Corpus
Modo: Corpus Pro

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 846/2006. · Registro digital (IUS): 21628
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********, S.A.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 285.

AMPARO EN REVISIÓN 846/2006. **********, S.A.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Temporalidad. No se analiza la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto la examinó y concluyó que éste fue presentado en los términos legalmente establecidos.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Dado que el órgano colegiado se avocó al estudio de los argumentos enderezados en el primer agravio del recurso de revisión -encaminados a controvertir las razones en que se apoyó el a quo para estimar infundadas las causales de improcedencia que la autoridad recurrente invocó en su informe justificado-, estimándolos inoperantes, corresponde a esta Sala el análisis de los agravios vertidos por la autoridad, tendentes a combatir la concesión del amparo, cuyo estudio reservó el órgano colegiado, a fin de dilucidar si la fracción LXX del artículo segundo del decreto legislativo reclamado, es violatoria de la garantía de equidad en materia tributaria.

En caso de que alguno de dichos argumentos jurídicos resultara fundado, ello tendría como consecuencia la revocación de la concesión del amparo y, en esas circunstancias, correspondería a esta Sala el análisis de los conceptos de violación cuyo estudio habría sido omitido por la Juez Federal.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan:

1. En primer término, debe atenderse a los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.

1.1. En el primer concepto de violación se alega que el artículo transgrede la garantía de equidad tributaria, consagrada en el numeral 31, fracción IV, constitucional.

Previa delimitación del contenido de este principio, efectuando referencias a lo sostenido por la doctrina, así como a la interpretación que del mismo ha hecho este Alto Tribunal, la quejosa argumenta que la fracción LXX del artículo segundo del decreto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a disposiciones transitorias de dicho ordenamiento, establece un trato desigual a los iguales.

La quejosa considera que el numeral reclamado otorga un trato desigual injustificado, apreciando que dicha disparidad se actualiza entre los siguientes casos:

a) El primero de ellos lo identifica con el caso de los contribuyentes que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta -en el año de dos mil dos-, enajenen acciones adquiridas de partes relacionadas durante el ejercicio fiscal de dos mil uno, caso en el cual, para determinar el costo promedio de las mismas, deberán disminuir del monto original ajustado de las acciones, las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar que la sociedad emisora de que se trate tenga a la fecha de adquisición, en la parte que le corresponda a las acciones del contribuyente;

b) El segundo de dichos casos corresponde a aquellos causantes que hubieren adquirido acciones durante dos mil uno, de partes no relacionadas o independientes, caso en el cual no deberá realizarse dicha disminución para la determinación del costo promedio de las mismas. En este mismo supuesto -recibiendo el trato apuntado-, la quejosa ubica aquellos casos en los que se enajenen acciones que hubieren sido adquiridas de partes relacionadas, pero con anterioridad al año de dos mil uno.

La quejosa aduce que la distinción apuntada -vinculada a dos factores: la relación con la parte de la cual fueron adquiridas las acciones, así como el haberlas adquirido durante dos mil uno- no descansaría sobre bases objetivas y razonables.

En lo que denomina un análisis teleológico de la disposición reclamada, la quejosa hace referencia al texto del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisando que en la determinación del monto original ajustado -como concepto necesario para calcular el costo promedio por acción, que finalmente será disminuido del ingreso correspondiente para la determinación de la ganancia-, se contempla la disminución de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, pero del periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y hasta la fecha de su enajenación -a diferencia de la disposición reclamada, que ordena la disminución de dichas pérdidas, correspondientes a un periodo previo a la adquisición de las acciones-.

Asimismo, la quejosa acude a la exposición de motivos de las reformas legislativas que entraron en vigor en dos mil dos, en la cual se plantea la necesidad de que se contemple dicho concepto -las pérdidas pendientes de amortizar- en la determinación del monto original ajustado, citando la parte conducente en la que se hace referencia a reconocer los efectos de dichas pérdidas, en lo que corresponde al periodo de tenencia accionaria.

