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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO DICTADOS POR DELITOS QUE SE PERSIGAN POR QUERELLA NECESARIA Y POR LOS PERSEGUIBLES DE OFICIO CUANDO EL PERDÓN DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA SEA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE CORROBORAR QUE, PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE RADICACIÓN, EL JUEZ PENAL RESPONSABLE SE HAYA CERCIORADO DE QUE SE EFECTUÓ AQUELLA DILIGENCIA Y EXISTA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PENAL Y A LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN X Y 118 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE CELEBRAR DICHA DILIGENCIA EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA NECESARIA Y EN LOS PERSEGUIBLES DE OFICIO CUANDO EL PERDÓN DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA SEA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CELEBRARLA EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGAN POR QUERELLA NECESARIA Y EN LOS PERSEGUIBLES DE OFICIO CUANDO EL PERDÓN DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA SEA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, REPRESENTA UNA AFECTACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA Y LA AUSENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD RESPECTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 235/2009. · Registro digital (IUS): 22385
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 1035.

AMPARO EN REVISIÓN 235/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En este apartado se procede al estudio de la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

En el caso particular, no se abordarán los agravios planteados en contra de la determinación impugnada, respecto al alcance de las pruebas ponderadas en la emisión del auto de formal prisión, toda vez que este Tribunal Colegiado, de oficio, advierte una trasgresión preferente y, en suplencia de la queja, procederá a analizarla, dado que el recurrente tiene el carácter de inculpado en la causa penal de origen.

Para sustentar lo anterior, es necesario transcribir los artículos 3o., fracción X y 118 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la literalidad siguiente:

"Artículo 3o. El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la etapa de averiguación previa, deberá:

"...

"X. Procurar la conciliación entre el ofendido o la víctima y el inculpado, en los delitos que se persiguen por querella necesaria, y en los perseguibles de oficio cuando el perdón del ofendido o la víctima sea causa de extinción de la acción penal; y ..."

"Artículo 118. Cuando el delito sea de aquéllos que se persigan a instancia de parte, una vez recibida la queja y antes de practicar las primeras diligencias, se procederá en la forma siguiente:

"I. Hacer saber al querellante las sanciones en que incurre si se produce con falsedad, si es mayor de edad y exhortándolo para ello si fuere menor de edad;

"II. Asentar los datos generales para la identificación de la persona; en todo caso la impresión de sus huellas digitales al pie del escrito que presentare o del acta que al efecto se levante; y

"III. Comprobar su personalidad para los efectos legales.

"Igualmente, el Ministerio Público, antes de iniciar la averiguación previa o durante ésta y sin perjuicio de acordar las primeras medidas, deberá procurar la conciliación entre el ofendido o víctima y el inculpado, en los delitos que se persiguen por querella necesaria, y en los perseguibles de oficio cuando el perdón del ofendido o la víctima sea causa de extinción de la acción penal.

"El convenio conciliatorio producirá los efectos de suspender la averiguación previa penal y el plazo de la prescripción de la acción penal, en términos del artículo 134 del Código Penal. Deberá contener el término en que deberá cumplirse.

"Para que la conciliación pueda ser motivo de extinción de la acción penal, será necesario que el convenio se cumpla o se formule perdón del ofendido o víctima. El incumplimiento del convenio dará lugar a que se inicie la averiguación o que ésta se continúe."

De los preceptos transcritos se desprende que, tratándose de delitos perseguibles por querella o en los que proceda el perdón del ofendido, es indispensable que el Ministerio Público intervenga como un tercero conciliador, a efecto de citar a las partes con la finalidad de orientarlas para que lleguen a un acuerdo satisfactorio.

La citada formalidad constituye un mecanismo trascendental para la resolución de conflictos, porque de concretarse, no procede el ejercicio de la acción penal ni la consecuente orden de captura, puesto que en términos de lo establecido por el citado artículo 118, penúltimo párrafo, origina la suspensión del trámite de la indagatoria, y de cumplirse los requisitos del precepto 116 del Código Penal vigente en el Estado, incluso, se extingue la acción.

Sobre este tema, el cuatro de noviembre de dos mil nueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 161/2009, que originó la jurisprudencia 1a./J. 4/2010, la cual se encuentra visible en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el vínculo electrónico \\sij01\jurisN\TJ-2010.doc, por lo que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, según lo establece el precepto 2o. de la ley de la materia, constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado y es válido invocarlo para la resolución del presente asunto.

