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Modo: Corpus Pro

NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, NO CASOS EXCEPCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1353/2005. · Registro digital (IUS): 21743
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 221.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1353/2005. **********, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999 de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión planteado por la tercero perjudicada fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le fue notificada personalmente el siete de julio de dos mil cinco,(3) surtiendo efectos el día ocho de julio del mismo año, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo empezó a correr el día once de julio y concluyó el cinco de agosto, ambos de dos mil cinco, habiéndose descontado los días dieciséis al treinta y uno de julio, por ser inhábiles.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el pasado cinco de agosto de dos mil cinco, es inconcuso que el recurso de revisión se interpuso oportunamente.

Por otro lado, en lo que concierne al recurso de revisión adhesiva intentado por la parte quejosa, se precisa que la admisión al recurso le fue notificada por lista el dieciséis de agosto de dos mil cinco, surtiendo sus efectos el día diecisiete siguiente, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo. En tal virtud, el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 83 del mismo ordenamiento, corrió desde el día dieciocho hasta el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, descontándose los días veinte y veintiuno, por ser inhábiles.

Consecuentemente, apreciándose que dicho recurso fue presentado ante este Alto Tribunal el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, debe concluirse que el mismo fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto deberá dilucidarse si el recurso de revisión resulta procedente y, en su caso, determinar si los agravios formulados por la tercero perjudicada recurrente para desvirtuar las razones por las cuales le fue otorgado el amparo a la empresa quejosa resultan suficientes para modificar o revocar la protección constitucional concedida.

Asimismo, de considerarse que los agravios formulados en la revisión principal deben prosperar, entonces resultará procedente realizar el análisis de la revisión adhesiva, ya que ésta sigue la suerte de la principal. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada emitida por esta Primera Sala, de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA. REGLAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN ELLA."(4)

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados en la presente revisión, deben tomarse en cuenta los planteamientos originalmente formulados en el juicio de garantías, mismos que se precisan a continuación.

1. Los razonamientos vertidos por la parte quejosa en el cuarto concepto de violación, relativo a cuestiones de constitucionalidad, son medularmente los siguientes:

La quejosa considera que los actos son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Precisa la quejosa que el primer acto de aplicación de las disposiciones tildadas de inconstitucionales se verificó con la notificación de la resolución contenida en el oficio 330-SAT-VIII-17842, de quince de agosto de dos mil dos, emitida por la administradora de Auditoría a Grandes Contribuyentes Diversos "2", en suplencia por ausencia de la administradora Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se determinó una renta gravable por el ejercicio fiscal del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, por la cantidad de tres millones trescientos sesenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos con cincuenta centavos, conminándosela a un reparto adicional de utilidades, así como a acreditar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el pago del reparto manifestado.

Según narra la quejosa, dicha determinación deriva del hecho consistente en que la autoridad hacendaria consideró que debía acumularse lo que denomina "supuesto ingreso derivado de la supuesta enajenación" de plata, en virtud de que la factura respectiva habría sido expedida -aun cuando ello, según afirma, fue únicamente para tramitar el pedimento de exportación conforme al artículo 36 de la Ley Aduanera-, habiéndose enviado el bien enajenado, con lo cual se actualizarían los supuestos contemplados por los artículos 15 y 16, fracción I, incisos a) y b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y nueve.

Posteriormente, la parte quejosa narra que optó por impugnar dicha resolución por la vía ordinaria, misma que concluyó con la emisión de la sentencia que confirmó su validez, motivo por el cual hace valer la inconstitucionalidad de los numerales previamente precisados, para lo cual en primer término desarrolla los alcances del principio de proporcionalidad tributaria, así como su evolución histórica.

