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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 121/2003 · Registro digital (IUS): 18872
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: NITLA, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 728.

AMPARO EN REVISIÓN 121/2003. NITLA, S.A DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Es innecesario el estudio de los fundamentos de la sentencia recurrida, así como de los agravios que expresa la quejosa, toda vez que se advierte que existe una causa de improcedencia del juicio de garantías que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que "... las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio."

Este Tribunal Colegiado está en aptitud de poder estudiar una causa de improcedencia en la revisión, pues su análisis continúa siendo de orden preferente en el juicio de amparo de conformidad con la tesis que tiene establecida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se señala que pueden ser estudiadas en la revisión de oficio, las causales de improcedencia sin necesidad de agravio específico, cuando no se hubieran examinado por el Juez, o bien abordar el análisis de la misma causal estudiada, pero con diversas consideraciones.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal, de la Novena Época, visible en la página 28, tesis P.J 122/99, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Sirve también de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala proveniente de la Novena Época, el cual se encuentra visible en la página 137, tesis 2a./J. 30/97, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

Es aplicable también a lo anterior el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, el cual se encuentra visible en la página 7, tesis P. LXV/99, Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que es del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."

Y por último, también es dable citar el diverso criterio de la Octava Época, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual es compartido por este órgano jurisdiccional y que se encuentra visible en la página 414, tesis 622, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995 y que es del tenor literal siguiente:

"AMPARO INDIRECTO. DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL, EN SEGUNDA INSTANCIA. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (tesis 158 Apéndice de 1985, Común al Pleno y a las Salas), es de obligatoria observancia, en tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para este Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal, y con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios."

Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causas de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento, la causa que en el caso nos ocupa, es la de la falta de interés jurídico, consistente en que para la interposición del juicio de amparo, el quejoso que se considera afectado en sus derechos por el acto que se impugna, debe de demostrar que se encuentra dentro de los supuestos que prevé la ley en su favor, y si no lo acredita debe de sobreseerse en el juicio por no ser titular de ese derecho establecido en la ley, motivo por el cual se requiere de un análisis preferente de esa causa para constatar si, efectivamente, se observó ese principio, ya que el juzgador ya no podrá analizar ninguna otra cuestión diversa, sobre todo de las que vean al fondo de la cuestión debatida, si resulta operante la causa de improcedencia mencionada.

En efecto, debe tenerse presente que en el juicio de garantías rige el principio del interés jurídico, de acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto.

En este mismo orden de ideas, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 73, sólo por lo que respecta a la fracción que interesa:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

Ahora bien, en el caso particular el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, tiene la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo y no jurisdiccional. Así es, conforme al artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; por tanto, es indudable que la competencia del consejo se limita al orden administrativo.

Como ya se dijo, es necesario aclarar y puntualizar que las funciones que desempeña el Consejo de la Judicatura del Estado, serán preponderantemente administrativas, por lo que no se contrapondrán a las funciones eminentemente jurisdiccionales que desempeñan los juzgados y tribunales del Estado de Nuevo León. De ahí que el Consejo de la Judicatura habrá de desempeñar sus funciones de conformidad con los principios básicos asentados en la Carta Fundamental y en las normas reglamentarias que de ella emanen, esto es, que todas las decisiones de dicho consejo estarán sometidas, como las de cualquier autoridad, al estricto cumplimiento del principio de legalidad, descartando cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u oficiosos.

Pues bien, en principio, aun cuando es factible que de acuerdo a lo previsto en el artículo 91, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, conocer de las quejas o denuncias administrativas contra los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tomando en consideración lo previsto por este ordenamiento y la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de este último ordenamiento, cualquier ciudadano podrá presentar ante el Congreso del Estado denuncia o querella, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado. Igualmente se podrá iniciar este procedimiento a solicitud del Ministerio Público. Con lo cual están autorizados para denunciar la comisión de faltas o delitos imputables a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, y que por consiguiente tienen intervención en el trámite de ese procedimiento seguido en forma de juicio.

Sin embargo una vez que el consejo toma la decisión de considerar que no existe infracción o responsabilidad del funcionario en relación a la queja presentada en su contra, los denunciantes dentro del procedimiento administrativo, con ninguna legitimación cuentan para impugnar esa determinación mediante el juicio de amparo, pues precisamente, constituye un procedimiento administrativo y no jurisdiccional, en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la resolución del Consejo de la Judicatura, mediante recurso alguno, en razón de que el encargo de la vigilancia, disciplina y honestidad de los funcionarios judiciales del Estado de Nuevo León le compete al citado Consejo de la Judicatura, y es el que vela por el comportamiento de sus funcionarios, de tal manera que sus resoluciones en este aspecto deben de estimarse como inatacables por el particular, por carecer de un interés jurídico legalmente protegido por la ley que le permita impugnar esa determinación, de tal manera que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en quien radica la legitimación de decidir si la conducta de los funcionarios judiciales, amerita ser objeto de disciplina y de imposición de alguna corrección.

