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Modo: Corpus Pro

CONCURSOS MERCANTILES. LA VISITA DE VERIFICACIÓN QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 29 A 41 DE LA LEY RELATIVA, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO, POR LO QUE NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 311, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY RELATIVA, QUE LO FACULTA PARA DICTAR REGLAS TÉCNICO-OPERATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 311, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY RELATIVA, PARA DICTAR REGLAS TÉCNICO-OPERATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DELEGATORIO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. CONCURSOS MERCANTILES. AL SER LA ORDEN DE VISITA QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 29 A 41 DE LA LEY RELATIVA UNA CONSECUENCIA LEGAL DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, SATISFECHOS LOS REQUISITOS PARA ELLO, SE CUMPLE CON LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN DE AQUÉLLA. CONCURSOS MERCANTILES. LA VISITA DE VERIFICACIÓN QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 29 A 41 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DEL COMERCIANTE. CONCURSOS MERCANTILES. PARA LA ADMISIÓN DE SU SOLICITUD, NO BASTA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y CON LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE UNA PERSONA, SINO QUE SE REQUIERE DEMOSTRAR PRESUNTIVAMENTE EL INCUMPLIMIENTO GENERALIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DEL COMERCIANTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1030/2004. · Registro digital (IUS): 19946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CORPORACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 97.

AMPARO EN REVISIÓN 1030/2004. CORPORACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto transitorios del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juzgado de Distrito en Materia Civil en un juicio de amparo en el que se hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 29 al 41, 311 y 321 de la Ley de Concursos Mercantiles y de las reglas generales emitidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

SEGUNDO. Las consideraciones en que se basó el Juez de Distrito para dictar su resolución, son las que a continuación se resumen:

1) Es inoperante la afirmación de la quejosa consistente en que el hecho de que los visitadores cobren honorarios viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque los artículos que regulan dichos honorarios son el 224, fracción V y el 333 de la Ley de Concursos Mercantiles, y esos artículos no fueron reclamados en la demanda como inconstitucionales.

2) Es infundado que las personas que practican la visita sean ajenas a la administración de justicia, que no estén sujetos a una ley y que no dependan de un órgano jurisdiccional, porque el visitador es designado y depende del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que es un órgano auxiliar de la administración de justicia; asimismo, se encuentra sujeto a una ley, que es la Ley de Concursos Mercantiles, y si bien es cierto que no dependen del Juez a nivel jerárquico, también lo es que tienen la obligación de acatar sus órdenes.

3) No es cierto que la orden de visita sea un acto privativo, porque este tipo de actos tiene como fin el suprimir de manera definitiva los bienes o derechos del afectado; la orden de visita, por el contrario, es un acto de molestia porque no suprime ni menoscaba los derechos del comerciante de manera definitiva, sino que sólo los restringe de manera provisional. Por tanto, sólo es necesario para realizarla un mandamiento escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento, de acuerdo con el artículo 16 constitucional.

El visitador y sus auxiliares deben tener acceso a los documentos del comerciante, pero no pueden llevárselos, y al terminar la visita, no podrán introducirse nuevamente en el domicilio del visitado, ni ver de nuevo sus papeles, por lo que el hecho de que realicen la visita sólo implica una restricción provisional y no definitiva de los derechos del comerciante; de ahí que la orden de visita no sea un acto privativo, sino de molestia.

En conclusión, como la orden de visita no es un acto privativo, no es necesario observar la garantía de audiencia previa para practicarla, ni la totalidad de derechos que ella otorga, entre los que se encuentran que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se le dé oportunidad de defensa previa al acto privativo y que haya un juicio previo a la privación de derechos, pues la garantía de audiencia que instituye el artículo 14 constitucional está prevista única y exclusivamente para la realización de actos privativos y no para los actos de molestia. De esa manera, para la práctica de dicha diligencia debe atenderse sólo a las disposiciones del artículo 16 constitucional y de la Ley de Concursos Mercantiles, que es la legislación secundaria correspondiente. En consecuencia, los artículos 29 a 41, 311 y 321 de la Ley de Concursos Mercantiles que prevén la orden de visita de verificación no son inconstitucionales.