En este contexto, afirma que el legislador federal ha establecido como hecho imponible del impuesto sobre la renta toda modificación positiva que se tenga en el patrimonio de una persona -misma que debe suscitarse realmente y no ser ficticia-, ya sea porque obtuvo ingresos en efectivo, en crédito, en bienes, en servicios o con motivo de los efectos inflacionarios, mediante la disminución real de las deudas, enfatizando que para poder acumularse un efecto positivo patrimonial y sobre éste enterarse el tributo correspondiente, considera requisito sine qua non que realmente acontezca una modificación positiva en el patrimonio, pues no puede acumularse aquello que en modo alguno incrementa en forma positiva el hecho patrimonial. Apoya lo anterior en la jurisprudencia de rubro: "INGRESOS EN CRÉDITO Y ENTRADAS DE EFECTIVO. DIFERENCIAS PARA EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA."

A juicio de la quejosa, el artículo 16, fracción I, incisos a) y b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta postula de manera incorrecta que los contribuyentes han obtenido un ingreso cuando se expida el comprobante que ampare el precio o contraprestación pactada, o bien, cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.

Lo anterior, en razón de que no se establece un mecanismo de excepción a dichas presunciones para los casos en que, aun habiéndose expedido una factura, ésta sea cancelada por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor, a fin de que se considere que no se ha obtenido el ingreso relativo a dicha operación. La empresa quejosa estima que tampoco existe un mecanismo para que si por alguna causa se ve interrumpido el envío de la mercancía objeto de negociación, no se considere que se ha obtenido el ingreso de dicha operación.

En el concepto de la quejosa lo anterior acredita una violación al principio de proporcionalidad tributaria, pues los artículos en cuestión forzosamente establecen que se debe acumular el ingreso, cuando se expide la factura o se envíe la mercancía objeto de negociación, sin determinar excepciones y sin prever un mecanismo relativo a que no se considere percibido el ingreso cuando la enajenación no se realice por caso fortuito o fuerza mayor, o derivado de alguna hipótesis prevista en un término en materia de compraventa internacional de mercaderías (incoterms), pues si ésta no se lleva a cabo -a su juicio- sería evidente que no existe una modificación positiva patrimonial que gravar.

Asimismo, alega que los numerales no prescriben un mecanismo que contemple que la expedición de una factura se puede dar con motivo del cumplimiento a los requisitos previstos en la Ley Aduanera, esto es, para tramitar el pedimento de exportación.

En relación con lo anterior, afirma que, en su caso, la enajenación de plata impura jamás se realizó -situación que tanto la Sala Fiscal como la autoridad hacendaria reconocieron-, dado que la mercancía fue robada, de tal suerte que no se obtuvo una modificación en forma positiva en su patrimonio, sino que, por el contrario, se actualizó una disminución en su activo circulante, conllevando daños y perjuicios.

En efecto, afirma que no obtuvo una modificación en forma positiva en su patrimonio, pues la factura fue cancelada y el envío de dicha mercancía al comprador extranjero no pudo concretarse.

Así pues, toda vez que el artículo 15 del ordenamiento en estudio establece que se acumularán los ingresos que se obtengan, a juicio de la quejosa debe existir, a priori, una modificación que incremente el patrimonio, situación que, reitera, no acontece en la especie. En esta misma línea, afirma que la ficción legal contenida en el artículo 16, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, constriñe a acumular un ingreso presunto, aun cuando se hubiere comprobado que "jamás hubo enajenación", con lo cual se evidencia que no se refleja su auténtica capacidad contributiva, pues los ingresos, para acumularse, primeramente deberían obtenerse.

Acorde con lo argumentado, a juicio de la quejosa existe una incongruencia entre los numerales previamente identificados, pues mientras el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se deben acumular los ingresos obtenidos -ya sea en crédito, en bienes, en servicio, en efectivo o aquel obtenido por ganancia inflacionaria, esto es, cuando exista una modificación positiva en el haber patrimonial-, no resulta lógico que el diverso artículo 16, fracción I, del mismo ordenamiento, prescriba que se obtiene un ingreso con el simple hecho de expedir una factura o porque se haya enviado la mercancía objeto de negociación.

