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CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CARGA DE LA PRUEBA DE QUIEN SE OPONE A LA RESTITUCIÓN DE UN MENOR. CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL JUEZ NATURAL PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE UN MENOR SI EXISTE LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN GRAVE RIESGO QUE LO EXPONE A UN PELIGRO FÍSICO O PSÍQUICO. CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE UN MENOR, LAS AUTORIDADES DEL ESTADO REFUGIO SÓLO SE PRONUNCIARÁN SOBRE EL FONDO CUANDO PREVIAMENTE SE HAYA ESTABLECIDO QUE NO SE DAN LAS CONDICIONES FIJADAS EN AQUÉLLA. CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. SU FINALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 225/2009. · Registro digital (IUS): 22014
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2928.

AMPARO EN REVISIÓN 225/2009. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de los agravios produce el siguiente resultado.

Dado que el tema que se discute en el recurso de revisión está vinculado con la aplicación de un tratado internacional, como es la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, es menester dejar asentado que la convención aludida fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día trece de diciembre de mil novecientos noventa y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos.

Consecuentemente, en aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser introducido el tratado internacional por la vía legislativa con el fin de incorporar al derecho interno los derechos y obligaciones derivados del tratado, su contenido es derecho positivo en nuestro país y su aplicación es obligatoria, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, entre otros, que los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales.

Ilustra esta conclusión, el contenido de la tesis número P. IX/2007, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172,650, visible a foja 6, Tomo XXV, abril de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto que siguen: "TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario ‘pacta sunt servanda’, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional."

En el caso, es importante tener presente que en el procedimiento de solicitud de restitución de la menor **********, el Juez natural, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil ocho y ratificado en uno diverso de doce de noviembre de dos mil ocho, ordenó oficiosamente desahogar estudios psicológicos al padre, a la madre y a la menor sustraída y respecto de este punto, el quejoso alega dos temas fundamentales:

1. Que la determinación del Juez natural va en contra del objetivo de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de restituir inmediatamente a los menores trasladados o retenidos ilícitamente y, 2. Que las aludidas probanzas guardan vinculación con el tema relativo a la custodia y no con los motivos de oposición al traslado de la menor.

Para clarificar los puntos antes enunciados es necesario tener presentes las siguientes constancias procesales.

1. Mediante oficio de treinta de septiembre de dos mil ocho, emitido por la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares-Dirección de Derecho de Familia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de autoridad central, remitió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, una solicitud de restitución de la menor **********.

2. Mediante proveído de catorce de octubre dos mil ocho, el Juez natural admitió a trámite la solicitud descrita, ordenó notificar su inicio a **********, le requirió para que contestara lo que a su interés correspondiera y ofreciera las pruebas que estimara oportunas en relación con la solicitud de restitución de la menor, le previno para que señalara domicilio dentro de la ubicación del juzgado y señaló las diez horas del treinta de octubre de dos mil ocho para la celebración de la audiencia en la que se recibirían y desahogarían las pruebas ofrecidas por las partes. Igualmente, le hizo saber a **********, que el día mencionado debería asistir con su menor hija. Le hizo saber a **********, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que debería comparecer el día de la audiencia para recibir y desahogar sus pruebas. Así también, determinó que para conocer el estado actual de la menor en sus aspectos físicos y psicológicos ordenaba recabar, en forma oficiosa, estudios psicológicos a los padres y a la menor para determinar lo más "conveniente" en relación a la restitución de la menor a su padre y dictó las medidas provisionales que estimó oportunas. Igualmente, ordenó citar al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado y al procurador del Desarrollo Integral de la Familia de ese Municipio y al del Estado de México, para que comparecieran el día y la hora de audiencia antes indicada.

3. A fojas ciento cinco de autos obra glosada una razón actuarial en la que se asienta que no fue posible notificar a ********** en el domicilio indicado. En razón de lo anterior, por proveído de veinticuatro de octubre de dos mil ocho, el juzgador señaló las trece horas del cinco de diciembre de dos mil ocho para la audiencia de recepción y desahogo de pruebas.

4. Por escrito de doce de noviembre de dos mil ocho, el apoderado legal del solicitante del traslado de la menor, informó al juzgado que dentro del proceso de divorcio y custodia a cargo del Juez de Distrito, División Familiar en el Condado de Clark, del Estado de Nevada, se otorgó la custodia temporal de ********** a su progenitor **********.

