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Modo: Corpus Pro

EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 118/2001. · Registro digital (IUS): 16995
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANUNCIOS EN DIRECTORIOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 1062.

AMPARO EN REVISIÓN 118/2001. ANUNCIOS EN DIRECTORIOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los agravios que hace valer la parte quejosa los cuales se estudian en forma conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En el primer agravio la parte quejosa aduce que el a quo hace una aplicación inexacta del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 107, fracción II, párrafo primero, constitucional; 76 y 79 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al declarar infundado el concepto de violación a la garantía de equidad tributaria que expresó en la demanda de garantías, que deriva de las exenciones del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal que se establecen en el artículo 59, fracción X, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con motivo de que trata de manera desigual a sujetos que se hallan en la misma situación objetiva, puesto que la calidad de patrón y los pagos que realizan con motivo de las remuneraciones al trabajo personal, que tienen los sujetos que exenta la fracción X, en nada difieren de los realizados por ella.

Que lo resuelto por el a quo constituye una apreciación inexacta de hechos y de la garantía de equidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que el hecho imponible en el impuesto es hacer pagos que remuneran el trabajo personal, por lo que se trata de un impuesto indirecto que, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mide únicamente un aspecto de los actos o actividades del contribuyente y no la totalidad de sus movimientos patrimoniales, por lo que los fines de las personas que hacen estos pagos gravados son ajenos a la medición del hecho imponible, que sólo consiste en efectuar las citadas erogaciones para remunerar trabajo personal en el Estado de México, por lo que también es ajeno al hecho imponible en la medida en que el pago del impuesto afecte la capacidad del contribuyente de contratar nuevos trabajadores, pues la afectación será la misma en todos los casos.

Que la consideración del a quo para resolver infundado el concepto de violación contraviene los principios constitucionales rectores de las disposiciones legales fiscales, previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues las exenciones que establece el artículo 59 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, sí vulneran la garantía de equidad tributaria, conforme a la cual a situaciones de hechos iguales, como la realización de erogaciones remunerativas, corresponden consecuencias de derecho iguales.

Que en el caso, no se presenta elemento alguno que justifique que queden excluidas las personas relacionadas en la fracción X del artículo 59 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y que en cambio la quejosa sí quede sujeta al pago del citado impuesto, porque el hecho imponible consistente en el pago de sueldos, salarios y demás prestaciones con motivo de una relación de trabajo, es completamente ajeno a la actividad que realiza el contribuyente, o al fin que persigue y, por ello, el pago de la nómina por trabajo prestado en el Estado de México es por sí mismo suficiente para denotar una capacidad contributiva.

Que existen organismos descentralizados y fideicomisos estatales y municipales lucrativos que admiten inversión privada y que, incluso, no reciben automáticamente la exención del impuesto sobre la renta, igualmente están obligadas a pagar impuestos al valor agregado y a aceptar el traslado de este impuesto, conforme a los artículos 5o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Que las consideraciones de fomento al empleo aplican por igual a cualquier empresa, y no solamente a la microindustria, pues entre mayores recursos tenga la empresa, mayor será su capacidad de inversión y contratación, por lo que el pago del impuesto afecta por igual a ambas categorías de contribuyentes y conforme al principio de equidad tributaria, corresponde darles el mismo tratamiento que a la quejosa.

En el segundo agravio, la quejosa aduce que el a quo viola el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que los motivos que invoca para declarar la constitucionalidad de las disposiciones reclamadas, permiten que subsista la violación a la garantía de equidad tributaria en su perjuicio, pues de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario y requisito indispensable que los elementos objetivos que justifiquen el otorgamiento de una exención se plasmen expresamente en el texto legislativo o en su historia legislativa, como lo son, la exposición de motivos, las discusiones parlamentarias, o bien, la iniciativa de reformas; situación que no acontece en el caso del invocado artículo 59, fracción X, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por lo que no es válido que el a quo infiera o trate de indagar según su criterio subjetivo cuáles fueron los elementos objetivos de la exención.

