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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO. EL CONCESIONARIO Y PERMISIONARIO DEBEN ACREDITAR QUE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE O MERCANTIL ES PRESTADO POR CHOFERES O CONDUCTORES CON QUIENES GUARDAN RELACIÓN. TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA. EL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY RELATIVA, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 153/2006. · Registro digital (IUS): 19612
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 2247.

AMPARO EN REVISIÓN 153/2006. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTROS.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Los agravios hechos valer por el Gobernador y por el Congreso, ambos del Estado de Puebla, este último por conducto de su Secretario General, son parcialmente fundados.

...

"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la Ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."

No obstante lo anterior, al ser una cuestión de orden público este tribunal colegiado procede a analizar las causas de improcedencia que en estos recursos invocan las recurrentes.

En la parte relativa de los mismos alegan que contrario a lo aseverado por el juez federal el artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado es de naturaleza heteroaplicativa porque requiere de un acto de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo, pues de la lectura que se realice a tal numeral se advierte que no deriva afectación alguna a situaciones concretas de derecho, ni desconoce las autorizaciones o concesiones otorgadas con anterioridad a su reforma, tampoco las condiciona, modifica, limita o restringe, citando al efecto diversas tesis jurisprudenciales, por tanto señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Así también aducen que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa acude al juicio de amparo reclamando la norma tildada de inconstitucional por su inminente o posible aplicación y en tal supuesto no puede afectarle de alguna manera en sus intereses jurídicos, además de que no acredita con prueba alguna acto concreto de aplicación.

Los agravios que se analizan son infundados.

El artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, tildado de inconstitucional, establece:

"Artículo 85 BIS. Los concesionarios y los permisionarios, tendrán en todo tiempo, la obligación de informar a la Secretaría, el nombre y datos personales de los conductores o choferes con quienes tengan relación para la explotación del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil. Los conductores o choferes a que se refiere el párrafo anterior, no podrán conducir los vehículos destinados al Servicio Público de Transporte o al Servicio Público Mercantil, hasta en tanto en cuanto no se informe a la Secretaría. La información respectiva deberá actualizarse cada tres meses a la Secretaría y en cada caso concreto, cuando las circunstancias lo requieran. La inobservancia de esta disposición tendrá como consecuencia la revocación de la concesión o la cancelación del permiso."

La transcripción del mencionado artículo pone de manifiesto que es obligación de los concesionarios y permisionarios informar en todo tiempo a la Secretaría, el nombre y datos de los conductores con los que se establezca la relación para la explotación del servicio de transporte concesionado, que tal información deberá ser proporcionada cada tres meses a la Secretaría y que en caso de que no se cumpla con dicha obligación se revocará la concesión o se cancelará el permiso respectivo.

Como se desprende de lo anterior, la norma impugnada no puede estimarse heteroaplicativa, toda vez que con su sola entrada en vigor afecta los derechos subjetivos de la parte quejosa causándole un agravio, habida cuenta que la obligación de los concesionarios y permisionarios de informar en todo tiempo a la Secretaría, el nombre y datos de los conductores con los que se establezca la relación para la explotación del servicio de transporte concesionado, información que deberá ser proporcionada cada tres meses a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que en el caso de que no se cumpla con tal obligación se revocará la concesión o se cancelará el permiso respectivo, nace con ella misma porque vincula al concesionario a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, esto es, la obligación contenida surge de manera incondicionada con su sola entrada en vigor.

En consecuencia de lo anterior, debe desestimarse el argumento de las recurrentes relativo a que la parte quejosa reclama el mencionado artículo por su inminente aplicación y que en tal supuesto no puede afectar sus intereses jurídicos, sin que dicha parte demuestre con prueba alguna la existencia de algún acto de aplicación de la norma que reclama de inconstitucional; pues como se señaló en los párrafos que anteceden, desde la entrada en vigor de la norma aludida nace la obligación de los impetrantes de la tutela federal de cumplir con ciertas obligaciones que afectan su esfera jurídica y precisamente tal norma se reclamó a partir de su entrada en vigor.

En estas condiciones, el precepto cuya constitucionalidad se controvierte, contrario a lo que refieren las inconformes, no requiere de un acto que individualice la afectación en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo, por lo que se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa o de individualización incondicionada.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 328, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 383 y 384, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

Precisado lo anterior, asiste razón a las recurrentes al sostener que en el caso concreto, respecto de la inconstitucionalidad del citado artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que si bien se trata de una norma de naturaleza autoaplicativa como antes se precisó, con las constancias de autos la parte quejosa no demuestra ubicarse en la hipótesis que prevé dicho precepto legal.