5. El cinco de febrero de dos mil nueve, se tuvo por hecha la notificación a ********** por medio de instructivo, según puede consultarse a fojas ciento sesenta y dos.

6. Por proveído de tres de febrero de dos mil nueve, se señalan las doce horas del veinticuatro de abril de dos mil nueve, como nueva fecha y hora para la audiencia.

7. Mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil nueve, visible a fojas ciento sesenta y seis **********, se apersonó al expediente en que se actúa, promovió incidente de nulidad de notificaciones, alegó que la menor fue trasladada a México con la anuencia de su progenitor para que estudiara español y, en respaldo a lo expuesto, señaló que ambos progenitores acudieron al Consulado de México en las Vegas, Condado de Clark, a efecto de realizar el trámite de llenado de la autorización denominada como la OP7, formato que sirve para que los menores de edad de Estados Unidos ingresen a México con autorización de los padres y ofreció las siguientes probanzas:

A. Documental pública consistente en copia certificada del acta de nacimiento de la menor hija **********.

B. Documental privada consistente en un informe de valoración psicológica de la menor emitido por la maestra en psicología **********, quien es terapeuta de la menor.

C. Documentales públicas consistentes en los pasaportes de la menor hija, con los que se acredita su legal estancia en México.

D. Pericial en materia de psicología a cargo de ********** al tenor del interrogatorio que ahí se describe.

E. Reconocimiento de contenido y firma de la pericial antedicha por parte de **********.

F. Testimonial a cargo **********, ********** y **********. Esta prueba versa sobre el consentimiento de ********** para que la progenitora y la menor vinieran a radicar a México.

G. Documental pública consistente en copias certificadas del expediente relativo al pasaporte **********, expedido a favor de la menor, las cuales solicitó que el Juez requiera a quien funge como director de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que enviara esas copias certificadas.

Este es el contexto legal dentro del cual emerge el acto reclamado.

Ahora bien, una vez producido el traslado ilícito o la retención del menor en un Estado distinto a aquel en el que se tenía su residencia habitual, si no se devuelve al menor voluntariamente será necesario solicitarlo formalmente, por el procedimiento administrativo o judicial a que hace alusión la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y, aunque finalmente se consiga su devolución, a la menor se le expuso a una problemática muy perturbadora y a uno de los progenitores se le privó de disfrutar de la compañía de su hija menor, por tanto, aun cuando al final se resuelva favorablemente, el problema se ha ocasionado; consecuentemente, evitar esta problemática es de gran interés para la menor y su entorno, por ende, es primordial proteger el interés superior del menor contra los efectos perjudiciales de una sustracción ilegal.

La finalidad principal que persigue la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores es garantizar la restitución inmediata del menor trasladado o retenido de manera ilícita en cualquier Estado hacia el Estado donde tenía su residencia habitual, luego, toda excepción a esta regla general ha de tener una justificación que expresamente venga enumerada en la propia convención.

El procedimiento expedito o sumarísimo que pregona la convención en análisis, tiende a:

* Minimizar las perturbaciones o desorientaciones del menor sustraído,

* Minimizar los perjuicios del menor por el hecho de su separación,

* Reducir la perturbación que para el menor puede resultar cuando se reordene su retorno de un periodo largo en el extranjero y,

* Evitar que el sustractor obtenga una ventaja por el hecho del paso del tiempo.

Por otra parte, en los artículos 12, 13 y 20 de la convención se expresan y regulan de manera individualizada las causas de oposición a la regla general que constituye la devolución y, en el supuesto de ser probadas tras la valoración judicial correspondiente, darían lugar al quebrantamiento de la regla general, pues el aplicador de la ley estaría en posibilidad de negar la restitución.

Esas causas de oposición están expresamente recogidas en la propia convención, sin que puedan considerarse una lista abierta susceptible de ampliación; una correcta aplicación de éstas requiere su interpretación restrictiva, para facilitar la finalidad de la convención expuesta en el artículo 1o. que a la letra dispone: "... a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes."

