PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO MUNICIPAL BUROCRÁTICO. MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA IMPUGNARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 108/2006. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El segundo y tercero de los agravios propuestos por el recurrente, Ayuntamiento del Municipio de Puebla, son esencialmente fundados por las razones que enseguida se detallan.
Ciertamente, en los motivos de desacuerdo segundo y tercero, los cuales se analizan de manera conjunta dada su estrecha relación, el inconforme se duele de que la Juez Federal fue inconsistente al determinar que la interposición del incidente de falta de personalidad promovido por el actor Eduardo Reyes de la Sancha fue oportuna, porque, según la a quo, la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, determinó el momento en que la parte actora podía promover dicha incidencia en la audiencia prevista por el artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Puebla, según proveído de diez de noviembre de dos mil cinco, decisión que el inconforme considera incorrecta, en atención a que de acuerdo con el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, las autoridades únicamente pueden hacer aquello que en forma expresa les faculta la ley.
Lo anterior es así, considera el recurrente, ya que de una interpretación armónica de los artículos 82, 85, 87 y 88 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el procedimiento laboral, que dispone dicha normatividad, establece una audiencia de conciliación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, sin que se advierta una etapa de demanda y excepciones o alguna que prevea dar vista a las partes con la demanda y contestación en la que puedan hacer valer alguna incidencia.
Luego, aduce el disconforme, el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla en ningún momento estaba facultado para determinar o crear fases procesales que no estén previstas en la ley de la materia, como lo determinó la Juez de Distrito.
En tales condiciones, concluye el inconforme que la actuación de la Juez Federal es incorrecta al pretender legitimar un acto ilegal creando etapas no previstas en la ley, olvidando completamente el principio de legalidad, pues dio oportunidad al actor Reyes de la Sancha de promover un incidente de falta de personalidad fuera del término legal, ya que no previó lo que disponen los artículos 735, 761, 764 y 765 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 13 de la legislación burocrática municipal.
Las alegaciones que anteceden son esencialmente fundadas.
El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
Conforme al citado precepto constitucional, la garantía de legalidad, se cumple:
a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y,
b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro.
Ahora bien, en lo que interesa, el desarrollo del procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, es el siguiente:
Los artículos 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, párrafo segundo, 96 y 97, párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, disponen:
"Artículo 80. Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto en términos del artículo 79, el presidente del tribunal convocará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a los Magistrados representantes, los que calificarán de inmediato su procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, con una copia simple de la demanda para que produzca su contestación."
"Artículo 81. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje no requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes."
"Artículo 82. El procedimiento se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito, o verbalmente en comparecencia; la contestación se hará en igual forma y celebrada la audiencia de conciliación sin que se avengan las partes, se recibirán las pruebas y alegatos. Cuando a juicio del propio tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo."
"Artículo 85. La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha de su notificación y deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda y ofrecer las pruebas en los términos de la fracción V del artículo precedente."
"Artículo 87. El tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, citará a la audiencia de conciliación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, en la que ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias."
"Artículo 88. El día y hora de la audiencia de conciliación, se procurará a las partes; de fracasar la conciliación, el tribunal calificará las pruebas admitiendo las que estime procedentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes, contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con el conflicto. Acto continuo, se señalará el orden de su desahogo, en la forma y términos que el tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando se agoten en el mismo acto."
"Artículo 90. ... El Ayuntamiento y los titulares de sus dependencias, podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio."
"Artículo 96. Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano."
"Artículo 97. ... Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento."
De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte que el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla se reduce a la presentación de la demanda, contestación, celebración de la audiencia de conciliación, recepción y desahogo de pruebas, alegatos y emisión del laudo; que la contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de cinco días y deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda y ofrecerse pruebas; que el tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda, citará a una audiencia de conciliación, ofrecimiento y desahogo de pruebas; que los incidentes respecto de la personalidad de las partes serán resueltos de plano; y que todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.
Por su parte, en el procedimiento ordinario que se sigue ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo IX, que regula lo relativo a los incidentes que pueden hacerse valer, entre los que se encuentra el relativo a la personalidad de las partes, y de conformidad con el sistema establecido en el derecho procesal del trabajo, cuyo presupuesto imperativo consiste en que cada acto dentro del procedimiento debe efectuarse en su fase correspondiente, y en caso de omisión deviene como consecuencia la preclusión del derecho correspondiente de la parte que no actuó como debió hacerlo, dentro del periodo procesal respectivo, lo cual no podrá posteriormente hacerlo valer; conforme a lo anterior, resulta que la falta de personalidad de alguna de las partes que se pretende impugnar debe hacerse en el momento procesal oportuno (etapa de demanda y excepciones), y mediante el correspondiente incidente que prevé la fracción III del artículo 762 del propio código laboral.
