VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN "Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO", NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. VALOR AGREGADO. INTEGRACIÓN DE LA BASE DEL IMPUESTO RELATIVO TRATÁNDOSE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
AMPARO EN REVISIÓN 558/2005. ********** S. A. DE C. V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de una ley federal, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, subsistiendo el problema de constitucionalidad planteado.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional, considerando que, sobre el tema planteado, existen precedentes del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado fue notificada por lista a la quejosa el viernes diez de septiembre de dos mil cuatro (foja 218 del cuaderno de amparo), surtiendo efectos el día lunes trece de septiembre del mismo año, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el primero de los numerales mencionados, empezó a correr el día siguiente hábil, miércoles quince de septiembre, y concluyó el miércoles veintinueve de septiembre, ambos de dos mil cuatro, debiéndose descontar los días dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil cuatro, por ser inhábiles.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue interpuesto por la parte quejosa el día veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, se concluye que el recurso de revisión se interpuso oportunamente.
TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia, son las que a continuación se sintetizan.
1. A través de la demanda de garantías, la parte quejosa plantea la inconstitucionalidad de los artículos 2o. C y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, según su texto vigente en dos mil cuatro, aduciendo la violación a las garantías consagradas en el Texto Constitucional, en los términos que a continuación se sintetizan.
A) En el primer concepto de violación, la quejosa se duele de una violación a las garantías de equidad, proporcionalidad y legalidad en materia tributaria, consagradas por el artículo 31 constitucional, por parte del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil cuatro.
- En cuanto a la garantía de equidad, la quejosa considera que dicho artículo da un trato preferencial a los causantes que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes -al establecer un procedimiento especial que, a su juicio, conlleva un pago injustificadamente diferenciado del impuesto-, lo cual estima discriminatorio en relación con el resto de los sujetos del tributo en comento -mismos que determinan la contribución a su cargo en los términos generales de la ley-, no obstante que realizan las mismas actividades frente al ordenamiento, es decir, enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes.
Argumenta que el artículo tildado de inconstitucional da lugar a que los denominados pequeños contribuyentes paguen el tributo sobre bases distintas a las previstas para otro tipo de causantes, lo cual, a su juicio, implica dar un trato diferenciado a sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias, pues ambos realizan el mismo tipo de actividades. Asimismo, señala que del análisis del objeto, hecho de causación y naturaleza del gravamen, no se desprende algún elemento objetivo para hacer la diferencia entre los contribuyentes.
En este orden de ideas, estima que se actualiza dicha violación toda vez que la estimativa que deben realizar los pequeños contribuyentes traerá como consecuencia que se determine un pago fijo mensual, mismo que, adicionalmente, no toma en cuenta los ingresos del causante por el periodo presente, sino los que corresponden al ejercicio inmediato anterior.
A juicio de la quejosa, lo anterior implica que el impuesto respectivo no incida sobre el valor total de los actos o actividades, sino sólo sobre un porcentaje de éstos -lo cual, a su juicio, da lugar a la determinación de una base ficticia-, mientras que los contribuyentes sujetos al régimen general -como es su caso- deberán determinar el impuesto considerando el valor total de los actos o actividades gravados, sin que exista una razón que válidamente lo justifique.
Por otro lado, argumenta que pone de manifiesto la inequidad del precepto en cuestión el hecho de que el factor determinante para saber si se tributa o no bajo el régimen de pequeños contribuyentes sea que las personas físicas con actividades empresariales, que enajenen bienes al público en general, obtengan ingresos propios de su actividad empresarial en el año anterior inferiores a la cantidad de un millón setecientos cincuenta mil pesos.
A su juicio, lo anterior es inconstitucional, pues considera que la situación de que dichos contribuyentes exceden la cantidad mencionada no es razón que justifique darles un trato diferenciado, además de que es ajena al objeto del impuesto al valor agregado.
La empresa quejosa señala que debe tenerse en cuenta que dicho gravamen es de los denominados indirectos, en los cuales debe distinguirse al "sujeto pasivo formal" -que realiza el hecho imponible-, del "sujeto pasivo material" -que finalmente soporta el gravamen, es decir, el consumidor final-.
En este contexto, precisa que la distinción establecida por el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado parte de particularidades del "retenedor" del gravamen, que es un sujeto que no resiente la incidencia económica del mismo. Consecuentemente, la empresa quejosa manifiesta que la mecánica de cálculo establecida para los denominados pequeños contribuyentes se basa en un elemento ajeno al objeto del impuesto -los ingresos del "sujeto pasivo formal"-, perdiendo de vista los efectos que tiene el traslado del gravamen, lo cual finalmente se traduce en una ventaja comercial para dichos causantes, al permitirles contar con un costo inferior.
