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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 395/2007. · Registro digital (IUS): 21173
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 2294.

AMPARO EN REVISIÓN 395/2007.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Inicialmente cabe establecer que la quejosa no se inconformó con el sobreseimiento decretado en la litis de amparo respecto del acto reclamado al diligenciario encargado de los expedientes pares, adscrito a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En consecuencia debe declararse firme tal consideración para efectos de la presente ejecutoria, por falta de controversia por parte de quien lo sufre, y que rige el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías indirecto.

Por su aplicación, se cita la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 185, Tomo XXIV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de dos mil seis, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."

Igualmente cobra aplicación la tesis emitida por la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, visible a foja 247, Tomo XIII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: "SOBRESEIMIENTO. LA REVISIÓN DEL QUE DECRETA EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE AGRAVIO ESPECÍFICO. Para que el sobreseimiento decretado por el a quo pueda analizarse en la revisión, se requiere agravio específico de la parte quejosa, que es la única interesada en que se reexamine dicha cuestión, por lo que, si no lo formula, el tribunal ad quem no puede, oficiosamente, entrar a su estudio."

CUARTO. Son inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios transcritos, sin que se advierta en favor de la inconforme queja deficiente que suplir, en términos del arábigo 76 Bis, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por los motivos que a continuación se exponen.

En resumen alega la inconforme, lo siguiente:

1. Que la sentencia sujeta a revisión viola el artículo 77 de la ley de la materia, por no encontrarse debidamente fundada y motivada, no haber resuelto la litis, no estudiar la totalidad de los conceptos de violación y realizar un examen defectuoso e indebido, apartándose de los principios de exhaustividad y congruencia ya que, conforme al resumen que hizo el Juez Federal de sus motivos de inconformidad, en la litis debió haberse resuelto: a) Si la Sala dejó de observar que el asunto se rige por el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que el documento fundatorio de la acción se suscribió en mil novecientos noventa y uno; b) Por ende, si la responsable debió aplicar supletoriamente el anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, para el desahogo de la prueba pericial; y c) Si el perito del demandado incidentista, ahora tercero perjudicado, atendió el cuestionario de preguntas respectivo, dejando la Sala de observar los artículos 342, 349, 350 y 334, todos del citado código adjetivo civil. En cambio, se declararon inoperantes los que atañen a los incisos a) y b), pasando por alto que los agravios de la apelación tienden a que la pericial en grafoscopía carece de valor por contener vicios en su desahogo, y por eso fue que los conceptos de violación se refieren a ese ilegal desahogo que, desde luego, le demerita todo valor.

2. Que, por ende, contrariamente a lo sostenido en la sentencia impugnada, sí está a discusión la legislación que debe aplicarse, ya que fue de lo que se dolió en la demanda de garantías, en consecuencia, fue ilegal que el Juez de amparo desatendiera dicha situación, que se traduce en transgresión a los principios de exhaustividad y congruencia.

3. Que el resolutor federal al analizar el motivo de inconformidad señalado en el inciso c), lo relaciona con los diversos a) y b), pero ello es incorrecto porque aquél tiende a combatir la valoración del Juez natural y de la Sala respecto de la pericial ofrecida, por su indebido desahogo, y no por la aplicabilidad del código supletorio, que fue lo que alegó en los otros incisos, existiendo confusión por el juzgador de amparo.

4. Que no son inoperantes sus conceptos de violación porque, insiste, siempre alegó el incorrecto desahogo de la prueba, respecto de las disposiciones del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, pero en relación a que por ello no tiene ningún valor.

5. Que como se establece en el fallo sujeto a revisión, el artículo 1301 del (anterior y del actual) Código de Comercio, establece la manera de valorar la pericial, mas no así la forma para su desahogo, por tanto, deben aplicarse supletoriamente los artículos 342, 349, 350 y 434 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como lo adujo; luego, no deben estimarse inoperantes sus motivos de inconformidad, y reitera, cuando el desahogo no se lleva a cabo en esos términos, demerita todo valor probatorio a ese medio de convicción.

