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Modo: Corpus Pro

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO TIENE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES PARA EXPEDIR LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, PORQUE A TRAVÉS DE ELLA LEGISLA PARA COMBATIR EL ALCOHOLISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996). BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN EL ESTADO DE TABASCO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN EL ESTADO DE TABASCO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 2o., 5o., 6o. Y 7o. DE LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, SON AUTOAPLICATIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996). BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 16 AL 25, 40 AL 46 Y 54 AL 58 DE LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, REQUIEREN DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN PARA CAUSAR PERJUICIO A LOS GOBERNADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996). BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS PROMOVENTES CON PERMISO PROVISIONAL PARA FUNCIONAR TENÍAN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN LA VÍA DE AMPARO LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 196/97. · Registro digital (IUS): 4413
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. Y OTROS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, , Pág. 20.

AMPARO EN REVISIÓN 196/97. CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. De las constancias que corren agregadas al expediente, se advierte que el presente juicio de garantías fue promovido en contra de actos de la Quincuagésima Legislatura del Estado de Tabasco y otras autoridades, consistentes, en lo fundamental, en la expedición del Decreto Número 103 de fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el día diez siguiente, que contiene la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco.

Asimismo, se observa que al abocarse al conocimiento del asunto, el Juez de Distrito del conocimiento decretó el sobreseimiento integral en el juicio de garantías, con apoyo en las siguientes consideraciones esenciales:

a) Respecto de los actos reclamados de las autoridades que han sido citadas en el considerando tercero de la presente resolución, en virtud de que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron.

b) Respecto de los quejosos Rosalía Carrillo Sevilla, Luis Tejeda, Centro Turístico Paraíso, Sociedad Anónima, Alicia Soberanis Ortega, Adolfo Jesús Sevilla, Exclusivas de la Costa Paraiseña, S.A. de C.V., Maclovia Morales Olán, Juan Martínez Canepa, Isidro Sánchez de la Cruz, Efraín Quiroz Segura, Renán Alejandro Rodríguez, Francisca Domínguez González, Raúl Ramírez, Valentín Teofani y Controladora de Negocios Comerciales, S.A. de C.V., por estimar que carecen de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, en atención a que las licencias que exhibieron para tal efecto, se refieren a unas negociaciones con destinos de "Cervecería", "Restaurante-bar con calidad turística", respecto de las cuales la ley que se reclama no condiciona la venta de bebidas alcohólicas a temperatura ambiente.

c) En relación al quejoso Antonio Suárez Caraveo, por actualizarse en el caso la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que omitió exhibir los permisos provisionales o licencias que lo autorizan a la venta-distribución de bebidas alcohólicas, de tal manera que no logró acreditar la afectación a su esfera jurídica por las disposiciones de la ley que se reclama, por falta de acto concreto de aplicación;

d) Finalmente, respecto de los restantes quejosos, en virtud de que tampoco lograron acreditar algún acto concreto de aplicación de las disposiciones reclamadas, ya que se concretaron a exhibir permisos provisionales, así como sus solicitudes de revalidación, expedidos con base en la ley anterior; de tal manera que al momento de promover la demanda de amparo, las autoridades no se habían pronunciado respecto de la procedencia o improcedencia de la revalidación de licencia solicitada, ni tampoco en relación con los términos en que, en su caso, serían otorgadas las mismas renovadas.

Por otro lado, de la lectura del escrito de expresión de agravios se advierte que los recurrentes aducen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1. Que contrariamente a lo considerado por el Juez Federal, la ley impugnada es de carácter autoaplicativo y, por ende, no requería acreditarse en autos algún acto concreto de aplicación de la ley reclamada;

2. Que la ley impugnada no señala que deba haber un acto de autoridad para que ésta sea aplicable, sino que por el contrario, su obligatoriedad es efectiva y actual para las personas por ella previstas;

3. Que la naturaleza autoaplicativa de la ley trae como consecuencia que el término para la interposición de la demanda es de treinta días y que si hubieran esperado la respuesta de las autoridades en relación con la renovación de las licencias respectivas, hubieran consentido tácitamente la ley reclamada;

4. Que es incorrecto lo manifestado por el Juez Federal en el sentido de que la autoridad estaba en posibilidad de revalidar las licencias en los mismos términos de la ley derogada;