Cabe destacar que la aludida discrepancia de criterios se originó para definir si, cuando se reclama la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, la omisión de celebrar la audiencia de conciliación establecida por el artículo 155 del anterior Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, constituye una violación consumada de modo irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto; para lo cual se interpretó el indicado precepto, que en lo medular establece:

"Artículo 155. Inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible por querella, bajo su más estricta responsabilidad, deberá citar a una audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la formulación de la querella que hará constar en acta circunstanciada y girará citatorio a los involucrados para una audiencia de conciliación. ..."

Para adoptar una postura, la Primera Sala se basó en la naturaleza de la conciliación e indicó que es una alternativa para que el imputado y la víctima convengan formas de reparación satisfactorias de las consecuencias dañosas ocasionadas por un hecho punible, procurando equilibrar los derechos de ambos; y que además origina la solución extrajudicial del conflicto y evita el proceso penal.

En atención a la importancia de tal acto, estimó que la omisión del Ministerio Público de citar a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, transgredía la garantía establecida por el artículo 20 de la Carta Magna a favor del inculpado durante la averiguación previa, porque no se le permite ejercer a plenitud su derecho de defensa para solucionar el litigio desde esa fase.

Por tanto, determinó que constituía un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento ocasionaba una violación que afectaba las prerrogativas del quejoso y trascendía al resultado del fallo, por lo cual debía ser analizada en el juicio de amparo que se promoviera en contra de la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, dado que, en este caso, no se actualizaba un cambio de situación jurídica, porque en términos del numeral 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las violaciones a los preceptos 19 y 20 constitucionales sólo se consuman de modo irreparable con el dictado de la sentencia de primera instancia.

En el caso particular, de las copias certificadas adjuntadas por la autoridad responsable a su informe justificado, integradas en el anexo I al juicio de garantías que se revisa, se desprende que ********** presentó querella por escrito el veinticinco de julio de dos mil ocho, en contra de **********, por ser la persona que, el diecisiete de mayo de ese año, en la playa "Mirador", alrededor de las veintidós horas, conducía una motoneta en sentido contrario y se impactó contra su vehículo marca **********, modelo **********.

El doce de agosto de ese año ratificó su querella ante el agente cuarto del Ministerio Público investigador, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, quien además, certificó las copias simples de diversas documentales que le fueron exhibidas para acreditar la propiedad del vehículo.

Asimismo, el Ministerio Público citó al indiciado para que acudiera a rendir su declaración ministerial; quien compareció el veinte de agosto de dos mil ocho y declaró en los términos que enseguida se reproducen:

"... Que en relación a los hechos estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con la señorita **********, por lo que pido que ella también se encuentre presente para tratar de solucionar el problema que afecta a la señorita ********** ..." (foja 20 vuelta).

El seis de febrero del año pasado, el agente del Ministerio Público investigador concluyó la indagatoria con el ejercicio de la acción penal en contra de **********, por el ilícito de daño en propiedad ajena, en grado de culpa, previsto por el artículo 433 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y sancionado conforme al diverso 72; por ende, solicitó la orden de aprehensión, que fue concedida por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado (fojas 32 a 35).

Una vez ejecutada la orden de captura, se recabó la declaración preparatoria del sujeto activo, la cual, en lo que interesa, se reproduce:

"... que ratifico mi inicial declaración rendida ante el Ministerio Público, reconociendo como mía la firma que obra al margen; asimismo, es mi deseo contestar cualquier interrogatorio que me sea formulado, deseando agregar lo siguiente: yo me metí al mirador, y sí, lógico, la circulación es como ella dice; de ahí me metí en contra y di la vuelta ahí mismo, y en eso sale el **********, y él fue el que me impactó a mí de lado derecho de la motocicleta; tan duro fue el golpe que se rompió la base del motor; no llegó perito, nadie del tránsito; se supone que yo me iba a arreglar con la aseguradora, me tomó datos, porque tengo como testigo a una amiga mía que llevaba atrás, que se lesionó el tobillo derecho, hubo sangre; la muchacha llamó a la Cruz Roja para que la vieran nada más, siendo todo lo que tengo que manifestar ..." (foja 97 y vuelta).

Por lo que el veintiséis de marzo de dos mil nueve se resolvió la situación jurídica con el dictado del auto de formal prisión, de cuyo contenido se colige que el juzgador, en la parte considerativa transcribió el artículo 19 constitucional y el numeral 186 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; enseguida, relacionó las pruebas desahogadas por la representación social; después precisó que, a su juicio, se demostraron los elementos del delito de daño en propiedad; para ello puntualizó los elementos que lo conformaban, ponderó los medios de convicción con los cuales los estimó comprobados e indicó que la acción fue culposa.