6. Que no deviene infundado el concepto de violación marcado con el inciso c), ya que como lo reconoció el Juez de amparo, sí resultan aplicables los artículos 342, 349, 350 y 434 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en lo que se refiere al desahogo de la prueba pericial, pasando por alto las formalidades esenciales del procedimiento incidental, ya que se otorgó valor probatorio a dicho medio de defensa no obstante haber sido mal desahogado.

7. Insiste la recurrente que, en términos de las etapas fundamentales del procedimiento, para que las pruebas tengan valor probatorio deben ser desahogadas de manera correcta, lo que no sucedió.

Como puede verse, los agravios expuestos tienen íntima relación entre sí, y se circunscriben, en suma, a que la sentencia constitucional impugnada carece de fundamentación y motivación; que transgrede los principios de exhaustividad y congruencia; que la aplicación del anterior Código de Comercio y su ley supletoria sí fue materia de debate; y que lo alegado en cuanto al desahogo de la prueba pericial fue para poner de manifiesto que, por ello, dicha probanza carece de todo valor; por ende, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se examinarán en su conjunto.

Los agravios devienen infundados.

En efecto, según se observa del fallo impugnado, el Juez señaló los antecedentes del acto, precisó en síntesis los conceptos de violación que se hicieron valer, en la especie: a) Que la resolución reclamada viola los artículos 14 y 16 constitucionales porque se dejó de observar que el asunto natural se rige por el Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; b) Que por ende debió aplicarse el anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que prevé la forma del desahogo de la prueba pericial; y c) Que le causa agravio que la Sala haya confirmado la valoración que hizo el Juez natural del perito ofrecido por su contraparte, pues éste no atendió el cuestionario de preguntas correspondiente, y que dejaron de aplicarse los artículos 343, 349, 350 y 434 de la aludida codificación adjetiva; y sobre el particular estimó, en suma, que eran inoperantes los señalados en los incisos a) y b), en razón de no haberse expuesto ante el tribunal de alzada ni en la sentencia interlocutoria de primer grado, ya que en esas instancias sólo se alegó la indebida valoración de la prueba pericial, y no lo de su desahogo que, por ende, no estaba en discusión qué ley mercantil cobraba aplicación, ni qué legislación cabía observar de manera supletoria, ya que la Sala únicamente confirmó la valoración de la prueba, lo que encuentra fundamento en el artículo 1301 del Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyo contenido no ha sido reformado; asimismo, que lo vertido en el inciso c) era infundado porque, como lo estimó la Sala, el perito nombrado por el demandado incidentista sí atendió al cuestionario correspondiente, y que fue distinto al nombrado por la actora incidentista (aquí quejosa), en el que concluyó que no se acreditó que el aludido demandado incidentista haya realizado la firma cuestionada, por lo que también era infundado que le causara agravio la falta de aplicación de los artículos 342, 349, 350 y 434 citados, ya que la litis no se centró en el desahogo de su prueba sino en su valoración en tanto que, insistió, el artículo 1301 de la ley mercantil señalada prevé la forma en que debe valorarse la prueba pericial, además, la impetrante formuló el incidente penal de que se trata con el fin de demostrar que la firma que calza el escrito materia del incidente, no fue puesta de su puño y letra, sin que haya atribuido la autoría de dicho signo a persona determinada, ni por ende podía tomarse como imputado de manera directa a ********** (demandado incidentista).

Como se observa, en el caso a estudio, el Juez de amparo precisó con claridad los antecedentes del acto reclamado, tanto del incidente penal como del recurso de apelación promovido en contra de su interlocutoria, y más adelante dio razones concretas y objetivas de por qué eran inoperantes e infundados los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, de tal suerte que si el juzgador señaló los preceptos legales aplicables al caso y los motivos por los cuales considera que en el caso a estudio encuadra la hipótesis normativa, es evidente que la sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada y, por consiguiente, no se transgredió el artículo 77 de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia VI.2o. J/43, emitida por este Tribunal Colegiado antes de su especialización, visible a foja 769, Tomo III, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

Bajo esa tesitura, también deviene infundado que la sentencia sujeta a revisión transgreda los principios de exhaustividad y congruencia, en tanto que el Juez de amparo dio contestación a cada uno de los motivos de inconformidad expuestos en la demanda de garantías, asimismo, no existe discrepancia alguna entre los respectivos considerandos, ni con los resolutivos de la sentencia reclamada, pues mientras se estimaron inoperantes e infundados los conceptos de violación expuestos, se concluyó, en lo que corresponde, negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por su contenido, aunque en materia distinta, ha menester citar la jurisprudencia 9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos."

