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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 303/2001. · Registro digital (IUS): 19190
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMASE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 2581.

AMPARO EN REVISIÓN 303/2001. INMASE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO. De los motivos de inconformidad que hace valer la recurrente, el primero y el segundo resultan infundados, mientras que el tercero es fundado; sin embargo, a pesar de lo fundado de este agravio, ello repercute sólo en que será analizado cuando se aborde el segundo.

En razón de lo anterior, por cuestión de método, los agravios se analizarán en el orden siguiente, a saber: el primero, luego el tercero y, finalmente, el segundo, como enseguida se precisa.

Sostiene la inconforme que en relación con el sobreseimiento decretado respecto de la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales, vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, concretamente la adición del artículo 46-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la a quo equivocó su criterio, ya que el citado dispositivo no es una norma de vigencia anual ni ha sido derogado, sino sólo reformado, y por ello conserva su naturaleza y efectos jurídicos hacia el gobernado; que el acto de autoridad se encuentra regido lógica y jurídicamente por el artículo 46-A del código tributario federal, adicionado en mil novecientos noventa y cuatro y su correspondiente reforma de mil novecientos noventa y siete, lo que lleva a concluir que ambas leyes fueron aplicadas a su representada, una por contener el precepto legal vía adición y otra por contener la reforma del mismo.

Carece de razón la inconforme, ya que aun cuando ese fue el planteamiento de la demanda de amparo, según se advierte con claridad de los resultandos primero y segundo de esta ejecutoria, es correcta la determinación de sobreseimiento pronunciado por la Juez, por lo que toca a la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales, vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, aunque por distinto motivo.

En efecto, como la propia quejosa, ahora recurrente, lo señala, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación fue reformado mediante decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en vigor a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho.

Ahora bien, la eficacia de la norma sólo subsiste mientras perdura el acto legislativo que le dio origen, lo cual implica que cuando el texto de la ley es objeto de una reforma legal, cualquiera que sea el contenido y alcance de ésta, o es sustituido por otro texto distinto, similar o incluso idéntico, debe estimarse que se está en presencia de un nuevo acto que no está regido por el legislativo anterior, es decir, las leyes son actos que traducen la voluntad del órgano creador, los cuales se extinguen cuando el propio órgano, conforme al procedimiento y formalidades previstas para el caso, dicta otro para derogar o modificar la ley preexistente, cualquiera que sean las similitudes o diferencias esenciales o accidentales.

En este sentido, basta que el texto de la ley sufra alguna modificación, por intrascendente que parezca, para que cese su eficacia, aun cuando, se insiste, ese nuevo texto pueda o no coincidir en esencia con el anterior.

Por ilustrativa en el punto que se trata, cobra aplicación la jurisprudencia que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diez del Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo."

Por tal razón, debe confirmarse el sobreseimiento que se determinó al respecto en la instancia inferior, aunque el motivo acertado es por inexistencia del acto reclamado, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.

En el tercero de sus agravios, aduce la recurrente que la Juez del conocimiento dedujo de manera errónea que en sus conceptos de violación trató de evidenciar incongruencia del párrafo segundo respecto del primero, ambos del numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, pero no que se contraviniera una norma constitucional; que en relación con lo anterior no se apreció correctamente el contenido de su demanda, puesto que lo que se hizo valer fue que al quedar al arbitrio de la autoridad fiscal establecer los supuestos bajo los cuales podría expedir un oficio de ampliación de visita domiciliaria, nulificaba los efectos del primer párrafo, en donde se establece el plazo máximo de seis meses para concluir la actuación de que se habla.

Tiene razón la inconforme, pues, como lo indica en sus agravios, en los conceptos de violación que expuso en la demanda de garantías no trató de evidenciar incongruencia entre el primer y segundo párrafos del artículo 46-A del código tributario federal, antes bien, lo que manifestó gira en torno de la circunstancia de que al quedar al arbitrio de la autoridad fiscalizadora los supuestos de ampliación de visita, rompía la eficacia del plazo máximo de duración que prevé el primer párrafo del numeral que se comenta, pues bastaba tan sólo emitir, bajo cualquier consideración, el oficio que autorice ampliar el plazo del acto de molestia para que el lapso no fuera ya de seis, sino de doce o hasta dieciocho meses.