Arguye que también existe inequidad en la variación de la naturaleza del gravamen, ya que se aplica como un impuesto directo para unos y como de índole indirecta para otros, en atención a la posibilidad de traslado del tributo.
Estima que la introducción de un elemento ajeno a la mecánica del impuesto -los ingresos percibidos por el contribuyente-, para hacer una distinción en cuanto a los elementos esenciales del tributo -específicamente en lo que concierne a la base y la época de pago-, genera un trato discriminatorio, contrario a la garantía de equidad.
Para fundamentar estas razones, se basa en la tesis de jurisprudencia número 97/2000, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8o. B DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", así como en la tesis número 1a. LXXVI/2003, emitida por esta Primera Sala, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: "VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2001) TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", por analogía.
Finalmente, estima inequitativos los distintos coeficientes de valor agregado previstos en el artículo 2o. C, mismos que son dependientes del giro a que se dediquen los contribuyentes, pues argumenta que éste es un elemento ajeno al hecho imponible.
- En lo que a la garantía de proporcionalidad tributaria se refiere, la quejosa considera que el mecanismo para calcular el tributo deviene inconstitucional.
En efecto, en la óptica de la quejosa, el hecho de que se determine un pago mensual fijo en materia del impuesto al valor agregado, calculado sobre una base estimativa mensual de acuerdo con los ingresos brutos del ejercicio anterior divididos invariablemente entre doce, resulta desproporcional.
Ello, toda vez que no se toma en cuenta si dicho ingreso efectivamente provino de doce meses, o si se generó en un lapso menor. Ofrece el ejemplo de una persona que se da de alta en el régimen de pequeños contribuyentes el primero de diciembre de dos mil tres, la cual tendría que dividir el ingreso obtenido en un mes entre el número mencionado -como si se tratara del ingreso obtenido a lo largo de doce meses-, lo cual, a su juicio, no respeta el principio mencionado, pues el resultado de dicha operación corresponderá al ingreso mensual estimado para dos mil cuatro.
Así las cosas, arguye que lo anterior lleva a calcular el gravamen por medio de una base ficticia, ya que los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, divididos entre doce, no reflejan la capacidad contributiva del sujeto, máxime si se considera que el impuesto al valor agregado no tiene como objeto gravar la utilidad sino la enajenación o prestación de servicios.
- Por otro lado, la quejosa argumenta que el precepto referido es violatorio de la garantía de legalidad tributaria, pues considera que establece una facultad discrecional a la autoridad hacendaria para que imponga cuotas fijas a los contribuyentes sin que se determine con claridad en la ley a qué reglas habrá de sujetarse para tal efecto.
A juicio de la sociedad mercantil quejosa, el hecho de que el numeral combatido establezca la posibilidad de que la autoridad modifique las cuotas, sin prever un procedimiento específico o lineamientos para tal efecto, deviene violatorio de lo prescrito en el Texto Constitucional.
B) En el segundo concepto de violación, la parte quejosa argumenta que el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado es violatorio del principio de legalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como del de seguridad jurídica, establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Ello, en razón de que -en materia de prestación de servicios- no se especificaría con claridad la manera para determinar la base de la contribución, lo cual -a juicio de la quejosa- implicaría dejar al arbitrio de la autoridad administrativa el alcance de la expresión "y cualquier otro concepto".
En efecto, señala que el numeral en comento establece que para calcular el impuesto se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses, penas convencionales y "cualquier otro concepto".
Estima que la locución mencionada la deja en un estado de indefensión ante la autoridad administrativa, pues ésta podría de manera discrecional, definir qué debe entenderse por "cualquier otro concepto" -expresión ésta que considera vaga e imprecisa-, variando así la determinación de la base. Asimismo, la empresa quejosa considera que la "base de cotización" no se encuentra expresamente establecida en ley, generándose así inseguridad jurídica e, inclusive, se provoca la imposibilidad legal de cumplir con las obligaciones fiscales.
Utiliza, en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CÁLCULO DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESIÓN A ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL."
Así las cosas, arguye que un análisis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no permite establecer el procedimiento o mecanismo que la autoridad fiscal debería seguir para determinar lo que deba entenderse por "otros conceptos", lo cual -a su juicio- conculca lo prescrito por el Texto Constitucional.