Con base en lo anterior, la quejosa propone que el fin último de la reforma introducida en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue el de reconocer el valor real de las acciones al momento de la venta de las mismas, analizándose si dicho valor hubiere podido incrementarse o disminuirse, desde la fecha de adquisición y hasta la de enajenación, utilizando las diferencias existentes en los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta, reembolsos pagados, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, etcétera.

En el desarrollo de dicho análisis teleológico, la quejosa también plantea que las disposiciones que hasta dos mil uno regulaban la determinación del costo fiscal de las acciones -artículos 19, 124 y 124-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada-, no contemplaban la disminución de las pérdidas pendientes de amortizar, siendo éste uno de los "cambios más significativos que tuvo la legislación fiscal" en el año de dos mil dos.

De esta manera -propone la impetrante de garantías-, si un contribuyente adquiría acciones en cualquier año anterior a dos mil dos, el costo promedio por acción en enajenaciones subsecuentes se determinaba sin disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En cambio, a partir del año dos mil dos -con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta-, en la determinación del costo promedio por acción se deberán disminuir las pérdidas fiscales, pero únicamente las generadas por el periodo transcurrido entre la fecha de adquisición de las acciones y la fecha de enajenación de las mismas.

Hecho lo anterior, alega que no existe justificación alguna para que el legislador haya establecido que únicamente algunos contribuyentes -entre los que se contaría la quejosa- disminuyan, no sólo las pérdidas fiscales pendientes de aplicar generadas durante el periodo de tenencia accionaria, sino también aquellas que la empresa emisora de las acciones ya tenía a la fecha en que fueron adquiridas por el contribuyente.

Argumenta que en la exposición de motivos del artículo combatido no se establece una razón para determinar, a través del artículo segundo, fracción LXX, de dicho decreto, una diferenciación entre situaciones jurídicas que -a su juicio- son idénticas, atendiendo al momento en que hubieren sido adquiridas las acciones -pues la disposición solamente resulta aplicable a las adquisiciones efectuadas en dos mil uno-, así como a la parte de la que hubieren sido adquiridas -dado que sólo aplica si la enajenante es parte relacionada de la adquirente, y no así si se trata de partes independientes-.

Con base en lo anterior y previa reiteración de las circunstancias que harían aplicable la situación descrita a su caso -en relación con la adquisición de acciones que habría efectuado, de parte relacionada, vía fusión-, concluye que resulta procedente el otorgamiento de la protección constitucional, dada la violación a la garantía constitucional de equidad, a efecto de que pueda determinar el costo promedio por acción sin disminuir las pérdidas fiscales que la empresa emisora tenía previo a la adquisición efectuada por la quejosa.

1.2. A través del segundo concepto de violación, la quejosa plantea la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, aduciendo que la fracción LXX del artículo segundo del decreto legislativo que estableció la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, desconocería su capacidad contributiva real, al conminarla a considerar un concepto -las pérdidas fiscales de la empresa emisora de las acciones, previo a la adquisición de las mismas-, lo cual le resultaría totalmente ajeno.

En primer término, la quejosa procede a la determinación del contenido y alcance de la garantía constitucional que estima violada, haciendo referencia a antecedentes históricos de la misma, así como a la doctrina establecida jurisprudencialmente por este Alto Tribunal.

Argumenta que si el objeto de la disposición es valuar las acciones por el tiempo de tenencia de las mismas -conforme al artículo 24 del mismo ordenamiento- y en función de ello reconocer los elementos que el legislador consideró para medir la capacidad contributiva -reflejada en el aumento o disminución del valor de las acciones-, la disminución de las pérdidas sufridas por la empresa emisora previo a la adquisición de las acciones, tendría como efecto la determinación de un costo promedio por acción que no es real y, por ende, se violentaría el principio de proporcionalidad tributaria.

Expone que el periodo que resulta relevante en la determinación del costo promedio por acción -aun desde las disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dos mil uno-, es el que corresponde a la tenencia accionaria, señalando que la consideración de factores que no corresponden a dicho lapso -las pérdidas sufridas por la emisora en un periodo anterior-, tiene como efecto que no se refleje la capacidad contributiva real.

