hace a su artículo 1.395; así como del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, consistente en la aplicación y ejecución del citado precepto, en el expediente número ********** según fue indicado en el primer resultando, como fue considerado en esta ejecutoria constitucional, y en los términos precisados por el Juez de Distrito a quo.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su procedencia. Oportunamente archívese el expediente o toca en revisión como asunto concluido, previos los trámites respectivos y las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo.
Así, y por unanimidad de votos de los señores Magistrados, presidente Noé Adonai Martínez Berman, Virgilio A. Solorio Campos y licenciado José Isabel González Nava, secretario de tribunal autorizado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, mediante acuerdo emitido por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha uno de septiembre del año en curso, para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21932-5686bb5d/recurso-de-queja-articulo-1-395-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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