Estima que resultan aplicables por analogía los argumentos vertidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "RENTA. IMPUESTO SOBRE LA. EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY RELATIVA GENERA IMPRECISIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL GRAVAMEN POR LO QUE ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."
2. Las consideraciones del a quo, a través de las cuales se decretó el sobreseimiento y se negó a la parte quejosa la protección constitucional, son esencialmente las siguientes.
A) Primeramente, a través del considerando segundo del fallo recurrido, el a quo decreta el sobreseimiento del juicio de garantías en lo concerniente al secretario de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior obedece a que dicha autoridad responsable negó los actos reclamados en su informe justificado, siendo el caso que la parte quejosa no aportó prueba en contrario para desvirtuar la negativa, motivo por el cual el Juez de Distrito resolvió sobreseer de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
B) En segundo término, por lo que hace a la negativa de amparo, el a quo esgrime los siguientes razonamientos para motivar el sentido del fallo.
- Para el análisis de la aducida violación a la garantía de equidad tributaria, el juzgador parte de una lectura conjunta de los artículos 2o. C y 1o., fracción II, del ordenamiento impugnado, de los cuales no advierte razón alguna para dar un trato distinto a los causantes que tributan en el denominado "régimen de pequeños contribuyentes" para efectos del impuesto sobre la renta, del resto de los sujetos del impuesto al valor agregado.
Acto seguido, a fin de desentrañar la voluntad del legislador, se remite a lo enderezado en el dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, del cual advierte la justificación para el tratamiento diferenciado, consistente en la capacidad económica y administrativa diferenciada que poseen los pequeños contribuyentes, frente a los demás causantes.
De lo anterior concluye que lo que motivó la reforma que dio lugar al texto reclamado del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue el establecimiento de un sistema más sencillo con base en la aplicación de una sola tarifa para realizar un cálculo simplificado, en beneficio de las personas que tributen bajo el régimen señalado.
Por ello, estima que no existe violación a la garantía de equidad tributaria, ya que se está ante el supuesto -referido por este Máximo Tribunal- de que el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal y extrafiscales.
Apoya su argumentación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 134/2002 sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE RETENCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 1o. A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN TANTO QUE OTORGA UN TRATO DESIGUAL A CATEGORÍAS DE SUJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DISPAR RESPECTO DEL MECANISMO DE TRASLADO Y ACREDITAMIENTO DE ESE TRIBUTO, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
- En lo que se refiere al artículo 18 del ordenamiento en cuestión, el a quo considera que éste no es violatorio de la garantía de legalidad tributaria, ni de la de seguridad jurídica, consagradas por los artículos 31, fracción IV y 16 de la Constitución Federal, respectivamente.
Lo anterior, en razón de que -a su juicio- dicho numeral sí determina concretamente la base del impuesto en lo que toca a las actividades consistentes en la prestación de servicios, determinadas en los términos del diverso artículo 14 del mismo ordenamiento, pues prevé los elementos esenciales de la misma, es decir, el valor total de la prestación del servicio; el incremento del valor total que consista en otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales; y el incremento del valor total de cualquier otro concepto.
El a quo considera que con la frase "y cualquier otro concepto" no se deja la determinación de la base al arbitrio de la autoridad administrativa, ya que el contribuyente es quien determinará cuál será el concepto para incrementar el valor de la contraprestación, al momento de hacer el cargo por los servicios. Ello, en la óptica del juzgador, en razón de que el legislador quiso establecer las condiciones reales en que se contrata la prestación de servicios, esto es, determinando el precio total de la contraprestación pactada entre el que la ofrece y quien la reciba.
En este contexto, el a quo estima que la legislación prevé un supuesto genérico que no necesariamente ha de actualizarse, ya que el monto que se añada a la contraprestación depende de la situación concreta del contribuyente, en virtud de lo cual se reflejan las condiciones reales de la prestación de servicios, y no se conculca la garantía en cuestión.
Utiliza, en apoyo a su línea argumentativa, las siguientes jurisprudencias sostenidas por este Alto Tribunal: "VALOR AGREGADO, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.", "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY." e "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE."
3. Los argumentos utilizados por la parte quejosa, ahora recurrente, tendientes a desvirtuar la negativa de amparo, son esencialmente los siguientes.
A) Considera que no le asiste la razón al juzgador al decretar que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil cuatro, no es violatorio del principio de equidad tributaria.
