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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL GRAVAMEN QUE ESTABLECE PARA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS OBEDECE AL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 331/2004. · Registro digital (IUS): 19686
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LA EUROPEA MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 90.

AMPARO EN REVISIÓN 331/2004. LA EUROPEA MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para decidir sobre la procedencia del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, a través de la cual se emitieron pronunciamientos de constitucionalidad de una ley federal, como lo es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Previo al estudio del presente asunto, resulta necesario fijar de manera clara y precisa los actos materia de la litis constitucional, a fin de examinar las cuestiones efectivamente planteadas por las empresas quejosas, para lo cual resulta indispensable atender tanto a la demanda de garantías como a las constancias que obran en el expediente en el que se actúa.

Tal como se precisó en el resultando primero de la presente resolución, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes:

A) La expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios "actualmente en vigor"; así como,

B) La expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo y falta de refrendo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dos.

Dicho señalamiento es referido por las empresas quejosas a los artículos 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3; así como al numeral 8o., fracción I, inciso e), ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Adicionalmente a lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que las empresas promoventes del amparo, también manifiestan, a través del segundo concepto de violación, que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulta inconstitucional.

Consecuentemente, debe entenderse que dicho numeral también forma parte del acto reclamado a través del presente juicio de garantías, atendiendo al texto vigente al momento de interponerse la demanda de garantías. Sustenta la consideración precedente la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, abril de 2000

"Tesis: P./J. 40/2000

"Página: 32

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."

En el contexto descrito, la fijación del acto reclamado debe entenderse en los términos que a continuación se precisan:

En primer término, en lo concerniente al artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reclamado en términos generales por las empresas quejosas a través del segundo concepto de violación, debe entenderse que se reclama el texto en vigor al momento de interponerse la demanda, tal como fue delimitado a través de su última reforma, derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.

De conformidad con dichas reformas, el texto en vigor al momento de interponer la demanda de amparo, era el siguiente:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:

"I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación, definitiva, de los bienes señalados en esta ley.

"II. La prestación de los servicios señalados en esta ley.

"El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2o. del mismo.

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley.

"El impuesto a que hace referencia esta ley no se considera violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales."

El texto vigente al momento de interponer la demanda de garantías, correspondiente al referido artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entró en vigor el primero de enero de dos mil tres, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo primero, correspondiente a disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil tres.

Por lo que se refiere al artículo 2o., fracción I, inciso A), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, debe considerarse que las empresas quejosas reclaman el texto vigente al momento de interponerse la demanda de garantías, cuya última reforma tuvo lugar mediante la denominada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, debiendo precisarse que la publicación respectiva se limita a establecer las reformas y adiciones a la propia Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como las disposiciones que se derogan en relación con dicho ordenamiento.

De conformidad con dichas reformas, el texto en vigor al momento de interponer la demanda de amparo, era del tenor literal siguiente, en la parte reclamada por las empresas quejosas:

"Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:

"I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

"A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

"1. Con una graduación alcohólica de hasta 13.5°G.L.................................... 25%

"2. Con una graduación alcohólica de más de 13.5° y hasta 20°G.L........................................... 30%

"3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L........................................... 60%."

Resulta relevante precisar que el texto vigente del artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al momento de interponerse la demanda de amparo, entró en vigor el primero de enero de dos mil dos, de conformidad con la fracción XIII del artículo segundo, correspondiente a disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el propio primero de enero de dos mil dos.

En este contexto, debe considerarse que, en lo que respecta a dicho numeral, el acto reclamado lo constituye un solo texto legal cuya vigencia se extiende, en lo que interesa, a lo largo de dos ejercicios fiscales, habiendo entrado en vigor el primero de enero de dos mil dos y que, no habiendo sufrido reforma alguna en la parte reclamada, continuaba vigente al momento de interponerse la demanda de garantías.

Por otro lado, en lo que concierne a la porción normativa del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, debe señalarse que las empresas quejosas reclaman el texto vigente al momento de la interposición de la demanda de garantías, tal como se desprende del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.