Alega que este último numeral desconoce la existencia de convenios y términos de comercio internacional (incoterms) que pueden ocasionar que no se lleve a cabo la compraventa y, por ende, que no se obtenga un ingreso o que, por caso fortuito o fuerza mayor, se pueda cancelar una operación y, por ende, se deba cancelar la factura previamente expedida -máxime cuando dicho documento, alega, fue expedido para dar cumplimiento a la Ley Aduanera, para la tramitación del pedimento de exportación correspondiente- y, derivado de ello, no se perciba realmente el ingreso.

Así las cosas, considera que para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria, el ingreso o modificación positiva patrimonial debe ser real -no ficticio, hipotético o presunto-, pues de lo contrario se gravaría un supuesto ingreso que no se dio en la realidad y, por ende, nunca modificó el haber patrimonial en forma positiva. Asimismo, reitera que la inconstitucionalidad que reclama se evidencia en la medida en que la presunción contenida en el artículo 16, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no reconoce situaciones de hecho excepcionales, como las que acontecerían en el presente caso.

En apoyo a lo anterior, transcribe las tesis aisladas de rubros: "RENTA. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE OBTENIDO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, CONSTITUYE UN INGRESO REAL.", "RENTA. LOS ARTÍCULOS 7o. B, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO Y 17, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (ADICIONADOS POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), AL ESTABLECER QUE TRATÁNDOSE DE LOS CRÉDITOS QUE HAN GENERADO INTERESES MORATORIOS, EL EFECTO DE LA INFLACIÓN SÓLO SE RECONOCERÁ HASTA QUE ÉSTOS SE FACTUREN O CUBRAN, O BIEN, HASTA QUE SE CANCELE LA OPERACIÓN QUE LES DIO ORIGEN, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." y "RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE ESTABLECE EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS DEDUCCIONES TRATÁNDOSE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES SUJETOS A IMPORTACIÓN TEMPORAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." y, finalmente, la tesis jurisprudencial de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL GRAVAR UN INGRESO FICTICIO."

2. En lo que respecta a los temas de constitucionalidad planteados, los argumentos utilizados por el tribunal a quo para motivar su fallo son los que a continuación se sintetizan:

2.1. En primer término, desestima los argumentos que expresa la autoridad tercero perjudicada, dirigidos a evidenciar que se actualizaría la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, de la misma ley, y a través de los cuales habría esgrimido que la parte quejosa no vertió los conceptos de violación necesarios que demostraran que los artículos 15 y 16, fracción I, incisos a) y b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulneran la garantía de proporcionalidad contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Ello, en razón de que, por una parte, el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, no tiene aplicación en la demanda de amparo directo y, por otra, en el juicio de amparo los artículos 15 y 16, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no constituyen el acto reclamado, por lo que la parte quejosa en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, no estaba obligada a expresar conceptos de violación contra los citados preceptos legales, teniendo obligación de expresar las consideraciones dirigidas a evidenciar por qué, a su juicio, los preceptos que se le aplicaron en la sentencia reclamada podrían ser inconstitucionales, lo cual aconteció en la especie.

2.2. En cuanto a la concesión del amparo, el a quo estima que los argumentos vertidos en el cuarto concepto de violación resultan parcialmente eficaces y suficientes para otorgar la protección constitucional.

Previa delimitación de los alcances de la garantía de proporcionalidad tributaria, el órgano colegiado advierte que la quejosa esgrime que los preceptos legales son contrarios a ésta, en cuanto prevén que se considera percibido el ingreso desde la fecha en que se expida el comprobante o se envíe el bien y, por tanto, precisa que el análisis que efectuará no comprende los supuestos en que se considera percibido el ingreso desde la fecha en que se entregue materialmente el bien o se preste el servicio, pues estas hipótesis legales no las cuestiona la quejosa.

En este contexto, estima que el artículo 15, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta -mismo que prevé la obligación de acumular los ingresos que en el ejercicio perciban las personas morales residentes en el país-, en el caso de los ingresos relacionados con la enajenación de bienes, no puede interpretarse aisladamente del artículo 16, fracción I, incisos a) y b), de la misma ley, pues éste remite a aquél para los efectos de cumplir dicha obligación.