Con base en las mismas probanzas determinó acreditada la probable responsabilidad penal de **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 39, fracción I, del Código Penal en vigor (fojas 113 a 129).

Dicha resolución constituye el acto reclamado en el juicio de garantías que se revisa, del que se desprende que, en la sentencia, se avaló la resolución del Juez natural en cuanto a los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Carta Magna para emitir el auto de formal prisión; porque de las constancias de la causa penal se advertía la comprobación de los elementos del delito de daño en propiedad, así como la probable participación del indiciado; aunado a ello, se desestimaron las inconformidades en relación con la ineficacia del dictamen pericial, la imprecisión de las circunstancias de ejecución del delito, así como el monto del daño; por tanto, se negó la protección federal solicitada (fojas 31 a 43).

Acorde con las premisas puntualizadas en esta ejecutoria, se estima incorrecta la anterior determinación.

En efecto, como ya se indicó, los artículos 3o., fracción X y 118 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado estipulan que, cuando el Ministerio Público conoce de hechos constitutivos de delito que se persigue por querella, o bien de oficio pero procede el perdón del ofendido, necesariamente debe citar a las partes para la celebración de una diligencia de conciliación, de lo contrario, incurre en una violación a la garantía de defensa consagrada por la Constitución Federal a favor del reo.

Bajo ese entendido, es inconcuso que en el asunto específico se actualiza dicha hipótesis jurídica, porque el auto de formal prisión emitido en contra del promovente del juicio de amparo fue por el ilícito de daño en propiedad, en grado de culpa, previsto por el artículo 433 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y sancionado conforme al diverso 72, mismo que necesariamente requiere del requisito de procedibilidad consistente en la querella, porque en términos de lo dispuesto por el numeral 438 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se persigue a instancia de parte ofendida.

Ahora bien, en los delitos que sólo se persiguen a instancia de parte, la querella resulta ser el acto por el que un particular voluntariamente manifiesta su ánimo ante la autoridad investigadora para que se persiga al responsable por la comisión de un delito y, a causa de ello, pueda pedir la reparación del daño por el que resultó afectado.

Luego, para incitar la investigación de estos delitos y la persecución del delincuente, es preponderante la manifestación y subsistencia de la voluntad de la parte ofendida.

Así las cosas, si la propia legislación procesal penal, como ya se analizó en párrafos anteriores, prevé la diligencia de conciliación, con la cual, de alcanzar su objetivo, puede desaparecer el acto de voluntad del querellante de que intervenga el representante social, por tanto, el incumplimiento de éste, de procurar la conciliación, ocasiona perjuicios irreparables al denunciado, pues elimina la posibilidad de que a éste no se le someta a un proceso penal y, en cambio, provoca que el gobernado se vea inmerso en un procedimiento con graves consecuencias propias, como puede ser la privación de la libertad; por lo que esa probabilidad, por mínima que sea, debe respetarse en acato a la garantía que consagra el artículo 20 de la Constitución General de la República, esto es, su derecho de defensa para solucionar el conflicto desde esa fase de averiguación previa.

De todo lo expuesto dimana, por consecuencia, la vinculación entre la querella con la obligación del agente del Ministerio Público de procurar la conciliación, por ello, en delitos que se persiguen a instancia de parte agraviada, el Juez del proceso, al dictar el auto de radicación y antes de pronunciarse sobre la solicitud de la orden de aprehensión o al resolver respecto al auto de formal prisión, está obligado a analizar la existencia del aludido requisito de procedibilidad, que es la querella, a la cual se le debe apreciar, no sólo desde un punto de vista formal, como un mero escrito de inicio de la averiguación previa, sino desde la perspectiva material, como un ánimo, una voluntad que por naturaleza misma puede cambiar, y más aún si la norma aplicable dispone que el Ministerio Público procure la conciliación, y con ello haga desaparecer el ánimo del ofendido para la persecución y sanción del delito, y si durante el desarrollo de la fase de averiguación previa se cumplió con el deber de procurar la conciliación a fin de agotar la posibilidad de concluir con el litigio penal, como garantía de defensa del indiciado.