Con vista en lo antedicho, se estima oportuno transcribir los artículos 12 y 13 de la convención en cita que establecen, casuísticamente, las causas de excepción a la regla general, que constituye la devolución inmediata del menor, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 12. Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.

"La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio.

"Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la solicitud del menor."

Conforme a este numeral, se exige que en la fecha de iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o la retención ilícita, para la devolución inmediata del menor. En la obligación al retorno se distinguen dos hipótesis a saber:

A. El deber de las autoridades de restitución inmediata cuando se ha solicitado dentro de un año siguiente al traslado o no retorno del menor y,

B. La necesidad de conocer las condiciones que rodean dicho deber cuando la presentación de la demanda es posterior al plazo del año.

Por otro lado, el artículo 13 antes enunciado a la letra establece:

"Artículo 13. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:

"a) La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o

"b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.

"La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones.

"Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor."

Ya se vio, que la regla general es la devolución inmediata del menor, pero las excepciones a esta regla general se encuentran enumeradas en los casos previstos en el artículo 13 que impone, a quien se opone a la restitución, la obligación de demostrar las causas que expone, por tanto, corresponde la carga de la prueba de estas circunstancias a la persona que se opone al retorno al Estado de la residencia habitual del menor, de donde se sigue que las causas ahí apuntadas no son de aplicación automática.

La convención ha dado un contenido preciso al interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual sin garantías suficientes, pero este interés cede o debe ceder cuando concurre alguna de las excepciones expresamente previstas en ella.

Tratándose del supuesto descrito por la letra a) del numeral en comentario, hay que destacar que la nota o carácter distintivo de esta causa, está directamente relacionado con el cuidado de la persona del menor, pues la convención no define lo atinente a la custodia sino lo que pretende es proteger el ejercicio efectivo de la custodia.

Por otro lado, tratándose de los casos previstos en el inciso b) del numeral de referencia, son tres los supuestos:

* Que exista un grave riesgo, esto es, que no basta un riesgo de carácter general y ambiguo, no determinado;

* Que se exponga al menor a un peligro físico o psíquico; con ello se pretende abarcar todos los riesgos posibles; y,

* Que de cualquier manera se exponga al menor a una situación intolerable.

En cada uno de estos casos, la carga de la prueba corre a cargo de quien las alega.

Otra hipótesis que contempla el artículo 13 de la convención en cita, es cuando el menor se niega a la restitución, siempre que el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.

La excepción no fija una edad determinada y se deja a la libre valoración del Juez en cada supuesto concreto, quien tendrá que resolver sobre la opinión del menor, consciente de los supuestos de utilización de los menores por los adultos de su entorno, así como de los conflictos de lealtades en que se sitúa a los menores, sin embargo, para una valoración correcta del interés del menor y su oposición al retorno, el juzgador podrá auxiliarse de especialistas, ajustándose siempre al plazo de seis semanas para resolver, a que hace alusión el artículo 11 de la convención de referencia.

En este caso conviene enfatizar que respecto de la aportación y admisión de pruebas, incluyendo el testimonio de expertos, deben tenerse en cuenta dos aspectos:

El primero: La importancia de limitar la averiguación a las cuestiones litigiosas que son directamente relevantes del retorno, esto es, a aquellas causas de excepción a la regla general enumeradas por el artículo 13 en cita y, la segunda: Para su desahogo y valoración el juzgador debe ajustarse siempre al plazo de seis semanas para resolver, a que hace alusión el artículo 11 de la convención en comento.

Lo antedicho encuentra justificación en los principios de pertinencia e idoneidad de la prueba, conforme a los cuales, se advierte que el ofrecimiento de pruebas tiene como limitante el que guarden relación inmediata con los hechos controvertidos pues, de lo contrario, serían pruebas impertinentes; por ende, no basta con que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos motivo de litis, sino que es necesario que esa prueba sea adecuada para que el juzgador conozca la verdad material de los hechos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles que resulta aplicable supletoriamente en el aspecto procesal a la convención de que se trata, según el artículo 543 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En consecuencia, si se ofrece una prueba que no satisfaga los requisitos antedichos, su ofrecimiento resultaría contrario a derecho, en cuyo caso, el juzgador no estaría obligado a admitirla.

Para finalizar este apartado y por tener vinculación con el tema que se analiza, debe transcribirse el contenido del artículo 20 de la convención, que a la letra dispone: "Artículo 20. La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales."