Posteriormente, aduce que si la disposición tuviera como propósito que se tomen en cuenta todas las pérdidas fiscales, para medir "en todo su contexto" el valor de las acciones, en todo caso, ello debería haberse previsto de manera general y, para tal efecto, acude nuevamente a la exposición de motivos que dio lugar al texto legal vigente que rige el cálculo del costo promedio por acción -artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, precisando que el legislador tenía como intención que se consideraran las pérdidas, utilidades y demás elementos que influyen en dicho valor, pero limitado al periodo de tenencia accionaria.

Con base en todo lo anterior y al estimar vulnerada la garantía de proporcionalidad tributaria, en la medida en que la determinación del costo promedio por acción no se ajusta a su capacidad contributiva, la quejosa solicita le sea otorgada la protección constitucional en contra de la fracción LXX del artículo segundo del decreto legislativo por el que se estableció la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. En segundo lugar, se presentan los argumentos utilizados por la Juez de Distrito para conceder la protección constitucional, los cuales son sintetizados a continuación.

2.1. En relación con la procedencia del juicio de garantías, la Juez a quo se avoca al estudio de las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables -las previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones V, XII y XVII, esta última en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento-, las cuales estima infundadas, señalando adicionalmente que no aprecia oficiosamente la actualización de alguna causal diversa.

2.2. Acto seguido, procede al estudio del primer concepto de violación enderezado por la quejosa, el cual se encuentra encaminado a acreditar una violación a la garantía de equidad tributaria, mismo que estima fundado y suficiente para otorgar el amparo.

Lo anterior, en razón de que -a su juicio- no existe un elemento objetivo que justifique el trato diferenciado que la fracción LXX del artículo segundo del decreto legislativo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil dos, contempla para los contribuyentes que hayan obtenido acciones en el año de dos mil uno, en comparación con los que las hayan adquirido en cualquier otro año, sea anterior o posterior a éste.

Para soportar su decisión, analiza el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual se regula la determinación del costo promedio por acción, concepto éste que es indispensable para calcular la ganancia por enajenación de acciones. Dicho análisis es adicionado con lo dispuesto por el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, precisándose la forma en la que la fracción LXX del artículo segundo del decreto reclamado, modifica el cálculo del monto original ajustado y, por ende, del costo promedio por acción y de la referida ganancia, para los casos contemplados en la fracción mencionada.

A partir del estudio efectuado, la juzgadora de primera instancia destaca el efecto de la fracción LXX del artículo segundo de dicho decreto legislativo, precisando que, derivado de lo preceptuado por ésta, el cálculo del costo promedio por acción -y, con mayor precisión, del monto original ajustado-, se ve modificado, mediante la disminución de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que hubiere sufrido la sociedad emisora con antelación a la adquisición de las acciones, lo cual resultará aplicable cuando coincidan las siguientes circunstancias:

- Que las acciones que se hayan enajenado se hubieren adquirido de partes relacionadas; y,

- Que dicha adquisición hubiere ocurrido durante dos mil uno.

Posteriormente, la a quo acude al texto del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -el cual establece los casos en los que se entiende que existen partes relacionadas- y señala que dicho punto no es de resaltarse tanto, como el hecho de la diferenciación atendiendo a las adquisiciones que se efectuaran en dos mil uno. Al respecto, señala que no advierte que el simple hecho de adquirir acciones en ese año merezca un trato diferenciado.

Así, precisando que los adquirentes de acciones se encuentran en iguales circunstancias con independencia del ejercicio en el que se efectúe la adquisición, por lo que no se justificaría la modificación introducida en la forma en la que se calcula el costo promedio por acción, máxime si lo que se buscó con el nuevo sistema para determinar la ganancia o pérdida fiscal por enajenación de acciones, fue que en el costo se reconozcan en su totalidad los efectos de las utilidades y las pérdidas.