En efecto, cuando en el juicio de garantías se reclamen con su sola entrada en vigor, normas de individualización incondicionada, a fin de acreditar el interés jurídico para promover la acción constitucional, deben demostrarse los siguientes extremos legales:

a) Ser sujeto de la norma reclamada.

b) Que la afectación a su esfera jurídica nazca con la sola entrada en vigor de ésta, sin condición alguna.

c) Que dicha afectación sea de carácter actual y no futuro.

Al respecto, el Más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que para acreditar el interés jurídico en la aplicación de leyes tildadas de inconstitucionales, no basta con la sola mención del impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad, de que se ubica en sus hipótesis normativas, debiéndose probar fehacientemente la injerencia de los actos reclamados en la esfera jurídica del quejoso.

El criterio a que se alude, se encuentra contenido en la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica."

Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Tomo 199-204, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADO SIN QUE BASTE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL QUEJOSO ESTÁ SUJETO A ELLAS. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que el ordenamiento recurrido afecta su interés jurídico; luego entonces, si no se demuestra esa circunstancia, es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, sin que pueda asumirse una postura inversa porque se haya manifestado bajo protesta de decir verdad la sujeción a la norma y los perjuicios que ocasiona, en tanto que son afirmaciones que para poder ser tomadas en cuenta deben estar respaldadas por cualquiera de los medios de prueba establecidos por la ley."

También se cita en apoyo, la jurisprudencia número 293 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en la página 242, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."

Ahora bien, en el caso concreto este tribunal colegiado estima necesario realizar un examen conjunto de los artículos 85 y 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, reformados y adicionados, respectivamente, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día treinta de diciembre de dos mil cinco, con el objeto de lograr una interpretación sistemática y teleológica del segundo de éstos que fue reclamado en el juicio de garantías de origen; todo ello para delimitar el alcance del dispositivo legal en comento, en relación con el interés jurídico de la parte quejosa para reclamarlo, y dado que su interpretación gramatical resulta insuficiente para precisar sus alcances.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 234, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se lee:

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."

En estas condiciones se tiene que los artículos 85 y 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado, disponen lo siguiente:

"Artículo 85. Los concesionarios y los permisionarios tendrán, en todo tiempo, la obligación de capacitarse, así como la de proporcionar a sus conductores la capacitación y el adiestramiento necesarios para lograr que la prestación de los servicios a su cargo sean eficientes, seguros y con sujeción a las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos."

"Artículo 85 bis. Los concesionarios y los permisionarios, tendrán en todo tiempo, la obligación de informar a la Secretaría, el nombre y datos personales de los conductores o choferes con quienes tengan relación para la explotación del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil. Los conductores o choferes a que se refiere el párrafo anterior, no podrán conducir los vehículos destinados al Servicio Público de Transporte o al Servicio Público Mercantil, hasta en tanto en cuanto no se informe a la Secretaría. La información respectiva deberá actualizarse cada tres meses a la Secretaría y en cada caso concreto, cuando las circunstancias lo requieran. La inobservancia de esta disposición tendrá como consecuencia la revocación de la concesión o la cancelación del permiso."

En relación con ello, el artículo 137, fracción IV, del Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, establece lo que sigue:

"Artículo 137. Los concesionarios y permisionarios del Servicio de Transporte, están obligados a: ... IV. Llevar a cabo la capacitación de los conductores de los vehículos y demás personal dedicado a la prestación del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil, en los términos que establece la Ley y este Reglamento."

De lo antes transcrito, se advierte por una parte que el artículo 85 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en relación con la fracción IV del artículo 137 de su Reglamento, prevé dos obligaciones autónomas para los concesionarios y permisionarios: 1. La de capacitarse a título personal, y, 2. La de prestar la capacitación y el adiestramiento necesarios a los conductores que presten materialmente el servicio de transporte público que tienen a su cargo.

En sentido diverso, el artículo 85 bis de la ley en cita, parte de un solo supuesto para obligar a los concesionarios y permisionarios a integrar un padrón con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a saber: 1. Que el servicio público de transporte o mercantil sea prestado a virtud del título de éstos, mediante conductores o choferes con quienes tengan la relación correspondiente para la prestación de dicho servicio público; pero sin establecer, de manera específica, la posibilidad de que el servicio sea prestado por los propios concesionarios y permisionarios, como sí lo hace sobre la capacitación el dispositivo legal citado primeramente.

En efecto, el artículo 85 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla establece la obligación para los concesionarios y permisionarios que presten el servicio público de transporte o mercantil, de capacitarse y de prestar la capacitación y el adiestramiento necesarios a sus conductores a fin de que los servicios a su cargo cumplan con los requisitos legales correspondientes.