En iguales términos se cita la tesis pronunciada por este Tribunal Colegiado antes de su especialización, al fallar los recursos en revisión 127/1989, 520/2000 y 387/2001, así como el juicio de amparo directo 539/1991, visible a foja 814, Tomo XIV, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: "SENTENCIAS. CONGRUENCIA DE LAS. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los considerandos de la misma aplican elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o no son congruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues esto provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances."

Asimismo, cabe citar la tesis emitida por este órgano colegiado antes de su especialización, al resolver la queja número 2/1991 y el juicio de amparo directo 93/2002, visible a foja 293, Tomo VIII, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno, que reza: "RESOLUCIONES JUDICIALES, CONGRUENCIA DE LAS. Es requisito de toda resolución la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que los primeros son rectores de los segundos, razón por la que el sentido de los puntos resolutivos debe ser necesariamente consecuencia de los razonamientos plasmados en los considerandos respectivos."

Por otra parte, según se observa de la demanda de garantías, es cierto, como se aduce, que en los conceptos de violación se expuso lo relativo a la aplicabilidad del Código de Comercio anterior a sus reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; a la supletoriedad del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado; y a que lo alegado en cuanto al desahogo de la prueba pericial fue para poner de manifiesto que dicha probanza carece de todo valor, sin embargo, tales situaciones no fueron alegadas ante el tribunal de alzada, por lo que de cualquier modo fue correcto que esos motivos de inconformidad se desestimaran por inoperantes.

Ello es así, pues del escrito de apelación que se promovió contra la interlocutoria del incidente penal en cuestión, se observa que la ahí inconforme, ahora quejosa, solamente se limitó a transcribir los artículos 14 y 16 constitucionales y los diversos 342, 349, 350 y 434 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y sin exponer lo relativo a que dicha probanza carecía de valor por su indebido desahogo, ya que a continuación de dicha transcripción, sólo adujo, en resumen, que el perito del demandado incidentista no se ajustó al cuestionario de preguntas del cual debió emitir su dictamen y, por ende, su conclusión debió desestimarse por carecer de valor probatorio.

Para demostrar lo anterior, resulta conveniente transcribir tales agravios, que son del tenor siguiente: "En efecto, me causa agravio la sentencia interlocutoria dictada por el ciudadano Juez Sexto de lo Civil de los de esta ciudad y, como consecuencia, viola en mi perjuicio el contenido de las disposiciones constitucionales y secundarias transcritas, como a continuación se pasa a demostrar: a) Artículo 14 de nuestra Carta Magna, establece: ... b) Artículo 16 de nuestra Carta Magna, determina: ... Artículo 342. ... Artículo 349. ... Artículo 434. ... Artículo 350. ... Artículo 1301. ... (Los transcribe). De lo anterior se observa que resulta contraria a derecho la resolución interlocutoria que resolvió el incidente penal interpuesto por la suscrita, misma que fue dictada el veinte de abril del año en curso, por el ciudadano Juez Sexto de lo Civil de los de esta ciudad capital, en atención a los siguientes razonamientos de carácter lógico y legal: El ciudadano Juez Sexto de lo Civil de los de esta ciudad capital, estableció que la parte actora incidentista parcialmente probó su acción únicamente en la parte que asevera que la firma que aparece en el escrito presentado ante el Juzgado Sexto de lo Civil de los de esta ciudad capital, el día veintiocho de mayo del año dos mil tres, no es de la suscrita ********** Como se advierte de los autos del expediente principal existe un escrito a mi nombre, de fecha veintiocho de mayo de dos mil tres que, con dolo y mala fe fue presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de lo Civil, por virtud del cual autorizó, supuestamente por parte de la suscrita, para oír y recibir notificaciones a los letrados que aparecen en ese escrito, personas que en ningún momento he autorizado para que reciban notificaciones, resaltando que dicho escrito no fue firmado por mi puño y letra, resultando entonces que dicha firma en el escrito ut supra citado fue falsificada, por lo que al promover el incidente penal correspondiente ofrecí, entre otras, la prueba pericial en grafoscopía en la cual, el perito nombrado de mi parte, determinó que la firma cuestionada y que se atribuye a la suscrita ********** y que aparece al anverso y al calce del escrito fechado el veintiocho de mayo del año dos mil tres, mediante el cual autoriza a diversos letrados para oír y recibir notificaciones personales y cuyo original corre agregado en autos del principal, por su ejecución no procede del puño y letra de la suscrita. Y el perito de la demandada incidental, al ofrecer su dictamen pericial en grafoscopía, únicamente se concreta a manifestar que el documento consistente en el escrito presentado ante este juzgado el día veintiocho de mayo de dos mil tres, no procede de puño y letra del demandado incidental ********** situación por la que dicho dictamen pericial carece de valor alguno, ya que no atiende al cuestionario de preguntas al tenor del cual debió emitir su dictamen, por lo que debió desestimarse dicho dictamen y, por ende, resolver que fue plenamente demostrado el incidente planteado por la suscrita y que el demandado incidental no probó su excepción y al no ser así me causa agravio la sentencia dictada por el ciudadano Juez Sexto de lo Civil de fecha dictada el veinte de abril del año dos mil seis."