Lo anterior, toda vez que -en la óptica de la recurrente- es injustificado que se dé un trato diferenciado a la misma hipótesis de causación, utilizando como fundamento la capacidad económica de quien sólo es "retenedor" del tributo y no resiente la carga del gravamen.
En relación con lo anterior, la recurrente aduce que las razones que se desprenden del proceso legislativo que dio lugar al numeral reclamado no justifican suficientemente el establecimiento del tratamiento diferenciado del cual se duele, considerando que la menor capacidad contributiva justificaría tal medida en el caso del impuesto sobre la renta, pero no en el del impuesto al valor agregado, en el que el causante no resiente la carga del tributo.
En este contexto, estima que la carga administrativa propia de los pequeños contribuyentes no es un elemento objetivo para realizar la distinción en estudio, ya que -a su juicio- no puede afirmarse, como lo hace el a quo, que un pequeño contribuyente tenga menos operaciones en un ejercicio, en relación con quien no lo sea; asimismo, precisa que la capacidad administrativa podría justificar el establecimiento de una mecánica más sencilla de pago, pero no para determinar un monto por pagar diverso, como acontecería en el presente caso.
La empresa recurrente manifiesta que, si bien es cierto que el legislador se encuentra facultado para crear categorías de contribuyentes, no lo es menos que ello no significa que cuente con una facultad irrestricta que pudiera justificar "en base a lo que se le ocurra aun y cuando ello no tenga relación con el tributo". Por el contrario -sostiene- la justificación de dichas medidas debe ser real, objetiva y debe apoyarse en un análisis correcto del efecto que se pretende.
En este contexto, considera que los razonamientos que se desprenden de la exposición de motivos que dio lugar a la reforma, utilizados por el a quo, son "ilegales e insuficientes" para acreditar el trato diferenciado, atendiendo al fin del tributo, ya que la capacidad económica y administrativa de los sujetos pasivos es una cuestión ajena al gravamen, toda vez que el número de operaciones realizadas no es una característica definitoria para pertenecer al régimen de pequeños contribuyentes.
A su juicio, la tesis 2a./J. 134/2002 utilizada por el a quo, no es aplicable en la especie, ya que la misma sólo se refiere a diferencias en la mecánica de traslado y acreditamiento, no en la determinación de elementos esenciales, como en el caso a estudio.
Previa reiteración de los argumentos enderezados en la demanda de amparo en lo concerniente a la aducida violación a las garantías de equidad y proporcionalidad, la ahora recurrente alega que el juzgador no se pronunció sobre todos y cada uno de los razonamientos ahí esgrimidos, ya que, de haberlo hecho, habría atendido la situación de que el causante del tributo no es quien resiente su carga y habría valorado, con base en ello, la inconstitucionalidad del numeral.
Por otro lado, considera que la capacidad económica del causante no es tampoco un elemento para realizar la distinción, ya que el impuesto al valor agregado no grava la utilidad, renta o los ingresos del contribuyente, sino la enajenación de bienes o prestación de servicios.
La empresa recurrente hace referencia a los precedentes de ambas Salas de este Alto Tribunal, a través de los cuales se declaró la inconstitucionalidad del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, según su texto vigente hasta diciembre de dos mil tres y, asimismo, utiliza en apoyo a su línea argumentativa, la tesis sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003)."
Considera que el efecto del fallo protector no debe ser que se conmine a pagar conforme al régimen de pequeños contribuyentes -ya que el mismo, a su juicio, resulta también desproporcional-, sino el de no enterar monto alguno por concepto de impuesto al valor agregado, hasta en tanto no se reforme el ordenamiento en cuestión.
B) En lo que atañe al segundo agravio, la recurrente alega que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En la óptica de la recurrente, el a quo pasó por alto el hecho de que en el numeral reclamado se establece la conjunción "y" antes de la locución "cualquier otro concepto", lo cual cambia el sentido de la oración y, a su juicio, conlleva que se deje al arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de la base.
Reiterando los argumentos vertidos en la demanda de amparo, la recurrente afirma que -en su concepto-, es insuficiente la remisión al artículo 14 del mismo ordenamiento para determinar la base del gravamen, ya que cuando el numeral 18 menciona la conjunción "y" abre la posibilidad de que se aplique, no sólo lo prescrito por aquél, sino lo que la autoridad administrativa disponga.
En este contexto, arguye que el Juez en realidad está legislando, ya que en la Ley de Impuesto al Valor Agregado no se señala que deba relacionarse el artículo 18 con lo prescrito en el 14 del mismo ordenamiento.