Por otro lado, es inoperante el concepto de violación consistente en que los artículos 26 y 27 de la Ley de Concursos Mercantiles violan las garantías de la comerciante, porque la quejosa no hizo valer la inconstitucionalidad de los mismos, ya que cuando se le previno para que aclarara su demanda sobre qué artículos de la ley reclamaba, únicamente lo hizo por los artículos 29 a 41, 311 y 321, sin que lo hiciera por los diversos 26 y 27, por lo que estos últimos no son materia de la litis constitucional.

4) Es infundado que los artículos 29 a 41, 311 y 321 del mismo ordenamiento violen el artículo 16 constitucional, porque la orden de visita que previenen se emite sin motivación.

El quejoso afirma lo anterior aduciendo que basta con la existencia de una demanda para que se ordene la práctica de la visita, y que la sola afirmación de una persona no es suficiente motivación.

En efecto, no es cierto que baste la existencia de una demanda o la afirmación de una sola persona para que se ordene la visita, porque la ley exige mayores requisitos: el demandante tiene que demostrar que es acreedor del comerciante, acreditar presuntivamente el incumplimiento de las obligaciones a dos o más acreedores, que las obligaciones que tengan por lo menos treinta días de vencidas representen el 35% de la totalidad o que no tenga activos para hacer frente al 80% de las mismas; además, debe probar que garantizó los honorarios del visitador y exhibir todos los documentos que tenga en su poder y que sirvan como pruebas.

En otro sentido, si bien es cierto que la orden de visita es un acto de molestia contra el comerciante, también es cierto que tal afectación es con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos de interés público, como son la economía nacional, el empleo de los trabajadores, la fluidez de capital, la estabilidad comercial y la supervivencia de la empresa.

Es necesaria y justificada la emisión de una orden de visita pues, aunque se afecten los derechos individuales del comerciante, los mismos son de naturaleza individual, mientras que los intereses que protege la Ley de Concursos Mercantiles son colectivos y, por ello, deben prevalecer, ya que la quiebra de una empresa puede engendrar desempleo, suspensión de pagos en perjuicio de acreedores y la afectación a la economía del país.

Por tanto, los artículos mencionados no violan la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, porque sí prevén una suficiente motivación para la emisión de la orden de visita.

5) Es inoperante el argumento consistente en que los artículos impugnados violan las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, en el dicho de la quejosa, el artículo 26 de la Ley de Concursos Mercantiles concede un derecho adicional a quien demanda al otorgársele mayores ventajas y prerrogativas, lo que vulnera las garantías individuales y rompe con la equidad procesal.

Esta inoperancia se deriva del hecho de que la garantía de igualdad no se encuentra contenida en los artículos 14 y 16, sino en los artículos 1o., 4o., 12 y 13 constitucionales.

Además, en el escrito de aclaración de demanda, el quejoso no señaló al artículo 26, y por no ser ese artículo parte de la litis de este juicio de garantías, los agravios relativos resultan inoperantes.

6) Es infundado que las reglas de carácter general no revistan el carácter de leyes, porque si bien el artículo 17 constitucional prevé que la justicia se debe administrar atendiendo a lo previsto en las leyes, este término es utilizado en su sentido amplio, incluidas las disposiciones de carácter general. El Congreso de la Unión, al emitir la Ley de Concursos Mercantiles, decidió que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles emitiría reglas de carácter general sin que tuvieran que pasar por el proceso legislativo.

También es infundado que dichas reglas violen el artículo 14 constitucional, porque no se expidieron con anterioridad al inicio del procedimiento, debido a que el instituto mencionado las emitió y publicó en su página de internet con anterioridad a la presentación de la demanda.

7) Es infundado que el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles viole el artículo 100 constitucional con la facultad que concede al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para emitir reglas generales porque se esté delegando la facultad legislativa a dicho instituto.

