AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 389/2005. INEQ, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A juicio de este Tribunal Colegiado los agravios que hace valer el recurrente deben declararse inoperantes por una parte, parcialmente fundados, pero no inoperantes e infundados, por la otra.
En principio, para mejor proveer en el presente asunto, este tribunal estima conveniente recordar los antecedentes que integran los autos, en los términos siguientes:
1. Por escrito de veintinueve de agosto de dos mil, IBM de México, Comercialización y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada general demandó en la vía ejecutiva y en ejercicio de la acción cambiaria directa de Universidad Chapultepec, A.C., como obligado principal y de Isaías Francisco Lejarza Gallegos, en su carácter de aval, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de Usd $258,426.00 (doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis dólares moneda de los Estados Unidos de América 42/100) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija al momento de efectuarse el pago de la suerte principal, de acuerdo con lo pactado en el pagaré base de la acción; el pago de intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón del 7% anual; el pago de intereses moratorios, incluyendo intereses capitalizados por todo el tiempo de mora a razón de 12.5% mensual hasta su total pago; el pago de intereses moratorios capitalizados que se sigan generando, en dólares moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional y al pago de gastos y costas del juicio.
2. El diecisiete de enero de dos mil dos, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a los demandados al pago de doscientos treinta y cinco mil novecientos veintiséis dólares moneda de los Estados Unidos o su equivalente en moneda nacional, por concepto de suerte principal; al pago de intereses ordinarios; al pago de intereses moratorios; al pago de intereses ordinarios capitalizados y al pago de gastos y costas. Sentencia que fue confirmada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución de quince de marzo de dos mil dos.
3. Por proveído de treinta de octubre de dos mil dos, la Sala responsable acordó estar por enterada que este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la ahora quejosa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Colegiado de mérito.
4. El veintiuno de junio de dos mil cuatro, tuvo verificativo la audiencia de remate en primer almoneda respecto del inmueble controvertido, teniendo como base para el mismo la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N., citando a las partes para oír sentencia de aprobación de remate.
5. El veintitrés de junio de dos mil cuatro se dictó sentencia interlocutoria de aprobación de remate en primer almoneda a favor de José de Jesús Lejarza Gallegos sobre el inmueble ubicado en la calle de Eugenia número mil diez, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, en la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos, precio del avalúo.
6. La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el veinte de septiembre de dos mil cuatro, ante la interposición del recurso de apelación por parte de IBM de México, Comercialización y Servicios Sociedad Anónima de Capital Variable y Universidad Chapultepec, Asociación Civil, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de veintitrés de junio del año próximo pasado, que aprobó el remate, en los tocas 1334/2003/10 y 1334/2003/11.
Asimismo, con la misma fecha, la propia Primera Sala Civil, en el toca 1334/2003/12, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Ineq, Sociedad Anónima de Capital Variable, resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
Por otra parte, también es pertinente recordar que este Tribunal Colegiado, mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil cinco, resolvió, por unanimidad de tres votos, el recurso de revisión 144/2005, interpuesto por José de Jesús Lejarza Gallegos, tercero perjudicado en el juicio de garantías, en contra de la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el juicio de amparo indirecto 944/2004-VI, promovido por Ineq, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, ambos del Distrito Federal.
