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Modo: Corpus Pro

QUERELLA EN DELITOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. EL DELEGADO Y EL SUBDELEGADO REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA FORMULARLA CONTRA NACIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 395/2007. · Registro digital (IUS): 21046
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1635.

AMPARO EN REVISIÓN 395/2007.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resulta fundado el agravio esgrimido por el recurrente quejoso, que gira en torno a que, en la especie, no está satisfecho el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal consistente en la querella.

Previamente a efectuar el análisis correspondiente, cabe establecer como antecedentes del caso que el recurrente ... señaló como acto reclamado en el amparo materia del presente recurso del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario de este circuito en el Estado, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, el auto de término constitucional, en el que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado a su favor, por el delito previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la ley en cita, dictando en su contra auto de formal prisión por el expresado ilícito en la causa penal ... del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en la expresada ciudad.

Ahora bien, en la sentencia recurrida, el Sexto Tribunal Unitario en el Estado determinó negar el amparo solicitado, ya que a su juicio se demostró la materialidad del ilícito de que se trata y la probable responsabilidad del impetrante en su comisión.

Precisado lo anterior, es dable sostener que si el auto de formal prisión se dictó por el delito previsto y sancionado por el artículo 138, párrafo primero, de la Ley General de Población, se requiere querella por parte de la Secretaría de Gobernación (artículo 143 de la legislación en cita).

Al respecto, los diversos numerales 113, 114, 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales disponen:

"Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes:

"I. Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado.

"II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

"Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda legalmente practicarla.

"Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente."

"Artículo 114. Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que así lo determinen el código penal u otra ley."

"Artículo 118. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito. Se contraerán, en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, y se harán en los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición. Cuando una denuncia o querella no reúna estos requisitos, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante o querellante para que la modifique, ajustándose a ellos. Asimismo, se informará al denunciante o querellante, dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento según se trate de delito perseguible de oficio o por querella.

"En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harán constar en acta que levantará el funcionario que las reciba. Tanto en este caso como cuando se hagan por escrito, deberán contener la firma o huella digital del que las presente y su domicilio.

"Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, están obligados a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de la cual se hubiesen formulado dichas denuncia o querella, y sin perjuicio de las responsabilidades en que aquellos incurran, en su caso, conforme a otras leyes aplicables."

"Artículo 119. Cuando la denuncia o la querella se presenten por escrito, el servidor público que conozca de la averiguación, deberá asegurarse de la identidad del denunciante o querellante, de la legitimación de este último, así como de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoyen ésta o la denuncia.

"En todo caso, el servidor público que reciba una denuncia o querella formuladas verbalmente o por escrito, requerirá al denunciante o querellante para que se produzcan bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento a que se refiere el artículo 118 y les formulará las preguntas que estime conducentes."

De manera que conforme hasta lo aquí expuesto, el Ministerio Público no podrá iniciar la averiguación previa cuando se trate de delitos perseguibles por querella necesaria, mientras ésta no sea interpuesta.

Ahora bien, es verdad que en el caso concreto ... en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, dependiente de la Secretaría de Gobernación, presentó querella ante la Procuraduría General de la República en contra del hoy recurrente, por la comisión del delito de que se trata, y que al efecto dicha funcionaria allegó copia certificada del oficio de fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro, mediante el cual el coordinador de administración del Instituto Nacional de Migración ... le designó el cargo conferido, además, que mediante comparecencia de dieciséis de mayo de dos mil seis, la expresada ... ratificó la querella de que se trata ante el órgano técnico persecutor, para lo cual se identificó con la credencial federal de elector.

Sin embargo, también es verdad que sobre el tema que aquí se aborda, es dable concluir que la querella apuntada no reúne los requisitos legales necesarios para que surta sus efectos, en virtud de que no se puede desprender de la normatividad en cita que la querellante ... en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en el Estado, esté legitimada para formular la querella en cuestión, toda vez que citó como fundamento el artículo 5o., fracción II, inciso a), numeral 32, del acuerdo delegatorio de facultades a favor del subdelegado local en la entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil, precepto que otorga la facultad de resolver, en materia de control y verificación, facultades relativas a la estancia, específicamente, el formular y ratificar denuncias y querellas en los casos de delitos tipificados en la Ley General de Población y en otras normas jurídicas (nacionalidades de los grupos I, II y III).