En esa tesitura, el planteamiento de la impetrante del amparo no se atendió en la forma propuesta, de ahí que en ese aspecto, resulte fundado su agravio, y como en esta instancia no existe el reenvío, este tribunal se ocupará de su estudio, precisamente, al abordar a continuación el examen del segundo agravio con el que guarda estrecha relación.

De manera medular, en ese motivo de inconformidad, la recurrente plantea lo siguiente:

1. Que no estuvo a discusión si la facultad de ampliar por primera o segunda ocasión el plazo de la visita domiciliaria era una facultad discrecional, sino que era motivo de violación a las garantías de seguridad jurídica y de debido proceso por no establecer el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación las hipótesis legales bajo las cuales podría la autoridad fiscal ejercer dicha facultad discrecional, o sea, si esas facultades las había dejado el legislador al arbitrio de la autoridad y si eso es o no inconstitucional.

2. Que a pesar de las consideraciones de la a quo, plasmadas en el estudio de constitucionalidad que realizó, de cualquier forma el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación no concede al particular la posibilidad de saber por qué se prolonga la visita domiciliaria y si la actuación de la autoridad se ajusta a la ley; que el precepto legal cuya inconstitucionalidad se reclama, da pauta para que la autoridad actúe en forma arbitraria en cuanto a la causa que pudiera dar lugar a la prolongación del acto de molestia, sin que el particular pueda defenderse con certeza y eficacia jurídica, incluso al concluir dicho procedimiento.

3. Que no existe límite al arbitrio de la autoridad fiscal para que, en cualquier momento y bajo cualquier ocurrencia, expida y ordene la ampliación del plazo de conclusión de la visita domiciliaria, sea la primera o la segunda.

4. Que el Poder Judicial de la Federación ha establecido que un año resulta más que suficiente para determinar la situación fiscal de un contribuyente.

5. Que la Juez del conocimiento confunde los conceptos de facultad discrecional con arbitrio; que en atención a ello resulta claro que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación contiene una facultad discrecional, pero también deja al arbitrio de la autoridad fiscal el determinar, sin límite alguno, en qué casos puede ampliarse el plazo de la visita domiciliaria; que la facultad discrecional no va más allá de permitir a la autoridad ampliar o no ampliar la visita domiciliaria y que cuestión distinta son los motivos que permitan ejercer esa facultad que el legislador indebidamente dejó al pleno arbitrio de la autoridad.

6. Que el hecho de que en una visita domiciliaria se den circunstancias particulares, como se dan en toda aplicación de cualquier acto de autoridad, no impide al legislador establecer, mediante hipótesis generales, abstractas e impersonales, límites al ejercicio abusivo e indiscriminado de una facultad que da pauta para su ejercicio arbitrario.

7. Que lo que la Juez denomina límite a la facultad discrecional de la autoridad, consistente en que la prórroga sea únicamente por dos ocasiones; la duración de las prórrogas y que dichas prórrogas sean suscritas por determinadas autoridades, en realidad no trascienden al arbitrio que tiene la autoridad para determinar cuándo debe ampliarse la visita por primera vez, o por segunda.

8. Como interrogante, se plantea: ¿No podría estar regulado en la ley que si la autoridad aún no termina el análisis de la documentación, informes y datos con motivo de la visita, podría ampliar el plazo de conclusión de la misma?

9. Que no se exige al legislador regule todas y cada una de las circunstancias particulares que se pueden presentar al practicarse una visita domiciliaria, sino lo que legítimamente pretende la quejosa es que el legislativo limite, como en muchas normas jurídicas lo ha hecho, el arbitrio de la autoridad administrativa en la emisión de los actos de autoridad que puedan perjudicar al particular y especialmente cuando el acto de molestia tiene que ver con la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio del gobernado.