5. Que el Juez Federal estudió parcialmente la demanda de garantías y omitió tomar en cuenta que también se combatió la negativa ficta y la violación a la garantía de audiencia;

6. Que los actos reclamados son de naturaleza inminente y de próxima ejecución;

7. Que el Juez Federal se contradice, ya que en el incidente de suspensión señaló que la ley reclamada tiene el carácter de autoaplicativa y en la sentencia recurrida estimó que es heteroaplicativa;

8. Que al estar probados los actos que se reclamaron del Congreso del Estado de Tabasco, gobernador, secretario de Gobierno, secretario de Planeación y Finanzas, jefe del Departamento de Inspección de Alcoholes y jefe del Departamento de Licencias de Alcoholes, todos de la propia entidad federativa, debió entrarse al estudio de los mismos;

9. Que contrariamente a lo manifestado por el Juez de Distrito, sí quedó acreditado en autos el interés jurídico de los quejosos, por lo que no debió sobreseerse en el juicio sino analizar la inconstitucionalidad de la ley.

En los restantes agravios, los recurrentes reproducen textualmente los conceptos de violación.

De los elementos hasta aquí asentados, se sigue que la cuestión fundamental en la especie, para determinar si procede la revocación de la sentencia que se recurre, es precisar, inicialmente, si la ley reclamada tiene el carácter de autoaplicativa o no.

En relación con la naturaleza de las disposiciones reclamadas, conviene precisar lo siguiente:

En los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para regular lo atingente a la procedencia del juicio de garantías contra leyes, y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentren concebidas las normas impugnadas, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, atendiendo para tal efecto al momento en que las disposiciones cuestionadas ocasionan al gobernado un perjuicio en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional.

Los citados preceptos disponen lo siguiente:

"Artículo 21. El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. "..."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio;

"...

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento. "

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso; "..."

Según se advierte de los preceptos transcritos, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 21 de la ley citada.

Lo antes expresado denota que para la impugnación de las normas generales, mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con la entrada en vigor de las mismas tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, este Tribunal Pleno ha sustentado la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, página 123, cuyo rubro y texto dicen:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

Sentado lo anterior, se procede al análisis de las disposiciones que los quejosos reclaman en el presente juicio de garantías.

De la lectura integral del escrito inicial, se advierte que los quejosos impugnan, por estimarlos inconstitucionales, los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 16 a 25, 36, 40 al 46 y 54 al 58 de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco.

Los artículos 2o., 5o., 6o. y 7o. de la ley reclamada, en vigor a partir del once de febrero de mil novecientos noventa y seis, disponen:

"Capítulo I. Disposiciones generales.

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

"...

"XV. Distribución: El traslado a domicilio de bebidas alcohólicas, una vez realizada la venta por la distribuidora. "...

"XVI. Distribuidora: Establecimiento en el que se almacenan bebidas alcohólicas para su venta al público, en envase cerrado y a temperatura ambiente, mediante pedido al mayoreo.

"XVII. Establecimiento: Lugar autorizado por la ley para la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, independientemente del nombre con que se le designe ..."

"Artículo 3o. La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, sólo podrá realizarse previa la obtención de la licencia respectiva o del permiso eventual en los términos establecidos en los mismos, en los establecimientos y bajo las condiciones autorizadas por la secretaría."

"Artículo 5o. La venta o distribución de bebidas alcohólicas en envase cerrado y a temperatura ambiente, únicamente podrá hacerse en los establecimientos siguientes:

"I. Abarrote;

"II. Centro comercial;

"III. Distribuidora;

"IV. Expendio;

"V. Minisuper;

"VI. Supermercado; y

"VII. Ultramarinos."

"Artículo 6o. La venta y consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto, podrá efectuarse en los establecimientos siguientes:

"I. Bar;

"II. Cantina;

"III. Cabaret;

"IV. Cervecería;

"V. Centro de espectáculos públicos que la autoridad determine, siempre que para este efecto se utilicen envases desechables higiénicos que no sean de cristal o metal;

"VI. Cocktelería;

"VII. Discoteca;

"VIII. Inmuebles construidos o habilitados para feria;

"IX. Restaurante;

"X. Restaurante-bar con calidad turística; y

"XI. Salón de baile en forma eventual."