En el tercer agravio, la parte quejosa alega que el a quo aplica inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, respecto de la garantía de proporcionalidad tributaria, en relación con el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, con los artículos 76 y 79 de la Ley de Amparo y 222 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, la falta de carácter remunerativo de los vales de despensa que entrega a sus trabajadores, hace que el impuesto en cuestión constituya una erogación de naturaleza distinta a una remuneración que se paga como contraprestación por trabajo prestado, pues la finalidad del pago del salario y demás prestaciones sí consisten en cubrir una retribución por trabajo personal, sin embargo, la entrega de vales de despensa tiene un motivo y un fin distintos, que es permitir que el trabajador reciba un medio que no se grava con el impuesto sobre la renta, que le permite adquirir necesidades básicas para sí mismo y su familia, con lo que se logra que el trabajador destine su salario a otras finalidades o necesidades, o lo ahorre, constituyendo una prestación análoga a una prestación de previsión social.

Que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el impuesto sobre nóminas es proporcional, porque el pago de remuneraciones al trabajo personal subordinado revela una fuente de riqueza y, por ende, una capacidad contributiva, lo cierto es que esa capacidad contributiva está reconocida en función de que lo pagado sea retribución y contraprestación por trabajo prestado al patrón, que el trabajo prestado al patrón y por el que paga la contraprestación le es redituable al patrón, y que el patrón está pagando trabajo adquirido, por lo que la entrega de vales de despensa, como gasto de previsión social que halla su motivación y origen en la búsqueda del bienestar social del trabajador, no entra en la categoría de erogación patronal, porque no es remunerativa y, por ello, no evidencia la misma capacidad contributiva que el pago de una remuneración o retribución a trabajo personal subordinado prestado en beneficio del patrón.

Que si el hecho imponible son erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, entonces no existe razón que justifique la inclusión en la base de conceptos que no son remuneraciones al trabajo personal, como es el caso de los vales de despensa, pues al consistir el hecho gravado en las erogaciones por remuneraciones por trabajo personal, solamente estas remuneraciones pueden ser objeto del impuesto, siendo necesario para la inclusión de otros conceptos en la base del impuesto, que los mismos evidencien exactamente la misma capacidad contributiva que dichas remuneraciones, lo que no ocurre en la especie, porque en el caso de las remuneraciones el patrón paga la contraprestación correspondiente al trabajo personal que le es proporcionado, y en el caso de los vales de despensa el patrón busca el bienestar del trabajador mediante el ahorro de su salario, por tanto, no cualquier erogación por una empresa justifica la proporcionalidad de un impuesto sobre nóminas, sino solamente las remuneraciones pagadas como retribución por trabajo personal proporcionado a la empresa, que le beneficia y que le es redituable al patrón.

Que si bien es cierto que los vales de despensa encuentran su origen en la relación laboral y tienen una naturaleza semejante a las prestaciones de previsión social, no encuentran su justificación en el trabajo prestado individualmente por el trabajador, sino que principalmente atienden a motivaciones sociales, en beneficio de la clase trabajadora, a fin de que alcance un mayor nivel de vida, lo cual se logra en la medida en que dichos vales no son un ingreso gravado para el trabajador.

Esto es, que los vales de despensa presuponen una relación laboral, pero su finalidad es dar al trabajador un beneficio que el pago del salario no puede darle, que es contar con recursos que no constituyen ingreso gravado por el impuesto sobre la renta para adquirir satisfactores, sin tener que destinar para ello su salario, por lo que su finalidad primordial no es pagarle al trabajador por su trabajo, ya que cuando se pagan prestaciones de previsión social, la finalidad es otra, complementaria a la prestación jurídica del pago del salario, consistente en proporcionar beneficios adicionales al trabajador, no como retribución por su trabajo, sino simplemente en razón de que existe la relación laboral entre el patrón y el trabajador, por ende, los vales de despensa no evidencian la misma capacidad contributiva que los conceptos que retribuyen directamente el trabajo personal, al tratarse de prestaciones de previsión social.