Considera que si el legislador estimaba justificado dar un trato diferente en razón del año en que las acciones fueron adquiridas, debió haber expuesto su razonamiento en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual no aconteció en la especie. En tal virtud, al no advertir consideraciones que sustenten la diferencia introducida por la disposición reclamada, ni en las razones expuestas en el proceso legislativo, ni en el propio texto legal, señala que no aprecia alguna particularidad que deba corresponder al año dos mil uno para efectos fiscales, concluyendo que no existe una justificación válida para la distinción reclamada por la quejosa.

En virtud de lo anterior, la Juez decide otorgar el amparo a la sociedad mercantil quejosa, para el efecto de que no le sea aplicado el numeral impugnado y, en consecuencia, determine el costo promedio por acción en términos del artículo 24 de la ley de la materia.

3. Los razonamientos de la autoridad responsable, encaminados a combatir la concesión del amparo, son los que se sintetizan a continuación.

3.1. Por conducto del primer agravio, la autoridad recurrente plantea argumentos tendentes a combatir las razones en que se sustentó la Juez a quo para calificar como infundadas las causales de improcedencia planteadas en primera instancia.

3.2. Por medio del segundo agravio, la recurrente alega que el fallo es violatorio de los artículos 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, en razón de que la Juez de Distrito habría pasado por alto la jurisprudencia que establece que en caso de consolidación, los conceptos de violación deben declararse inoperantes.

La autoridad recurrente acude a criterios jurisprudenciales para señalar que el concepto de "parte relacionada" ha sido definido como aquella persona que está vinculada con el contribuyente por tener uno de ellos injerencia o control sobre la administración del otro. Asimismo, aduce que la realización de operaciones, transacciones o actos administrativos entre partes relacionadas puede derivar de la reorganización de una empresa o grupo -como acontecería con una enajenación de acciones- y, finalmente, plantea que en dichas reorganizaciones también se pueden encontrar "alianzas estratégicas que tengan como finalidad conjuntar sinergias para lograr el objetivo deseado, empleando para ello figuras como la consolidación fiscal".

Al efecto, procede a relacionar las características del régimen de consolidación fiscal, señalando que al momento de solicitar el amparo la quejosa se encontraba tributando voluntariamente bajo dicho régimen -habiendo actualizado la hipótesis del numeral reclamado-, de lo cual deriva que resulta incorrecto tomar en cuenta los argumentos emitidos contra disposiciones dirigidas a los causantes de dicho régimen, como -en su concepto- lo es la impugnada.

Por ello, considera que debieron aplicarse los criterios establecidos en las jurisprudencias de rubros: "CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RESULTAN INOPERANTES." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO."

Recalca que se trata de un régimen optativo y de beneficio, y que la concesión del amparo tendría como efecto que la quejosa dejara de tributar en el régimen de consolidación, lo cual le traería un perjuicio.

3.3. En el tercer agravio, la recurrente se duele de la violación en su perjuicio a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, considerando que la a quo declaró que lo previsto en el artículo impugnado es contrario al principio de equidad tributaria, sin realizar un estudio pormenorizado para tal efecto.

Primeramente, la autoridad hace referencia al principio de equidad, señalando que no toda desigualdad de trato supone su violación, sino únicamente cuando ésta produce distinciones entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin que ello se justifique objetiva y razonablemente.

En su concepto, sí existen elementos objetivos que justifiquen el trato diferenciado otorgado por el precepto reclamado, ya que la finalidad del mismo es evitar la planeación por parte de los contribuyentes, mediante la manipulación del costo promedio de sus acciones, derivada de la operación efectuada entre partes relacionadas en el año en que se dio a conocer el paquete de reformas que derivaría en la actual Ley del Impuesto sobre la Renta.

En consecuencia, procede a exponer las razones que justificaron dicha diferenciación, atendiendo a dos criterios: la celebración de operaciones entre partes relacionadas, por un lado, y la fecha de adquisición de las acciones, por el otro.

