Corpus
Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL CONSIDERAR COMO DEDUCCIÓN PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES EL COSTO DE LO VENDIDO Y, POR TANTO, OTORGARLES UN TRATO DISTINTO RESPECTO DE LAS MORALES QUE TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN GENERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (APLICACIÓN DE LAS TESIS 1a. CLXXI/2007 Y 1a. CLXXIX/2007).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 659/2005. · Registro digital (IUS): 20548
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO ISAR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1590.

AMPARO EN REVISIÓN 659/2005. GRUPO ISAR, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

NOVENO. Los conceptos de violación, resultan en parte infundados, en otra inoperantes, y en otra más sustancialmente fundados.

Atendiendo a su contenido y al tratamiento que se les dará, los conceptos de violación hechos valer serán analizados en orden distinto del que fueron propuestos y, en primer término, se analizarán los argumentos en los cuales se aduce violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y reserva de ley.

El estudio de los aludidos conceptos de violación es preferente y se justifica con el contenido de la jurisprudencia P./J. 77/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 20, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 1999, Novena Época, que dice:

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material."

La impetrante de amparo, en el primero, segundo y tercer conceptos de violación, dice que los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B y 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta violentan la garantía de legalidad prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al no establecer con precisión los elementos que deberán integrarse a efecto de determinar el costo de lo vendido para hacer deducibles los gastos efectuados para la generación del ingreso; asimismo, que se contraviene el principio de reserva de ley.

Por otra parte, señala que se hace referencia a términos y expresiones propios de la técnica contable e implícitamente a principios de contabilidad; que la ley únicamente se ocupa de enunciar sistemas, métodos, reglas, elementos a considerar, mencionar diversos conceptos, relacionados con el costo de ventas, pero sin dar una explicación suficiente para que el contribuyente obligado conozca sobre la materia y esté en condiciones de cumplir debidamente con las obligaciones fiscales.

De igual forma, argumenta, que la ley es omisa en definir muchos de los conceptos y términos utilizados en este esquema de deducción, que en ninguno de los preceptos impugnados se define lo que debe entenderse por costo de lo vendido, ni se explica qué debe entenderse por costeo absorbente y sistema de costeo directo, o a dónde puede acudir el contribuyente para conocer las reglas de funcionamiento; que tampoco se define la determinación de la suma del costo promedio mensual de los inventarios de los últimos cuatro meses del ejercicio de dos mil tres y dos mil cuatro.

Asimismo, aduce que remite a disposiciones reglamentarias o administrativas para encontrar soluciones sobre el particular.

Lo alegado en tales conceptos de violación resulta inoperante, pues respecto del sistema de "costo de lo vendido", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que la violación a la garantía de legalidad jurídica no puede descansar en la omisión de definición de conceptos por parte del legislador, según se advierte del contenido de la tesis jurisprudencial 1a./J. 117/2007, aprobada en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien es cierto que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también lo es que ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable e impráctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad contra los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Federal, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez a que sean claras en su redacción y en los términos que emplean."

También, en relación con la violación de garantías de legalidad y seguridad jurídica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los artículos 29, fracción II y 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no son violatorios del principio de legalidad tributaria, al no establecer el método o procedimiento para determinar la deducción por concepto "del costo de lo vendido"; lo anterior, con apoyo en las tesis jurisprudenciales 1a./J. 116/2007 y 1a./J. 118/2007, aprobadas en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendientes de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente, son del tenor literal siguiente:

"RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN SUFICIENTEMENTE LA FORMA DE CALCULAR EL COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Los artículos 29, fracción II, y 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta prescriben que el costo de lo vendido es un concepto deducible, aunado a la mecánica que deberá utilizarse para valuar los inventarios, sin que se aprecie la existencia de algún precepto que expresamente enuncie la integración del concepto que finalmente será deducido; no obstante, sí se delimita qué debe entenderse por costo de ventas deducible y si bien ello acontece con referencia a conceptos propios de la técnica contable, que en apariencia hace que dicho concepto sea indeterminado, en realidad es perfectamente determinable por medio de una interpretación sistemática de la Ley del Impuesto sobre la Renta al considerar su naturaleza jurídica, el concepto renta como parámetro para determinar la capacidad contributiva de los causantes y, la técnica contable, de donde se deduce que la determinación del monto del costo de ventas deducible se realizará tomando en cuenta las existencias del inventario al inicio del ejercicio, determinando su costo; posteriormente, al final del periodo se tomarán en cuenta las existencias restantes, las cuales igualmente serán valuadas para determinar su costo; la diferencia entre ambos valores, adicionada al de los bienes adquiridos o producidos, será el valor que debe corresponder al costo de ventas deducible. En ese sentido, los artículos 29, fracción II y del 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no violan la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad administrativa no puede fijar discrecionalmente el concepto de costo de lo vendido y alterar arbitrariamente la base gravable del gravamen, sino que se limitará a efectuar el cálculo establecido en estos términos por la propia Ley. De esta forma, el costo de lo vendido depende de elementos objetivos que se desprenden de la misma legislación, de manera que tanto los causantes como la autoridad hacendaria se ven limitados a efectuar su cálculo con un resultado único."

"RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. Los artículos 29, fracción II, 45-A a 45-I, 86, fracciones V y XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tercero, fracciones IV y XI, del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, vigentes a partir del 1o. de enero de 2005, establecen la forma de determinar el costo de ventas deducible, los elementos que lo integran, los procedimientos aplicables para el cálculo y valuación de inventarios, así como el momento en que debe llevarse a cabo la disminución correspondiente de la base gravable. Ahora bien, conforme a diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria, cuando la ley formal no contenga la regulación a detalle de todos los elementos del tributo, es suficiente que el ordenamiento jurídico señale los conceptos generales, los métodos, los lineamientos o parámetros dentro de los cuales es factible la actuación de la autoridad y, en consecuencia, del contribuyente, sobre todo cuando dichas disposiciones versen sobre materias técnicas, indicadores económicos o financieros, cuya expresión aritmética no sea posible incorporar al texto legal porque dependa de diversas variables y circunstancias específicas del cómo o cuándo se realiza el hecho imponible generador de la obligación fiscal. En ese sentido, si bien en la Ley del Impuesto sobre la Renta no se contiene la definición legal de algunos conceptos, ni se establecen pormenorizadamente los procedimientos a que se hace alusión en el sistema de deducción denominado ‘del costo de lo vendido’, tal circunstancia no transgrede el principio tributario de legalidad ni el diverso de reserva de ley previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues los actos de proporcionar el significado de las palabras empleadas y señalar detalladamente los mecanismos utilizados para determinar esa deducción para el control de inventarios o para la valuación de estos últimos, no son más que la acción de constatar dichas cuestiones conforme a la técnica (contable-financiera), cuyos principios y reglas no son propios del contenido de una norma tributaria, toda vez que el objeto de ésta es establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva del sujeto, en razón de su posición frente al objeto que se grava, mas no regular diversas materias."

En la primera parte del séptimo concepto de violación y en el décimo primero, se hacen valer argumentos relativos a la transgresión al principio de proporcionalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al señalar que la obligación de deducir el costo de ventas hasta el momento de la enajenación, trae consigo violación al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en razón de que no se toma en cuenta la auténtica capacidad económica de los contribuyentes.

Los anteriores argumentos son inoperantes.

Lo anterior se estima así, pues sobre el tema en la tesis jurisprudencial 1a./J. 124/2007, aprobada por la Primera Sala del más alto Tribunal, en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resolvió que no existía la violación alegada, en los siguientes términos:

"RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). El impuesto sobre la renta es un gravamen diseñado para recaer sobre los impactos positivos en el haber patrimonial de los contribuyentes, es decir, sobre el valor monetario del incremento neto en la capacidad de consumo de una persona, como parámetro para determinar su verdadera capacidad contributiva durante un periodo determinado. Bajo esa tesitura, tratándose del impuesto sobre la renta de las personas morales la capacidad contributiva se determina atendiendo a los conceptos que generan ingresos, así como a los costos en que se incurre para su generación -las deducciones del causante-, los cuales tienen que revelar una aptitud para contribuir al gasto público, lo que presupone la titularidad de una renta apta en calidad y cantidad para hacer frente al tributo. Ahora bien, a través de las disposiciones apuntadas, el legislador reincorporó el sistema de deducción del costo de lo vendido, en sustitución del de deducción del valor de adquisiciones, en lo que concierne al régimen general de las personas morales en materia de impuesto sobre la renta. Dicho esquema implica que los contribuyentes del Título II de la Ley de la materia aplicarán la deducción de los costos en los que incurren para dejar un artículo en condiciones de ser vendido, hasta el momento en el que ocurra la enajenación, contrariamente a lo que sucedía bajo el esquema vigente hasta diciembre de 2004, en el cual podían deducir el valor de adquisición de mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados que utilizaran para prestar servicios, fabricar bienes o enajenarlos. En este sentido, debe señalarse que la deducción del costo de lo vendido no resulta violatoria de la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que parte de la premisa de que la erogación de los gastos necesarios para la producción o distribución de bienes y servicios no implica modificación en el haber patrimonial del causante, sino que únicamente se traduce en una disminución en el flujo de efectivo de que disponen, apreciándose que, en todo caso, las adquisiciones efectuadas continúan formando parte del haber patrimonial de las empresas, si bien, ya no como efectivo, sí como bienes. De esta manera, puede concluirse que el patrimonio de las empresas no se ve menoscabado o disminuido por la sola erogación efectuada como gasto para la obtención de insumos para los bienes o servicios destinados a su comercialización o transformación, puesto que tan sólo se transforma el concepto de activo que detenta la empresa. En cambio, la alteración en el haber patrimonial de la empresa se aprecia cuando se obtienen los ingresos producto de su actividad comercial, dado que es en ese momento cuando deben confrontarse los ingresos obtenidos con el costo que representó su obtención. En tal virtud, el mecanismo de deducción regulado en las disposiciones identificadas en modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria al no permitir la deducción de adquisiciones, toda vez que permite la deducción de los gastos efectuados para la obtención de los ingresos que se acumulen en el ejercicio, apreciándose que el impuesto finalmente incide en los ingresos que se perciben en la medida en que éstos representan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se respeta la capacidad contributiva de los causantes."

De igual manera, es aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 125/2007, aprobada por la Primera Sala, en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE DICHO ORDENAMIENTO, MISMAS QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PERMITE QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE CUBRA EL CAUSANTE, SEA DETERMINADO EN ATENCIÓN A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). El sistema denominado ‘costo de lo vendido’, implica que, al determinar la utilidad de las personas morales, los causantes podrán considerar el costo de producción o adquisición de los artículos enajenados y que generan los ingresos de las empresas en el renglón de ventas. Ahora bien, para este Alto Tribunal, a fin de que dicha deducción resulte acorde con la garantía constitucional de proporcionalidad, es necesario que la misma permita el reconocimiento de los costos en los que incurre una sociedad para dejar al producto en condiciones de ser enajenado -sea que se dediquen a la comercialización o a la producción de mercancías-, precisándose que dicho concepto no podrá ser deducido sino hasta el momento en el que se enajene la mercancía, lo cual se actualiza en la especie, pues la deducción del costo de lo vendido permite que el impuesto sobre la renta que cubra el causante, sea determinado en atención a su capacidad contributiva. En efecto, se estima que el sistema de deducción del costo de lo vendido tiene como propósito que la determinación del costo que debe disminuirse de los ingresos brutos sea adecuada y acorde a la capacidad del causante, a fin de calcular la renta susceptible de ser gravada. Para tal finalidad, el esquema referido parte de la premisa de que la producción, así como la compra y venta de mercancías son actividades realizadas por las empresas, a las cuales es inherente el potencial para la generación de ingresos para los causantes del impuesto sobre la renta. En este tenor, se observa que las disposiciones que regulan en lo general el sistema del costo de ventas en vigor a partir de enero de dos mil cinco -y de manera particular los artículos 45-B y 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta- permiten, en términos generales, el reconocimiento del importe de adquisiciones efectuadas en el ejercicio -tanto de mercancías, como de materias primas, productos terminados o semiterminados-; de los gastos directos e indirectos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas; las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, así como las inversiones relacionadas con la actividad. En tal virtud, el mecanismo de deducción regulado en las disposiciones identificadas en modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria regida por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que permite el reconocimiento de los gastos en los que incurre una empresa para la enajenación de bienes, apreciándose que el impuesto finalmente incidirá en los ingresos que se perciben únicamente en la medida en que éstos representan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se respeta la capacidad contributiva de los causantes."