Que en el caso de vales de despensa, la relación entre la base del impuesto y el objeto del mismo se rompe porque no son contraprestaciones remunerativas del trabajo prestado, sino beneficios adicionales para el trabajador, cuyo origen no es retribuir trabajo personal prestado sino la existencia de la relación laboral.

Ahora bien, en principio cabe señalar que las erogaciones en dinero o en especie que los patrones pagan a sus trabajadores constituyen una fuente indicativa de capacidad contributiva o de riqueza, pues es lógico que si no existiera una fuente de riqueza no podrían realizarse dichas erogaciones, pues el hecho de que el gravamen no considere la totalidad del patrimonio de la empresa o patrón, obedece al carácter real de la contribución, según el cual, se aísla la fuente de tributación de las circunstancias particulares de cada causante, sin que tal situación entrañe una violación al principio de proporcionalidad, puesto que de cualquier manera siguen pagando más quienes manifiesten mayor riqueza; esto es, los patrones que cuenten con una nómina superior tanto por los empleados con que cuenten como por las remuneraciones que les cubren, sin que obste para ello, que el gravamen se cubra conforme a un porcentaje y no a una tarifa progresiva, pues ésta, en general, se ha aceptado aunque no se siga literalmente del texto constitucional cuando se persigue valorar el universo patrimonial del obligado, mas no cuando se grava una fracción objetiva que es indicativa de su riqueza pues, por lo general, debe advertirse que a mayor nómina, mayor capacidad contributiva.

Lo anterior tiene sustento en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia número P./J. 42/95, visible en la página 75, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor literal señala lo siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P./J. 42/95

"Página: 75

"CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. EL OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180, SÍ ATIENDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL OBLIGADO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 45-G a 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que el impuesto sobre nóminas no es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, puesto que su objeto es indicativo de la capacidad contributiva del sujeto obligado; criterio que hoy se reitera con respecto a los artículos 178 a 180 del Código Financiero del Distrito Federal. En efecto, las erogaciones por concepto de remuneraciones a los trabajadores, suponen la existencia de una fuente tributable, pues es lógico que si no existiera una fuente de riqueza no podrían realizarse dichas erogaciones. De aquí que tales gastos sí son indicativos de la capacidad tributaria."

El criterio establecido por el Pleno resulta aplicable a este asunto, ya que el impuesto reclamado toma en consideración la capacidad contributiva del sujeto pasivo, toda vez que su objeto consistente en las erogaciones en dinero o en especie que se realizan como contraprestación por el trabajo personal subordinado, son un indicador de capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, dado que tales gastos tienen como antecedente y razón de ser que le es redituable y, por ello, es una manifestación de riqueza de quienes las efectúan.

Además, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 242, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que también se aplica por identidad de razón, visible en la página 228, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala lo siguiente:

"NÓMINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA DEL 2% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45-H DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La tasa fija del dos por ciento sobre el total de las erogaciones para el cálculo del monto del impuesto sobre nóminas, establecida por el artículo 45-H de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes del impuesto sobre nóminas a la que atiende este gravamen está en relación directa con los gastos o erogaciones que realicen por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado."

Así como la tesis de jurisprudencia número P./J. 44/95, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por identidad de razón, visible en la página 97, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. LA TARIFA ÚNICA DEL 2% NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD. Siguiendo el criterio establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 45-G a 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, debe decirse que el artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal señala como sujetos del impuesto sobre nóminas a las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, razón por la cual el citado artículo satisface los requisitos de universalidad y generalidad respecto de quienes se ubiquen en la hipótesis del gravamen. Ahora, el hecho de que la tasa del 2% enfrente la imposibilidad de valorar las circunstancias personales de cada contribuyente, tampoco entraña violación al principio de equidad, pues tratándose de un impuesto de carácter objetivo, debe prescindirse de los factores personales o subjetivos de cada patrón, como pudieran ser los ingresos o las pérdidas que en cada caso resintieran los particulares obligados, así como la mejor o menor remuneración que se otorgue a los trabajadores, puesto que la naturaleza de este gravamen, obliga a aislar la fuente indicativa de riqueza sin involucrar el universo patrimonial del contribuyente. Por tanto, el criterio que rige el principio de equidad en este tipo de contribuciones, se contrae a la igualdad en lo que concierne a hipótesis de causación, plazos de pago y demás características objetivas de la fuente impositiva, sin pretender que a título de dicho trato igualitario puedan introducirse cuestiones objetivas y ajenas a la naturaleza del impuesto. En este sentido, la tarifa única del 2% no constituye un factor de desequilibrio entre los causantes del gravamen, pues de modo análogo a otros tributos reales como el impuesto predial que no puede depender de manera esencial de las circunstancias personales de cada contribuyente, el impuesto sobre nóminas tampoco puede sujetarse a la casuística de cada empresario."