"Artículo 7o. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en los sitios destinados exclusivamente a su almacenamiento.

"Las licencias que permitan la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y al mayoreo, sólo concederán al licenciatario el derecho de expenderlas en el domicilio expresado en la propia licencia y a temperatura ambiente."

De tales preceptos legales se desprende que en ellos se prevén normas tendientes a regular la situación jurídica de aquellos que se ubican en el supuesto jurídico de vender o distribuir bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, concretamente en aspectos relativos al funcionamiento de los establecimientos respectivos, la forma y lugar en que deben realizar los actos comerciales relativos y las condiciones en que en determinados establecimientos debe realizarse la distribución, venta y consumo de las bebidas etílicas.

Dado el contenido de las normas legales en estudio, es patente que revisten la característica de que, desde su entrada en vigor, imponen obligaciones a los que se encuentren en la situación autorizada de vender y distribuir bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, sin que para ello se requiera condición alguna o un acto posterior de autoridad, siendo desde ese momento exigible su cumplimiento y sancionable su desacato; de lo que se sigue que son de naturaleza autoaplicativa, ya que a partir de su vigencia generan perjuicios a los gobernados ubicados en su hipótesis, como es el caso de los quejosos que, según se ha visto, a la entrada en vigor de la legislación en comento se encontraban autorizados para realizar actos de comercio respecto de bebidas alcohólicas en sus establecimientos.

Por otra parte, los artículos 16 a 25 de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco, que se encuentran dentro del capítulo IV, denominado "expedición, revalidación y causas de revocación de la licencia", cuyo texto es el siguiente:

"Capítulo IV. Expedición, revalidación y causas de revocación de la licencia.

"Artículo 16. La licencia es la autorización que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, otorga a los particulares, de manera discrecional y conforme a los requisitos establecidos en esta ley, a efecto de que vendan o distribuyan bebidas alcohólicas.

"La licencia tendrá como máximo un año de vigencia, y durante los últimos cuatro meses de la misma, los interesados que deseen seguir contando con dicha autorización deberán solicitar su revalidación ante la secretaría, la que de manera discrecional y con fundamento en la presente ley, otorgará o negará la revalidación correspondiente.

"Los permisos no son objeto de revalidación, por lo que una vez agotado el término por el que fueron otorgados, se extingue la autorización del permisionario sin necesidad de declaración o notificación alguna."

"Artículo 17. Los interesados para obtener la licencia deberán reunir los requisitos siguientes:

"I. Presentar solicitud por escrito, dirigida al titular de la secretaría, proporcionando los datos y documentación a que se refiere el artículo 18;

"II. Ser mayor de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; en caso de ser una persona moral, estar legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

"III. No tener el carácter de servidor público;

"IV. No haber sido condenado por delitos fiscales, sexuales, contra la vida o la salud;

"V. En los tres años anteriores a la fecha de su solicitud no haber sido sancionado con la revocación de una licencia.

"VI. Tratándose de cabarets, bares, cantinas, expendios y cervecerías, deberán estar ubicadas, cuando menos, fuera de un radio de quinientos metros de planteles educativos, templos religiosos, centros de convivencia o instalaciones deportivas, edificios públicos o de asistencia social."

"Artículo 18. A la solicitud a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se acompañarán los documentos siguientes:

"I. Copia certificada del acta de nacimiento del interesado;

"II. Tratándose de personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, en la que se contengan las facultades del representante legal o en su caso, poder general para actos de administración;

"III. Croquis en donde se indique en forma clara y precisa la ubicación del local en el que se pretenda establecer el giro; y

"IV. La anuencia por escrito del presidente municipal o del primer concejal, en su caso, debidamente fundada y motivada, expedida previo estudio del desarrollo urbano y del plano regulador del Municipio de que se trate."

"Artículo 19. La licencia y el permiso eventual serán personales, intransferibles e inembargables, en consecuencia, no podrán ser objeto de comercio, ni arrendarse, venderse, donarse, entregarse en comodato o cederse por ningún concepto o cualquier otro que implique la explotación de los derechos del licenciatario o permisionario por un tercero.

"La transgresión a lo anterior, tendrá como consecuencia la revocación de la licencia o del permiso eventual y la clausura del establecimiento que esté operando al amparo de los mismos.

