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Modo: Corpus Pro

RENTA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN QUE SE APROBÓ EL DECRETO QUE CONTIENE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO SE HAYA EXTENDIDO HASTA EL 1o. DE ENERO DE 2002, NO TRASCIENDE A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 643/2003. · Registro digital (IUS): 18010
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JORISA, S.A. DE C.V. Y OTRA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 362.

AMPARO EN REVISIÓN 643/2003. JORISA, S.A. DE C.V. Y OTRA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Como una cuestión previa conviene delimitar la materia del presente recurso y corregir las posibles incongruencias en las que incurrió el Juez de Distrito (las que combaten las recurrentes en su quinto agravio), así como el Tribunal Colegiado que conoció del recurso.

Así, de los antecedentes que informan el presente asunto se advierte que las quejosas reclamaron por conducto de su apoderado el decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de dos mil dos, específicamente los artículos 14 y 15 de dicha ley.

El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoció de la demanda, sobreseyó en el juicio de garantías respecto del artículo 14, fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto, así como de la fracción II, párrafos segundo, cuarto y fracción III, párrafos segundo, tercero, parte segunda, cuarto y quinto, este último solamente por lo que se refiere a la empresa quejosa Jorisa, Sociedad Anónima de Capital Variable y del artículo 15, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que las quejosas no acreditaron el primer acto de aplicación de dichos preceptos, con fundamento en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso artículo 74 de la propia ley.

No obstante lo anterior y aun cuando ya había sobreseído el juicio respecto de ambas empresas quejosas por los actos antes precisados, al entrar al estudio de los conceptos de violación relativos a la desproporcionalidad e inequidad de los preceptos reclamados, en el séptimo considerando de la sentencia analiza la constitucionalidad de los artículos impugnados en su integridad; luego entonces, como lo afirma el apoderado de las quejosas, existe una incongruencia en la sentencia recurrida; sin embargo, como el sobreseimiento fue motivo de agravio por las propias quejosas, el Tribunal Colegiado, al conocer del amparo en revisión una vez que desechó el recurso interpuesto por la autoridad responsable, procedió a revocar el sobreseimiento decretado por el Juez del conocimiento con base en los siguientes argumentos torales:

"... Como lo aduce la recurrente, los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no deben analizarse de manera aislada y considerando diversos supuestos en cada fracción y párrafos de los artículos reclamados, pues en ellos se regula el sistema para la determinación y cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta al que están obligadas las personas morales, estableciéndose la mecánica del cálculo de dicho impuesto ... Por lo que este tribunal considera que es incorrecta la actuación del Juez al determinar que se actualizaba la causal de improcedencia que invoca, toda vez que, como ha quedado demostrado, la recurrente se encuentra en los supuestos de los artículos reclamados, a saber 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al haberse acreditado también el acto concreto de aplicación, toda vez que éstos contienen obligaciones y se vinculan con el mecanismo de pago provisional del impuesto sobre la renta en relación con las personas morales. Cabe señalar que no puede darse un tratamiento distinto a los preceptos legales combatidos, como lo hace el a quo (fracción por fracción), pues la obligación se encuentra vinculada con la determinación y cálculo del pago mensual, y dicha obligación nace con la norma, ya que cada ley impositiva establece un sistema tributario particular y propio y, por lo mismo, no puede desvincularse, pues desde el momento en que una ley de este género prevé los sujetos, objeto, base gravable, tasa, cuota o tarifa, época y forma de pago de la contribución, crea un sistema tributario particular porque a partir de su vigencia, cuando el sujeto se coloca en el hecho imponible o hipótesis de causación, nace la obligación tributaria."

En esta tesitura, la incongruencia en que incurrió el Juez de Distrito, en cuanto a sobreseer por una parte de los preceptos impugnados y entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en contra de los mismos, ya fue subsanada por el Tribunal Colegiado al revocar el sobreseimiento decretado.