Asimismo, la recurrente manifiesta que no pretende que el legislador indique el significado de todas las palabras, pero sí que se limite el posible contenido de la base, lo cual no se consigue mediante el uso de dicha expresión.
Por otra parte, la empresa recurrente afirma que resulta aplicable en la especie lo resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal en el amparo en revisión 351/97, promovido por ********** no así la tesis de rubro: "VALOR AGREGADO, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN."
Asimismo, señala que, toda vez que el vicio aducido afecta uno de los elementos esenciales de la contribución, como lo es la base, lo cual se traduce en una alteración al mecanismo de cobro del gravamen y, en caso de concederse el amparo, se genera el "no pago del impuesto."
4. Finalmente, el Tribunal Colegiado basó su determinación en las consideraciones que se sintetizan a continuación.
En primer término, dicho tribunal señala que no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio de amparo que impida el estudio de la constitucionalidad de la ley.
Asimismo, estimó ser legalmente incompetente para conocer del presente asunto, dejando a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal y ordenando la remisión de los autos sin analizar los agravios correspondientes.
A fin de justificar lo anterior, el referido órgano colegiado precisó que las jurisprudencias de rubro: "VALOR AGREGADO, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN." y "VALOR AGREGADO. LOS SERVICIOS QUE PRESTA A SUS SOCIOS UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL, CON INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO VALOR REPRESENTA MÁS DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL TOTAL DE SUS INSTALACIONES, CONSTITUYEN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INDEPENDIENTE POR EL QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO RELATIVO." no resuelven el tema de constitucionalidad planteado por la empresa recurrente en relación con el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, el Tribunal Colegiado manifiesta que, en relación con la constitucionalidad del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a pesar de existir jurisprudencia aplicable al presente caso, se omite el examen del agravio respectivo a fin de no afectar la continencia de la causa, al no existir jurisprudencia que resuelva el tema de constitucionalidad planteado con el diverso artículo 18 del mismo ordenamiento.
CUARTO. Por no existir agravio de la parte a quien pudiera perjudicar, debe permanecer firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, relativo a la negativa de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público.
QUINTO. En virtud de lo dicho, la materia del presente fallo se centra en el estudio de los agravios primero y segundo planteados por la quejosa ahora recurrente, mismos que tienden a demostrar la violación a las garantías individuales de dicha sociedad mercantil.
Por razones de método, primeramente se procede al estudio de los planteamientos efectuados en el segundo agravio, relativos a la aducida inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
1. A través del agravio segundo, la recurrente manifiesta que el a quo debió conceder el amparo en contra del referido numeral, mismo que estima violatorio de la garantía de legalidad, consagrada por el artículo 31, fracción IV, constitucional.
A juicio de la recurrente, la determinación de la base se deja al arbitrio de la autoridad hacendaria, considerando que la referencia a "cualquier otro concepto", permite que dicho elemento esencial del gravamen no quede claramente determinado en el texto legal.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera infundado el segundo agravio esgrimido por la empresa quejosa ahora recurrente, tal como se precisa a continuación.
A fin de dar respuesta a dichos planteamientos, resulta necesario precisar el contenido del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la parte reclamada.
Dicho numeral dispone que, para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales "y cualquier otro concepto".
En efecto, esencialmente considera la recurrente que el a quo no apreció la violación a la garantía de legalidad en materia tributaria, misma que desprende de la referencia a "cualquier otro concepto" en el numeral en comento, lo cual, a su juicio, implicaría una indefinición de la base gravable del impuesto al valor agregado, misma que conllevaría que fuera la autoridad recaudadora quien finalmente determinara dicho elemento esencial del gravamen.
No obstante, como se anticipaba, las consideraciones del a quo para negar el amparo, combatidas por la parte recurrente, resultan correctas a juicio de esta Primera Sala, atendiendo principalmente a que el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no vulnera la garantía de legalidad tributaria, toda vez que el mismo define suficientemente la base del gravamen.
En efecto, lo que la garantía de legalidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, salvaguarda es que los elementos esenciales de la contribución se encuentren en la ley, siendo suficiente para ello que en la propia ley sean precisados en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, y sin que pueda válidamente pretenderse que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, vocablo por vocablo, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión.
Lo anterior ha sido sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, a través de la tesis de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEF
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21641-2d61e0a8/valor-agregado-el-articulo-18-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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