Apoya el anterior criterio la tesis jurisprudencial XXI.2o. J/1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, misma que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, marzo de 1995, página 52, que dice:
"PERSONALIDAD. OPORTUNIDAD PROCESAL. EN MATERIA LABORAL, PARA IMPUGNAR LA. Atendiendo a lo que prevé el capítulo IX de la Ley Federal del Trabajo, que regula lo relativo a los incidentes que se pueden hacer valer, entre los que se cuenta el relativo a la personalidad de las partes, y de conformidad al sistema establecido en el derecho procesal del trabajo, cuyo presupuesto imperativo, consiste en que cada acto dentro del procedimiento se debe efectuar en su fase correspondiente y en caso de omisión deviene como consecuencia la preclusión del derecho correspondiente de la parte que no actuó como debió hacerlo, dentro del periodo procesal respectivo, lo cual no podrá posteriormente hacerlo valer, resulta que la falta de personalidad, de alguna de las partes que se pretende impugnar, debe hacerse en el momento procesal oportuno (en la etapa de demanda y excepciones) y mediante el correspondiente incidente que prevé la fracción III, del artículo 762, del propio código laboral, por lo que si de autos no consta se haya tramitado dicho incidente en el juicio laboral, es incuestionable que no se le dejó en estado de indefensión al quejoso, pues la violación procesal hecha valer al respecto, no trascendió al resultado del fallo."
Asimismo tenemos que de acuerdo con el criterio que enseguida se reseñará, los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son:
a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio;
b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate;
c) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y,
d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.
Ante la falta de uno de esos requisitos no opera la supletoriedad de una legislación a otra.
Apoya el criterio que antecede, por analogía e identidad jurídica, la tesis jurisprudencial I.4o.C. J/58, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 76, abril de 1994, página 33, que señala:
"SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra."
En ese contexto, para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de procedimientos burocráticos municipales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien, que su reglamentación sea deficiente.
Por tanto, si la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Puebla prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y se emita el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria del artículo 875, inciso b), en relación con los diversos 878 y 762, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que en el procedimiento ante los Tribunales de Arbitraje Municipales existiera la etapa de demanda y excepciones, momento en el que puede promoverse el incidente de falta de personalidad de alguna de las partes o de sus representantes legales, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática de referencia aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer.
Al caso cobra aplicación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 52/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 216/2004-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 526, que establece:
"TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia."
Ahora bien, de conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Por lo cual, si el capítulo noveno del título catorce de la ley citada, relativo a los incidentes, no señala término para su interposición, debe estarse a lo preceptuado en el numeral antes referido.
Apoya el anterior criterio la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, misma que se comparte, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, bajo el consecutivo 753, Tomo V, Materia del Trabajo, página 473, que dice:
"INCIDENTES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Por lo cual, si el capítulo noveno del título catorce de la ley citada, relativo a los incidentes, no señala término para su interposición, debe estarse a lo preceptuado en el numeral antes referido."
Sin embargo, como en dicho numeral no se establece el momento a partir del cual inicia o cuándo fenece el término para interponer el incidente en el procedimiento laboral, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 97, párrafo segundo, de la ley burocrática municipal, que establece que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento, y el numeral 764 de la Ley Federal del Trabajo, que considera que el momento en que surte efectos una notificación mal hecha o una actuación procesal, lo será a partir de que el afectado se ostente sabedor de ello; de tal manera que el plazo genérico de tres días hábiles para impugnar la personalidad comenzará a partir del momento en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal que combate, contándose el día de su vencimiento.
Así las cosas, de un análisis sistemático entre el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, los artículos y tesis reseñadas, es dable concluir que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Puebla prevé una audiencia de conciliación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, sin que se advierta la existencia de una etapa de demanda y excepciones, y menos que durante esta etapa deba o pueda promoverse incidente alguno, en especial, el de falta de personalidad de las partes o sus representantes.
Luego, si el ordenamiento burocrático municipal prevé que el procedimiento se sujete a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia, en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, dictándose al efecto el laudo correspondiente, resulta incuestionable que deviene inaplicable la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al momento procesal en que debe plantearse un incidente de falta de personalidad.