Como se observa con claridad, ciertamente, la quejosa no expuso en vía de agravios ante el tribunal de alzada que la prueba pericial ofrecida por el demandado incidentista careciera de valor por su indebido desahogo, ya que lo que alegó en esa instancia fue que carecía de valor por no atender al cuestionario de preguntas del cual debió emitir su conclusión.

Dicho en otras palabras, la ahora quejosa en la apelación no controvirtió la valoración de la pericial por no haberse desahogado en términos de ley, como lo adujo en el amparo indirecto, sino porque no se atendió el cuestionario de preguntas del cual debió emitir peritaje.

Bajo esa tesitura, fue legalmente correcto que el Juez de Distrito declarara inoperantes los conceptos de violación que la recurrente reconoce fueron precisados en los incisos a) y b), que atañen a los aspectos de mérito porque, independientemente de los razonamientos sostenidos por el Juez de Distrito, es incuestionable que si lo alegado en el amparo indirecto no fue aducido ante la responsable, sería antijurídico declarar inconstitucional la sentencia reclamada, por mucho que asistiera razón en ese sentido a la recurrente, pues la Sala no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, por ende, no puede hacerlo el Juez de Distrito ni menos este Tribunal Colegiado, ya que se estaría sustituyendo al tribunal de alzada, lo que le está impedido, de ahí que insiste, fue legalmente correcta la calificativa de inoperancia.

Por su exacta aplicación al caso, se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/40, emitida por este Tribunal Colegiado antes de su especialización, visible en la página 606, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO.-Los conceptos de violación son inoperantes, si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación y sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable, tratándose de una violación que no se reclamó en la apelación por vía de agravio, el concepto de violación que se enderece contra la misma resulta improcedente."

Por otro lado, resulta infundado que el Juez de Distrito haya desvinculado del fondo el concepto de violación marcado con el inciso c) pues, contrariamente a lo que aduce, y como quedó señalado en la sentencia sujeta a revisión, y así propiamente lo reconoce la recurrente al formular sus agravios, en aquél se alegó la indebida valoración de la probanza de que se trata porque el perito de su contraparte no atendió el cuestionario correspondiente y porque dejó de observarse el anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado; lo que precisamente se estimó infundado por el juzgador federal, bajo la consideración sustancial de que el profesional del demandado incidentista sí se ajustó al cuestionario sobre el cual emitió su conclusión, es más, para tal efecto, en la sentencia sujeta a revisión se transcribieron los términos en que se propuso dicha probanza, asimismo, la finalidad con la que se aportó, en la especie, para que se compararan los rasgos de las firmas que en diversa diligencia judicial realizó, y "se deje clara y contundentemente demostrado", que la falsificación que se le atribuyó sólo fue un hecho ficticio, asimismo, se apuntó que como conclusión se tuvo que la firma cuestionada no procede del puño y letra "del Lic. **********".