Esto es así, porque el Congreso de la Unión no delegó sus facultades, sino que precisamente en uso de sus atribuciones legislativas reflejadas en la Ley de Concursos Mercantiles, consideró que el órgano idóneo para establecer las disposiciones relativas a las obligaciones y facultades de los visitadores sería el instituto, sin que esto contravenga el artículo 100 constitucional, pues si bien el instituto es un órgano auxiliar del consejo, el precepto de la Carta Magna sólo prevé el funcionamiento de este último y no así de su órgano auxiliar que es el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Por tanto, el instituto sí es competente para emitir sus reglas y, por ende, los criterios de selección y actualización de especialistas de concursos mercantiles tienen eficacia jurídica y, en consecuencia, los actos ejecutados al tenor de tales criterios también. Por ello, los especialistas sí tienen facultades para actuar en el procedimiento concursal.

8) Es infundado que las normas en que se funda el auto que ordena la visita sean inconstitucionales por no constituir derecho positivo debido a que no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque no es necesario dar a conocer por ese medio dichas reglas, pues sólo se emitieron para el funcionamiento del instituto sin que sean de observarse por el particular comerciante.

TERCERO. La parte quejosa expuso como agravios los que a continuación se sintetizan:

1) El Juez considera erróneamente que la orden de visita no resulta definitiva, sino provisional o accesoria como las medidas provisionales o cautelares, mismas que no comparten la misma naturaleza que la primera y, por tanto, es claro que no deben tener el mismo tratamiento.

Hay que diferenciar entre lo que es un derecho a tener o poseer un documento de lo que es el derecho a que el documento permanezca en privacidad. Con la orden de visita no se despoja al comerciante de sus documentos, pero sí de la privacidad, con lo cual se le priva de un derecho.

Es cierto que con la visita no se busca violar el derecho a la privacidad de la contabilidad en un principio, pero revisándola se viola en forma definitiva ese derecho, porque ya no puede ser reparado en el futuro, pues la información no desaparece de la mente de los visitadores y sus auxiliares, los acreedores y las demás personas que conocieron el dictamen de visita.

2) Por otro lado, la sentencia reclamada viola en perjuicio de mi representada los artículos 79, 116 y 146 de la Ley de Amparo, porque el desahogo de una prevención es un escrito que sólo llena la demanda de amparo o la completa, pero no la contradice, ni suprime partes de su contenido; por tanto, si en la demanda de garantías se impugnaron los artículos 26 y 27 de la Ley de Concursos Mercantiles, aunque en la prevención que se hizo a la quejosa no se hayan mencionado, debían analizarse por el Juez.

Además, el Juez debe suplir los errores que advierta en la demanda de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que tenía que haber entrado al estudio de los artículos mencionados.

3) Para girar la orden de visita solamente se necesita comprobar que el actor es un acreedor, luego, hay que realizar un trámite meramente administrativo consistente en garantizar los honorarios del visitador y, por último, exhibir pruebas, que pueden ser muchas, pocas o ninguna, con lo que se demuestra que al girar una orden de visita no se cumple con las garantías de motivación y fundamentación.

Además, la Constitución no establece que el hecho de que una ley pretenda regular cuestiones de interés general o de mucha trascendencia tenga como consecuencia que se puedan omitir las formalidades para respetar las garantías individuales, como son la adecuada motivación y fundamentación de las leyes y de los actos de autoridad.

En la exposición de motivos de la ley, el legislador sostuvo que la visita era una medida urgente para el caso de que el comerciante recurriera a actos fraudulentos, pero no mencionó las razones concretas para justificar la visita, ni razonamiento alguno que demostrara por qué todos los comerciantes a quienes se les demanda el concurso deben someterse a la orden, con lo cual se deja a la quejosa en estado de indefensión y se permite que por la sola petición de un tercero se ordene la visita.

4) La garantía de legalidad que se estima vulnerada sí se encuentra en los artículos 14 y 16 constitucionales.

El artículo 14 establece claramente que toda ley debe velar porque se respeten a los particulares las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el garantizar la equidad en los procedimientos.