De lo anterior, concluye que dichos numerales, en lo que hace a la enajenación de bienes, imponen a las personas morales residentes en el país la obligación de acumular los ingresos que se consideran percibidos desde la fecha en que se expida el comprobante que ampare el precio o se envíe el bien.

Al respecto, el Tribunal Colegiado estima que dichas disposiciones, al referirse a supuestos en los que se considera percibido el ingreso, regulan los casos en los que hipotéticamente se hubiere percibido el ingreso, no así aquellos en los que efectivamente se hubiere recibido el precio pactado.

En relación con dicha hipótesis normativa, el a quo precisa que la inconstitucionalidad de las normas reclamadas se haría depender de que éstas no contemplan cuatro casos de excepción, a saber:

A) Aquellos casos en los que la factura es cancelada, derivado de que la operación respectiva también se hubiere cancelado por caso fortuito o de fuerza mayor;

B) Aquellos casos en los que el envío de la mercancía se ve interrumpido;

C) Cuando se expida la factura para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Aduanera que regulan el despacho de las mercancías;

D) Cuando la factura sea cancelada con posterioridad o cuando el envío no llegue a "concretizarse", derivado de alguna hipótesis prevista en un término de compraventa internacional de mercaderías (incoterms).

En relación con dichos supuestos, el tribunal a quo señala que los argumentos identificados en el inciso "D" que antecede, resultarían ineficaces al considerar que la quejosa no endereza ningún argumento concreto por el que precise cuál es aquella hipótesis que pudiera tener como consecuencia que la factura expedida sea cancelada o que no se pueda concretizar el envío de la mercancía y que, en tal virtud, diera lugar a que se considere que no se ha obtenido el ingreso.

En relación con los planteamientos restantes, el Tribunal Colegiado comienza por afirmar que es de explorado derecho que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al sujeto obligado a su cumplimiento, porque se ve impedido para cumplirla por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que, aun previéndolo, no ha podido evitar, a lo cual se le denomina caso fortuito o de fuerza mayor.

Estima que, tratándose de la enajenación de bienes, no obstante que se haya expedido el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada o se envíe el bien, si por un acontecimiento de caso fortuito o de fuerza mayor no se logra concretar la venta del bien objeto de la enajenación -como puede acontecer con el robo de dicho bien-, ello traerá como lógica consecuencia que el enajenante (causante del impuesto sobre la renta) no obtenga el ingreso, es decir, que no ocurra el hecho generador de la contribución.

En desarrollo de esta línea de argumentación señala que los artículos 79, 80 y 36 de la Ley Aduanera, vigente en mil novecientos noventa y nueve, establecen la obligación a cargo del exportador consistente en anexar al pedimento de exportación la factura en la que se consigne el valor comercial de la mercancía en el lugar de venta, como requisito de trámite de dicho pedimento, a fin de que se calcule el impuesto general de exportación, tomando como base el valor comercial, a fin de poder extraer del país las mercancías que pretende enviar al extranjero con el propósito de concretar su enajenación.

Con base en lo anterior, estima que los numerales son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que gravan un ingreso ficticio, ya que la obligación que le imponen a las personas morales residentes en el país no es respecto de un ingreso derivado de aquella enajenación en la que el enajenante entregue el bien y realmente reciba el precio o la contraprestación pactada, sino que tan sólo presumen que ciertas circunstancias -la expedición del comprobante o el envío del bien- acreditan la obtención del ingreso, pero ello sólo tiene lugar hipotéticamente, sin que éste se perciba.

Así pues, el órgano colegiado señala que dichas disposiciones obligan a acumular un ingreso ficticio, al no contemplar casos de excepción en los que se considere que no se ha obtenido el ingreso relativo -ya sea porque no se concrete la enajenación por un acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, o bien, porque la factura habría sido expedida en cumplimento de los requisitos legales exigidos para la exportación del bien objeto de la enajenación-.

En virtud de lo expuesto, resuelve conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que siga los lineamientos precisados en el fallo y resuelva como en derecho corresponda. Por tal razón, dicho tribunal se abstiene de analizar los restantes conceptos de violación, en los que se plantearon cuestiones de legalidad.

