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Modo: Corpus Pro

DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1662/2006. · Registro digital (IUS): 21872
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO TMM, S.A.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 109.

AMPARO EN REVISIÓN 1662/2006. GRUPO TMM, S.A.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil dos.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Temporalidad. No es necesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que ambos recursos, principal y adhesivo, fueron presentados en los términos legalmente establecidos.

TERCERO. Corrección de incongruencia. Previo al estudio del presente asunto, resulta procedente corregir oficiosamente la incongruencia que se advierte existe en el fallo del Tribunal Colegiado dictado en lo que es materia de su competencia, ello en virtud de que la coherencia de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y, por ende, de estudio oficioso.

Ello, pues la sentencia constituye el fundamento para el eventual cumplimiento de la autoridad, por lo cual se busca evitar fallos incongruentes, aunado al posible estudio de causales de improcedencia, que también es una cuestión de orden público. Esto, se ve reforzado gracias a una interpretación por identidad de razón del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO."(11)

En el caso, se aprecia que en el primer resolutivo de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado se determina lo siguiente:

"PRIMERO. En lo que es competencia de este Tribunal Colegiado, se sobresee, en relación a la segunda porción normativa del numeral 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos del considerando séptimo de este fallo."(12)

Ahora bien, del análisis de dicha resolución, se observa, por un lado, que las consideraciones que sostienen el sobreseimiento decretado se encuentran en el considerando octavo y, por el otro, que éstas están encaminadas a determinar el sobreseimiento del juicio, por las porciones normativas de la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el Tribunal Colegiado identifica como segunda y tercera -y no sólo por la segunda, como se sostiene en el punto resolutivo-, de conformidad con lo que se transcribe a continuación:

"OCTAVO. ... De ahí que lo procedente es, en lo que a la competencia de este Tribunal Colegiado corresponde, sobreseer en el juicio de amparo, en cuanto a la segunda y tercera porciones normativas ..."(13)

Atendiendo lo anterior, lo procedente es corregir la incongruencia identificada, de tal suerte que el sobreseimiento reflejado en el resolutivo primero del fallo recurrido sea regido por lo expuesto en el considerando octavo del mismo, respecto de las identificadas como segunda y tercera porciones normativas del artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil dos, a través de las cuales se establece el supuesto de excepción a la no deducibilidad de indemnizaciones por daños y perjuicios, así como de penas convencionales, cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros -segunda porción normativa-; así como el supuesto de excepción a dicha concesión original -es decir, el que regula el caso en que dichos conceptos no serán deducibles-, relativos a que los daños y perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente.

CUARTO. Problemática jurídica a resolver. En virtud de que el Tribunal Colegiado estudió de oficio una causal de improcedencia omitida por el Juez de Distrito, a partir de la cual determinó sobreseer el juicio por lo que hace a las porciones normativas segunda y tercera del numeral impugnado, no será materia del presente estudio lo aducido en los agravios encaminados a combatir las consideraciones que sostienen la calificativa de inoperancia por violación a la garantía de legalidad tributaria -agravio primero de la revisión principal, así como el propio agravio primero de la adhesiva-.

En tal virtud, al haberse sobreseído el juicio por lo que se refiere a las porciones normativas previamente identificadas, la negativa del amparo por dicha garantía ha dejado de regir en el sentido del fallo de primera instancia y, por ende, los agravios respectivos no pueden ser analizados por este Alto Tribunal.

Atendiendo a lo anterior, en el presente asunto se deberán analizar los agravios segundo y tercero formulados por la parte quejosa recurrente -a fin de desvirtuar las razones por las cuales le fue negado el amparo en relación con las garantías de proporcionalidad y equidad en materia tributaria-, a efecto de dilucidar si resultan suficientes para modificar o revocar la sentencia recurrida.

Asimismo, de considerarse que los agravios enderezados en la revisión principal deben prosperar, entonces deberá adentrarse al análisis de la revisión adhesiva -por cuanto a los correlativos agravios segundo y tercero-, ya que ésta sigue la suerte de la principal. Lo anterior de conformidad con la tesis aislada emitida por esta Primera Sala, de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA. REGLAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN ELLA."(14)

En este contexto, a fin de precisar la materia de estudio en el presente asunto, a continuación se transcribe lo dispuesto por la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil dos, cuya constitucionalidad es cuestionada.

"Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

"...

"VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente."

Tal como ha sido precisado con antelación, la causal de improcedencia que el Tribunal Colegiado estimó actualizada en el presente caso es la que se refiere a las porciones normativas que rigen la posibilidad de deducir las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros; así como la excepción a dicho supuesto, relativa a la no deducción de las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, en caso de que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente.

En esa virtud, corresponderá analizar si la prohibición de deducir las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales, resulta violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias.

QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan.

1. En primer término, debe atenderse a los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.

1.1. En el primer concepto de violación, se alega que el artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transgrede la garantía de equidad tributaria, consagrada en el numeral 31, fracción IV, constitucional, señalando que el primero de los dispositivos indicados no permite la deducción de las penas convencionales estipuladas en los contratos -a diferencia de las previstas en leyes-, lo cual no contaría con una justificación lógica, motivo por el cual -a su juicio- implica otorgar un tratamiento diverso entre contribuyentes que se encontrarían en igualdad de circunstancias, a saber, tratarse de personas morales obligadas al pago del impuesto sobre la renta que eroguen cantidades con motivo del cumplimiento de una pena convencional.

Previa delimitación del contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, así como del principio de equidad tributaria, efectuando referencias a lo sostenido por la doctrina, así como a la interpretación que del mismo ha hecho este Alto Tribunal, la quejosa argumenta que la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un trato desigual entre los iguales, al disponer que no serán deducibles las penas convencionales, salvo cuando la ley establezca la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros.

Al respecto, señala que la pena convencional -también referida bajo el nombre de "cláusula penal"-, regulada en los términos del artículo 1840 del Código Civil Federal, puede tener su origen en la ley, pero también en un acuerdo de voluntades entre las partes -tal como acontece en su propio caso, al no haber estado en posibilidad de realizar los pagos a los que estaba obligada frente a determinados inversionistas en el plazo pactado-, siendo que ambos tipos de penas son igualmente obligatorias para los contribuyentes que las asuman.

La quejosa considera que el numeral reclamado otorga un trato desigual injustificado, al depender la deducibilidad de la erogación, del hecho de que la misma hubiere sido estipulada en un contrato o en un texto legal -por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros-, lo cual, según aduce la quejosa, no sería razón suficiente para justificar dicho tratamiento disímil.

Como apoyo a su pretensión, la quejosa hace referencia a lo precisado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 1150/96, así como a las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." y "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

En este contexto, la impetrante de garantías aduce que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha sostenido que la diferencia de trato otorgado por una ley fiscal únicamente se justifica en tanto ello se encuentre relacionado con el objeto del gravamen.

Así, partiendo de la base de que el impuesto sobre la renta tiene como objeto la obtención de ingresos, hace valer que la renta o utilidad de los causantes no puede ser determinada si no es disminuyendo de los ingresos efectivamente percibidos, la totalidad de las deducciones autorizadas, así como las pérdidas de ejercicios anteriores.

En tal virtud -según aduce- el único trato diferencial que podría establecerse, debe guardar relación con la riqueza generada para un contribuyente -calculada en base a los ingresos y a los gastos que realizó para generarla- y, en cambio, el numeral reclamado basa el criterio de distinción en el "lugar" donde se genere la obligación -en un contrato o en una ley-, lo cual evidenciaría lo injustificado del tratamiento que tacha de inconstitucional.

Para concluir este primer concepto de violación, la sociedad mercantil quejosa sostiene que el trato desigual que combate no queda subsanado por el hecho de que las únicas penas convencionales susceptibles de ser deducidas sean las que provienen de una obligación legal derivadas de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta únicamente permite la deducción de las penas pagadas por obligación legal, sin que importe el origen de la penalidad.

1.2. A través del segundo concepto de violación, la quejosa plantea la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria. Para tal efecto, en primer término, procede a la determinación del contenido y alcance de la garantía constitucional que estima violada, haciendo referencia a antecedentes históricos de la misma, así como a la doctrina establecida jurisprudencialmente por este Alto Tribunal.