A) Por un lado, argumenta que hay razones para el tratamiento especial a las acciones adquiridas de partes relacionadas pues, si no fuera por esta disposición, dichas partes estarían en posibilidad de incrementar el valor de sus acciones, al no considerar las pérdidas mencionadas.

Al efecto, señala que las operaciones entre partes relacionadas suelen ser operaciones que no se realizan a verdaderos precios de mercado y, asimismo, precisa que la disminución de las pérdidas pendientes de amortizar -para efectos del cálculo del costo promedio por acción- en operaciones que no se realicen entre partes relacionadas sería imposible, pues tampoco se podría contar con la documentación administrativa y contable con la que se acreditaría la correcta determinación del costo promedio por acción.

A su juicio, existe un trato desigual a los desiguales, pues la relación entre la administración de partes relacionadas, así como la injerencia y control de una sobre otra no existe cuando las acciones se compran entre independientes, por lo cual el trato diferente está justificado. En apoyo a lo anterior, utiliza la tesis de rubro: "RÉGIMEN SIMPLIFICADO. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PREVÉ QUE SÓLO CONTRIBUIRÁN BAJO ESTE SISTEMA LAS PERSONAS MORALES DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE AL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS, PERO NO AQUELLAS QUE PRESTEN PREPONDERANTEMENTE TAL SERVICIO A UNA PARTE RELACIONADA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

Alega que el legislador tomó en cuenta que los que adquieren acciones de partes relacionadas obtienen un mayor beneficio que los que lo hacen de partes independientes y, por tanto, su capacidad contributiva es mayor, pues les permite procurar una operación conjunta como "alianza estratégica" que les depara mayor beneficio, a diferencia del caso de otros causantes.

Con base en lo anterior y atendiendo a que la empresa quejosa consolidó para efectos fiscales durante el ejercicio fiscal de dos mil tres -en el cual tuvo lugar la venta-, habiendo adquirido las acciones de una empresa que es parte relacionada, en la que "obviamente" -a juicio de la autoridad- tenía injerencia, es que la autoridad recurrente concluye que dicha sociedad mercantil no se encuentra en la misma situación que una empresa que adquiere acciones de una parte independiente.

B) Por el otro, arguye que sí existe una justificación para que el numeral únicamente sea aplicable para dos mil uno, debido a la estrecha relación entre los numerales 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y segundo, fracción LXX, del decreto legislativo que estableció dicho ordenamiento.

En este sentido, la autoridad efectúa una exposición en relación con la forma en la que se calculaba el costo promedio por acción en la legislación vigente hasta dos mil uno, diferenciándola del procedimiento incorporado en dos mil dos, con especial énfasis en la adición o disminución de las utilidades o pérdidas fiscales de cada ejercicio generadas en el periodo de tenencia de los títulos por la sociedad emisora.

Expone que la iniciativa presidencial para el cambio en el ordenamiento en cuestión, fue presentada en abril de dos mil uno y que los contribuyentes que tuvieran conocimiento de la misma podrían eludir el efecto pretendido por la reforma -gravar la ganancia de capital que efectivamente percibe quien enajena acciones-, anticipándose a ésta al efectuar operaciones de compra de acciones con partes relacionadas, para posteriormente venderlas y no tener que cumplir con el mandato de considerar el efecto que tendrían las pérdidas pendientes de disminuir que hubiere sufrido la emisora desde que existiera el vínculo. Alega que esa es la razón por la cual se determinó que la disposición reclamada solamente tuviera efecto sobre las adquisiciones efectuadas en dos mil uno.

De esta manera, señala que la disposición reclamada buscaba que los causantes no abusaran del conocimiento de las reformas que se proponían, evitándose que los grupos de empresas con intereses comunes pudieran manipular el costo de las acciones. En este contexto, enfatiza que los contribuyentes podían llevar a cabo lo anterior -el manejo discrecional de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de la enajenación-, mediante la adquisición de acciones de partes relacionadas en el ejercicio de dos mil uno, ya que si las adquirían a partir del año dos mil dos, ya estaría en vigor la nueva mecánica y tendrían que tomarse en cuenta las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de disminuir a la fecha de enajenación.