"El licenciatario que tenga más de una licencia expedida a su favor, deberá acreditar en forma fehaciente ante la secretaría, la relación laboral existente entre las personas que atienden el establecimiento, y el titular de la licencia.

"Para los efectos del presente artículo, se tendrá como prueba fehaciente la documental del cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social."

"Artículo 20. La secretaría, para efecto de control, llevará un registro de los establecimientos que se dediquen a la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, el cual contendrá:

"I. Nombre del propietario;

"II. Domicilio, giro, nombre o razón social del establecimiento;

"III. Fecha de expedición y de revalidación anual de la licencia; y

"IV. Las sanciones que se le hubieren impuesto, indicando fecha, monto y concepto."

"Artículo 21. La revalidación es el acto administrativo que tiene por objeto prorrogar hasta por un año la vigencia de una licencia, expedida en los términos de la presente ley.

"El licenciatario deberá solicitar por escrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a partir del mes de septiembre y hasta diciembre de cada año, la revalidación de su licencia. La secretaría dará respuesta de la revalidación en un término no mayor a sesenta días naturales a partir de la solicitud recibida.

"La secretaría, para el otorgamiento de la revalidación considerará las sanciones impuestas al licenciatario, su cumplimiento, el pago de sus impuestos y la frecuencia de las violaciones a la presente ley.

"La ubicación y distancia del establecimiento, respecto de algún plantel educativo, será considerado por la secretaría para efecto de revalidación de la licencia."

"Artículo 22. Si el licenciatario no obtuviere respuesta de la secretaría, transcurrido el plazo de sesenta días a que se refiere el artículo anterior, sobre la revalidación de la licencia, se entenderá que la resolución es en sentido negativo y a partir de ese plazo, contará el correspondiente para que el titular de la licencia, de así considerarlo, interponga los medios de defensa que estime pertinentes."

"Artículo 23. En el tiempo durante el cual se encuentre subjúdice la resolución que resuelva el medio de defensa interpuesto, el establecimiento podrá seguir operando si así lo desea el licenciatario o promovente."

"Artículo 24. La revocación es el acto administrativo por el cual la secretaría deja sin efecto el acto que dio origen a la expedición de una licencia.

"Son causas de revocación de licencia las siguientes:

"I. Cuando así lo requiera el orden público, la moral o las buenas costumbres, o bien exista una causa de interés general que a juicio de la autoridad lo justifique;

"II. Cuando el crecimiento de la población así lo exija, considerando el desarrollo urbano de la localidad de que se trate;

"III. Ocurran en el interior del establecimiento hechos o actos que alteren el orden público, la moral o las buenas costumbres, o que pongan en peligro la integridad o la vida de los concurrentes o consumidores;

"IV. Cuando el titular de la licencia no inicie la operación del establecimiento en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de su expedición; o deje de funcionar el establecimiento por el mismo periodo, por causa imputable al licenciatario;

"V. La violación que de cualquier manera se haga al artículo 19 de la presente ley;

"VI. Cometer el licenciatario tres infracciones en un periodo de sesenta días, o cinco acumuladas en un año;

"VII. En los casos en que se compruebe que el establecimiento ha dejado de reunir los requisitos que exige esta ley, o se incurra por parte de los licenciatarios en faltas u omisiones graves contemplados en la misma;

"VIII. Permitir en los establecimientos el consumo o distribución de drogas enervantes, sustancias psicotrópicas o cualquier otra, cuya distribución, consumo o venta se encuentre restringida por las leyes de la materia;

"IX. Vender o permitir en los establecimientos la venta de bebidas alcohólicas que estén adulteradas o contaminadas; y

"X. La venta de bebidas alcohólicas a temperatura distinta a la del ambiente, tratándose de establecimientos que cometan dicha violación por segunda ocasión."

"Artículo 25. Toda persona física o moral que cuente con una licencia para la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, deberá informarpor escrito a la secretaría con quince días de anticipación, del cierre temporal o definitivo del establecimiento."

Los preceptos legales supracitados regulan la solicitud de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta y distribución de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, los requisitos y trámites de esa petición, así como las condiciones y plazos para la expedición de la licencia respectiva, su vigencia, revocación y revalidación.