Por consiguiente, esa facultad que le otorga el artículo 94 de la Constitución de Nuevo León no puede ser controvertida por los particulares en juicio de garantías, pues si bien pueden presentar queja en relación a la conducta del citado funcionario, respecto de su actuación dentro de la tramitación de un asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de poder impugnar las decisiones del Consejo de la Judicatura del Estado que deciden que no ha lugar a fincar responsabilidad en el procedimiento administrativo a la servidora pública ... con motivo de la queja planteada, pues dentro de esa actuación, la única que podría resentir un agravio personal y directo sería la funcionaria contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así la empresa denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley.

Por lo que su intervención, en cuanto a medios de impugnación en relación con el incumplimiento con eficiencia de la función, por la tardanza en acordar las medidas de apremio, solicitadas por una de las partes litigantes, se reducen a los recursos que la propios ordenamientos procesales establecen para impugnar la actuación del funcionario, en relación a su caso específico, de lo que resulta que el particular que se opone y discute la forma de actuar del funcionario judicial, alegando insistentemente que su actuación fue contraria a la expeditez en la administración de justicia, su legitimación se reduce sólo a poder presentar denuncia en contra del funcionario, pero no a impugnar la decisión administrativa que llegue a tomar el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, en razón de que no existe un interés legítimamente protegido por la ley para poder interponer una demanda de amparo, por la sola circunstancia de que se decidió que no había lugar a iniciar causa en su contra, pues aun cuando se trata de la última resolución dictada en el procedimiento seguido en forma de juicio, en términos de la fracción ll del artículo 114 de la Ley de Amparo, es necesario además la afectación a un derecho público subjetivo que asista al gobernado, pues es sabido que la Constitución contempla ciertos derechos que no son precisamente subjetivos públicos en favor de individuos, sino que participan de características tales que solamente son de interés de la colectividad, y que para el caso específico en relación a la administración de justicia en el Estado, su vigilancia y disciplina corresponde al Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Por lo mismo no se puede concluir que el quejoso cuente con un derecho que le asista a aquél para plantear una demanda de amparo en contra de esa resolución que decidió que no había lugar a imponer medida disciplinaria alguna en contra de la titular del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado por no actualizarse la existencia de un interés jurídico defendible y que se encuentre legalmente respaldado.

Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente y sustancial el criterio de la Novena Época, sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual es compartido por este órgano jurisdiccional, y que se encuentra visible en la página 999, tesis I.4o. A. 312 A, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA EL QUEJOSO POR EL HECHO DE HABER FORMULADO UNA DENUNCIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 109 CONSTITUCIONAL Y 12 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación que recayó a la queja administrativa presentada en contra de los Magistrados de un Tribunal Colegiado, tal resolución no afecta el interés jurídico de la quejosa, hoy recurrente, pues el hecho de poder formular una denuncia en términos de los artículos 109 constitucional, 12 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, implica analizar la responsabilidad en que pudieran o no haber incurrido los funcionarios de que se trata, esto es, faltas administrativas o disciplinarias que solamente podrán ser aplicadas por los funcionarios competentes, lo que significa que el hecho de que la ley permita intervenciones a terceros no confiere a éstos la facultad de exigir el fincamiento de esa responsabilidad, sino sólo de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos y elementos necesarios para establecer o no el incumplimiento de las obligaciones que como funcionarios les competen, pues no se ve cómo esa resolución le produzca un agravio a sus intereses, ya que éste debe ser material, esto es, real y no subjetivo. En consecuencia, el hecho de que cuente con el derecho a denunciar las faltas de los funcionarios, no implica que cuente con el interés jurídico para combatir la resolución de que se trata, argumentando que no fue desfavorable al funcionario, ya que en todo caso la autoridad responsable resolverá la acusación planteada, respetando así el derecho que consagran los artículos invocados; por lo que debe desecharse la demanda de garantías. Otra razón para la improcedencia de la acción se funda en la última reforma al artículo 100 constitucional, que establece en su párrafo octavo que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables."

Sirve también de apoyo a lo anterior el criterio de la Octava Época, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el cual es compartido por este órgano jurisdiccional y que se encuentra visible en la página 590, Tomo XIII, junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y que es del tenor literal siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE.-Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia."

Consecuentemente con lo anterior, lo que procede en el caso es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 73, en relación con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de revisión promovido por la empresa Nitla, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de los actos reclamados del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Notifíquese; anótese en el registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jorge Meza Pérez, Juan Bonilla Pizano y Jesús R. Sandoval Pinzón, lo resolvió este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18872-e234266d/responsabilidad-administrativa-de-servidores-publicos-el-denunciante-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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