En este sentido, hace referencia a la específica aplicación del principio constitucional de proporcionalidad en lo que concierne al impuesto sobre la renta, y señala que el mismo debe atender al verdadero incremento patrimonial que los causantes experimentan durante el ejercicio pues, de lo contrario, se estaría desconociendo su verdadera capacidad contributiva y, por ende, el gravamen resultaría inconstitucional, tal como acontecería en aquellos casos en los que se desconozcan los gastos, erogaciones, costos o pérdidas en que se incurre para la generación de los ingresos materia del tributo.

En este contexto, acude al contenido del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, refiriendo la forma en la que el mismo permite la determinación de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, así como del resultado fiscal. Asimismo, señala que el patrimonio de una persona está integrado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de ser valuados en dinero, de los cuales sea titular el propio causante.

Asimismo, acude al texto del artículo 17 de la ley de la materia, precisando que el mismo establece la obligación de acumular la totalidad de los ingresos percibidos -como modificación patrimonial positiva- y, por otra parte, detalla que el artículo 29 del propio ordenamiento autoriza la realización de ciertas deducciones, a fin de determinar la base del gravamen -señalando que las mismas se realizan en el momento y en la medida en la que se traducen en una modificación negativa en el patrimonio del causante-.

Al respecto, la impetrante hace valer que, para reconocer la capacidad contributiva de los causantes, es necesario que el legislador establezca los mecanismos que permitan que el contribuyente reconozca las erogaciones y gastos en que tuvo que incurrir para la generación de los ingresos del ejercicio, lo cual no acontecería en el presente caso, toda vez que el artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no permite la deducción de los gastos erogados por concepto de sanciones, indemnizaciones por daños o perjuicios y las penas convencionales.

A su juicio, lo anterior resulta violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, en la medida en que se prohíbe la deducción de una pena convencional pactada por el causante -y en relación con la cual se encuentra obligado al pago-, desconociendo un gasto legítimamente erogado y conminando a la realización de un pago que no es acorde a la capacidad contributiva de la quejosa.

En apoyo a lo argumentado, la quejosa cita la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, de rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PROHÍBE SU DEDUCCIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.", así como la de esta Primera Sala, de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN DOS MIL DOS, AL ESTABLECER LA NO DEDUCIBILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."

En este sentido, afirma que la jurisprudencia de este Alto Tribunal permite sostener que se viola la garantía de proporcionalidad tributaria en aquellos casos en los que la Ley del Impuesto sobre la Renta no autoriza reconocer la deducción de un gasto erogado, sea que el mismo provenga de obligaciones pactadas -como acontece con las penas convencionales- o de obligaciones legales -en el caso de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas-, en tanto que no se permitiría reconocer un concepto que afecta de manera negativa la base del gravamen.

Para concluir el apartado que se sintetiza, la quejosa señala que la desproporcionalidad que aduce queda de manifiesto si se toma en cuenta que la pena convencional que pagó se generó por la falta de cumplimiento de su obligación por causas no imputables a dicha empresa, como lo es la "crisis económica" que enfrentaba.

En este contexto, concluye que la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta inconstitucional, al no permitir la deducción de las penas convencionales pactadas, como la que habría cubierto la quejosa a determinados inversionistas, motivo por el cual solicita le sea otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal.

1.3. A través del tercer concepto de violación, la sociedad mercantil quejosa hace valer la violación a la garantía constitucional de legalidad en materia tributaria. Para tal efecto, primeramente procede a delimitar el contenido y alcance de dicha garantía constitucional, lo cual realiza con apoyo en consideraciones doctrinales, así como en la propia jurisprudencia de este Alto Tribunal, precisando que de la misma se desprende que no se debe dejar en manos de las autoridades administrativas la aprobación, establecimiento o determinación de los elementos de los tributos, toda vez que éstos deben constar en un acto expreso del órgano legislativo.

Al respecto, plantea que el artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulnera la garantía de legalidad tributaria, toda vez que establece una regla general relativa a la no deducción de las penas convencionales, misma que admite excepciones -como acontece con las que imponga la ley de manera obligatoria-, en relación con las cuales, a su vez, existe un caso de excepción -en el que la deducción también estará prohibida-, como acontece cuando la pena convencional impuesta por la ley se haya originado por culpa imputable al propio contribuyente.

En relación con lo anterior, la quejosa aduce que el referido numeral no precisa qué debe entenderse por "culpa imputable al contribuyente", lo cual implicaría que la actualización de dicha circunstancia quedara en manos de la autoridad fiscal, la cual finalmente determinará en qué casos procede la deducción.

