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Modo: Corpus Pro

CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, LEY DE. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA LEY RELATIVA NO SE DEMUESTRA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD QUEJOSA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 488/98. · Registro digital (IUS): 4876
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRENTE PROFESIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES, A.C.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 251.

AMPARO EN REVISIÓN 488/98. FRENTE PROFESIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES, A.C.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios expresados por el representante de la quejosa son inoperantes e infundados.

En efecto, la Juez de Distrito estimó en su resolución, que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que la quejosa no acreditó tener interés jurídico para solicitar el amparo, en razón de que la ley reclamada no produce una afectación concreta a su interés jurídico, pues la quejosa, asociación civil, tiene como objeto social la defensa de agremiados, para que éstos ejerzan libremente actividades laborales y comerciales, brindándoles asesoría, por tanto, la a quo consideró que no acredita su calidad de comerciante o empresario, incumpliendo con lo sostenido por el artículo 2o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Los agravios hechos valer por la inconforme en síntesis son los siguientes:

a) Que la resolución dictada por la a quo, en su tercer considerando, no se encuentra fundada y motivada, pues pretende aplicarle en su perjuicio una ley distinta a la controvertida siendo la Ley de Cámaras Especiales y sus Confederaciones.

b) Que la quejosa obtuvo suspensión provisional que fue definitiva, con lo cual acredita el interés jurídico del acto reclamado, y que se les concedió la libertad de asociación, no obligándola a asociarse al SIEM, por no ser autoridad, ni tercero perjudicado, por lo cual no existe daño a la colectividad.

c) Sostiene que la a quo viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, cuando le aplica la fracción II de la ley impugnada y sobresee en el juicio de garantías por considerar que la Ley de Cámaras Especiales y sus Confederaciones no afecta su interés jurídico, siendo esta ley distinta a la impugnada.

d) Que la quejosa acreditó y aceptó el acto reclamado de la autoridad responsable, solicitando el envío de copias certificadas para demostrarlo, pretendiendo la a quo aplicar diversa ley, siendo en contra de derecho y careciendo de fundamentación y motivación la resolución impugnada.

Los argumentos sintetizados anteriormente son infundados, insuficientes e inoperantes para revocar el fallo recurrido, y se estudiarán a continuación, pues en ellos la quejosa no acredita su interés jurídico, así mismo, no combaten las consideraciones y fundamentos legales que sustentan el fallo recurrido.

El argumento sintetizado en el inciso a), resulta inoperante, al sostener la quejosa que la resolución dictada por la a quo, en su tercer considerando, no se encuentra fundada y motivada, pues pretende aplicarle en su perjuicio una ley distinta a la controvertida siendo la Ley de Cámaras Especiales y sus Confederaciones.

De lo anterior se advierte, que si bien es cierto que la a quo en su tercer considerando sobreseyó en el juicio de amparo, por considerar acertadamente que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, fundando en dicho artículo el sobreseimiento, y motivándolo en el argumento de que no está demostrado que la Ley de Cámaras "Especiales" y sus Confederaciones y el acuerdo que establece las reglas para la operación del Sistema Empresarial Mexicano, afecte el interés jurídico de la quejosa asociación civil, de lo anterior se aprecia que evidentemente la a quo se refería a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y la quejosa con este argumento en nada modifica el sobreseimiento decretado en su resolución, pues la quejosa no demostró con los documentos exhibidos que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones así como el acuerdo, le hubiera causado agravio alguno, ni tampoco demostró ser empresa que se dedique a actividades industriales, empresariales o comerciales.

El argumento sostenido en el inciso b), consistente en que obtuvo suspensión provisional y ésta fue definitiva, y la a quo pretende desposeer, con lo cual acredita el interés jurídico del acto reclamado, y que se les concedió la libertad de asociación, no obligándola a asociarse al SIEM, por no ser autoridad, ni tercero perjudicado, por lo cual no existe daño a la colectividad.

Tal argumento es inoperante e insuficiente, además de que no guarda relación con la sentencia impugnada, pues la procedencia o concesión de la suspensión, a que alude la recurrente, no fue materia de análisis de la resolución de fondo, y por ello, los argumentos sostenidos al respecto no tienen relación alguna con las consideraciones expresadas por la Juez y éstos no desvirtúan la legalidad de la resolución materia del recurso.