3. En el recurso de revisión principal, la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:

3.1. En el primer agravio alega que se actualiza una violación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en razón de que el Tribunal Colegiado realizó un análisis parcial y aislado del marco normativo al que pertenecen los preceptos controvertidos.

Arguye que los artículos 15 y 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sólo pueden ser entendidos como elementos integrantes del sistema del gravamen, en términos de la determinación de la base gravable integrada por la totalidad de ingresos acumulados, disminuidos en la medida de las deducciones autorizadas a fin de obtener la utilidad fiscal, sobre la cual habrá de aplicarse la tasa que arroje el impuesto a cubrir.

Estima que, de no hacer lo anterior, se incurre en un error, pues se analizaría la obtención de ingresos de manera aislada, sin tomar en cuenta que esta mera obtención no es contemplada como indicador de capacidad contributiva, sino que existe una mecánica de "acumulación de ingresos menos deducciones autorizadas". Utiliza en apoyo la tesis aislada, de rubro: "RENTA. LA PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE EL PAGO DEL TRIBUTO QUE POR EL EXCEDENTE DE LA EXENCIÓN CONTEMPLADA DEBE PAGAR EL CONTRIBUYENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."

Previo análisis de los supuestos contemplados por los numerales reclamados, la recurrente puntualiza que las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta tributan bajo el esquema de ingreso devengado -en oposición al de flujo de efectivo-, en virtud del cual toman en cuenta las variaciones patrimoniales para establecer el resultado económico en un ejercicio, sin considerar si se han cobrado o pagado, según los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Adicionalmente, la recurrente aduce que resulta incorrecto que se analice la disposición como si rigiera un sistema de flujo de efectivo, toda vez que éste habría sido "superado", siendo el caso que el sistema de ingresos devengados facilitaría el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias.

De lo anterior se desprende que si bien es cierto que el artículo 16 en cuestión considera como ingreso acumulable el hecho de haber expedido una factura o de haber enviado la mercancía, no por ello se atenta contra el principio de proporcionalidad tributaria, pues el sistema de acumulación de ingresos y deducciones autorizadas -particularmente, los artículos 10, fracción I y 22 de la ley en cuestión- permite que el sujeto pasivo determine y entere el impuesto a su cargo conforme a su real capacidad contributiva, razón por la que si con la deducción legal se depura el ingreso acumulable, no se trata de una modificación artificiosa.

En apoyo a lo dicho cita las jurisprudencias, de rubros: "RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA CONTENIDOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA QUE LAS DEDUCCIONES SEAN PROCEDENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1993)." y "RENTA. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL INGRESO ACUMULABLE Y LA SECUENCIA DE TRIBUTACIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."

Considera que son infundados los argumentos del a quo relativos a que los numerales no establecen excepciones por caso fortuito o de fuerza mayor, pues olvida lo prescrito por los diversos 22 y 47 de la ley en cuestión, en términos de la prerrogativa que tiene el contribuyente de realizar las deducciones autorizadas, depurando los ingresos que tiene obligación de acumular, para lo cual hace referencia a dichos numerales, mismos que permiten la deducción de pérdidas por caso fortuito o de fuerza mayor.

En este orden de ideas, precisa que la causa de que la excepción se contemple al nivel de las deducciones y no de los ingresos acumulables, consiste en que el contribuyente debe primeramente reconocer como ingreso el correspondiente a los comprobantes que amparen el precio de las operaciones de enajenación de bienes, a fin de que, posteriormente, pueda efectuarse la deducción correspondiente por la pérdida de dicho bien -originada por caso fortuito o fuerza mayor-, pues ello permite el debido ejercicio de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales, siendo el caso que, de lo contrario, éstas quedarían imposibilitadas o dificultadas en su encargo.