De lo anterior se sigue que las disposiciones que se analizan no imponen, por su sola vigencia, obligaciones a los gobernados, pues las exigencias que establecen se actualizan cuando los interesados acuden ante la autoridad administrativa correspondiente, a efectuar la solicitud de licencia o revalidación de la misma, por lo que para que irroguen perjuicio a los gobernados, es necesaria la existencia de un acto concreto de aplicación en su perjuicio.

Ahora bien, el artículo 24 antes invocado prevé las causas de revocación de las licencias de funcionamiento, por lo que, como ya se señaló, requiere de un acto concreto de aplicación para que irrogue, perjuicio a los gobernados, sin que en el caso a estudio los quejosos hayan demostrado que se ha actualizado alguna de las hipótesis que dicho precepto prevé, esto es, que la autoridad administrativa ha llevado a cabo la revocación de sus licencias, motivo por el que, respecto de este numeral, procede sobreseer en el juicio de garantías.

Por otro lado, contrariamente a lo sustentado por el Juez de Distrito del conocimiento, sí existe acto de aplicación respecto de los diversos artículos previamente citados, pues ese acto de aplicación se configuró, en el caso concreto, a través de la solicitud de revalidación que cada uno de los quejosos presentó ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Tabasco, toda vez que fue precisamente entonces cuando se individualizó la hipótesis que tales normas legales prevén.

En lo conducente, sirve de apoyo a la anterior conclusión, el criterio plasmado en la jurisprudencia número 37/96, sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en el Anexo al Informe Anual 1996, página 316, que dice:

"DERECHOS POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS. LOS ARTÍCULOS 210, 211 Y 212-A DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS ESTABLECEN, SON HETEROAPLICATIVOS. En términos generales, los derechos se distinguen de los impuestos en que los primeros se causan por los servicios públicos que presta el Estado, o por el uso o goce de bienes de dominio público de la nación, y los segundos se generan por la realización de las situaciones de hecho o jurídicas previstas en las leyes que no coincidan con las previstas como causas típicas de otras especies de contribuciones. En estas condiciones, las normas que establecen la obligación de pago de derechos, son generalmente heteroaplicativas, ya que por su sola entrada en vigor, no causan perjuicio ni modifican alguna situación jurídica existente, como acontece con los artículos 210, 211 y 212-A del Código Financiero del Distrito Federal, que contemplan el pago de derechos por la expedición y revalidación de licencias. Por consiguiente, la procedencia del amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de los citados preceptos exige acreditar que se ha solicitado la actuación del Estado para la prestación del servicio de que se trate, lo que se logra con la exhibición de la solicitud de expedición de la licencia o permiso, o bien, de su revalidación o con el recibo de pago correspondiente."

Por cuanto hace a los artículos 40 a 46 de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco, inmersos en el capítulo X, denominado "Sanciones", así como a los artículos 54 a 58 de la misma legislación, contenidos en el capítulo XII, titulado "De los delitos de venta y distribución ilícita de bebidas alcohólicas", es necesario precisar que tienen el siguiente texto:

"Capítulo X. Sanciones.

"Artículo 40. Las infracciones a esta ley, se sancionarán:

"I. Con multa de veinte a cien días de salario mínimo vigente en la entidad, y clausura temporal hasta por un plazo de quince días, en los siguientes casos:

"a) Por no mostrar en lugar visible, la licencia y en su caso el permiso original respectivo.

b) A quienes, estando obligados a ello, no fijen letreros visibles en el exterior de sus establecimientos, dando a conocer la prohibición de la venta o entrada a menores de edad o personas que no estén en pleno goce de sus facultades mentales.

"II. Con multa de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad, y clausura temporal hasta por un plazo de treinta días, en lo siguientes casos:

"a) A quienes permitan el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los establecimientos mencionados en los artículo 5o. y 7o. de esta ley;

"b) A los licenciatarios o permisionarios que suministren datos falsos a las autoridades;

"c) A los que permitan el acceso a menores de edad o personas que no estén en pleno goce de sus facultades mentales, en los establecimientos de discotecas, cabarets, bares, cantinas y cervecerías;

"d) A los que no cumpla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4413-44e22329/bebidas-alcoholicas-el-congreso-del-estado-de-tabasco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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