En aquella ocasión, este tribunal consideró que no era procedente el análisis de los agravios que hizo valer el recurrente ya que advirtió, de oficio, que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que debía revocarse la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento, con base en la consideraciones que para el presente caso interesan:
"Así, como se demuestra con las transcripciones anteriores, es en la última resolución transcrita, en la que se señala que la quejosa como acreedora, sólo tiene derecho para intervenir en el avalúo y subasta de los bienes materia del juicio si le conviniese, pero no para intervenir como parte en el mismo. Ahora bien, de la revisión de los autos que integran el expediente, no se logra advertir la existencia ni de lo solicitado por el ahora quejoso, ni el auto recaído a esa solicitud, ni los agravios expresados al interponer su recurso de apelación, por lo que al existir únicamente la confirmación de dicho auto, resuelta por la Sala responsable, es imposible resolver sobre el particular. En efecto, es de gran relevancia no perder de vista que el quejoso alega que se impidió intervenir en el procedimiento de remate donde surge el acto reclamado en este juicio de garantías y, para ello, señala que dicha violación procesal se actualizó en la resolución intermedia de cuatro mayo de dos mil cuatro, dictada por la propia Sala responsable; sin embargo, para poder precisar si en dicha resolución se le impidió intervenir en el procedimiento aludido, es preciso conocer lo solicitado por la ahora quejosa, lo acordado por el Juez de primera instancia, así como los agravios que se expresaron en el recurso de apelación que diera origen a la resolución citada. En esa tesitura, se considera que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 de Ley de Amparo, en los juicios, como el que nos ocupa, el Juez de amparo debe recabar oficiosamente pruebas que no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, como en el caso, en donde se alega una violación procesal pero no existen las constancias relativas a lo alegado y de las existentes no se logra advertir si con la actuación de la responsable se violaron garantías individuales a la parte quejosa, de ahí que para poder resolver sobre el particular es indispensable contar las constancias descritas y después de su análisis resolver lo procedente. En las relatadas circunstancias, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa y ordenar reponer el procedimiento para los efectos precisados."
Una vez repuesto el procedimiento, la Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, encargada del despacho, el quince de agosto de dos mil cinco dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado, misma que es la materia de esta revisión.
Precisado lo que antecede, en el agravio que se analiza, se sostiene, en principio, que contrario a lo aducido por la Juez, la quejosa no es una autoridad cuyo límite se encuentre en la ley, sino que al ser gobernado, todo lo que no está prohibido se encuentra permitido, esto al determinar la Juez de amparo, que fue correcto el actuar de la autoridad responsable porque dentro de lo dispuesto por los artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles sólo se establecen facultades limitativas para la intervención de un tercer acreedor que no es parte en el juicio natural.
Asimismo, sigue sosteniendo la recurrente, que tiene el derecho de hacer todo lo que no se encuentra expresamente prohibido, por lo que la violación procesal radica en que las objeciones efectuadas por su parte no fueron tomadas en cuenta bajo el supuesto de que el acreedor sólo puede intervenir en el avalúo y subasta de los bienes materiales del juicio, pero no intervenir como parte en dicho juicio.
Por ello, afirma la recurrente, que de manera ilegal la Juez constitucional determina que la violación procesal no le irroga perjuicio, porque según ella no ejercitó el derecho de nombrar perito de su parte, ni de comparecer a la diligencia de remate, en donde pudo haber efectuado todo lo que a su derecho conviniera, siendo lo correcto que por el hecho de que no se hubiere designado perito por parte del acreedor, ni por el hecho de que no se hubiere comparecido a la audiencia de remate, esto signifique o implique que la ley sancione con que el acreedor no tenga derecho para objetar los dictámenes periciales rendidos en autos ya que, si no existe prohibición que limite el actuar del acreedor en juicio, luego entonces no puede sostenerse, como ilegalmente lo efectúa la inferior, que no tenga derechos más allá de los establecidos en el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles que por cierto no es limitativo, puesto que sólo es enunciativo y al no haberlo considerado así la inferior la colocó en notorio estado de indefensión.
Igualmente, señala que la Juez afirma que no se le puede considerar como parte por sólo tener el carácter de tercero acreedor, pero ello de ninguna manera puede ser suficiente para determinar que al acreedor en un remate le está prohibido objetar los dictámenes que se rindan en el proceso de remate, porque a nada práctico conduciría que se escuchara al acreedor sin que el mismo pudiera objetar de manera debida los dictámenes periciales.
Así, sigue afirmando que no obstante que objetó de manera debida los dictámenes periciales, la Juez considera que como se aprobó el remate con base en el dictamen del perito tercero en discordia, y de que sobre dicho dictamen no se efectuó objeción, no existe agravio que se le cause, por lo que debe decirse que la resolución combatida es ilegal puesto que el Juez constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre todos los conceptos de violación expresados, y en específico los relativos a la forma en que la autoridad responsable integró de manera ilegal la litis trayendo elementos ajenos a la misma.