El decreto de referencia literalmente establece la siguiente reforma, en lo concerniente a la parte conducente del artículo 8o. de dicho ordenamiento, siendo éste el texto vigente al momento de interponer la demanda de amparo:

"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

"I. Por las enajenaciones siguientes:

"...

"e) Las de bebidas alcohólicas que se efectúen al público en general para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en que se enajenen, siempre que dicha enajenación se realice exclusivamente en botellas abiertas o por copeo y quien las enajene no sea fabricante, productor, envasador o importador ..."

Resulta relevante precisar que el texto vigente del artículo 8o., fracción I, inciso e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al momento de interponerse la demanda de amparo, entró en vigor el primero de enero de dos mil tres, de conformidad con la fracción I del artículo primero, correspondiente a disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil tres.

Consecuentemente, se concluye que la fijación del acto reclamado debe referir éste a las siguientes actuaciones:

- La expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de la denominada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, a través de la cual se determinó el texto del artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3 de dicho ordenamiento, vigente al momento de interponerse la demanda de garantías.

- La expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo y falta de refrendo del denominado Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, a través del cual se determinó el texto de los artículos 1o. y 8o., fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, vigentes al momento de interponerse la demanda de amparo.

Tal como se desprende de la anterior precisión, debe considerarse que una de las disposiciones cuya constitucionalidad es controvertida por la quejosa, el artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entró en vigor el primero de enero de dos mil dos, con independencia de que la quejosa reclame su texto vigente al momento de interponer la demanda de garantías.

TERCERO. Las consideraciones que sobreseen y niegan el amparo medularmente sostienen lo siguiente:

1. Primeramente, a través del considerando tercero del fallo recurrido, la a quo decreta el sobreseimiento del juicio de garantías en lo concerniente al secretario de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior obedece a que dicha autoridad responsable negó los actos reclamados en su informe justificado, siendo el caso que la parte quejosa no aportó prueba en contrario para desvirtuar la negativa, motivo por el cual la Juez de Distrito resolvió sobreseer de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

2. Por otra parte, la a quo aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción IV, de la propia Ley de Amparo, motivo por el cual sobresee el juicio de garantías en lo que corresponde a los artículos 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3, así como 8o., fracción I, inciso e), ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según su texto vigente en el ejercicio fiscal de dos mil dos.

Lo anterior es estimado procedente por la a quo al valorar las probanzas consistentes en las copias fotostáticas certificadas por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conforman el juicio de amparo administrativo número 388/2002-II, interpuesto por las mismas empresas quejosas, en contra de los actos que se hicieron consistir en la expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de enero de dos mil dos, específicamente en lo que concierne a los artículos 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3, así como 8o., fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento.

En autos de dicho juicio de amparo número 388/2002-II, se dictó sentencia por medio de la cual se otorgó a las quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto hace al artículo 8o., fracción I, inciso e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente para dos mil dos, el cual es considerado inequitativo, extendiendo además los efectos del amparo a los artículos 1o. y 2o., fracción I, inciso a).

Dicha sentencia quedó firme, continúa la a quo, toda vez que el recurso interpuesto en contra de la misma fue desechado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el expediente respectivo, registrado con el número RA. 3/2003.

En virtud de lo anterior, la Juez de Distrito estima que la litis constitucional de ambos juicios de garantías (es decir, del número 388/2002-II y el 447/2003-I) es coincidente, motivo por el cual considera que el planteamiento jurídico relacionado con los actos reclamados ya se encuentra dilucidado.

En tal virtud, al existir identidad entre los actos reclamados en ambos juicio de garantías, considera la a quo que existe cosa juzgada, por haber culminado el anterior juicio de amparo con sentencia ejecutoriada, cuyos efectos se verían contrariados si llegara a darse un nuevo pronunciamiento sobre cuestiones juzgadas en definitiva.

Con base en las consideraciones anteriores, la Juez de Distrito determina la improcedencia del juicio de garantías respecto de los actos reclamados al Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, relativos a la expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de primero de enero de dos mil dos, en particular en lo que concierne al artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3, así como al 8o., fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento.