En la última parte del séptimo concepto de violación, la parte quejosa argumenta que la obligación de llevar inventarios perpetuos, trae consigo violación al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en razón de que no se toma en cuenta la capacidad administrativa de los contribuyentes, lo cual traería consigo una repercusión en la capacidad contributiva.

Lo anterior es infundado.

Así es, en el caso se estima que no asiste razón jurídica a la parte quejosa, porque en el caso no se vulnera la garantía de proporcionalidad, con la obligación de tener inventarios perpetuos.

Lo anterior así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1284/2005, 1362/2005 y 1497/2005, en donde sostuvo que se trata de una obligación de carácter administrativo, a través de la cual se lleva un control minucioso de los activos de la empresa, misma que tiene repercusión en la obligación fiscal sustantiva, toda vez que dicho esquema de control contable permite determinar conforme a los métodos elegidos por el propio causante el costo de lo vendido, así como la ganancia obtenida en las ventas correspondientes.

Que dicho sistema no implica una transgresión al principio de proporcionalidad tributaria, por imponer una obligación que supuestamente desconocería la capacidad contributiva de los causantes.

Señaló la Sala en comento, que en cuanto a la complejidad que sería inherente a llevar a cabo inventarios perpetuos, conllevan una argumentación que en realidad depende de la particular apreciación de cada causante, lo cual pone de manifiesto que dicha circunstancia no es suficiente para determinar la inconstitucionalidad de la norma, pues ésta únicamente puede derivar de cuestiones generales, no de particulares y mucho menos si éstas provienen de una concepción particular.

Que la mayor o menor complejidad administrativa que implique llevar a cabo inventarios perpetuos, se circunscribe a una materia que efectivamente resulta técnica, pero que no lo es tanto como para imposibilitar la determinación del impuesto, pues se trata de métodos contables, a los que de cualquier manera se sujetan los contribuyentes para el reporte de las utilidades o rendimientos de la persona moral, tanto para el conocimiento de sus órganos de administración, de sus accionistas, así como de terceros.

Que si bien es cierto que la obligación de llevar un sistema de inventarios perpetuos a que se refiere el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene un efecto fiscal, también lo es que la información relevante de las empresas, demandada por sus órganos administrativos y por sus propietarios, se expresa de conformidad con la técnica contable y con una sistemática semejante, por lo que no se trata de una obligación extraordinaria o desconocida que implique una afectación en perjuicio del causante.

Además que se trata de una obligación formal, pero que no es susceptible de trascender en términos de una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que el sólo hecho de cumplir con dicha obligación, de llegar a influir en la operación de la empresa, en todo caso sería como costo administrativo y, por ende, su impacto se traduciría exclusivamente en un perjuicio económico, mismo que no es subsanable a través del juicio de garantías.

En consecuencia, resolvió que dicha obligación no implica una desvinculación entre la capacidad contributiva de los causantes y la cantidad a enterar, ni genera una afectación que se traduzca en que el impuesto sobre la renta deje de pesar sobre las utilidades generadas por las personas morales, por lo cual no es dable afirmar que se viola el principio mencionado; y que el mandato de llevar un sistema de inventarios perpetuos, si bien tiene trascendencia sobre la determinación de la obligación fiscal sustantiva, no implica que el impuesto sobre la renta que resulte quede desvinculado de la capacidad económica del causante, respetándose la garantía constitucional de proporcionalidad.