Es infundada la parte del agravio que se analiza, en cuanto a que la Juez de origen haya sostenido que la quejosa es una autoridad por lo que debe sujetarse únicamente a lo permitido por la ley, ya que de la sola lectura de la sentencia que se revisa, no se advierte argumento alguno sobre el particular, sino que únicamente, el juzgador señaló que su actuar se sujeta a los derechos contenidos en las fracciones del artículo 568 del código adjetivo de la materia y no en forma extensiva a otros derechos que no se encuentran consignados en él.
Por otra parte, es parcialmente fundado pero inoperante, lo que alega la recurrente respecto de que, de manera ilegal, la Juez constitucional determina que la violación procesal no le irroga perjuicio y que lo correcto es que por el hecho de que no se hubiere designado perito por parte del acreedor, ni por el hecho de que no se hubiere comparecido a la audiencia de remate, esto signifique o implique que la ley sancione con que el acreedor no tenga derecho para objetar los dictámenes periciales rendidos en autos ya que, no existe prohibición que limite el actuar del acreedor en juicio.
Para llegar a esa conclusión, es preciso interpretar lo que sobre el particular, establecen los artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que literalmente señalan:
"Artículo 567. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de ejecución, para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere."
"Artículo 568. Los acreedores citados conforme al artículo anterior, tendrán derecho:
"I. Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos;
"II. Para recurrir el auto de aprobación del remate, en su caso, y
"III. Para nombrar a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado practique el avalúo de la cosa. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios."
De la transcripción anterior, se logra advertir fehacientemente que el legislador ordinario dispuso que ante la existencia de gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de ejecución, para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere y que los acreedores citados tendrán derecho para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, para recurrir el auto de aprobación del remate, en su caso, y para nombrar a su costa un perito que, con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado, practique el avalúo de la cosa.
Ahora bien, resulta importante destacar que dentro de la fracción III del artículo 568 transcrito, el legislador dispuso que el acreedor puede nombrar perito de su parte para que, con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado, practique el avalúo de la cosa; sin embargo, limita esa posibilidad hasta antes de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso, o cuando la valorización se haga por otros medios; no obstante ello, no se pierde el derecho para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos y para recurrir el auto de aprobación del remate.
Así, en principio, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, los artículos transcritos, claramente determinan los alcances de la intervención para que, como acreedor, pueda garantizar sus derechos, por lo que, no obstante tratarse de un gobernado y no de una autoridad, su actuación debe ceñirse a los términos establecidos en la ley.
Por tanto, aun cuando el acreedor no sea parte en el juicio de origen, pero con motivo de que del certificado aparecieron inscritos gravámenes, entonces los acreedores que tengan un gravamen a su favor, de conformidad con el artículo 567 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, posibilita que acudan a la etapa de remate a efecto de intervenir en él.
En tal virtud, la parte quejosa Ineq, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreedor, compareció a dicha etapa, donde fue llamada de conformidad con el precepto ya indicado, luego entonces, debe decirse que, como lo sostiene la recurrente, tiene legitimación para intervenir en el procedimiento de remate, por lo que tenía derecho a hacer las objeciones que creyere pertinentes, pues no obstante que el peticionario de amparo no fue parte en el procedimiento de origen, se encontraba legitimado para actuar en el multicitado procedimiento de remate al que fue llamado en su carácter de acreedor, haciendo las objeciones que creyó convenientes.
No obstante lo anterior, independientemente de la violación procesal que se hace valer, del análisis de las constancias que obran en autos, así como del propio acto reclamado se advierte fehacientemente que al quejoso se le dio la oportunidad de intervenir en el procedimiento de remate y más aún en el acto reclamado se le contestaron los agravios que hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria que lo aprobara.