Como puede advertirse, los planteamientos de la recurrente se reducen a que en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación el legislador no previó las hipótesis con motivo de las cuales podría ampliarse la visita domiciliaria, lo que implica que, con independencia de que se trate de una facultad discrecional, las autoridades quedan con arbitrio para decidir en qué momento pueden ampliar ese acto de molestia, sin posibilidad de defensa para el contribuyente.

Ahora bien, en primer lugar, en esta instancia revisora la recurrente reitera que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, al no establecer los supuestos en que cabría una eventual ampliación de la visita domiciliaria, transgrede la garantía de debido proceso.

Carece de razón la inconforme.

Es necesario distinguir que mientras el artículo 14 constitucional regula los actos privativos, el 16 los de molestia, como así se pone de relieve de la jurisprudencia que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

Por disposición expresa de la propia Constitución, las visitas domiciliarias se regulan por el artículo 16 que, como se vio, prevé los actos de molestia, de modo tal que estas actuaciones no se regulan por el diverso 14, que es el que comprende la garantía de debido proceso, previo al acto privativo.

Así las cosas, la práctica de una visita domiciliaria, incluidas sus eventuales ampliaciones, no constituyen un acto privativo sino de molestia, que únicamente requiere el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procedimiento de visita sólo tiene la finalidad de establecer la certeza de los actos u omisiones concernientes a la situación fiscal del causante, mismos que podrán motivar, en un dado caso, la resolución liquidadora definitiva.

Por ilustrativa en el punto, y con la debida proporción guardada, se cita la jurisprudencia que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y siete del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación."

Superado lo anterior, se pasa a analizar el contenido de los agravios frente a las consideraciones que la a quo tuvo en cuenta respecto del tema de inconstitucionalidad del artículo 46-A, segundo párrafo, del código tributario federal, referido al artículo 16 de la Carta Magna.

En la sentencia que se revisa, la Juez de Distrito ponderó, en suma, que el legislador contempla en un sinnúmero de disposiciones legales, incluida la que es materia de este asunto, la de dotar a las autoridades que la aplican de una facultad discrecional, al no poder regular todas las circunstancias particulares que pudieran presentarse ante una potestad que deriva de la ley; que si así fuera, la lista de hipótesis sería interminable.

Por su parte, como se dijo con antelación, la recurrente centra sus argumentos en el hecho de que con independencia de que se trate de una facultad discrecional para las autoridades exactoras, éstas quedan con arbitrio para decidir en qué momento pueden ampliar el acto de molestia, sin posibilidad de defensa para el contribuyente, por no quedar contempladas en la ley.

Determinado el punto de debate, de entrada, es pertinente señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la práctica de visitas domiciliarias, constituye una excepción a la inviolabilidad del domicilio, que se justifica por el interés general que existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes que el legislador establece en relación con su obligación de contribuir a los gastos públicos, en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la propia Carta Magna.

Con base en lo anterior, en atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad tutelados en el referido artículo 16 constitucional, debe estimarse que las actividades de verificación fiscal no son ilimitadas y, tratándose de aquellas que afectan el domicilio de los gobernados, la posibilidad de efectuar visitas no implica la potestad de intervenir de manera permanente y caprichosa en dicho domicilio.

Ahora bien, conforme al sistema consagrado en el Código Fiscal de la Federación para la práctica de las visitas domiciliarias, el o los visitadores deben limitarse a comprobar que se han acatado las disposiciones correspondientes, desde luego, con los alcances y restricciones que ello implica.

Esto es, si bien el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza a las autoridades administrativas para comprobar, vía visita domiciliaria, que se han acatado las disposiciones fiscales, debe interpretarse su alcance en un sentido amplio, en tanto dicha norma constitucional sólo exige que para llevar a cabo esa comprobación deben observarse las leyes respectivas y las formalidades prescritas para los cateos, lo que significa que al remitir a esas leyes, autoriza que sean ellas las que prevean las obligaciones fiscales y la forma de su comprobación.