Por otra parte, se corrige la incongruencia en que incurrió el Tribunal Colegiado consistente en que aun cuando en los resolutivos revocó el sobreseimiento respecto del "artículo 14, fracción I, párrafos segundo, tercero, cuarto y fracción III, párrafos segundo, tercero, parte segunda, párrafos cuarto y quinto, y artículo 15 en lo que se refiere a la empresa quejosa recurrente Jorisa, S.A. de C.V. ...", lo cierto es que de la lectura de las consideraciones de la sentencia se advierte que dicho tribunal federal revocó totalmente el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en lo que se refiere a ambas empresas quejosas, de esta manera, aun cuando en la última parte de las consideraciones y en el punto resolutivo tercero solamente se refiere a la empresa Jorisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en realidad revocó el sobreseimiento dictado a ambas empresas; luego entonces, también dicho Tribunal Colegiado incurrió en una incongruencia porque el sobreseimiento que decretó el Juez de Distrito fue respecto de las dos empresas en cuanto al artículo 14, fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto, fracción II, párrafos segundo, cuarto y fracción III, párrafos segundo, tercero, parte segunda y cuarto, así como el artículo 15 y, por lo que hace a la empresa antes citada, también sobreseyó respecto del párrafo quinto de la fracción III del artículo 14 impugnado. Por tanto, al revocar dicho sobreseimiento, debió hacerlo respecto de ambas empresas y no únicamente en cuanto a la empresa denominada Jorisa, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Lo anterior se corrobora de la lectura del propio escrito de expresión de agravios del autorizado de las quejosas que en la parte conducente dice: "... vengo a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el pasado 24 de octubre de 2002 por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere al considerando tercero de dicha sentencia, en el que se resolvió sobreseer el juicio de amparo 410/2002, promovido por las empresas quejosas en contra del decreto legislativo que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, específicamente por lo que hace al artículo 14, fracción I, párrafos segundo, tercero, parte segunda, cuarto y quinto, este último párrafo únicamente por lo que se refiere a Jorisa, S.A. de C.V., y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, ..."

Luego entonces, si el Juez de Distrito sobreseyó el juicio de garantías respecto de ambas quejosas en cuanto al artículo 14, fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto; fracción II, párrafos segundo, cuarto y fracción III, párrafos segundo, tercero, parte segunda y cuarto, así como el artículo 15, y solamente respecto de la quejosa denominada Jorisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, además de los ya señalados también sobreseyó por el párrafo quinto de la fracción III del artículo 14 impugnado; y de las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en su resolución se advierte que al analizar los agravios hechos valer en el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de las dos quejosas en los que se combate el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida revocó dicho sobreseimiento en su totalidad, es inconcuso que resulta incongruente el tercer punto resolutivo de su sentencia en el que establece que el juicio de amparo no se sobresee respecto de la quejosa antes citada, sino debe ser la revocación del sobreseimiento en cuanto a ambas quejosas.

Corrección que se hace con apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P./J. 133/99

"Página: 36

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub judice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.

"Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de México, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

"Amparo en revisión 135/98. Hotelera Los Cabos, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

"Amparo en revisión 340/99. Mario Fregoso Macías o Efrén Fregoso. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

"Amparo en revisión 1229/98. Concepción Castañares de Ley. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 133/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

Una vez corregida la incongruencia, conviene precisar que la materia del presente recurso se limita al análisis de los agravios aducidos en el recurso de revisión promovido por la parte quejosa relativos a la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los relativos a la inconstitucionalidad del decreto que los reformó, en virtud de que el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ya fue desechado por el Tribunal Colegiado al carecer de legitimación para interponerlo el subprocurador fiscal federal de Amparos; en la misma resolución, dicho tribunal se ocupó de los agravios de las quejosas relativos al sobreseimiento del juicio decretado por el Juez de Distrito y, aun cuando se revocó dicho sobreseimiento, no es el caso hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad, en virtud de que el Juez de Distrito, no obstante que había sobreseído parcialmente el juicio respecto a los artículos impugnados, como ya se precisó anteriormente, sí analizó los conceptos de violación y lo resuelto al respecto es motivo de agravio en el recurso que ahora se resuelve.

En las relatadas condiciones, la materia del presente recurso se limita a los agravios vertidos en los que se controvierte la negativa del amparo solicitado por las quejosas respecto de los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el decreto por el que se reformaron dichos artículos.

En sus agravios las quejosas aducen esencialmente lo siguiente:

a) La sentencia recurrida transgrede lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al negar el amparo solicitado por las quejosas cuando las disposiciones reclamadas son violatorias de la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional; así, afirman que al sostener lo contrario el Juez del conocimiento no analizó debidamente los conceptos de violación hechos valer al respecto.