En ese orden de ideas, el Juez de Distrito, al analizar el acto reclamado de oficio, debió percatarse que la autoridad de primera instancia procedió al estudio de la comprobación de los elementos del delito y la probable responsabilidad, sin advertir que el Ministerio Público no desahogó la audiencia de conciliación entre ********** y **********, a pesar de que era una obligación ineludible, porque incidía en la adecuada defensa para el indiciado, ya que al tratarse de un delito perseguible por querella, era factible que, de llegar a un arreglo satisfactorio, la ofendida desistiera de su intención de solicitar la intervención del representante social en la investigación y persecución del ilícito lo que, en consecuencia, evitaría el ejercicio de la acción penal en contra del promovente del amparo.

Por ello, el momento procesal en el cual el Juez que conozca del ejercicio de una acción penal debe pronunciarse sobre la verificación de los requisitos de procedibilidad es el auto de radicación, de conformidad con el artículo 170, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas; aspecto que nuevamente será motivo de revisión al momento de dictarse el auto de formal prisión o sujeción a proceso, y cuyo reanálisis es constante durante toda la instrucción hasta antes del dictado de la sentencia, esto con apoyo en los diversos numerales 191 Bis y 191 Bis1 del propio código adjetivo penal de referencia; de lo que se sigue que el aspecto en análisis solamente puede ser motivo de estudio en dichos momentos procesales y no en el dictado de la sentencia, pues para entonces será claro que si la querella representa un ánimo del ofendido respecto de la persecución del delito, entonces, dictada la sentencia de primer grado (aun cuando ésta sea recurrida) su pretensión ya habrá quedado satisfecha y difícilmente podría predicarse la posibilidad de que el ánimo de persecución se retirara o se desvaneciera.

El hecho de que se omita, por el Juez, verificar que el Ministerio Público haya cumplido con su deber de conciliar a las partes durante la averiguación previa tratándose de delitos perseguibles por querella de parte ofendida, representa una violación de dicho juzgador a las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que la querella, como ya se mencionó, más que ser un acto formal de presentación de un escrito en donde ésta se manifieste, es en verdad un ánimo persecutorio para lograr que un daño ligado a la incursión de una conducta delictiva no quede indemne, de donde se sigue que, si en la etapa de indagatoria ministerial existe legalmente el deber de procurar conciliación, entonces, resulta claro que la finalidad de ello es la de buscar desvanecer el ánimo persecutorio característico de la querella mediante dicha regulación normativa, que claramente busca concretar el objetivo de que el derecho penal funcione como una última razón para la solución de conflictos (ultima ratio) y no como un mecanismo más para lograr los objetivos perseguidos por intereses privados, con el consecuente desgaste para la administración pública en perjuicio de la sociedad y de otras causas que resulten afectadas con esta actividad evitable.

Desde la perspectiva anterior, representa un imperativo para el Ministerio Público -con repercusión en la querella que es un presupuesto procesal que obligatoriamente debe ser revisado por el Juez en el auto de radicación- procurar la conciliación de las partes, sin que esto signifique que, invariablemente en una averiguación previa, las partes deben arreglarse mediante la actividad ministerial conciliatoria, sino que ese acto debe ser, cuando menos, suficiente como para buscar el objetivo de la conciliación, a menos que el ánimo persecutorio en el ofendido sea mayor que la actividad efectiva de la agencia de investigación, a grado tal que ni siquiera con ella se retire tal intención persecutoria; dicho de otro modo, que a pesar de la procuración de conciliación de intereses por parte del Ministerio Público, el ofendido insista en la persecución penal porque su voluntad resulta aún mayor y que, de este modo, se logre el efecto de que la causa que se podría iniciar, efectivamente representa una ultima ratio.

Los elementos anteriores se desprenden de los artículos 3o. y 118 del ordenamiento procesal en consulta, los cuales establecen:

"Artículo 3o. El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la etapa de la averiguación previa, deberá:

"...

"X. Procurar la conciliación entre el ofendido o la víctima y el inculpado, en los delitos que se persiguen por querella necesaria, y en los perseguibles de oficio cuando el perdón del ofendido o la víctima sea causa de extinción de la acción penal, y ..."

"Artículo 118. Cuando el delito sea de aquéllos que se persigan a instancia de parte, una vez recibida la queja y antes de practicar las primeras diligencias, se procederá en la forma siguiente:

"I. Hacer saber al querellante las sanciones en que incurre si se produce con falsedad, si es mayor de edad y exhortándolo para ello si fuere menor de edad;

"II. Asentar los datos generales para la identificación de la persona; en todo caso la impresión de sus huellas digitales al pie del escrito que presentare o del acta que al efecto se levante; y

"III. Comprobar su personalidad para los efectos legales.