Tratándose de los supuestos que menciona el artículo 12 de la convención, este numeral prevé la posibilidad de denegar la restitución cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales, sin embargo, su aplicación debe tener un carácter excepcional, ya que permite denegar el retorno con argumentos jurídicos extraídos del derecho interno del Estado requerido.

Y al efecto, téngase presente que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales, por ende, para resolver los casos de excepción a la regla general señalados en el artículo 12 del propio tratado, el juzgador debe atender prioritariamente al contenido de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Antes de dar respuesta a los temas inquiridos en la revisión, también es importante relacionar el contenido del artículo 14 de la convención que a la letra establece:

"Artículo 14. Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, estén reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables."

En aplicación concreta de la convención, el desplazamiento o no retorno del menor es considerado como ilícito si viola un derecho de guarda atribuido por el derecho del Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del desplazamiento o no retorno. De ahí que las autoridades competentes de los Estados requeridos deben tener en cuenta ese derecho al decidir si un menor debe ser retornado.

Este numeral tiene como objeto simplificar la prueba de ese derecho o reconocimiento de las decisiones extranjeras y así permitir a las autoridades competentes actuar rápidamente en los procedimientos para el retorno de menores. Este numeral contempla que los tribunales pueden tomar en consideración el derecho extranjero, o las decisiones judiciales o administrativas, directamente sin recurrir a procedimientos específicos de prueba de este derecho o de reconocimiento de decisiones extranjeras.

Con vista en este panorama jurídico, se procederá a transcribir, sólo en lo que al tema interesa, el auto dictado por el Juez natural de catorce de octubre de dos mil ocho, en que ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología en la persona de la menor sustraída y de sus progenitores, el cual dispone: "En ese tenor, con fundamento en los artículos 3 y 11 de la Convención para la Protección de los Derechos de los Niños, artículo 12 y 41 de la Ley para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ordena recabar la opinión de expertos en materia de psicología, con relación a la menor **********, así como de los padres ********** y **********, mismo que versará en el sentido de informar al suscrito en el momento de la audiencia, si emocionalmente la menor ********** al estar al lado de su padre o madre, esto le puede ocasionar algún daño o beneficio, indicando los motivos, así como un análisis de la personalidad de las partes y de la menor, grado de madurez y sensatez; así como también determinará con base en los resultados psicológicos, quién de ambos padres, le proporcionaría a su menor hija un ambiente propicio para su formación, desenvolvimiento y desarrollo; determinará si alguno de los progenitores o ambos presentan algún obstáculo (conducta, sentimientos, afecciones, comportamiento) que impidan otorgarles la custodia de su menor hija; determinará técnicamente si es conveniente para la formación y desarrollo de la menor que siga junto o separada de sus padres; determinar técnicamente de acuerdo al punto que antecede, cual o cuales serían los tratamientos o procedimientos a observar, por los progenitores para que la menor pueda beneficiarse en lo espiritual, psicológico, social y afectivamente de la forma de vida que se estimó conveniente; así como quién de sus progenitores se ha preocupado por su subsistencia y ha contribuido para la satisfacción de sus necesidades afectivas, alimentos, educativas y si en este último rubro presenta deficiencia en su desarrollo dicha menor; así como determinar si es benéfico para la menor permanecer al lado de su padre o su madre; asimismo, determinará el perito si la menor ya citada, ha sufrido actos de violencia por parte de alguno de sus progenitores. Procédase mediante llamada telefónica a solicitar al Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la designación de un perito en materia de psicología para que se presente en punto del día y hora antes indicados."

Es importante subrayar que de conformidad con el artículo 13 de la convención, quien se opone a la restitución del menor tiene la carga de demostrar las causas que invoque como apoyo de su oposición y, en el caso, ello no acontece, porque mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil nueve, visible a fojas ciento sesenta y seis **********, se apersonó al expediente en que se actúa, y al efecto manifestó que la menor fue trasladada a México con la anuencia de su progenitor para que estudiara español en este país y para apoyar su afirmación, señaló que ambos progenitores acudieron al Consulado de México en las Vegas, Condado de Clark, a efecto de realizar el trámite de llenado de la autorización denominada como la OP7, formato que sirve para que los menores de edad de Estados Unidos ingresen a México con autorización de los padres y ofreció diversas pruebas en relación con su manifestación.