Por su parte, el transcrito artículo 85 bis del mismo cuerpo normativo, prevé como obligación de los concesionarios y permisionarios el informar en todo tiempo a la Secretaría, el nombre y datos de los conductores con los que se establezca la relación para la explotación del servicio de transporte autorizado, y sin la cual no podrán prestar éstos materialmente el servicio; así como que tal información deberá ser proporcionada cada tres meses a la Secretaría y que en caso de que no se cumpla con dicha obligación se revocará la concesión o se cancelará el permiso respectivo.

De lo expuesto con antelación se constata que, en este último caso, se establece una obligación directamente vinculada con los concesionarios y permisionarios, consistente en integrar con la Secretaría respectiva un padrón de los choferes que prestan a título de los primeros el servicio público de transporte o mercantil; de lo que se tiene como elemento distintivo, que el servicio deberán prestarlo materialmente terceras personas distintas del concesionario y permisionario titular denominadas conductores o choferes, y por ende, se insiste, no se prevé como hipótesis normativa independiente el que sean los propios concesionarios y permisionarios quienes presten, a título personal, como conductores, el servicio que tienen concesionado.

Todo ello atiende a la ratio legis de las reformas y adiciones a la Ley del Transporte para el Estado de Puebla reclamadas en el juicio de origen, y en atención a las cuales, el legislador estatal ha previsto una serie de hipótesis diversas a efecto de regularizar y mejorar el servicio público de transporte o mercantil prestado por los concesionarios y permisionarios respectivos, de tal forma que como ya se vio, en el caso concreto en el artículo 85 bis del ordenamiento legal en cita, se dispone una obligación especial para el titular de la concesión y permiso de transporte que preste el servicio mediante un tercero denominado conductor o chofer a su cargo.

Al respecto, resulta ilustrativo acudir a la exposición de motivos relativa a las reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, publicadas en el Períodico Oficial del Estado el día treinta de diciembre de dos mil cinco, y que en lo conducente refiere:

"EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO SEXTO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONSIDERANDO. Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Decreto, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes del H. Congreso del Estado; por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, y se reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por virtud del cual se reformaron y adicionaron diversas "disposiciones del mismo ordenamiento. ... Que por lo anterior es relevante regular al transporte de manera permanente, en diversos rubros como son la modernización de las unidades, la operatividad de las rutas, que incluye los itinerarios, frecuencias de paso, terminales, sitios, bases, tarifas, crecimiento, desarrollo, fomento a la empresa, inversiones y capacitación de los involucrados en prestar el servicio de transporte público y mercantil, por ello se genera esta propuesta de reformas y adiciones a diversas disposiciones legales contenidas en la Ley del Transporte y su Reglamento, con el fin de que la esfera jurídica no se vea rebasada por el fenómeno social, y ante esta desventaja una de las soluciones reales es la actualización de la legislación propia de la materia, creando mecanismos jurídicos adecuados para la regulación de tan importante servicio de gobierno como lo es el transporte. ... Que la importancia de este Decreto radica en el hecho tangible de innovar y tratar de cambiar lo que se puede cambiar, haciendo uso de las herramientas de un Gobierno de Nueva Generación, es decir, dejar de lado viejas prácticas como las dejar hacer dejar pasar, en este tenor se requiere reforzar los avances logrados con las reformas hechas por las anteriores legislaciones y la instrumentación administrativa de las mismas a través de la Dependencia, ambas destinadas a proporcionar a los poblanos un nuevo y mejor sistema de transporte en años subsecuentes, que se verían mermados, consecuencia de la falta de instrumentos jurídicos adecuados que le permitan a la Secretaría tener facultades preventivas más que correctivas o coactivas, en el supuesto concreto de que los transportistas desplieguen conductas por acción u omisión que violenten el marco legal, y correlativamente, ofrecer a los concesionarios y permisionarios seguridad jurídica en los derechos que se conceden en los títulos de concesión como consecuencia de la mejora regulatoria y operativa del sistema.-Los factores social, económico y político son susceptibles de ser vinculados a la norma a través de un adecuado marco jurídico que permita su regulación y control con el objeto de hacer eficiente la administración y operación del sistema de transporte público y mercantil. Así las reformas que se proponen amplían las líneas de acción de las autoridades en materia de transporte, para que en su ejecución, sean vinculadas a procedimientos y actos administrativos encaminados al buen desempeño y funcionamiento de la Dependencia que se pretende con la mejora regulatoria del sistema de transporte."