b) Sostienen que, contrario a lo aducido por el Juez de Distrito, las disposiciones reclamadas violan la garantía de proporcionalidad tributaria al desatender en la mecánica establecida para el cálculo de los pagos provisionales a la real capacidad contributiva del sujeto pasivo, pues obligan a los contribuyentes a efectuar pagos provisionales conforme a un procedimiento que no atiende a la capacidad contributiva, porque dicho procedimiento consiste en estimar, sobre una base hipotética, el monto del resultado fiscal de cada mes con el cual se deberán computar los pagos provisionales; de esta manera, atiende a elementos ajenos a la realidad económica del contribuyente en el periodo de pago al utilizar como referencia un coeficiente de utilidad estimado que se basa en la utilidad del ejercicio inmediato anterior o de los cinco anteriores, el que se divide entre los ingresos nominales del mismo ejercicio, además de que dicho coeficiente es aplicado al monto de los ingresos nominales obtenidos durante el periodo al que corresponda el pago, sin dar oportunidad al contribuyente de enfrentar a los ingresos reales del ejercicio el monto de las deducciones fiscales procedentes incurridas durante igual periodo de pago.

c) Estiman que el procedimiento previsto para la determinación de los pagos provisionales presume que el contribuyente tendrá las mismas utilidades y las mismas deducciones del ejercicio anterior o cualquiera de los cinco anteriores; así, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, el procedimiento establecido en la ley para determinar el coeficiente de utilidad, al no permitir incluir el total de las deducciones previstas y autorizadas por la ley en la determinación del impuesto del ejercicio, evidencia que el importe de los pagos provisionales calculados con base en dicho coeficiente no guarda relación con el impuesto que se causará al final del ejercicio.

d) Que no obstante que los contribuyentes puedan ajustar el impuesto a su cargo al final del ejercicio, la mecánica prevista en las disposiciones reclamadas los obliga a realizar los pagos provisionales del impuesto sobre una base hipotética que no tiene que ver con su capacidad contributiva, cuando no solamente el impuesto del ejercicio debe guardar proporción con la capacidad contributiva, sino también los pagos provisionales que se realicen a cuenta del mismo.

e) Afirman que lo desproporcional de los preceptos reclamados se hace aún más evidente si se toma en cuenta que, no obstante que la empresa pudiera estimar justificadamente que el coeficiente de utilidad utilizado para el cálculo de los pagos provisionales es superior al coeficiente del propio ejercicio por el que se calculan los pagos, se ve impedida legalmente a solicitar por el primer semestre del año la autorización para disminuir el monto de dichos pagos, de conformidad con la fracción II del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

f) Que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los pagos provisionales serán constitucionales en tanto que en los mismos se prevea un mecanismo que permita al contribuyente ajustarlos a las utilidades que se van obteniendo, a efecto de que al final del ejercicio los mismos mantengan relación con el impuesto definitivo a pagar; sin embargo, la mecánica de los preceptos impugnados no contempla la posibilidad de disminuir los pagos provisionales, sino hasta el segundo semestre del ejercicio, situación que deriva en que los pagos provisionales no guardan relación con el impuesto anual, lo que hace a los preceptos reclamados desproporcionales.

g) Aducen que la sentencia recurrida viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque los preceptos reclamados son inequitativos, y el Juez de Distrito no analizó debidamente los conceptos de violación hechos valer al respecto, porque se limita a diferenciar a los contribuyentes en el régimen general de las personas morales y a las personas físicas con actividad empresarial, sin expresar una razón que justifique el diferente tratamiento fiscal dado a ambos contribuyentes.

h) Afirman que se hace una injustificada distinción entre sujetos que se encuentran en una misma situación, a saber, contribuyentes, personas morales, que desarrollan actividades empresariales respecto a los contribuyentes, personas físicas, que sólo tienen ingresos por actividades empresariales, ya que a estos últimos sí se les permite deducir de sus ingresos base para efectuar los pagos provisionales la totalidad de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, además que consideran sus deducciones reales del periodo y no la utilidad estimada con un coeficiente de utilidad hipotético.

i) Manifiestan que al permitir los preceptos impugnados, a este tipo de contribuyentes que obtienen ingresos por el mismo concepto que es la actividad empresarial, restar dentro del cálculo de los pagos provisionales del impuesto la totalidad de las pérdidas fiscales sufridas en ejercicios anteriores sin limitante alguna, el sistema tributario resulta inequitativo.

j) Que, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, con la expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta sí se violaron los artículos 14, 16, 66 y 67 de la Constitución Federal en perjuicio de las quejosas, ya que la ley no puede entrar en vigor si no siguió exactamente el procedimiento para su creación, por lo que viola en perjuicio de las quejosas los artículos constitucionales antes señalados, y aducen que es inconstitucional el decreto reclamado porque:

i) El hecho de que la Ley del Impuesto sobre la Renta haya entrado en vigor el mismo día de su publicación es una violación formal que trasciende a la validez de la norma, porque se trata de una violación al principio de seguridad jurídica, la que no puede considerarse una violación formal, como lo afirma el Juez del conocimiento, ya que no se les dio oportunidad de tener conocimiento de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta al entrar en vigor el mismo día de su publicación.