Por su parte, los artículos 56, 57 y 59, fracción X, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, señalan:

"Artículo 56. Están obligadas al pago de este impuesto, las personas físicas y morales que dentro del territorio del Estado realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, independientemente de la denominación que se les otorgue.

"Para efectos de este impuesto se consideran remuneraciones, las siguientes:

"I. Sueldos y salarios.

"II. Tiempo extraordinario de trabajo.

"III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos.

"IV. Compensaciones.

"V. Gratificaciones y aguinaldos.

"VI. Participación patronal al fondo de ahorros.

"VII. Primas de antigüedad.

"VIII. Participación de los trabajadores en las utilidades.

"IX. Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral.

"X. Comisiones.

"XI. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración de sociedades o asociaciones."

"Artículo 57. El impuesto se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado."

"Artículo 59. No se pagará este impuesto, por las erogaciones que se realicen por concepto de las siguientes remuneraciones prestadas de manera general:

"...

"X. Contraprestaciones pagadas por:

"A) El Estado y los Municipios, así como los organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales.

"B) Las instituciones de enseñanza privada, con autorización o reconocimiento oficial de estudios, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de México.

"C) Las organizaciones y partidos políticos registrados conforme a las leyes de la materia.

"D) Las instituciones de beneficencia reconocidas por el Estado.

"E) Los sindicatos, cámaras empresariales y las instituciones que los agrupen.

"F) Las microindustrias inscritas en el padrón nacional de la microindustria.

"G) Las personas físicas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o acuícolas, con ingresos anuales menores de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica, elevado al año.

"H) Las personas morales que se dediquen a las actividades referidas en el inciso que antecede, con ingresos anuales que no excedan de veinte salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda elevados al año, por cada socio, sin que sus ingresos totales excedan de doscientos salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica, elevados al año.

"I) Las personas físicas y morales que tengan a su servicio hasta tres trabajadores que perciban el salario mínimo general del área geográfica que corresponda."

Los términos en que se crearon estos preceptos permiten advertir que el legislador, frente a la declaración formal de cuál es el hecho imponible del tributo, decidió incluir en este precepto un numeroso listado de supuestos que no deben entenderse comprendidos dentro del impuesto que se reclama, con lo cual, en realidad, limitó a términos más reducidos la hipótesis de causación del tributo.

Además, aun cuando los preceptos en comento hacen referencia a que no serán objeto del tributo controvertido las contraprestaciones pagadas por los causantes señalados en el artículo 59, fracción X, del Código Financiero de la entidad, a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para los demás contribuyentes, este tratamiento especial concedido a las personas físicas y morales señaladas en dichos preceptos, es acorde al principio constitucional de equidad tributaria: a) porque vincula a todas aquellas personas físicas y morales que están incluidas dentro de dicho sistema; y b) porque tales personas forman parte de un grupo de contribuyentes con características tan peculiares que se consideran suficientes para justificar el trato desigual existente en la ley; motivos por los cuales se considera que ello no convierte a la ley en privativa, puesto que los preceptos son de aplicación general, abstracta e impersonal, para aquellos sujetos que se encuentren dentro del supuesto legal, sin contraerse a un caso concreto y determinado y sin que estas disposiciones se apliquen a una persona particular o una empresa en lo individual.