A efecto de acreditar que la ratio legis se encuentra justificada, desarrolla un ejemplo hipotético para observar cómo podría operar la planeación de los contribuyentes. De esta manera, argumenta que la finalidad del legislador fue lograr un mejor control fiscal respecto de las acciones adquiridas de partes relacionadas, atendiendo a su distinta capacidad contributiva, para evitar posibles fraudes o cualquier otro acto ilícito en perjuicio del fisco.

Asimismo, considera que la planeación fiscal que describe, así como la justificación de la disposición reclamada, constituyen un hecho notorio considerado como cierto e indiscutible. Por lo anterior, manifiesta que los requisitos o limitantes establecidos por el artículo controvertido en ningún momento afectan la esfera jurídica de la quejosa, sino que se trata de medios legalmente establecidos para controlar las posibles prácticas evasoras de los contribuyentes, así como la efectiva recaudación del impuesto.

Con base en estas consideraciones, concluye que no se viola la garantía de equidad tributaria y que, en consecuencia, debe revocarse la sentencia de primera instancia, negando a la quejosa la protección constitucional.

4. Finalmente, el Tribunal Colegiado determinó, en la materia de su competencia, lo que a continuación se sintetiza.

4.1. En respuesta a los planteamientos efectuados a través del agravio primero, dicho tribunal señala que los mismos resultan inoperantes al no combatirse la totalidad de las razones expresadas por la Juez a quo para calificar de infundadas las causales de improcedencia planteadas por la responsable. Asimismo, señala que no advierte de oficio que se acredite alguna causal de improcedencia respecto de la fracción LXX del artículo segundo del decreto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no es de sobreseerse en el juicio de garantías.

4.2. Finalmente, el Tribunal Colegiado precisa que los restantes agravios se encuentran enderezados a cuestionar las razones por las que la Juez de Distrito estimó inconstitucional la disposición reclamada, y concluye que el estudio de los mismos le compete a este Máximo Tribunal de la República.

QUINTO. Estudio de fondo. Previo a la respuesta de los argumentos jurídicos que serán analizados, y a fin de precisar la materia de estudio en el presente asunto, a continuación se transcribe la disposición cuya inconstitucionalidad fue reclamada por la parte quejosa:

"Artículo segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

"...

"LXX. Tratándose de acciones que se enajenen a partir del 1o. de enero de 2002, cuando las mismas hayan sido adquiridas de partes relacionadas durante el ejercicio de 2001, el contribuyente para determinar el costo promedio por acción de dichas acciones, deberá disminuir del monto original ajustado de las acciones determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar que la sociedad emisora de que se trate tenga a la fecha de adquisición, en la parte que le corresponda a las acciones que tenga el contribuyente."

1. Como se precisó en el considerando que antecede, a través del agravio segundo, la autoridad recurrente medularmente plantea que la juzgadora de primera instancia pasó por alto que el caso de la empresa quejosa es el de una sociedad que consolida para efectos fiscales, motivo por el cual resultaban aplicables los criterios sostenidos por este Alto Tribunal, por virtud de los cuales se ha considerado que los reclamos enderezados en contra del régimen de consolidación fiscal, devienen inoperantes.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho planteamiento resulta infundado, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación.

Es cierto -como señala la autoridad recurrente- que este Alto Tribunal reiteradamente ha sostenido que, por regla general,(7) los argumentos que enderecen las personas que tributan en el régimen de consolidación fiscal en contra de éste, resultan inoperantes, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia plenaria número P./J. 96/2001, de rubro: "CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESULTAN INOPERANTES."(8), así como de la tesis aislada número 1a. XL/2006, de rubro: "CONSOLIDACIÓN FISCAL. L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21628-44e5fe9f/obligaciones-tributarias-obedecen-a-un-deber-de-solidaridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.