En suma, la circunstancia de que en el numeral constitucional que se comenta el Constituyente haya establecido un párrafo relativo a visitas domiciliarias, tiene su justificación, entendida como una regla de protección al domicilio, de tal forma que éste no pueda violarse sino sólo en los casos previstos por el propio precepto, es decir, cuando se trate de cateos o de visitas domiciliarias; sin embargo, en tratándose de estas últimas, la ley respectiva (Código Fiscal de la Federación) establece que las facultades de comprobación fiscal no solamente pueden desarrollarse en una etapa, por el contrario, incluso prevé que pueden complementarse en hasta dos etapas, siempre y cuando se respeten las disposiciones que debe observar todo acto de autoridad a que alude el primer párrafo del propio dispositivo constitucional, como restricción de los actos de molestia.

En tal virtud, el hecho de que en el artículo 46-A del código tributario federal se establezca la posibilidad de ampliar el plazo de la visita domiciliaria hasta por dos ocasiones, sin especificar cada uno de los supuestos en que pudieran decretarse tales ampliaciones, no puede considerarse como infractor del precepto constitucional de referencia, pues a la luz de lo dicho, del análisis integral de los dispositivos que regulan la práctica de las visitas, las ampliaciones que pudieran llevarse a cabo, forzosamente tienen que ver con la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, contenidas en el propio código, desde luego, se reitera, siempre y cuando su expedición se encuentre ajustada a los requisitos que todo acto de autoridad debe contener y que la ampliación se refiera al periodo de comprobación y por los impuestos que se establecieron desde la orden de visita.

Por ello, como lo determinó la Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, el tema de las ampliaciones de las órdenes de visita son uno de esos casos en que no pueden quedar reguladas todas y cada una de las hipótesis de procedencia que las justifiquen, pues eso implicaría tantos supuestos como visitas se practiquen, además de que ni siquiera podría darse esa regulación mediante el establecimiento de normas generales, abstractas e impersonales, porque aun así, los casos serían sumamente variados, máxime si se toma en cuenta lo que se asentó con anterioridad, en el sentido de que el fin de una ampliación no puede ser otro que el continuar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, ajustado, desde luego, a los principios rectores que se precisaron desde la emisión de la orden y a los requisitos que todo acto de autoridad debe contener en salvaguarda de la Constitución, cuando sea el caso de la necesidad de ampliar el plazo para la conclusión del acto de molestia.

No escapa de atención que si bien es cierto que toca al legislador establecer expresamente el alcance de las normas y los supuestos de su aplicación, mediante mecanismos que permitan conocer el producto de su voluntad para no dejar en el vacío sus posibles ideas o finalidades que se haya propuesto, pueden existir casos excepcionales como cuando se advierte que la ampliación de la visita no tiene otro fin sino el que va encaminada a continuar con la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes, de manera que ese fin es evidente, es decir, se trata de un fin especial, específico, de ahí que, como se dijo, en este caso no sea necesario que el legislador exponga o revele todos los supuestos en que cabría la citada ampliación, al resultar un hecho notorio, como se dijo, la finalidad que persigue.

Por otra parte, según lo que se ha expuesto, si el fin que persigue la ampliación de la visita es continuar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, el límite a las facultades discrecionales de las autoridades, e implícitamente a lo que la quejosa llama arbitrio, lo representa, como lo expuso la a quo, que la prórroga es únicamente por dos ocasiones y por determinada duración, así como que sean suscritas por ciertos funcionarios; además de que el ejercicio de dichas facultades discrecionales no es absoluto e irrestricto sino prudente, sujeto al principio de oportunidad y a las reglas de la razón y la sana lógica, de lo que se puede concluir que actuar de manera discrecional no es arbitrariedad, pues existe un marco legal que debe respetarse (los plazos para concluir la visita), un interés legítimo que no debe transgredirse (la violación del domicilio) y una finalidad que debe mantenerse (la verificación del exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales).