Del análisis del aludido acuerdo, se advierte que la facultad de formular querellas otorgada a la subdelegada local de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, se encuentra incluida entre las facultades relativas a la admisión y estancia, y estas facultades a su vez se ubican dentro del apartado concerniente a la materia de control de vigilancia; ello es indicativo de que las facultades de querellarse ahí otorgadas a la subdelegada local en mención, son respecto de extranjeros, debido a que lo relativo a la admisión, estancia, control y verificación, son aspectos que tienen que ver con el control y verificación de la estancia de extranjeros en nuestro país, y si a ello aunamos que al final del aludido numeral 32 se especifica entre paréntesis, nacionalidades de los grupos I, II y III, tal precisión corrobora que la aludida facultad de querellarse es limitativamente para extranjeros y no para mexicanos, como es el caso del ahora inconforme, quien se trata de un nacional y no de un extranjero, como así lo hizo saber al rendir su declaración preparatoria (sin que obre prueba en contrario) (foja 191 vuelta).

El aludido artículo 5o., fracción II, inciso a), numeral 32, del Acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su reglamento en favor del delegado regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, así como del subdelegado regional, subdirector de Regulación Migratoria, subdirector de Control Migratorio, delegados locales, subdelegados locales, jefe del Departamento de Regulación Migratoria, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y jefe del Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos, en el ámbito territorial de su competencia, expresa lo siguiente:

"Artículo 5o. Se delega en los subdelegados locales del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, la facultad de resolver:

"...

"II. En materia de control y verificación, lo siguiente:

"a) Facultades relativas a la entrada.

"...

"32. Formular y ratificar denuncias y querellas en los casos de delitos tipificados en la Ley General de Población y en otras normas jurídicas (nacionalidades de los grupos I, II y III)."

Cierto, lo anterior se estima de esa manera, porque la querella presentada por escrito sólo puede formularla quien esté legitimado para ello, es decir, el sujeto titular del bien jurídico tutelado o su legítimo representante, de manera que si alguien la formula a nombre de otra persona física o moral, sin haber acreditado su representación o sin estar facultado para ello, contrario a lo estimado por la Jueza de amparo, no podrá estimarse legalmente demostrada la existencia de tal figura jurídica y, por ello, el órgano técnico persecutor no podrá iniciar la averiguación previa respectiva, porque el Ministerio Público es por definición un perito en la materia, para quien rige el principio de estricto derecho en el procedimiento penal por tratarse de un órgano técnico del Estado especializado en derecho y que como tal sus actos, que son actos del Estado, deben de estar debidamente fundados y motivados, ya que aun cuando actúa como parte dentro del proceso penal y no en concreto como autoridad investigadora titular de la averiguación previa, aun así, es obvio que su actuar sigue siendo la del Estado contra el gobernado inculpado ante el Juez o tribunal imparcial y titular a nombre del Estado y de la sociedad de decir el y en derecho, de manera que por el hecho de actuar en el proceso penal el Ministerio Público como parte, para quien priva el principio de estricto derecho y tiene a su cargo acreditar la procedencia de la acción penal que ejerce, debió invocar la normatividad aplicable respecto a la legitimación del querellante y aportar los medios de prueba necesarios para acreditar que ... en su carácter de subdelegada local del Instituto Nacional de Migración en el Estado, se encuentra legitimada para querellarse en contra del nacional ... por el delito de violación a la Ley General de Población que se le imputó, y al no estar satisfecho en autos tal requisito de procedibilidad, resulta innecesario entrar al estudio del fondo del asunto; toda vez que, se insiste, el Ministerio Público debe asegurarse no sólo de la identidad del querellante, sino también de su legitimación y de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoye.

Tal es el sentido de la siguiente tesis jurisprudencial.

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página: 113, tesis: 1a./J. 24/2003, jurisprudencia, materia penal.

"QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.-La querella presentada por escrito, sólo puede formularla quien esté legitimado para ello, es decir, el sujeto titular del bien jurídico tutelado o su legítimo representante, de manera que si alguien la formula a nombre de otra persona, física o moral, sin haber acreditado su representación o sin estar facultado para ello, no podrá estimarse legalmente demostrada la existencia de tal figura y, por tanto, no podrá el Ministerio Público iniciar la averiguación previa respectiva. Atento lo anterior y tomando en consideración que las personas morales oficiales, con características propias de autoridad, al acudir ante la representación social a presentar una querella, en su calidad de ofendidos, no gozan de privilegio alguno, ya que el Código Federal de Procedimientos Penales no prevé excepción alguna al respecto, es indudable que los requisitos de procedibilidad para la formulación de la querella por escrito establecidos en el artículo 119 del código citado, para que pueda eventualmente surtir los efectos que señala el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aplicables en cualquier hipótesis, sin importar que se presente por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que en tal caso el Ministerio Público debe asegurarse de la identidad del querellante, de su legitimación, así como de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoye." (El subrayado es añadidura).

En esa virtud, si en autos de la causa penal de origen no se demostró que la subdelegada local del Instituto Nacional de Migración estuviera legitimada para formular querellas tratándose de mexicanos, en virtud de que el Acuerdo por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su reglamento en favor del delegado regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, así como del subdelegado regional, subdirector de Regulación Migratoria, subdirector de Control Migratorio, delegados locales, subdelegados locales, jefe del Departamento de Regulación Migratoria, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y jefe del Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos, en el ámbito territorial de su competencia, que citó como fundamento en la querella que formuló en el caso a estudio, no es aplicable para el presente caso, en virtud de que sólo faculta a la expresada funcionaria para formular querellas tratándose de extranjeros, no de connacionales, lo que se aprecia de la propia exposición de motivos que establece (entre otras cosas) lo siguiente:

"Que en los últimos tiempos la dinámica demográfica nacional e internacional, han propiciado flujos migratorios que requieren una especial atención con objeto de regular apropiadamente la internación y estancia de los extranjeros en el país, así como reforzar el control migratorio en nuestras fronteras, puertos y aeropuertos."

Como se advierte, el mismo regula lo relativo a la legal estancia y salida de personas extranjeras de las nacionalidades previstas en los grupos I, II y III, grupos que se encuentran conformados por las diversas nacionalidades reguladas por el Instituto Nacional de Migración, según lo dispone la circular CRM/002/007, de fecha diez de abril de dos mil siete, emitida por la comisionada del expresado instituto, en donde se hace la distinción de grupo de nacionalidades (todos extranjeros) de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Grupo I, estrategia de seguridad nacional, conforme a lo señalado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

b) Grupo II, posibles problemas migratorios como flujos masivos de migrantes económicos, dificultades o imposibilidad de repatriación o estrategia de seguridad pública, y

c) Grupo III, nacionalidades sin atención especial.

En esa virtud, resulta incuestionable que la querella aludida no puede surtir ningún efecto legal y, por ende, el órgano técnico persecutor estaba impedido para iniciar la averiguación previa, y al no advertirlo así, el Juez de Distrito responsable violó en perjuicio del directamente agraviado la garantía consagrada en el artículo 19 de la Carta Magna, ante la ausencia de la querella de parte ofendida.

Máxime, que del análisis practicado al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de dos mil dos, no se encontró ningún precepto que faculte a la expresada subdelegada local para formular querellas o denuncias.

En esa tesitura, al haber resultado fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, lo que procede en el caso es revocar la sentencia recurrida que negó el amparo y, en su lugar, otorgarlo.

Dado el sentido de la presente ejecutoria, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes agravios, ya que a nada práctico conduce.

Por otra parte, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis XV.3o.9 P, que aparece en la página 1787 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, con número de registro 181043, de rubro: "QUERELLA EN DELITOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. EL SUBDELEGADO LOCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA FORMULARLA.", sostiene diverso criterio al vertido en esta ejecutoria, que no se comparte, procédase a denunciar la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

Finalmente, gírese telegrama y fax, respectivo, comunicándole al Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, el sentido del presente fallo, para los efectos legales conducentes.

Por lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados José Encarnación Aguilar Moya, Inosencio del Prado Morales y Faustino Cervantes León, siendo ponente y presidente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21046-d9ef9a3f/querella-en-delitos-previstos-por-la-ley-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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