En ese orden, tampoco asiste razón a la inconforme en cuanto a que el Juez de amparo al contestar el motivo de inconformidad marcado con el inciso c), haya estimado que sí resultan aplicables los artículos 342, 349, 350 y 434 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado pues, contrario a ello, sostuvo que:

"... Además, los artículos 342, 349, 350 y 434 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que pretende la quejosa se apliquen supletoriamente a la ley mercantil, no resultan aplicables al caso, pues el Código de Comercio (tanto el anterior como el posterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis), en su artículo 1301, prevé cómo debe hacerse la valoración de la prueba pericial; de ahí que no quepa la invocación de los dispositivos que señala la impetrante, pues éstos se refieren al desahogo de la prueba pericial; excepto el 434, que estatuye cómo debe valorarse dicho medio probatorio; empero, como se dijo, la ley mercantil en el citado 1301 prevé dicha valoración y, por ello, no debe operar la supletoriedad a que se contrae la quejosa. ..."

Por ende, no asiste razón a la recurrente en lo que alega.

Finalmente, resta decir que devienen inoperantes los agravios precisados en párrafos precedentes con el numeral siete, por los que la recurrente expresa diversos argumentos doctrinales respecto de las etapas fundamentales del procedimiento, y de las que aduce que para que las pruebas tengan valor probatorio deben ser desahogadas de manera correcta, lo que no sucedió.

Se dice que devienen inoperantes, pues como quedó señalado con anterioridad, en vía de conceptos de violación sólo se adujo, en suma, que la resolución reclamada viola los artículos 14 y 16 constitucionales porque no se observó que la litis natural se rige por el Código de Comercio, anterior a sus reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis que, por ende, debió aplicarse de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado y, que causa agravio que se haya confirmado la valoración que hizo el Juez natural del perito ofrecido por su contraparte, pues no atendió el cuestionario de preguntas correspondiente, y que se dejaron de aplicar los artículos 343, 349, 350 y 434 de la aludida codificación adjetiva.

Por ende, resulta claro que los agravios de que se trata, constituyen argumentos no expuestos en la demanda de garantías, por ende, resultan novedosos en esta segunda instancia; y de ahí su calificativa, atento a que conforme a la técnica del juicio de garantías, no deben estudiarse los motivos de inconformidad en los que se proponen alegaciones nuevas pues, por lógica, éstas no pudieron considerarse para emitir el fallo recurrido.

Por su exacta aplicación, se invoca la jurisprudencia 587, emitida por este órgano colegiado antes de su especialización, visible a foja 390, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS EN QUE SE PROPONEN ARGUMENTOS NUEVOS.-Atento a la técnica del juicio de garantías, no deben estudiarse los agravios propuestos por la recurrente, en los que se propongan argumentos que no expuso en sus conceptos de violación, pues por lógica, éstos no pudieron considerarse para emitir el fallo recurrido."

En las relatadas condiciones, ante lo inoperante en parte e infundado en lo demás de los agravios transcritos, sin que se advierta en favor de la inconforme queja deficiente que suplir, en términos del arábigo 76 Bis, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee el juicio de garantías promovido por ********** contra el acto que reclamó al diligenciario par adscrito a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la ejecución del fallo emitido el veintisiete de junio de dos mil siete, en el toca de apelación ********** por la aludida Sala, que confirmó la interlocutoria de veinte de abril de dos mil seis.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra el acto que reclamó de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la resolución de veintisiete de junio de dos mil siete, emitida en el toca de apelación ********** que confirmó la interlocutoria de veinte de abril de dos mil seis, pronunciada en el incidente penal tramitado en el juicio ejecutivo mercantil ********** del Juzgado Sexto de lo Civil de Puebla.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Raúl Armando Pallares Valdez y Eduardo Iván Ortiz Gorbea, este último como secretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fue ponente la primera de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21173-dc49dade/sentencias-su-congruencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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