3. Por otro lado, en cuanto a la negativa del amparo, la Juez se basa en los argumentos que a continuación se sintetizan.

Previo a un análisis de las garantías constitucionales que derivan del artículo 31, fracción IV, constitucional, particularmente de la de equidad en materia tributaria, así como de la mecánica prevista en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cuanto a las exenciones del impuesto, la Juez de Distrito procede al estudio de las cuestiones planteadas a través del primer concepto de violación.

La a quo delimita la exención que, a juicio de las empresas quejosas, se traduciría en una vulneración a la garantía de equidad, es decir, aquella que establece el artículo 8o., fracción I, inciso e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a aquellas personas que: a) efectúen la enajenación de bebidas alcohólicas; b) que dicha enajenación se realice con el público en general; c) que el consumo tenga lugar en el mismo establecimiento o lugar en que se enajenen y que sea en botellas abiertas o por copeo; d) que el enajenante no sea fabricante, productor, envasador o importador; y, e) sujeta a la obligación de destruir los envases que contenían las bebidas alcohólicas, inmediatamente después de que se haya agotado su consumo.

Considerando las probanzas que obran en autos, a través de las cuales las empresas quejosas acreditan no ser fabricantes, productores, envasadores o importadores de bebidas alcohólicas y, asimismo, encontrarse en el supuesto de enajenar bebidas alcohólicas en botellas cerradas a través de operaciones celebradas con el público en general, la a quo procede al análisis de las facultades con que cuenta el Poder Legislativo para crear categorías de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, sino que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el trato distinto entre una y otra categoría, razones que no necesariamente responden a finalidades puramente tributarias, sino que también pueden ser de naturaleza extrafiscal.

A juicio de la a quo, aun cuando la norma jurídica, en principio, exenta del impuesto en cuestión a la enajenación de bebidas alcohólicas que se efectúan con el público en general para su consumo en el mismo lugar o establecimiento, siempre que la enajenación se realice exclusivamente en botellas abiertas o por copeo y que quien las enajene no sea fabricante, productor, envasador e importador, lo cierto es que se excluyen de la exención a aquellos que no cumplan con la obligación establecida en la fracción XVIII del artículo 19 de la ley en comento, relativa a la destrucción de los envases que contienen las bebidas alcohólicas inmediatamente después de que haya agotado su contenido, es decir, que no gozarán de la exención aquellos que no cumplan con la finalidad de índole social y económica perseguida en el precepto.

Estima que tal distinción obedece a fines extrafiscales que se desprenden del proceso legislativo, motivo por el cual procede a citar la parte conducente tanto de la exposición de motivos como de los dictámenes formulados por las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, relativas a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, considerando que las diversas reformas publicadas en el mismo órgano de difusión oficial, el treinta de diciembre de dos mil dos, simplemente agregaron la referencia a la enajenación de bebidas alcohólicas en botellas abiertas.

Una vez efectuada dicha transcripción, la a quo realiza una síntesis de las razones tomadas en cuenta durante las diversas etapas del proceso legislativo, mismas que dicha juzgadora esencialmente refiere, en lo que interesa en el presente caso, a las siguientes:

A) Por una parte, que se recupere la recaudación de los últimos eslabones de la cadena de comercialización, ante el problema que presenta el desvío de precios e inequidad tributaria provocados con la reforma legislativa de mil novecientos noventa y nueve, por lo que con dicho esquema se implementa una mejor transparencia a través de la causación del impuesto precisamente en el momento en que el contribuyente cobre las contraprestaciones y sobre el ingreso realmente percibido y, entre otros aspectos, se especifica que son contribuyentes del impuesto aquellos que enajenan bebidas alcohólicas al público en general y que su consumo se haga en el mismo lugar o establecimiento en que se consumen.

B) Aunado a lo anterior, en torno de esta última categoría de contribuyentes, se establece una exención tributaria para aquellas enajenaciones de bebidas alcohólicas con las condiciones previstas en la ley, exención que obedece, de acuerdo con la Juez, a un fortalecimiento de los programas en materia de salud y a la vigilancia de dichos productos, a fin de combatir el clandestinaje por la reutilización de envases.