Por ello, si una ley establece disposiciones que implican una desigualdad de las partes, se viola el artículo 14 constitucional.

Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 79 de la Ley de Amparo, el Juez tenía la obligación de corregir los errores en la cita de los preceptos constitucionales expuestos en la demanda, por lo que debió entrar al estudio de los conceptos de violación relativos.

5) Las disposiciones de carácter general que emite el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles no pueden ser consideradas como ley, porque no fueron emitidas por órganos facultados para ello por la Carta Magna.

6) En términos del artículo 100 constitucional, el Congreso de la Unión no puede delegar sus facultades legislativas, por lo que la emisión de las reglas generales viola la Constitución, pues se emitieron siendo competencia exclusiva del Poder Legislativo.

Es absurdo resolver que la delegación de facultades al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es válida porque los legisladores consideraron que ese órgano era el idóneo para emitir las reglas que habrían de regirlo; resolver que una ley no es inconstitucional porque esa fue la voluntad del legislador es borrar de tajo la facultad del Poder Judicial de garantizar la observancia de la Constitución.

7) La resolución impugnada viola en perjuicio del quejoso lo dispuesto por los artículos 3o. y 4o. del Código Civil Federal, así como por el sexto transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles, porque las reglas generales que emite el Ifecom van dirigidas a los gobernados y no a los juzgadores o a sus auxiliares, pues son los particulares quienes tienen que cumplirlas.

Las reglas se refieren a la forma, requisitos y condiciones para designar al visitador sus remuneraciones y funciones, objetivos y forma de llevar a cabo esos procedimientos, por lo que no se trata de reglas de carácter interno del instituto, sino de reglas que son aplicables al comerciante.

Por ello, al ser normas generales que tienen aplicación sobre la esfera jurídica de los particulares, deben darse a conocer a éstos de acuerdo a la ley, y el Código Civil Federal establece que deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. Es necesario precisar que aun cuando en la demanda de amparo se señala como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad de la Ley de Concursos Mercantiles, de la lectura integral del escrito de aclaración de demanda se advierte que, en particular, se reclaman los artículos 29 a 41, 311 y 321. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar con precisión que el acto reclamado en el presente juicio de garantías es sólo sobre la inconstitucionalidad de tales artículos de la Ley de Concursos Mercantiles y con respecto a las reglas de carácter general emitidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

QUINTO. Los agravios expuestos por la recurrente son infundados.

No le asiste razón al recurrente al sostener, en el primer motivo de inconformidad, que la orden de visita sí es un acto privativo y, por tanto, debe cumplirse con la garantía de audiencia al momento de emitirla.

En primer lugar, es necesario establecer que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia.

Los actos privativos que se encuentran regulados por el artículo 14 constitucional, son aquellos que producen como efecto la disminución o supresión del carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente son autorizados mediante el cumplimiento de determinados requisitos, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.

En cambio, los actos de molestia que regula el diverso artículo 16 no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Esta restricción se autoriza únicamente cuando exista previamente un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumpla con las garantías de fundamentación y motivación.

Para poder distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a la finalidad de los mismos, esto es, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, julio de 1996

"Tesis: P./J. 40/96

"Página: 5

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

La recurrente combate la resolución reclamada afirmando que la orden de visita es un acto privativo porque con ella se despoja al comerciante de su intimidad, con lo cual se le priva de un derecho, porque una vez que los visitadores se enteran del contenido de los documentos del comerciante no se podrá borrar de su mente lo que vieron.

Este argumento resulta infundado, porque la orden de visita no constituye un acto de autoridad que por su propia naturaleza tenga como objetivo privar de sus derechos definitivamente al comerciante sino que, por sus características, dicha orden y la visita como tal comparten la naturaleza de una medida cautelar y, por tanto, no requieren que se cumpla con la garantía de previa audiencia, como lo pretende la inconforme.