Señala que la ley, incluso, prevé el caso de que, de ser recuperada la mercancía, deberá volver a acumularse como ingreso, en términos de los propios artículos 22 y 47 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, estima que resultan excesivas las afirmaciones del órgano colegiado en el sentido de que se viola el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en la que el ordenamiento no prevé una causa de excepción a la acumulación en caso de que se interrumpa el envío de la mercancía, pues, a su juicio, la ley por su carácter general, abstracto e impersonal no debe ser casuística y contemplar los casos particulares. Así pues, alega que el legislador no se encuentra obligado a prever dicho supuesto, pues la interrupción del envío de un bien por cualquier causa implica contemplar todo tipo de riesgo que corra el enajenante o un tercero.

En otro orden de ideas, argumenta que en términos de los artículos 2248 y 2249 del Código Civil, la operación de compraventa ya se había concretado, apreciando la existencia de un convenio relativo a precio y cosa, máxime cuando se concretó la operación con la expedición del comprobante y el envío de la mercancía, como sucedió en la especie, por lo que el riesgo corría a cargo del comprador, y ya no del vendedor.

Estima que lo anterior se ve reforzado por el hecho de que la quejosa reconoció que la empresa **********, a la cual se encomendó el envío, se deslindó de toda responsabilidad incurrida por incendios, pérdidas parciales o totales, robos, roturas, mermas, faltantes o daños de cualquier clase.

Finalmente, arguye que la expedición de la factura para efectos de cumplir con la Ley Aduanera se trata de un mero requisito formal para efectos de los impuestos al comercio exterior, por lo cual el legislador no está obligado a establecer una excepción a este respecto.

En efecto, argumenta que los artículos 36, 79 y 80 de la Ley Aduanera únicamente establecen la obligación a cargo del exportador de acompañar al pedimento de exportación de la factura "o cualquier otro documento comercial" que consigne el valor de la mercancía a fin de conocer la base de los impuestos de comercio exterior, sin que resulte obligatoria la específica expedición de la factura, como habría considerado el tribunal a quo. De lo anterior, concluye que si los preceptos no establecen una obligación no hay razón para afirmar que el legislador, al expedir la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió haber previsto el supuesto excepcional de que se trata.

Aunado a lo anterior, destaca que la expedición de la factura significa la concreción de la operación de compraventa, perfeccionada en los términos del Código Civil. Señala que de no haberse concretado el negocio, el enajenante podría expedir cualquier otro documento que expresara el valor comercial de las mercancías.

Con base en dichas consideraciones, la recurrente solicita sea revocado el fallo que combate, a fin de que se niegue el amparo solicitado por la empresa quejosa.

3.2. En el segundo agravio, considera que la sentencia recurrida viola el artículo 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa ya habría consentido la aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, al no haberlos impugnado en su oportunidad y, por ende, los conceptos de violación debieron desestimarse por inoperantes en la sentencia de amparo directo.

Resalta que en la foja 4 de la sentencia recurrida, correspondiente al resultando segundo, se habría acreditado que la empresa quejosa es persona moral constituida para operar en la actividad principal de exploración y explotación minera, siendo el caso que, adicionalmente, realiza la exportación de minerales, para lo cual dicha mercancía se consigna a la empresa denominada **********, la cual se encargaría del traslado de la misma del aeropuerto civil al recinto aduanal.

Asimismo, señala que de las fojas 85, 86 y 89 de la sentencia se desprende que en las operaciones de enajenación de minerales que realiza la quejosa, ya había efectuado pagos por concepto de fletes para trasladar los minerales que exporta al C. **********, como se advierte de la facturación que éste expidió a la quejosa, así como de los estados de cuenta bancarios a nombre de la quejosa, con lo cual se acreditaría que, en su oportunidad, ésta hizo pagos con cheque nominativo por concepto de flete de la mercancía.

Opina que lo anterior es concluyente para afirmar que la empresa quejosa había consentido los numerales impugnados, pues con anterioridad al juicio de nulidad realizó operaciones de enajenación de minerales para exportarlos, por las que obtuvo ingresos que estaba obligada a acumular de conformidad con las disposiciones tildadas de inconsti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21743-03802df2/normas-fiscales-el-legislador-debe-prever-en-ellas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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