Una cuestión que es muy distinta, por cierto con tintes de problema de legalidad del acto de aplicación y no propiamente de constitucionalidad de la ley, son los motivos que se pudieran llegar a tomar en cuenta cuando se amplíe la visita, pues en ese supuesto deberá atenderse a las circunstancias particulares que justifican la prórroga, pero sin dejar de observar lo dispuesto en la orden de visita, como son el periodo que abarca, los impuestos por revisar y los lugares de su práctica, de la mano con la necesidad de fundar y motivar el acto de autoridad, de modo que si no es a capricho de la autoridad exactora determinar la consabida ampliación, ello no trae consigo que se rompa con la finalidad de que la visita no dure más de seis meses, dado que habrá casos y razones en los que por un motivo, tal vez no imputable a la autoridad ni al contribuyente, sea necesaria la ampliación.

Dicho sea de paso, el motivo de la ampliación puede juzgarse a través de los recursos que prevé el Código Fiscal de la Federación, en el juicio de amparo indirecto, de nulidad o, incluso, en el amparo directo, según el camino elegido, de lo que se infiere que no se rompe con el principio de seguridad jurídica.

Sobre este punto, cobra aplicación la tesis que sostiene este tribunal, visible en la página mil doscientos cuarenta y nueve del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"VISITA DOMICILIARIA, AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA. REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN.-La ampliación del plazo que establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación para la conclusión de las visitas domiciliarias o de escritorio, implica el ejercicio de una facultad discrecional, que no por serlo deviene irrestricta, sino sujeta al principio de legalidad, e incluso, a control jurisdiccional, de manera que si en la determinación respectiva sólo se señala que se dispone la ampliación del plazo porque no se concluyó la visita, pero no se justifica con motivos suficientes la razón de tal proceder, como podría ser por ejemplo, lo extenso de los movimientos fiscales, la dificultad técnica para cotejar los datos aportados, la diversidad de impuestos por revisar, etcétera, la orden de que se trata resulta violatoria de la garantía de debida motivación contemplada en el artículo 16 constitucional."

Y si bien pudiera establecerse que al legislador nada le costaba plantear como supuesto de ampliación que la autoridad aún no termina el análisis de la documentación del contribuyente, como esa, serían otras tantas hipótesis que finalmente se circunscriben a la efectiva verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales; razones de suyo evidentes que no necesitan listarse en el numeral que se combate.

De esa forma, no se rompe la eficacia que el legislador estableció respecto del plazo de seis meses para concluir la visita domiciliaria, bajo el argumento de que por cualquier pretexto puede determinarse su duración hasta por doce o dieciocho meses, en tanto, se reitera, las razones de su ampliación pueden ser muy variadas y no basta ampliarla por cualquier razón, por el contrario, debe haber una que la justifique de manera fundada y motivada.

Por último, en relación con el argumento de que el Poder Judicial de la Federación ha establecido que un año es un plazo razonable para la conclusión de las visitas domiciliarias, en principio, no se cita la fuente ni qué órganos se pronunciaron a ese respecto, de manera que este tribunal no está obligado a ubicar esos criterios, puesto que ello corresponde a la recurrente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, además de que, por las razones dichas, en este momento la normatividad vigente prevé expresamente el plazo para la conclusión de la visita y el problema analizado no versó sino sólo en que el legislador no previno los supuestos de ampliación de las visitas, no si un año o hasta dieciocho meses es plazo razonable para concluirlas.

En este orden de ideas, ante lo infundado de los agravios sobre este tema, debe concluirse que el segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no contraviene el diverso 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecerse en aquél los supuestos de ampliación de las visitas domiciliarias.

Por lo expuesto, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el sentido de la resolución que se revisa.

SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías por los actos reclamados al secretario de Gobernación y al de Hacienda y Crédito Público, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria y por el acto reclamado consistente en la aprobación y expedición de la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposicione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19190-df86e96a/visita-domiciliaria-la-ampliacion-del-plazo-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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