ii) Que al haber sido aprobada con posterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil uno la ley reclamada, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, sí trasciende a la validez de la norma, porque es una violación directa a un artículo constitucional, que es el 66 en relación con el 16; lo anterior porque, de conformidad con el primero de los artículos citados, el Constituyente estableció una fecha límite para concluir las sesiones del Congreso de la Unión, mientras el artículo 67 constitucional establece la posibilidad de que el Congreso se reúna en sesiones extraordinarias, sin que se autorice a celebrar sesiones más allá del treinta y uno de diciembre de cada año y, no obstante lo anterior, en el caso de la ley reclamada concluyó su aprobación hasta la madrugada del primero de enero de dos mil dos, y no el treinta y uno de diciembre de dos mil uno que era la fecha máxima con la que contaba para tal efecto.

iii) Que en la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones se señalan específicamente los asuntos que serán sometidos a consideración del Congreso de la Unión, y en la orden del día de la sesión en la que se aprobó la ley reclamada no se incluyó la expedición de una nueva ley, ya que solamente estaba el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que contiene el "Proyecto de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta" de veintinueve de diciembre de dos mil uno, en el que no se contenía una reforma a la ley, sino la expedición de una nueva ley y la abrogación de la anterior. Concluyó diciendo que las disposiciones reclamadas son violatorias de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, al no observar las formalidades esenciales del proceso legislativo.

Por ser de estudio preferente se analiza en primer término el agravio resumido en el inciso j), en el que se combate lo resuelto por el Juez de Distrito del conocimiento en relación con el planteamiento de inconstitucionalidad del proceso legislativo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se reclama.

Es infundado el citado agravio atendiendo a las siguientes consideraciones:

En cuanto al argumento resumido en el inciso i), el Juez de Distrito consideró que aun cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta entró en vigor el mismo día de su publicación, ello sólo constituye una violación formal que no trasciende a la validez y aplicabilidad de la norma dado que no impide que se cumpla con el fin último de dicho proceso, en la medida en la que el Congreso de la Unión aprobó la ley de que se trata cumpliendo con las formalidades para ello y dicha ley se publicó oficialmente.

Por otro lado, señala que es infundado el concepto de violación en el que la empresa quejosa sostiene que se infringe el contenido de los artículos 3o. y 4o. del Código Civil, así como el 7o. del Código Fiscal Federal, en tanto que "... para analizar la inconstitucionalidad de un dispositivo legal, debe compararse con el dispositivo de la Carta Magna que se estima violentado ..."

Como se infiere de lo antes resumido, es infundado el agravio que se analiza en atención a que, como bien lo resuelve el Juez de Distrito del conocimiento, el hecho de que la ley impugnada haya entrado en vigor el mismo día de su publicación no vulnera ninguna disposición constitucional, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, de ahí que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario; así lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia pendiente de publicación que es del tenor siguiente:

"LEYES. EL LEGISLADOR TIENE FACULTAD PARA FIJAR EL DÍA EN QUE INICIA SU VIGENCIA, PUDIENDO SER, INCLUSO, EL DÍA DE SU PUBLICACIÓN. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 71 y 72, señala a quiénes compete el derecho de emitir leyes y el procedimiento que se sigue para su formación, pero no prevé regla alguna sobre el momento en que deban iniciar su vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia.

"Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

"Amparo en revisión 297/2002. Fernando Perfecto Cruz. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

"Amparo en revisión 442/2002. Luis Ángel Villa Piñera. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

"Amparo en revisión 713/2002. Televisión Azteca, S.A. de C.V. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

"Amparo en revisión 261/2003. Lend Lease México, S.A. de C.V. y coag. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez."

El mismo Tribunal Pleno ha sostenido que si bien lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrarán en vigor el día de su publicación no transgrede derecho fundamental alguno consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la lectura que se realice a lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de dicho ordenamiento jurídico, que se refieren a "la iniciativa y formación de leyes", sólo se desprende que la intención del Constituyente fue que las leyes fueran obligatorias a partir del momento de su promulgación.

Así, dichos numerales a la letra prevén:

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

"III. A las Legislaturas de los Estados.

"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18010-d21881ed/renta-la-circunstancia-de-que-el-periodo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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