En efecto, la visita de verificación establecida por los artículos 29 al 41 de la Ley de Concursos Mercantiles tiene las características propias de una medida cautelar, pues es un acto previo a la declaración del concurso mercantil y que tiene por objeto, precisamente, determinar si el comerciante se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 9o. de la Ley de Concursos Mercantiles para hacer, en su caso, la correspondiente declaratoria. Así, la referida visita no constituye un fin en sí misma, por lo cual resulta ser accesoria del procedimiento concursal, por lo que no puede considerarse que sea un acto privativo y, como se ha mencionado, no rige para ellos la garantía de previa audiencia.

Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: P./J. 21/98

"Página: 18

"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia."

Por otro lado, tampoco es correcto que con la visita se despoje al comerciante de su intimidad y que se le prive de un derecho, porque una vez que los visitadores se enteran del contenido de los documentos de éste, dicha privacidad ya no se puede reparar.

Se dice que es infundado el anterior argumento porque en esa actuación sólo se permite que el visitador, que actúa como un auxiliar del juzgador, tenga acceso a los libros de contabilidad, registros y estados financieros de la empresa relacionados con el objeto de la visita, esto es, determinar si se actualizan los supuestos de procedencia de la declaración de concurso mercantil. Esto significa que el visitador debe restringir su actuación únicamente al análisis de los documentos antes mencionados y no de otros ajenos al objeto de esa diligencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la ley concursal, quedando prohibido para dicho auxiliar llevarse los documentos y la contabilidad. Asimismo, una vez finalizada la visita de verificación, el visitador no podrá volver a tener acceso a los documentos analizados. De esta manera, se garantiza la confidencialidad de la información, pues sólo se analizan los datos estrictamente necesarios para determinar si se dan los supuestos del concurso mercantil y serán éstos los que se hagan constar en el acta circunstanciada que debe levantar y en el dictamen correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 40 del citado ordenamiento.

Ahora bien, tampoco es correcta la afirmación de la recurrente en el sentido de que con la visita se viola definitivamente su derecho a la privacidad y que dicha violación ya no puede ser reparada.

Lo anterior es así, pues la intimidad o privacidad de la información financiera y contable del comerciante no está garantizada en términos absolutos ni por la Constitución Federal ni por las leyes secundarias, como sería el Código de Comercio. La Constitución en su artículo 16 permite el examen de los papeles y posesiones de los gobernados previa orden de la autoridad competente debidamente fundada y motivada. Asimismo, en el Código de Comercio se establece en el artículo 43 in fine, que en los casos de quiebra (ahora llamada concurso mercantil), sí puede decretarse la entrega o reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes. Es decir, la intimidad o privacidad de la información del comerciante no es absoluta y por supuesto que, cuando el caso lo justifique, sí se puede tener acceso a la información confidencial correspondiente, como sucede en el caso de los concursos mercantiles, en donde esta supuesta invasión a la privacidad del comerciante no vulnera ningún derecho sustantivo por el interés superior que implica la quiebra de una empresa y las consecuencias que podría tener la misma, además de que, como ya se apuntó, la información que se revisa por parte de los visitadores es la estrictamente necesaria para determinar si se está en alguno de los supuestos del artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no alguna otra ajena a ese propósito.

Sirve de apoyo para lo anterior, por analogía, la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, abril de 2000

"Tesis: P. LX/2000

"Página: 74

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como ‘reserva de información’ o ‘secreto burocrático’. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

"Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez."

En otro sentido, son infundados los agravios relativos a que el escrito que aclara la demanda de amparo sólo la llena o completa, pero no suprime o contradice los elementos de su contenido.

Esta determinación se basa en que el artículo 146 de la Ley de Amparo establece la obligación de que el Juez de amparo prevenga al promovente para que, en caso de que la demanda sea confusa o imprecisa con respecto al acto reclamado, la aclare para corregir esas faltas.

Esa aclaración debe entenderse dirigida a hacer que la demanda sea inteligible o perceptible mediante una explicación y que se precise con toda claridad el acto o actos reclamados, cuando de la demanda de garantías, como ocurrió en el caso, no se advierta con plenitud.

Ahora bien, al plantear la demanda, la que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19946-e436ad77/concursos-mercantiles-la-visita-de-verificacion-que-preven · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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