"Igualmente, el Ministerio Público, antes de iniciar la averiguación previa o durante ésta y sin perjuicio de acordar las primeras medidas, deberá procurar la conciliación entre el ofendido o víctima y el inculpado, en los delitos que se persiguen por querella necesaria, y en los perseguibles de oficio cuando el perdón del ofendido o la víctima sea causa de extinción de la acción penal.

"El convenio conciliatorio producirá los efectos de suspender la averiguación previa penal y el plazo de la prescripción de la acción penal en términos del artículo 134 del Código Penal. Deberá contener el término en que deberá cumplirse.

"Para que la conciliación pueda ser motivo de extinción de la acción penal, será necesario que el convenio se cumpla o se formule perdón del ofendido o víctima. El incumplimiento del convenio dará lugar a que se inicie la averiguación o que ésta se continúe."

De los artículos anteriores se desprende que su redacción es tal, que no deja lugar a dudas de que representa un imperativo que el Ministerio Público procure la conciliación entre las partes (indiciado y ofendido) como requisito indispensable, previo al ejercicio de la acción penal, con la finalidad de hacer desvanecer la querella, precisamente porque ésta constituye un aspecto de voluntad, por naturaleza modificable, y que si no es modificada después de la actividad ministerial conciliatoria, entonces, deberá ser suficiente como para que, entonces sí, el seguimiento ulterior de la causa penal se constituya, efectivamente, como una ultima ratio.

Dicho de otra forma, la querella en averiguación previa debe ser sometida a un proceso de derrotabilidad por la procuración ministerial de conciliación; si esta actividad conciliatoria no se practica en dicha etapa, entonces, la querella no se encontrará suficientemente justificada para servir de base a un proceso penal como manifestación de ultima ratio del derecho penal, a efecto de solucionar un conflicto de intereses entre particulares, con aplicación de la ley penal como medio para ello.

Es por lo anterior, que los preceptos en mención utilizan la expresión "deberá", denotando que es un mandato para el Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa; de lo contrario, si la intención del legislador hubiera sido dejar un amplio espacio discrecional al Ministerio Público, se habría utilizado por la fórmula legislativa el diverso vocablo "podrá"; supuesto en que se dejaría al arbitrio ministerial la potestad de decir, si procura o no la conciliación de las partes, pero como se ha expuesto, no es así.

A lo anterior deben añadirse los datos relevantes provenientes de los procesos legislativos relativos.

En la exposición de motivos de catorce de noviembre de dos mil uno, los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional de la entidad formularon una iniciativa de reformas a los ordenamientos penales que destacó:

"... Que la ley penal es, entre todas las ramas del derecho público, una de las que mayor adecuación a la realidad debe contener, ya que de no ser así, puede provocar una de las más graves injusticias a que puede conducir un ordenamiento sin contenido real: la privación de la libertad, garantía constitucional que es fundamento de nuestro sistema jurídico.-Que desde sus orígenes, los preceptos penales tenían como motivación elemental el castigo, forma inquisitiva de perseguir las actividades delictuosas; y actualmente, después del siglo de evolución, contemplamos un derecho cuyo objetivo especial no es la vindicta publica, sino la prevención del delito y la rehabilitación de quienes transgreden las normas, cimiento de nuestra convivencia.-Que la era actual presenta nuevas conductas o hechos que transgreden el equilibrio de paz, de armonía, que debe existir en una comunidad, en donde se deben tutelar bienes de mayor trascendencia social.-Que no se debe concebir al transgresor como una entelequia abstracta, apartado de su circunstancia, que implica condición económica, educación, cultura, costumbres y, en general, está inmerso dentro de una sociedad y es, indudablemente, producto de ella, por lo que una moderna legislación penal debe llevar un sentido de auténtica justicia, comprendiendo a los agentes del delito en su contexto individual y dentro de su medio ..."