Por cuanto hace al argumento sintetizado en el inciso c), es inoperante, en tanto que sostiene que la Juez de Distrito viola las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, cuando le aplica la fracción II, de la ley impugnada y sobresee en el juicio de garantías por considerar que la Ley de Cámaras "Especiales" y sus Confederaciones no afecta su interés jurídico siendo esta ley distinta a la impugnada.

En primer lugar debe admitirse que el anterior argumento es inoperante, en tanto que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que la Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Y a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que la Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que la a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente la Juez del conocimiento, como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal, la tesis 2/97, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, que es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por cuanto a que se trata de una ley distinta, anteriormente se sostuvo que la a quo al mencionar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones citó "Especiales" siendo error mecanográfico que en nada cambia el sentido de su resolución.

Por otro lado la quejosa, en el argumento sintetizado en el inciso c), sostiene que sí acreditó y aceptó el acto reclamado de la autoridad responsable, solicitando el envío de copias certificadas para demostrarlo y la a quo pretendió aplicar diversa ley, siendo en contra de derecho y careciendo de fundamentación y motivación la resolución impugnada.

El anterior argumento es infundado e insuficiente para revocar el fallo recurrido, pues se advierte que la a quo correctamente sobreseyó en el juicio de garantías, pues los documentos exhibidos por la quejosa, no son suficientes para acreditar su interés jurídico, en atención a lo siguiente:

La quejosa Frente Profesional de Defensa de Comerciantes e Industriales, Asociación Civil, exhibió copia certificada del acta constitutiva (a fojas de la 9 a la 18 del cuaderno principal).

De lo anterior, se desprende que la quejosa pretendió demostrar su interés jurídico con la escritura constitutiva y ésta sólo acredita su domicilio social, objeto, duración, capital social y estructura jurídica, pero de ninguna manera se demuestra que la inconforme realice actividades comerciales, industriales o de servicios, en el momento en que entró en vigencia la ley impugnada, el primero de enero de mil novecientos noventa y siete, y menos concluirse que de esa situación pueda presuntivamente deducirse un hecho de esa naturaleza, porque el fundamento racional sobre el que reposa la prueba presuncional humana, consiste en la lógica inducción que hace el juzgador de un hecho conocido para conocer otro que es desconocido; en otras palabras, para que nazca una presunción debe haber un nexo lógico de causalidad entre el hecho conocido y el desconocido que se pretende probar, de tal manera que éste surja como una consecuencia única, fácil, sencilla y natural del primero, y en la especie, bien puede resultar una conclusión diferente a la circunstancia de que la quejosa realice actividades comerciales en los términos del artículo 2o., fracción II de la ley impugnada, como es que no haya realizado materialmente dicha clase de actividades o que éstas hayan cesado antes del año de mil novecientos noventa y siete, dada la naturaleza de su objeto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Tercera Sala número 29/90, que se aplica analógicamente, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, página 185, que dice:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EL IMPUESTO RELATIVO NO SE DEMUESTRA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD QUEJOSA.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 73, de este último ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación del interés jurídico de la quejosa, lo cual no se demuestra con la escritura relativa a la constitución de la sociedad solicitante del amparo, pues con tal documento únicamente acredita su existencia social, conforme a las leyes que rigen la materia mercantil, domicilio social, objeto, duración, capital social y estructura jurídica, pero no así se justifica que la sociedad quejosa se encuentre realizando actividades empresariales y que por tal motivo se halle dentro de alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, pues si se considera a la empresa como la organización de elementos humanos y materiales encaminada a la consecución de los objetivos económicos señalados en su objeto social, resulta claro que en tanto no se acredite la realización de las conductas tendientes a la consecución de dichos objetivos económicos, será imposible tener por acreditado el interés jurídico únicamente con la copia de la escritura constitutiva de la sociedad. Por tanto, de no satisfacerse tales requisitos debe sobreseerse en el juicio constitucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del diverso numeral 73 de la misma ley de la materia."

Cabe decir, en relación con el artículo 2o., fracción II, de la ley impugnada, dispone que por "empresa", se comprende la persona física o moral que realice actividades comerciales, industriales o de servicios, por lo que resulta evidente que para que la asociación civil quejosa estuviese en aptitud de demostrar el interés jurídico que les asiste para reclamar la obligación de proporcionar los datos requeridos por la norma al Sistema de Información Empresarial Mexicano, debe probar que materialmente realiza dicha clase de actividades.

