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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE SU ADMISIÓN Y TRAMITACIÓN O SU AMPLIACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCESO PENAL, IMPLICA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 359/2007. · Registro digital (IUS): 20949
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 873.

AMPARO EN REVISIÓN 359/2007.

CONSIDERANDO:

III.-A juicio de este órgano de control constitucional y en atención al sentido del presente fallo, resulta innecesario transcribir y analizar, tanto las consideraciones de la sentencia recurrida, como los agravios propuestos por el autorizado de los quejosos referidos, toda vez que este órgano colegiado advierte, de manera oficiosa por mediar en ello el orden público, que en la especie, se vulneraron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, lo que obliga a reponer el procedimiento en términos de lo previsto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen.

Para una mejor comprensión del asunto y por su importancia, se considera oportuno efectuar una reseña de las siguientes constancias, pues como se recordará, en la demanda de amparo los quejosos ... señalaron como actos reclamados las resoluciones de fechas catorce y dieciséis, ambas de mayo del año dos mil siete, en las que se decretó la formal prisión a los quejosos (el primero dictado a los tres agraviados referidos primeramente, en tanto que el segundo a los dos restantes disconformes), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de quebrantamiento de sellos, que previene el artículo 132 del Código Penal para el Estado de Jalisco, las cuales fueron emitidas por la Juez Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo, Jalisco, en la causa penal ... de su índice; que el uno de junio del año dos mil siete se dictó auto admisorio de la demanda de amparo, en el cual, entre otras cosas, se pidieron los informes con justificación de las responsables, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin que al efecto se dictara medida alguna para acatar la disposición prevista en el numeral 155 de la Ley de Amparo, en cuanto a la intervención que le compete a la representación social adscrita a la responsable; que para emplazar a las autoridades señaladas como responsables, se giraron los oficios números ... de la misma fecha del auto admisorio, cuya entrega corrió por cuenta del actuario judicial del Juzgado de Distrito, quien al efecto, para acreditar la entrega correspondiente, elaboró los acuses de recibo de notificación por oficio, en los que asentó el dato de que esos comunicados se entregaron el cinco de junio del año dos mil siete; que con posterioridad, con fecha ocho de junio del año dos mil siete, se recibió el informe con justificación rendido conjuntamente por el Juez y el secretario responsables, sin que en el texto de ese comunicado aludiera a la práctica de notificación alguna a la fiscalía adscrita a ese tribunal (no hubo encomienda de ello), aunado a que de la documental pública que se acompañó a ese comunicado (el proceso de origen), no se advierte la práctica de notificación alguna en la que se le informara al fiscal adscrito a la responsable que emitió las determinaciones de prisión preventiva reclamadas, sobre la promoción del juicio de amparo; que a pesar de no contarse con una fehaciente constancia de notificación a la representación social, el veintisiete de junio de dos mil siete se procedió a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo en comento, pues en continuidad de esa audiencia se dictó la resolución, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el juicio, por otra se negó el amparo y por otra se otorgó la protección federal impetrada, conforme al texto de esa sentencia; y, que en contra de esa resolución, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión por lo que ve solamente a cuatro de ellos (no lo hizo por ... al que se le otorgó el amparo), por estar inconforme con ella.

Por otra parte, el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"I. ...

"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."

Asimismo, el artículo 155, último párrafo, de la invocada ley de la materia vigente, en lo conducente, dispone:

"Artículo 155. ...

"El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda."

Ahora bien, es conveniente señalar que el precepto parcialmente transcrito en último término (el 155 de la Ley de Amparo), antes de la adición que sufrió por decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, establecía lo siguiente:

"Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extractos de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas."

En tanto que, después de la adición que cobró vigencia a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se agregó un último párrafo al precepto legal en mención, para quedar redactado en los siguientes términos:

"Artículo 155. ...

"El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda."

De lo transcrito se advierte que el Juez de amparo no cumplió con la obligación que le impone la última parte del numeral 155 de la Ley de Amparo, pues omitió la práctica de la notificación al agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal, en este caso, el adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo, Jalisco, sobre la admisión y tramitación de la demanda de garantías, para que tuviera la oportunidad de formular alegatos por escrito en el juicio de amparo, como lo determina la norma en cita; razón por la que se estima que con tal omisión se infringió por el juzgador de garantías lo que dispone en la parte final el artículo 155 de la Ley de Amparo en vigor, ya que no resulta aceptable establecer que se acató esa carga, cuando no se exhibe constancia ni certificación alguna que así lo revele, toda vez que la exigencia que en ese aspecto se previene en el numeral 155 objeto de transcripción, se refiere expresamente a la notificación al Ministerio Público que actúe en el proceso penal, de la presentación de la demanda de amparo, para que si lo desea, formule alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que como en este caso, se impugnen resoluciones jurisdiccionales penales, ya que el enteramiento que conforme a la referida norma legal se pretende, no se encuentra acreditado, primordialmente por el hecho de no haberse allegado el recibo que amparara la entrega de la comunicación correspondiente a la fiscalía adscrita; es decir, que no se debe perder la óptica de que el propósito del legislador al adicionar dicho precepto, plasmado en la exposición de motivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, consistió en que en los juicios de amparo en que se impugnen resoluciones jurisdiccionales dictadas en los procesos penales -como es el caso-, se garantice la intervención del Ministerio Público que participe en el proceso penal respectivo, pues es dicha institución la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación a los juicios en que interviene, pues en este caso, el propio sumario evidencia que no se acreditó de modo alguno la práctica de la notificación respectiva al representante social adscrito al órgano jurisdiccional que emitió las resoluciones reclamadas (autos de formal prisión contra los disconformes), los cuales se constituyen materialmente como los destacados actos reclamados.