Para llegar a la conclusión que antecede, es conveniente transcribir el acto reclamado en el presente juicio de garantías consistente en la resolución de la Primera Sala Civil, en el toca 1334/2003/12, en que resolviera el recurso de apelación interpuesto por Ineq, Sociedad Anónima de Capital Variable y que es del tenor literal siguiente:
"México, Distrito Federal, a veinte de septiembre del año dos mil cuatro. Vistos, los autos del toca 1334/2003/12, para resolver el recurso de apelación que hizo valer la tercera acreedora Ineq, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, dictada por la C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil, seguido por IBM de México Comercialización y Servicios, S.A. de C.V., en contra de Universidad Chapultepec, A.C. y otro, y; RESULTANDO: 1o. La C. Juez del conocimiento dictó una sentencia interlocutoria en la fecha que ha quedado precisada, cuyos puntos resolutivos dicen: ‘México, Distrito Federal, a veintitrés de junio del año dos mil cuatro. PRIMERO: Se aprueba el remate en primera almoneda, celebrada en la audiencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil cuatro, a favor del acreedor preferente José de Jesús Lejarza Gallegos, sobre el inmueble ubicado en la calle de Eugenia número mil diez, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, en la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos, precio de avalúo, atento lo analizado en el considerando único de esta demanda interlocutoria. SEGUNDO: Gírese atento oficio al C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 940/95 relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Lejarza Gallegos José de Jesús en contra de Universidad Chapultepec, A.C. y Francisco Lejarza Gallegos, informándole que el crédito a favor del C. José de Jesús Lejarza Gallegos se ha pagado parcialmente con el valor del inmueble rematado en este juicio por la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos. TERCERO: Notifíquese ...’. 2o. Inconformes las codemandadas con dicha sentencia, interpusieron recurso de apelación, mismo que fue admitido conforme a derecho en el efecto devolutivo y, en su oportunidad, se citó a las partes para oír la sentencia, la que se dicta de acuerdo con los siguientes: CONSIDERANDOS: I. Los motivos de inconformidad expresados por el representante legal de la empresa denominada Ineq, S.A. de C.V., tercera acreedora llamada a juicio, se reducen a dos puntos: el primero, referente al hecho de que la Juez resolutora omitió en la interlocutoria apelada, cuales fueron las razones de valoración de prueba que la llevaron a la convicción de que el avalúo que sirvió de base para el remate era el medio idóneo y suficiente para valorarlo y llegar a la conclusión sobre el precio del inmueble que le asignó el perito (catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); aduciendo que la ley le impone al juzgador la obligación de fundar y motivar las razones por las que valora cualesquier prueba, por lo que debe referir cuáles fueron las consideraciones que tomó en cuenta y, en su caso, verter los argumentos lógico-jurídicos que la llevaron al convencimiento de valorar una prueba como la que nos ocupa (avalúo) y que al no haberlo hecho así se violó en su perjuicio los artículos 1255, 1257, 1258, 1301, 1324, 1325 y relativos del Código de Comercio. El segundo motivo de inconformidad, la tercera acreedora recurrente lo hace consistir en el hecho de que la Juez se abstiene de fundar y motivar de manera debida en la resolución que se combate si la interlocutoria de fecha treinta de enero de dos mil cuatro en donde se condenó a la demandada al pago de $25’125,000.00 (veinticinco millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), hubiese causado estado y hubiese sido una actuación firme e incontrovertible; con la aclaración de que la aquí recurrente, en las primeras seis fojas de sus agravios hace referencia a una determinación decretada por la Juez de origen en auto de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, confirmado por esta Sala por sentencia de fecha cuatro de mayo del año en curso, dictada en el toca 1334/2003/04, destacando para los efectos del amparo que en su caso llegara a interponer, las posibles violaciones que le ocasionó dicha resolución. Respecto del monto en que se aprobó el remate, cabe apuntar que no es verdad lo sostenido por la empresa acreedora Ineq, S.A. de C.V., en el sentido de que el avalúo rendido por el perito Fernando Sabas López de la Garza, arrojó la cantidad de $14’668,000.00 (catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), pues dicho perito valuó el inmueble rematado en la cantidad de $15’150,000.00 (quince millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), según se advierte de su dictamen pericial ratificado el dieciocho de febrero de dos mil cuatro visible a fojas 121 a 141 del testimonio de apelación 02 y 03. El avalúo por la cantidad de $14’668, 000.00 (catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), procede de la perito tercero en discordia María del Carmen Bahena López, rendido con fecha cinco de abril del presente año, visible a fojas 12 a 25 del testimonio de constancia 