En estas condiciones, este tribunal colegiado estima que en relación con el interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías el artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día treinta de diciembre de dos mil cinco, y partiendo de una interpretación sistemática y teleológica de dicho precepto legal, así como de la ratio legis contenida en su exposición de motivos, se distinguen aquellos casos en que la norma impone una obligación autónoma para el concesionario y para sus conductores -artículo 85 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla-, de la hipótesis en que se prevé un solo supuesto para que los propios conductores puedan prestar el servicio público de transporte o mercantil, mediante la integración de un padrón de conductores o choferes con la información presentada por los propios concesionarios y permisionarios -artículo 85 bis del mismo ordenamiento legal-. En este último caso, como la obligación para el concesionario y permisionario depende de la existencia de un elemento diverso al titular de la concesión y permiso que es la existencia de choferes o conductores a su cargo, no basta con que se acredite contar con los requisitos legales para explotar el servicio público de transporte o mercantil, sino que, para efectos del interés jurídico en el juicio de garantías, debe demostrarse también que dicho servicio sea prestado materialmente por un tercero distinto al titular de la concesión y permiso, y con quien éste guarde relación, pues sólo entonces se ubica en el supuesto de la norma que, con el objetivo de mejorar integralmente el sistema de transporte en el Estado, pretende integrar un padrón de conductores y choferes del servicio público de transporte y mercantil, a fin de establecer medidas preventivas y de control en el supuesto de que los transportistas desplieguen conductas que violenten el marco legal.

Precisado lo anterior, en el caso concreto se tiene que la parte quejosa exhibió en autos los siguientes documentos públicos:

- Copias certificadas del título de concesión número 01072186 de seis de julio de dos mil cuatro y el tarjetón de concesión expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nombre de Feliciano Saúl Rojas Larios, para la prestación del servicio público de transporte colectivo de ruta fija (fojas 9 y 10).

- Copias certificadas del título de concesión número 01078577 de veintiséis de julio de dos mil cinco y el tarjetón de concesión expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nombre de Sandoval García Mariana del Carmen, para la prestación del servicio público de transporte colectivo de ruta fija (fojas 11 y 12).

- Copias certificadas del título de concesión número 01071788 de once de junio de dos mil cuatro y el tarjetón de concesión expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nombre de Edilberto Castillo Jiménez, para la prestación del servicio público de transporte colectivo de ruta fija (fojas 13 y 14).

Con los medios de prueba aludidos, los quejosos acreditan ser concesionarios para la prestación del servicio público de transporte, en términos del artículo 48 de la ley relativa, pero no así que el servicio respectivo sea prestado por conductores o choferes a su cargo con los que guarden relación, y respecto de los cuales el artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, exige la integración de un padrón ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la misma entidad federativa.

Por ello, se concluye que en relación con el artículo 85 bis del ordenamiento legal en cita, en la especie se surte el motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, puesto que como se ha sostenido, para acreditar el interés jurídico necesario a fin de reclamar el citado precepto legal, no bastaba con que la parte quejosa probara contar con los requisitos legales para explotar el servicio público de transporte o mercantil, sino que debía demostrar también que dicho servicio era prestado materialmente por un tercero distinto a los titulares de la concesión y permiso, lo que al no haber acontecido en el caso concreto, conlleva al sobreseimiento parcial en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

En mérito de lo expuesto, resulta innecesario analizar los restantes argumentos de las autoridades recurrentes en cuanto a la constitucionalidad del artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, puesto que al haberse decretado previamente el sobreseimiento en el juicio en relación con dicho precepto legal, ello impide legalmente a este tribunal colegiado hacer un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 187-192 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL.-El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan."

En las condiciones apuntadas, lo procedente es, en la materia de los recursos hechos valer por el Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Puebla, competencia delegada de este tribunal colegiado, revocar la sentencia recurrida, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de garantías respecto del artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado, adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día treinta de diciembre de dos mil cinco, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de la Materia.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 91, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión adhesiva hecho valer por el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, de conformidad con lo señalado en el considerando séptimo de la presente ejecutoria.

SEGUNDO.-Queda intocado el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario, Subsecretario de Transportes, Director de Operación del Transporte, Jefe del Departamento Operativo y de Supervisión, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y Director de Tránsito Municipal, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 60, 73 bis y 74 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; asimismo, queda intocada la negativa de amparo decretada en relación con los Artículos Tercero y Quinto Transitorios de la ley precitada, publicados en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil cinco, tod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19612-f4ea8211/interes-juridico-para-reclamar-el-articulo-85-bis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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