La demostración de que las demandantes efectivamente realizan actividades comerciales, industriales o de servicios, adquiere especial relevancia en el caso, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, segundo párrafo, de la ley reclamada, cuando una empresa tenga cese parcial o totalmente en la práctica de sus actividades, deberá manifestarlo al Sistema de Información Empresarial Mexicano, de lo que se deduce que la obligación de presentar tal información comprende únicamente a los sujetos que materialmente lleven a cabo las actividades económicas descritas.

En las apuntadas condiciones, dado que la quejosa no demostró los extremos requeridos por el artículo 2o., fracción II de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, procede concluir que carece de interés jurídico para reclamar los numerales 6o., fracción VI, 27 al 31, de dicho ordenamiento, improcedencia que debe hacerse extensiva a los Acuerdos que Regulan la Operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano y fijan el monto de las tarifas relativas que pueden cobrar las cámaras y confederaciones empresariales, porque al carecer de derecho para reclamar la obligación de presentar dicha información, tampoco les puede causar perjuicio dichos actos, toda vez que regulan el monto de la tarifa que deben pagar las empresas para presentar la información y desarrollar la operación del sistema informativo, motivo por el cual efectivamente procede decretar el sobreseimiento en el juicio, por todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Ciertamente, como lo sostiene la a quo, la quejosa no demostró encontrarse realizando actividades empresariales y por ese motivo se hallen en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 6o., fracción VI, 27, 28 a 31 de la Ley de Cámaras de Comercio y sus Confederaciones y los acuerdos, que la quejosa controvierte en su demanda de amparo, pues éstos en resumen dicen:

El artículo 6o., fracción VI, faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a fijar el monto máximo de las tarifas que las cámaras y confederaciones podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el citado sistema informativo, y autorizan a éstas para operarlo.

El artículo 27, establece como objeto de la ley, regular, entre otros aspectos, el Sistema de Información Empresarial Mexicano, para obtener, a través de la planeación y programación relativa, un mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industriales.

Los artículos del 28 al 31, establecen la obligación para que las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales o de servicios, de proporcionar información al Sistema de Información Empresarial Mexicano, y la facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para establecer los medios de recabar dicha información y establecer las reglas para la operación del Sistema de Información.

Así mismo, la quejosa reclama la expedición de los siguientes acuerdos:

a) Acuerdo por el que se establecen las reglas para la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como para el uso de la información que contenga, y su correspondiente aclaración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos y diez de enero de mil novecientos noventa y siete.

b) Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, publicado el dos del mes y año mencionado.

Lo anterior permite deducir que la quejosa impugna básicamente el Sistema de Información Empresarial Mexicano, previsto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que obliga a las empresas a proporcionar información necesaria para identificar sus características con fines comerciales.

Así ante la ineficacia de los agravios, y toda vez que esta Primera Sala no advierte que se actualice lo ordenado por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que se impone es confirmar en sus términos la sentencia.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales números 13/89 y 16/91, de la Tercera Sala, Octava Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV y Tomo VII-Abril, Primera Parte, páginas 277 y 24 respectivamente, que son del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

CUARTO.-En cuanto a la revisión adhesiva promovida en tiempo, por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en representación del secretario del ramo de conformidad con el reglamento interior y el acuerdo delegatorio de facultades, donde solicita que se confirme el sobreseimiento decretado por la a quo, se advierte que de conformidad con el artículo 83, fracción V, párrafo tercero de la Ley de Amparo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por la recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; y que, en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Por lo que si en el presente recurso de revisión se declara confirmar el sobreseimiento recurrido y sobreseer en el juicio de amparo a que este toca se refiere, en relación con la revisión adhesiva es innecesario su estudio.

De igual manera fueron resueltos por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes asuntos: amparo en revisión 1232/97, Marcelina Pastrana Cruz. 3 de diciembre de 1997. 5 votos; amparo en revisión 3040/97, El Gran Rosario, S.A. de C.V. y otros. 25 de marzo de 1998. 5 votos; amparo en revisión 1241/97, Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. 5 votos y amparo en revisión 1235/97, Rebeca Herrada Martínez. 22 de abril de 1998. 5 votos.

Consecuentemente, si la promovente del juicio de garantías no acreditó su interés jurídico, surtiéndose la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por la a quo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere, en contra de las autoridades y por los actos que se señalan en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4876-15d415f3/camaras-empresariales-y-sus-confederaciones-ley-de-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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