05. La razón del monto del avalúo en que se fincó el remate, proviene del auto de fecha veinte de mayo de dos mil cuatro (foja 1 del testimonio 07 y 08), que recayó a un escrito del actor de fecha dieciocho de mayo pasado (foja 47 y 48 testimonio de constancias 06), en el que solicita a la juzgadora fijar como valor del avalúo el que se desprende del dictamen pericial tercero en discordia, debido a la notoria discrepancia entre los avalúos de la parte demandada y tercer acreedor preferente, cuyos avalúos eran inferiores a los siete millones de pesos y el de la parte actora rebasaba los quince millones de pesos, según constancia de autos; proveído anterior que se encuentra firme. Las razones académicas que desea ver plasmadas la recurrente en la interlocutoria apelada para darle valor probatorio a la pericial en materia de evaluación, si bien no se expresaron en la resolución apelada, tampoco resulta ilegal el fincamiento del remate en la cantidad señalada por el perito tercero en discordia, dado que las partes no se pusieron de acuerdo en el valor real del inmueble, por lo que se tuvo que pedir la intervención de un tercero; avalúo que tomó como parámetro la juzgadora para tasar el remate, pero ello se debió a la propia solicitud de una de las partes, como ya se dijo, sin que hubiera gran oposición al respecto. Asimismo, la segunda inconformidad que se estudia resulta igualmente infundada al no acreditar la recurrente que la sentencia interlocutoria de fecha treinta de enero de dos mil cuatro, mediante la que condenó a la demandada al pago de $25’125,000.00 (veinticinco millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de intereses, por parte del Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil, hubiese sido revocada o modificada, dada la carga probatoria que la ley le impone a las partes en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, por lo que tampoco es verdad que la juzgadora no haya fundado y motivado su decisión de adjudicar al tercero acreedor José de Jesús Lejarza Gallegos el inmueble rematado en la cantidad señalada en el proveído de veinte de mayo pasado (foja 1 del testimonio 07 y 08); lo que realizó en los siguientes términos: ‘... Dado lo anterior en la audiencia de remate primera almoneda, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil cuatro, el acreedor preferente José de Jesús Lejarza Gallegos, solicitó se le adjudicara el inmueble ubicado en la calle de Eugenia número mil diez, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, y toda vez que tiene un crédito a su favor por la cantidad de treinta y un millones ochocientos veinticinco mil pesos, cantidad que se desprende de la suma de las cantidades condenadas en la sentencia definitiva de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y cinco, la cual causó ejecutoria el dieciocho de junio de dos mil tres, en el que se condenó a la demandada en el Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de esta capital al pago de la cantidad de seis millones setecientos mil nuevos pesos, hoy en día seis millones setecientos mil pesos, y la sentencia interlocutoria fechada el treinta de enero del dos mil cuatro, en la cual se condenó a la demandada al pago de la cantidad de veinticinco millones ciento veinticinco mil pesos, por concepto de intereses y en virtud de que el acreedor preferente solicitó la adjudicación del inmueble materia de la litis y acreditándose que tiene un crédito a su favor por la cantidad antes mencionada, con la cual cubre en demasía la cantidad fijada para el remate del inmueble que es de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos, en tal virtud es procedente aprobar el remate celebrado en la audiencia antes aludida, tal como lo dispone el artículo 1412 del Código de Comercio, y en virtud de que de las constancias procesales se desprende que las publicaciones realizadas tanto en los tableros de aviso de este juzgado, la Tesorería del Distrito Federal, así como en el periódico El Universal fueron realizadas los días siete, once y diecisiete de junio del año dos mil cuatro, en términos de lo dispuesto por el artículo 1411 del código de la materia ...’. II. En el orden de ideas que anteceden, se deberán declarar infundados los motivos de agravio expresados por la tercera acreedora y confirmarse la sentencia interlocutoria recurrida. III. Por no encontrarse el presenta caso dentro de los supuestos del artículo 1084 del Código de Comercio no se hace especial condena en costas en esta alzada. RESUELVE: PRIMERO. Se declara improcedente el recurso hecho valer por la tercera acreedora; en consecuencia. SEGUNDO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, dictada por la C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de esta capital. TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta alzada a la tercera acreedora apelante. CUARTO. Notifíquese y con copia de esta resolución gírese atento oficio al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. Así lo resolvió en forma unitaria el C. Magistrado ponente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal licenciado José Luis Castillo Lavin, ante el secretario de acuerdos que autoriza y da fe."