Lo anterior demuestra que, en la especie, la madre de la menor no hizo valer oposición al traslado de la menor, sin embargo, el Juez natural oficiosamente decretó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología, en apoyo a los artículos 3 y 11 de la Convención para la Protección de los Derechos de los Niños y artículos 12 y 41 de la Ley para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ende, para estar en posibilidad de resolver el tema que se propone en el recurso, es necesario disipar dos incógnitas:

1. Si el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología tenía por objeto conocer algunas de las causas de excepción que enumera el artículo 13 de la convención; y,

2. Si al ordenarse el desahogo de este medio de convicción se respeta el plazo existente para resolver, esto es, el término de seis semanas a partir de la iniciación del procedimiento.

Para resolver la interrogante número uno es preciso contraponer los objetivos perseguidos por el Juez natural al ordenar el desahogo de la prueba pericial en materia de psicológica en relación con la menor **********, así como de los padres ********** y las causas de excepción a que se refiere el artículo 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Ver objetivos perseguidos con el desahogo de la prueba pericial e idoneidad de la prueba para acreditar alguna de las causas de excepción previstas en el artículo 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores

Se sostiene lo anterior, porque a través del punto número nueve pudiese considerarse que el Juez natural podría llegar a conocer si con la restitución se expone a la menor a un peligro físico o psíquico, tal y como lo establece el inciso b) del artículo 13 de la convención en estudio, sin embargo, para llegar a esa conclusión hay que observar las siguientes circunstancias:

En líneas precedentes ya se dijo que la carga de la prueba, respecto de los motivos de oposición al retorno, corresponden, en primer término, a quien los hace valer, de donde sigue que hasta que esta parte se apersone al procedimiento de restitución, el juzgador no cuenta con ningún dato útil que le haga presumir que al menor se le pone en un grave riesgo físico o psíquico con el traslado, máxime que una recta interpretación de la hipótesis descrita por la letra b) del artículo 13 de la convención de referencia, lleva a establecer que no basta un riesgo de carácter general y ambiguo, sino que es necesario que sea determinado, consecuentemente, si en la especie el Juez natural ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología a favor de la menor al momento en que admitió a trámite la solicitud de restitución, esto es, el catorce de octubre de dos mil ocho, quiere decir que en ese momento procesal no contaba con ningún elemento para presumir que, con la restitución, a la menor se le podía exponer a un grave riesgo, puesto que su progenitora se apersonó a ese procedimiento hasta el veintisiete de febrero de dos mil nueve y, en ese apersonamiento, no se opuso a la restitución, sino que enderezó su defensa legal a alegar que la menor fue trasladada a México con la anuencia de su progenitor para que estudiara español y que ambos progenitores acudieron al Consulado de México en las Vegas, Condado de Clark, a efecto de realizar el trámite de llenado de la autorización denominada como la OP7, formato que sirve para que los menores edad de Estados Unidos ingresen a México con autorización de los padres.

Por consiguiente, acorde con la estrategia jurídica asumida por la compareciente a la solicitud de restitución, ésta soportará la carga de probar que la menor no fue sustraída ilegalmente sino que su progenitor otorgó su consentimiento para que abandonara el lugar de residencia.

Lo hasta aquí indicado, permite concluir que cuando en la especie el Juez natural ordenó el desahogo de la prueba pericial respecto del punto que ocupa nuestra atención, partió de un riesgo hipotético, indeterminado, de carácter general, que sólo se produjo en el intelecto del Juez, pues en ese momento, no contaba con ningún dato revelador de tal circunstancia y, por ello, la orden de desahogar la probanza de cuenta no es idónea.

Por otro lado, tocante a la interrogante enunciada con el número dos, debe mencionarse que el desahogo de la prueba pericial en los términos en que ocurrió en el caso concreto, no respeta ni vigila el plazo en que el Juez tenía la obligación legal de resolver.

Para demostrarlo véase el artículo 11 de la convención en estudio, que, en lo que importa, refiere:

"Artículo 11. Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores.

"Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22014-c09c939c/convencion-sobre-los-aspectos-civiles-de-la-sustraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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