Es aplicable a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia número 222, sustentada por nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 211 y 212, que a la letra dice:

"LEYES PRIVATIVAS.-Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional."

Ahora bien, el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por el cual se exige a las leyes de este género conceder un trato igual a las personas colocadas en la misma situación y uno diferente a quienes se encuentren en situaciones diversas, ha dado lugar a la formulación de tesis de jurisprudencia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refieren específicamente a las reglas de exención de un tributo, que resultan orientadoras de la manera como actúa el principio constitucional invocado, tesis que aparecen publicadas con los números 163 y 164 en las páginas 165 a 167, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que son del tenor siguiente:

"IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.-Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se concede considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de categorías determinadas de sujetos."

"IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS (DECRETO NÚMERO 200 DEL ESTADO DE SINALOA).-Es constitucional la exención de impuestos cuando se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas (no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las personas, estimándose sus características personalísimas), en atención a la situación jurídica abstracta prevista en la ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto Número 200 del Estado de Sinaloa, que en el artículo 150 exime del pago del impuesto, entre otras personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de las delegaciones científicas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados públicos federales, del Estado o de los Municipios, que reciban gratificaciones de fin de año. Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de una categoría de sujetos."

Estas tesis le dan una interpretación al artículo 28 constitucional, que prohíbe establecer exenciones o privilegios para favorecer los intereses de una o más personas determinadas y autoriza las que se fijen considerando situaciones objetivas que reflejen intereses sociales o económicos de ciertas categorías de contribuyentes; por lo que el análisis de manera conjunta de los artículos 13 y 28 constitucionales lleva a considerar que las exenciones de impuestos deben no sólo observar los requisitos de generalidad y abstracción, sino también conservar el esquema de igualdad de las cargas tributarias que pesan sobre los particulares, para lo cual es necesario que el legislador, al crear el supuesto jurídico de la obligación tributaria, no se conduzca con fines discriminatorios (por ejemplo, por motivos de raza, religión o sexo), ni caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos con relevancia y significación frente al objeto y fin de la ley tributaria.

La aplicación de estas reflexiones en la especie lleva a la conclusión de que el principio de equidad no se vulnera porque en la ley reclamada se exente del tributo a aquellos supuestos en que las prestaciones sean pagadas por el Estado y los Municipios, así como los organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales, instituciones de enseñanza privada, organizaciones y partidos políticos registrados conforme a las leyes de la materia, instituciones de beneficencia reconocidas por el Estado, sindicatos, cámaras empresariales y las instituciones que los agrupen, microindustrias inscritas en el padrón nacional de la microindustria, personas físicas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o acuícolas, con ingresos anuales menores de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica, elevado al año, personas morales que se dediquen a las actividades referidas en el inciso que antecede, con ingresos anuales que no excedan de veinte salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda, elevados al año, por cada socio, sin que sus ingresos totales excedan de doscientos salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica, elevados al año, personas físicas y morales que tengan a su servicio hasta tres trabajadores que perciban el salario mínimo general del área geográfica que corresponda.

Por lo anterior, el legislador declaró exentos de causación a los sujetos y entidades referidos, que desarrollan actividades que estimó no conveniente considerar por razones de orden económico (agrícolas, pecuarias, etcétera, o de personas físicas y morales con un mínimo de ingresos), de orden social (actividades educativas), de naturaleza política o de orden público (partidos políticos, uniones profesionales o de comerciantes).

De ahí que no se establezca un trato desigual motivado en una decisión caprichosa o arbitraria de su autor, sin que obste para esta conclusión que la misma no contenga la explicación de los motivos de orden político, social o económico que llevaron al legislador a definir las exenciones en los términos en que lo hizo, pues en la Constitución Federal no existe alguna norma que exija esta formalidad.

Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 146 en las páginas 149 y 150, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.-Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."

Asimismo, es de precisarse a la quejosa que la Juez de Distrito al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16995-2074029d/erogaciones-por-remuneraciones-al-trabajo-personal-subordinado-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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