Igualmente, es preciso tener presentes las resoluciones de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de veinte de septiembre de dos mil cuatro, ante la interposición del recurso de apelación por parte de IBM de México, Comercialización y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable y Universidad Chapultepec, Asociación Civil, en las que confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de veintitrés de junio del año próximo pasado, que aprobó el remate, en los tocas 1334/2003/10 y 1334/2003/11, a las que hace referencia la recurrente, mismas que son del tenor literal siguiente:
Toca 1334/2003/10.
"México, Distrito Federal, a veinte de septiembre del año dos mil cuatro. Vistos, los autos del toca 1334/2003/10, para resolver el recurso de apelación que hizo valer la parte actora IBM de México, Comercialización y Servicios, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, dictada por la C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil, seguido por IBM de México, Comercialización y Servicios, S.A. de C.V., en contra de Universidad Chapultepec, A.C. y otro, y; RESULTANDO: 1o. La C. Juez del conocimiento dictó una sentencia interlocutoria en la fecha que ha quedado precisada, cuyos puntos resolutivos dicen: ‘México, Distrito Federal, a veintitrés de junio del año dos mil cuatro. PRIMERO: Se aprueba el remate en primera almoneda, celebrada en la audiencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil cuatro, a favor del acreedor preferente José de Jesús Lejarza Gallegos, sobre el inmueble ubicado en la calle de Eugenia número mil diez, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, en la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos, precio de avalúo, atento lo analizado en el considerando único de esta demanda interlocutoria. SEGUNDO: Gírese atento oficio al C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 940/95 relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Lejarza Gallegos José de Jesús en contra de Universidad Chapultepec, A.C. y Francisco Lejarza Gallegos, informándole que el crédito a favor del C. José de Jesús Lejarza Gallegos se ha pagado parcialmente con el valor del inmueble rematado en este juicio por la cantidad de catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos. TERCERO: Notifíquese ...’. 2o. Inconforme la parte actora con dicha sentencia, interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido conforme a derecho en el efecto devolutivo y, en su oportunidad, se citó a las partes para oír la sentencia la que se dicta de acuerdo con los siguientes: CONSIDERANDOS: I. Los dos agravios hechos valer por la parte actora, dada la íntima relación que guardan entre sí, se estudia en su conjunto, ello por permitirlo la tesis de jurisprudencia que señala: ‘AGRAVIOS. LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS PUEDE ANALIZAR EN SU CONJUNTO, SI TIENEN ÍNTIMA RELACIÓN ENTRE SÍ. Si la Sala responsable para estudiar varios agravios en un solo considerando, toma en cuenta la íntima relación de los argumentos planteados en ellos, de los cuales se ocupa en su totalidad, es evidente que ningún perjuicio causa al quejoso, porque el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sólo constriñe al tribunal de apelaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19312-3c3d8178/agravios-inoperantes-en-la-revision-lo-son-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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