Como factor adicional, la impetrante de garantías señala que el derecho federal común no precisa qué debe entenderse por culpa, siendo el caso que la propia doctrina distingue dos especies de ésta, como son la culpa intencional o dolosa, y la culpa por negligencia o no dolosa.

De esta manera, ante la ausencia de criterios legales aplicables, la quejosa sostiene que -a su juicio- la autoridad administrativa tendrá participación en la determinación de un elemento esencial de la contribución, como lo es la base del impuesto, con lo cual la legislación fiscal no permitiría que los causantes cuenten con la seguridad jurídica y certidumbre que se desprenden del principio de legalidad en materia tributaria.

En tal virtud, concluye recapitulando que se está en presencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que el artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las penas convencionales fijadas legalmente no serán deducibles cuando se originen por "culpa imputable al contribuyente", sin definir qué debe entenderse por "culpa" o en qué casos ésta se actualiza, motivo por el cual considera que le debe ser concedida la protección constitucional.

1.4. Finalmente, a través del cuarto concepto de violación, la quejosa sostiene que, al haber demostrado la inconstitucionalidad del numeral reclamado, también deberá declararse que los actos de promulgación, refrendo y aplicación de dicha disposición, son contrarios a la Constitución.

2. En segundo lugar, se presentan los argumentos utilizados por el Juez de Distrito para negar la protección constitucional, los cuales son sintetizados a continuación.

2.1. En relación con la procedencia del juicio de garantías, el Juez a quo se avoca al estudio de las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables -las previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones V, VI, XII y XVIII, esta última en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento-, las cuales estima infundadas, señalando adicionalmente que no aprecia oficiosamente la actualización de alguna causal diversa.

2.2. Acto seguido, procede al estudio del tercer concepto de violación enderezado por la quejosa, el cual se encuentra encaminado a acreditar una violación a la garantía de legalidad tributaria, por ser ésta de estudio preferente.

A juicio del juzgador de primera instancia, el planteamiento de la quejosa es infundado por inoperante.

Para justificar dicha calificación el Juez a quo detalla el contenido de la disposición reclamada, precisando que la misma contiene dos supuestos normativos: el primero, por virtud del cual se impide la deducción de penas convencionales; y el segundo, por cuyo conducto se autoriza la deducción cuando éstas sean impuestas legalmente, por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito o fuerza mayor o por actos de terceros.

En este contexto, sostiene que, de ser fundado el argumento de la quejosa, el mismo tendría un impacto en el segundo de dichos supuestos -caso en el cual se permitiría la deducción de las penas convencionales impuestas legalmente sin que se tomara en cuenta el elemento "culpa"-.

No obstante -sostiene el a quo- la impetrante de garantías no sólo no habría demostrado ubicarse en el caso descrito, sino que inclusive habría manifestado y probado que la pena convencional que no habría podido deducir no proviene de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, motivo por el cual se pondría de manifiesto que los argumentos planteados se dirigen a combatir una hipótesis normativa en la que no se ubica la sociedad mercantil quejosa, de ahí la inoperancia aducida.

2.3. Posteriormente, analiza conjuntamente lo planteado en los conceptos de violación primero y segundo, para lo cual precisa el contenido y alcance del artículo 31, fracción IV, constitucional, en el que se establecen las garantías de proporcionalidad y equidad, mismas que la impetrante de garantías estima violadas.

Asimismo, el juzgador de primera instancia acude a las disposiciones de los artículos 10, 17, 29 y 31, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de realizar precisiones en relación con la mecánica del gravamen, al señalar que el objeto de éste lo constituye la obtención de ingresos y que las personas morales se encuentran obligadas a acumular la totalidad de sus ingresos; de igual manera, identifica la tasa aplicable, así como la forma en que debe determinarse la utilidad (pérdida) fiscal y el resultado fiscal.

Al respecto, el a quo señala que el legislador toma en cuenta la existencia de gastos normales, propios y necesarios para los fines de la actividad generadora de ingresos, reconociéndolos como deducciones autorizadas, cuya procedencia igualmente se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, como lo es su carácter "estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente".