Con base en dichas consideraciones, la Juez de Distrito concluye que el trato diferenciado establecido por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se encuentra justificado, motivo por el cual precisa que no existe violación a la garantía de equidad tributaria consagrada por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Dicha aseveración es apoyada en la tesis aislada número 2a. XXXVII/2003, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en la página doscientos noventa y siete, Tomo XVII, junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIÓN I, INCISO E) Y 19, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRESPONDIENTE, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL OTORGAR LA EXENCIÓN ÚNICAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE AL ENAJENAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002)."

Finalmente, y con fundamento en las consideraciones expuestas, la Juez resuelve que la negativa del amparo debe extenderse no sólo al artículo 8o., fracción I, inciso e), sino también al artículo 2o., fracción I, inciso a), ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, atento a las consideraciones que, dado su contenido, se transcriben a continuación:

"Luego, si el artículo 8o., fracción I, inciso e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reformado el treinta de diciembre de dos mil dos, mediante decreto publicado en la tercera sección, tomo DXCI No. 20, del Diario Oficial de la Federación, órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no es inconstitucional como ya se ha visto, resulta que aun cuando las quejosas tengan como actividad preponderante la de enajenar bebidas de contenido alcohólico a través de operaciones con el público en general y con quienes no lo son, encontrándose sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en términos del artículo 2o., fracción I, inciso A), de la ley en cita, si este precepto es tildado de inconstitucional por derivación de la calidad que se atribuye al relacionado principio, evidentemente que no es trascendente al caso concreto, el que las imposiciones que se establezcan a cargo de los contribuyentes por realizar la enajenación de bebidas alcohólicas, sean de acuerdo con los parámetros que ese dispositivo detalla, circunstancia que en sí misma no puede conducir a declarar a este último artículo como inconstitucional, pues la exención origen de la controversia se sustenta precisamente en el precepto destacado al principio de este párrafo y no en las disposiciones del señalado en último término, aquél relacionado con la fracción XVIII del diverso dispositivo 19 de la ley." (Texto visible en las fojas 93 y 94 del fallo recurrido).

CUARTO. Previo al estudio del presente asunto, resulta procedente corregir oficiosamente la incongruencia que se advierte existe en el fallo recurrido, ello en virtud de que la coherencia de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y, por ende, de estudio oficioso.

Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P./J. 133/99

"Página: 36

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

Tal como se desprende del considerando que antecede, las empresas quejosas reclaman el texto en vigor al momento de interponer la demanda de garantías, tanto del artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3, como del artículo 8o., fracción I, inciso e), ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Lo anterior implica, como se ha precisado, que las empresas quejosas reclaman la parte conducente del artículo 2o., tal como fue establecida por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de enero de dos mil dos; así como la parte conducente del artículo 8o., en los términos en los que fue reformado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.

Por su parte, a través del considerando sexto del fallo recurrido, la a quo decreta el sobreseimiento del juicio de garantías, en lo concerniente al artículo 2o., fracción I, inciso A), subincisos 1, 2 y 3, así como al artículo 8o., fracción I, inciso e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según su texto vigente en dos mil dos, aduciendo que la constitucionalidad de dichos numerales ya fue materia de una diversa ejecutoria (la correspondiente al diverso juicio de amparo número 388/2002-II, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que adquirió firmeza de conformidad con la resolución dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el toca de revisión administrativa de número 3/2003).

En efecto, en la parte conducente de dicho considerando, se aprecia el siguiente texto (fojas 367 y 368 del cuaderno de amparo):

"En tal virtud, el amparo promovido que ahora nos ocupa es improcedente respecto a los actos reclamados al Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, relativos a la expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, en particular el contenido del artículo 2o., fracción I), inciso A), así como el diferente numeral 8o., fracción I, inciso e), en atención

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19686-46558770/impuesto-especial-sobre-produccion-y-servicios-el-gravamen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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