Todo lo anterior pone de manifiesto que indebidamente no fue oído en el juicio de garantías -o al menos que no se acreditó tal hecho, mediante la exhibición de la idónea constancia de notificación-, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo, Jalisco, que fue el que tuvo intervención en el proceso penal en el que se dictaron las resoluciones emitidas por el Juez de primer grado responsable (actos reclamados), lo que evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, como expresamente lo dispone el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no haberse llamado a juicio a una de las partes que por disposición expresa de la ley, debe tener conocimiento de la tramitación del amparo, ya que se debe tener presente que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público.

En razón de lo anterior, con fundamento en el invocado numeral, procede revocar en su totalidad la sentencia recurrida y ordenar al Juez de Distrito que reponga el procedimiento de amparo a fin de que regularice el procedimiento de amparo, por ser ello una cuestión de orden público, para que con ello proceda a notificar, por el medio que se estime idóneo, al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo, Jalisco (órgano jurisdiccional que emitió las resoluciones de formal prisión reclamadas), por ser el que intervino en el proceso instruido, para los efectos a que se contrae el artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, seguido el trámite del juicio por sus etapas correspondientes, en su oportunidad, pronuncie la resolución que conforme a derecho proceda.

Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia VIII.2o. J/37, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, la cual este Tribunal Colegiado comparte a plenitud, que puede consultarse en la página seiscientos setenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE GARANTÍAS. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE SU ADMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTUÓ EN EL PROCESO PENAL, IMPLICA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO.-Conforme a lo establecido por el artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez Federal tiene la obligación de notificar la admisión de la demanda al Ministerio Público que actuó en el proceso penal, para que tenga la oportunidad de formular alegatos por escrito en el juicio de amparo, pues el propósito del legislador radica en que en aquellos juicios en que se impugnen resoluciones jurisdiccionales dictadas en los procesos penales, se garantice la intervención del Ministerio Público que participa en la causa, ya que es dicha institución la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene. Bajo ese tenor, si el Juez de Distrito no acata dicha disposición, se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, toda vez que no fue oída una de las partes en el juicio de amparo, como lo es el Ministerio Público que actuó en el proceso penal, lo que obliga a revocar la sentencia del a quo y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se le notifique la presentación de la demanda."; asimismo, es aplicable también, en lo conducente, la tesis III.2o.P.175 P (registrada con el número IUS 177079), de este Tribunal Colegiado, visible en la página dos mil doscientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE SU ADMISIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCESO PENAL, IMPLICA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.-El artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo previene que ‘El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda.’. Ahora bien, es evidente que tal disposición tiene como finalidad que en el juicio de amparo el representante social adscrito al juzgado de instancia pueda manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene lo cual inspiró al legislador para garantizar su intervención en el juicio de garantías, a fin de que esté en aptitud de presentarse ante el Juez Federal y proporcionarle la información que le dé una mayor visión en el conocimiento del asunto para emitir su fallo; en consecuencia, la falta de acatamiento de tal disposición, constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, que amerita su reposición, por tanto, en atención al principio lógico jurídico que prescribe que donde priva la misma razón, debe prevalecer la misma disposición, es inconcuso que en los casos en que durante la secuela del juicio de amparo se admita una ampliación de la demanda, en la que se reclaman actos que tienen su origen en una causa criminal, resulta imperativo notificar dicha situación al fiscal que actúa en dicho proceso, pues de lo contrario se le priva de la oportunidad de ser oído con relación a los nuevos actos reclamados, respecto de los cuales es conocedor del origen, así como de la determinación impugnada, incluso nuevas autoridades no señaladas en la demanda inicial que estén vinculadas con los actos reclamados.", y la tesis número VII.2o.P.34 P (registro IUS 181987), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página mil quinientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, que previene: "DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ QUE CONOZCA DEL JUICIO NOTIFICAR SU PRESENTACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO QUE CONOCIÓ DEL PROCESO PENAL PARA QUE FORMULE LOS ALEGATOS CORRESPONDIENTES.-El artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo dispone: ‘El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda.’. De una correcta interpretación sistemática de esta norma, se estima que corresponde al Juez de amparo realizar la notificación de la presentación de la demanda al Ministerio Público que conoció del proceso penal para los fines aludidos, dado que ese acto procesal forma parte del juicio constitucional que se tramita bajo su jurisdicción, aun cuando aquél no tenga el carácter de parte en el amparo; de modo tal, que si el legislador hubiese querido que esa diligencia fuera practicada por diversa autoridad, así lo hubiera plasmado en la norma, y si ello no fue así, es obvio que no debe distinguirse donde la ley no lo hace."

Por lo expuesto, con apoyo además en los artículos 103 y 107 constitucionales; y los diversos 1o., fracción I, 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88, 91, fracción IV y 184 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción IV, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, que reponga el procedimiento de amparo en los autos del juicio de garantías número ... de su índice, en los términos y conforme a lo precisado en la parte final del considerando que antecede.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que integran los señores Magistrados, licenciados Hugo Ricardo Ramos Carreón, Silvia Irina Yayoe Shibya Soto y Jorge Humberto Benítez Pimienta; intervino como ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20949-9dfdbdab/demanda-de-amparo-la-falta-de-notificacion-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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