De acuerdo a lo anterior, la decisión de la Juez de Distrito de considerar oportuna la promoción del incidente de falta de personalidad promovido por el actor Reyes de la Sancha, porque según dicha juzgadora la autoridad responsable determinó el momento en que la parte actora podía promover dicho medio de impugnación en la audiencia prevista por el artículo 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Puebla, según proveído de diez de noviembre de dos mil cinco, es desacertada.
Se afirma lo anterior, porque la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Puebla no establece que en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista por su artículo 87, pueda promoverse el incidente de falta de personalidad, pues como quedó precisado en párrafos anteriores, en el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla no existe la etapa de demanda y excepciones, resultando, por tanto, aplicable lo relativo a que los medios de impugnación correspondientes deban presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acto o a partir de que tenga conocimiento del mismo.
Además, no es jurídicamente correcto lo argumentado por la Juez Federal en el sentido de que el Tribunal de Arbitraje autorizó que el actor pudiera promover el incidente de falta de personalidad en la audiencia de ley, porque en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil cinco la autoridad responsable ordenó dar vista al trabajador con la contestación de demanda del Ayuntamiento demandado y sus anexos con los cuales los representantes de éste acreditaron su personalidad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, pues en dicho acuerdo el tribunal jamás señaló que el actor podía promover en la referida audiencia el incidente de falta de personalidad; luego, lo acordado por la responsable no significa que haya autorizado al accionante para promover el citado incidente, en razón de que la finalidad de haber dado vista a la contraria con la contestación de la demanda y sus anexos, fue para que ésta objetara, replicara, o bien, hiciera valer un derecho que no estuviese precluido.
Esto es, que de aceptarse que las autoridades laborales puedan autorizar cualquier acto procesal o el ejercicio de un derecho en el momento que ellas lo determinen, se llegaría al absurdo de que se pudiera contestar la demanda en la etapa de ofrecimiento de pruebas, o bien, que se aportaran pruebas en la etapa de conciliación, situación que vulneraría el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional.
Ahora bien, dado que de las constancias del juicio laboral que acompañó la responsable a su informe justificado y que obra glosado en el juicio de garantías generador de este recurso, se advierte que la parte actora tuvo conocimiento de los proveídos de diez y catorce de noviembre de dos mil cinco, que contienen la contestación de demanda del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y los anexos con los que acreditaron la personalidad, el dieciséis de noviembre del citado año, ello en razón de que le fueron expedidas a ésta, por conducto de su representante legal, Liborio Hernández Xochitiotzin, copias certificadas de dichas constancias, según se advierte del recibo de estilo que establece:
"Recibí copias certificadas de las constancias solicitadas en este acuerdo. H. Puebla de Z., a 16 de noviembre de 2005. Firma ilegible." (foja 110).
Situación que permite concluir que el actor tuvo conocimiento del acto de molestia el dieciséis de noviembre de dos mil cinco; en esas condiciones, resulta incuestionable que a partir de esa fecha se impuso de los documentos exhibidos por los demandados con los cuales acreditaron su personalidad; de tal suerte que el término de impugnación le comenzó a correr a partir del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, venciéndose el veintiuno del mes y año citados, lo que permite concluir que el incidente en cuestión, por haberse presentado hasta el veinticinco de noviembre del referido año, durante la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, se promovió con extemporaneidad al término de tres días hábiles previsto por la ley de la materia, como acertadamente lo determinó la autoridad señalada como responsable en la resolución interlocutoria reclamada, misma que se encuentra reseñada en la sentencia recurrida.
Al caso cobra aplicación, por analogía e identidad jurídica, la tesis jurisprudencial registrada bajo el consecutivo 1, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2000-PS, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, página 5, que dice:
"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa."
En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y negar el amparo al quejoso Eduardo Reyes de la Sancha.
Al ser esencialmente fundados el segundo y tercero de los agravios que anteceden, se hace innecesario el estudio del restante motivo de inconformidad.
Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial VI.1o. J/6, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 470, que dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente."
Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Reyes de la Sancha, contra el acto y autoridad que han quedado precisados uno y otra, en el resultado primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Samuel Alvarado Echavarría, Rolando Nicolás de la A. Romero Morales y Salvador Morales Moreno, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintitrés de mayo de dos mil seis, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20755-04edf12a/personalidad-en-el-procedimiento-municipal-burocratico-momento-procesal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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