Dicha indispensabilidad la identifica el Juez de Distrito con las siguientes características: que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa; que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta; que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo.

A. Ahora bien, para dar respuesta al planteamiento efectuado en relación con la garantía de proporcionalidad tributaria, el a quo estima pertinente definir qué debe entenderse por "penas convencionales", para lo cual acude al artículo 1840 del Código Civil Federal, mismo que dispone que se trata de una sanción para el caso de que una obligación no se cumpla, o bien, no se cumpla de la manera convenida.

En este sentido, sostiene que los gastos que realizó la quejosa por concepto de penas convencionales no son susceptibles de deducción, en razón de que no son gastos normales y propios del negocio, al no relacionarse con el objetivo relativo al funcionamiento de la fuente de ingresos del contribuyente. En apoyo a sus consideraciones cita la tesis aislada de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO ‘ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES’ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002)."

Asimismo, para justificar el carácter no indispensable de la erogación, el juzgador acude a los estatutos sociales de la quejosa, señalando que de los mismos no se desprende que el pago de penas convencionales derivadas del incumplimiento de acuerdos, sea parte del objeto o fin de la empresa. En este sentido, manifiesta que la prohibición de la referida deducción no implica que no se atienda a la capacidad contributiva de la quejosa, pues no todas las erogaciones que realizan los causantes son susceptibles de ser deducidas, sino que ello acontece exclusivamente con las que sean estrictamente indispensables para la consecución de sus fines.

Por otra parte, señala que los pagos realizados por concepto de penas convencionales estipuladas son producto de un acto voluntario del particular que decide los términos en los que se obliga y que, en un momento determinado, incumple las prestaciones convenidas.

Asimismo, sostiene que la deducción de las penas convencionales permitiría actos de simulación, o bien, un negativo manejo de la planeación financiera, al fomentar el incumplimiento de los acuerdos de voluntades, con el respaldo de que dichas erogaciones no tendrán una repercusión fiscal negativa.

Como apoyo a sus consideraciones, precisa que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió en términos similares el amparo directo en revisión 1024/2004, promovido por Agribrands Purina de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Finalmente, precisa que también resulta infundado el argumento relativo a que el pago de las penas convencionales deriva de una imposibilidad económica justificada en una "crisis económica". Lo anterior, en razón de que la inconstitucionalidad de las normas no depende de las circunstancias particulares de los gobernados frente a los preceptos legales, además de que existirían pruebas en el expediente que acreditarían que el incumplimiento de referencia derivó de la propia voluntad de la quejosa, en el marco de una estrategia financiera.

B. En otro aspecto, en relación a la garantía de equidad tributaria, el a quo estima igualmente infundados los planteamientos efectuados por la sociedad mercantil quejosa.

Al respecto, señala que la normatividad aplicable permite la deducción cuando se trata de penas convencionales o indemnizaciones por daños y perjuicios que no se originan por culpa del contribuyente, pues el legislador toma en cuenta que no se tiene la certidumbre de que se habrá de realizar el pago de daños y perjuicios, o el de las penas convencionales, por ser producto de circunstancias aleatorias no imputables al causante.

En este sentido -sostiene- la norma no distingue entre contribuyentes, sino que regula supuestos distintos de diferente manera, atendiendo a la forma en la que se originan las erogaciones, motivo por el cual se pone de manifiesto que no existe un trato diferente a contribuyentes que se ubiquen en las mismas circunstancias.

3. Los razonamientos de la parte quejosa, encaminados a combatir la negativa del amparo, son los que se sintetizan a continuación.

3.1. Por lo que hace al agravio primero, la recurrente estima que el a quo se equivocó al declarar inoperantes los argumentos relativos a la garantía de legalidad tributaria.

Considera que el juzgador estudió de forma separada e independiente los dos supuestos contenidos en el artículo reclamado, lo cual lo llevó a la conclusión de que los argumentos planteados en el tercer concepto de violación se dirigían a combatir uno de los elementos de la hipótesis normativa en la que no se ubicó la quejosa (penas convencionales impuestas legalmente provenientes de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito o fuerza mayor).

Al respecto, alega que impugnó el contenido normativo del artículo 32, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su totalidad, por lo cual no tenía que demostrar haberse ubicado en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21872-0b436180/deducciones-criterios-para-distinguir-las-diferencias-entre-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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