Posteriormente, en la exposición de motivos de veintidós de noviembre de dos mil uno, los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional de la entidad formularon una iniciativa de reforma que culminó con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en virtud de la cual se adicionó la fracción XI del artículo 3o. y, a ese respecto, se puntualizó como motivos de la reforma:

"... Que tanto la ciencia jurídica, como la procuración y la impartición de justicia deben ser dinámica, actual, acorde al proceso de transformación de la realidad que le corresponde regir; la ley debe estar en constante evolución, para evitar convertirse en norma inoperante, anacrónica, estática, concepción abstracta carente de aplicación.-Que el derecho, la procuración y la administración de justicia, ciertamente son una de las disciplinas que más lentamente se adaptan, se ajustan, a una sociedad que cotidianamente avanza en sus conceptos, en sus formas y costumbre de vida, por lo que debe existir una acción legislativa que desaparezca la distancia entre la norma jurídica y la realidad ..."

Finalmente, cabe destacar la iniciativa suscrita por el gobernador del Estado, la cual dio origen al decreto publicado el día diez de julio de dos mil tres en el periódico oficial de la entidad, merced al cual se modificó el artículo 118 en estudio; a ese respecto, el titular del ejecutivo expuso, en lo que interesa:

"... La procuración y la administración de justicia obligan al Estado a establecer y propiciar una serie de mecanismos y procedimientos para que a través de las instituciones y órganos encargados de proporcionarlas, cumplan el cometido de forma eficaz, profesional y comprometida con el servicio que merecen los tamaulipecos.-Uno de esos mecanismos para agilizar la solución de controversias penales la conciliación (sic). Éste es un instrumento innovador y de actualidad que, en el procedimiento penal, ofrece a la institución del Ministerio Público la posibilidad de cumplir más rápidamente la función de procurar justicia a la sociedad, sin reñir con el mandato del artículo 21 constitucional.-Sin embargo, actualmente esa posibilidad existe solamente en los delitos que se persiguen por querella de parte agraviada, razón por la que a través de la presente acción legislativa se propone conceder facultades al Ministerio Público, para que en la fase de la averiguación previa se lleve a cabo la conciliación de las partes, pero no solamente en delitos de querella, sino también en los que se persigan de oficio, es decir, en aquellas conductas en las que de acuerdo a la ley sea procedente el otorgamiento del perdón del ofendido. El procedimiento conciliatorio dará como resultado una pronta solución a las partes en conflicto, se reduciría el índice de procesos y se logrará una mayor agilidad en la función investigadora. ..."

Lo expuesto permite concluir que la conciliación que debe procurar el Ministerio Público se encuentra instituida en interés, tanto del querellante como del indiciado, y como un mecanismo que, por relacionarse a la querella como un aspecto volitivo y por naturaleza cambiante y modificable, debe ser revisado por el Juez al revisar los requisitos de procedibilidad.

En efecto, los dispositivos que se analizan recogen los conceptos que sitúan al derecho penal como una disciplina de mínima intervención, pues a través de este sólo deben tutelar determinados bienes jurídicos, es decir, aquellos que entrañan valores esenciales de la vida en comunidad, cuya vulneración trasciende más allá del ámbito de los particulares para convertirse en una afectación a la sociedad, derivado de la incidencia y gravedad de las conductas ilícitas, de tal suerte que el derecho penal constituye la ultima ratio para reprimir determinadas conductas consideradas ilícitas dentro del ordenamiento jurídico.

No todas las conductas ilícitas que sanciona el derecho penal pueden ser perseguidas por la autoridad por el solo conocimiento de los hechos delictivos de oficio, ya que existen bienes jurídicos tutelados cuya vulneración, a pesar de afectar indirectamente a la sociedad, impactan sólo a las víctimas u ofendidos, pudiéndose ver reparadas las afectaciones a través de componendas entre particulares y, con ello, verse restituido el orden público.

Esta perspectiva del derecho penal, con una actividad preconciliatoria ministerial, importa un cambio en la perspectiva del derecho penal en su acepción tradicional, que se identifica como una forma de control social formal de reacción; mientras que el derecho penal mínimo lleva la aplicación del derecho penal al mínimo de conductas transgresoras y reconoce que el ius puniendi, no es el único medio de control social ni un singular instrumento para la protección de los intereses personales y, sobre esa base, deben acudirse a medios alternos para la solución de conflictos y dejar para el final al derecho penal, dada la gravedad del control que por medio de esta rama del derecho se ejerce y que, por lo mismo, no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones; por ello debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), constituyéndose así, el llamado principio de subsidiariedad, esto es, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos.

La omisión en cita por parte del representante social, en el presente asunto, cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el propio ********** solicitó ante la autoridad administrativa que se citara a la querellant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22385-7533fdca/audiencia-de-conciliacion-en-la-averiguacion-previa-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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