En este orden de ideas, se colige que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya resolvió dicho tópico, y estimó que eran infundados los argumentos expuestos en relación a la violación al principio de proporcionalidad, y de las ejecutorias enunciadas derivó la tesis aislada 1a. CLXIV/2007, aprobada en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"RENTA. LAS OBLIGACIONES DE DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO A LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y DE LLEVAR UN CONTROL CONFORME AL SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS, EN SÍ MISMAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Las disposiciones aludidas prescriben la obligación a cargo de los contribuyentes de determinar el costo de lo vendido y de llevar inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. Ahora bien, la carga mencionada se traduce en una obligación de carácter administrativo, a través de la cual se lleva un control minucioso de los activos de la empresa, misma que puede repercutir en la obligación fiscal sustantiva, toda vez que dicho esquema contable permite determinar la ganancia obtenida en las ventas correspondientes, para lo cual resulta necesario que, de manera permanente, se lleven libros de acuerdo con las existencias en almacén, por medio de un registro detallado, donde se llevan tanto los importes en unidades monetarias como las cantidades físicas, sin que ello se traduzca en una violación al principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por desconocer la capacidad administrativa de los causantes, apreciándose que las argumentaciones enderezadas en cuanto a la mayor o menor complejidad inherente a llevar un sistema de inventarios perpetuos, conllevan una argumentación que en realidad depende de la particular apreciación de cada causante, lo cual pone de manifiesto que dicha circunstancia no es suficiente para determinar la inconstitucionalidad de la norma, pues ésta únicamente puede derivar de cuestiones generales, no particulares y, mucho menos si éstas provienen de una concepción particular. Adicionalmente, debe apreciarse que el artículo 86, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a una obligación de tipo formal -que podría tener efectos en la sustantiva de pago del impuesto-, pero que no es susceptible de trascender en términos de una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que el solo hecho de cumplir con dicha obligación, de llegar a influir en la operación de la empresa, en todo caso sería como costo administrativo y, por ende, su impacto se traduciría exclusivamente en un perjuicio económico, mismo que no es subsanable a través del juicio de garantías. De esta manera, debe apreciarse que dichas obligaciones no implican una desvinculación entre la capacidad contributiva de los causantes y la cantidad a enterar, ni generan una afectación que se traduzca en que el impuesto sobre la renta deje de pesar sobre las utilidades generadas por las personas morales, por lo cual no es dable afirmar que se viola el principio constitucional mencionado."

Expresa la quejosa en el cuarto concepto de violación, que los artículos 29, fracción II y 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta violan el principio de equidad tributaria, en virtud de que se da un diverso trato a sujetos iguales, pues quienes enajenan mercancías, cuyo monto exceda de $50,000.00 (cincuenta mil pesos), únicamente emplean el método de valuación de costo identificado, y que si la empresa enajena otros bienes de importe menor quedará imposibilitada de llevar otro método, porque no se pueden combinar.

Argumento que resulta infundado.

El calificativo otorgado, deriva de que en el caso no asiste la razón jurídica a la parte quejosa, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no se viola el principio constitucional de equidad, cuando el legislador establece categorías de contribuyentes siempre y cuando sean justificadas.

Que en el caso concreto la existencia de dichas categorías está justificada, en virtud de que las mercancías que puedan ser identificadas por número de serie deben valuarse a través del método de costo identificado, dado que dicho método responde a las características de las mercancías, criterio objetivo que permite a los contribuyentes valuar las mercancías mediante el método que es acorde a sus características; de ahí que el artículo 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio al que alude la quejosa.

Es decir, la Sala en comento sostuvo que se otorga el mismo tratamiento a todos los sujetos que se encuentran en idéntica situación, y que por tanto, no existe transgresión al principio de equidad tributaria.

Lo anterior lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1205/2005, 1213/2005 y 1497/2005, de donde derivó la tesis aislada 1a. CLXXVI/2007, aprobada por la Primera Sala en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"RENTA. EL ARTÍCULO 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE ENAJENEN MERCANCÍAS QUE SE PUEDAN IDENTIFICAR POR NÚMERO DE SERIE Y SU COSTO EXCEDA DE $50,000.00, ÚNICAMENTE DEBERÁN EMPLEAR EL MÉTODO DE COSTO IDENTIFICADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). El citado precepto no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se aplica a todos los contribuyentes que cuentan con mercancías

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20548-b2cef6b7/renta-el-articulo-29-fraccion-ii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.