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Modo: Corpus Pro

DECOMISO. EL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY ADUANERA PARA IMPONER TAL SANCIÓN A LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE MERCANCÍAS, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PROHÍBE LAS MULTAS EXCESIVAS. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1287/2005. · Registro digital (IUS): 20010
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COIMSUR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 302.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1287/2005. COIMSUR, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de los amparos directos en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 11, fracción V, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos segundo y tercero, fracción II, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decidió sobre la constitucionalidad de los artículos 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, así como los diversos 178, fracción IV y 183-A, fracción IV, ambos de la Ley Aduanera, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, ya que sobre los temas controvertidos existen precedentes emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La sentencia impugnada se notificó, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista publicada en los estrados del Tribunal Colegiado el viernes veinticuatro de junio de dos mil cinco y surtió efectos, conforme al ordinal 34, fracción II, de la misma ley, el lunes veintisiete siguiente, por lo que el término previsto por el numeral 86 del mismo ordenamiento, transcurrió del martes veintiocho de junio al lunes once de julio de dos mil cinco, con exclusión de los días dos, tres, nueve y diez de julio, por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si el escrito de expresión de agravios se presentó el once de julio de dos mil cinco, ante la Oficina de Correspondencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, su interposición resulta oportuna.

TERCERO. El recurso lo interpone la quejosa Coimsur, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante Humberto Martínez Martínez, por lo que en términos de los artículos 5o., fracción I y 13, ambos de la Ley de Amparo, se satisface el requisito de legitimación procesal activa.

CUARTO. En los agravios, la parte recurrente adujo, esencialmente, lo siguiente:

1.1. Estima incorrecto que para analizar la constitucionalidad del artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Colegiado se haya basado en criterios de la Primera Sala de este Alto Tribunal, en los cuales se acudió a la interpretación histórica no progresiva del artículo 16 constitucional, que ya no reflejan la realidad del orden jurídico mexicano, pues el criterio relativo a la diferencia entre competencia y legitimidad se fijó en atención al pensamiento de Ignacio L. Vallarta, en el sentido de que:

a) no debía violarse la autonomía de las entidades federativas o del Distrito Federal,

b) el Poder Judicial Federal no debía ser instrumento para desconocer autoridades, y

c) el propio Poder Judicial no puede juzgar a la vez, competencia y legitimidad, sino que debe ser un órgano distinto.

1.2. El argumento de inconstitucionalidad que la hoy recurrente planteó, sólo consistió en que el precepto impugnado impide al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar si los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria cumplieron con la ratificación a que estaban obligados ante el Senado de la República, conforme al decreto de doce de diciembre de dos mil, lo cual no implicaba contravenir la autonomía de las entidades federativas o del Distrito Federal, ni desconocer autoridades, pues no las destituiría, ni tampoco significaría que el mismo tribunal analizara las dos cuestiones controvertidas, toda vez que la relativa a legalidad la resolvería el tribunal federal referido, mientras que la de constitucionalidad sería dirimida por el Poder Judicial de la Federación. La recurrente agrega que es un doble castigo para el gobernado tener a una autoridad que no cumplió con los requisitos para su nombramiento y soportar que tal cuestión no pueda ser analizada por los tribunales.

1.3. La jurisprudencia de rubro: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN.", que data de la Quinta Época, es inaplicable porque aquélla iba dirigida a impedir que el Poder Judicial Federal interviniera en cuestiones políticas, lo que no ocurre en el caso, en el cual, lo relativo a los nombramientos de los empleados superiores de hacienda es ajeno a la política.

1.4. El Tribunal Colegiado de Circuito violó los principios de congruencia y exhaustividad, porque omitió estudiar los argumentos enderezados contra el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, relacionados con la pretendida inconstitucionalidad del precepto, por ser violatorio de las garantías de audiencia y de acceso a la jurisdicción, contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales.

2.1. En el segundo agravio, la recurrente afirma que, con relación a la impugnación del artículo 178, fracción IV, de la Ley Aduanera, la tesis de la Primera Sala de este Alto Tribunal, que el órgano colegiado invocó, de rubro: "IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 79, 178, FRACCIÓN IV Y 183-A, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ADUANERA, QUE CONSIDERAN AL VALOR COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS COMO LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, Y COMO REFERENCIA PARA DETERMINAR SANCIONES, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.", no resultaba aplicable al caso porque, según la inconforme, la base gravable denominada "valor comercial de las mercancías" que se toma en cuenta para la imposición de sanciones en el precepto tildado de inconstitucional, se refiere a la importación y no a la exportación de mercancías, mientras que el concepto "valor comercial de las mercancías" regulado en el artículo 79 de la propia Ley Aduanera, se refiere únicamente a las operaciones de exportación.

2.2. El Tribunal Colegiado omitió dar respuesta a los argumentos contenidos en los conceptos de violación, en el sentido de que la violación al principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, atribuida al artículo 178, fracción IV, de la Ley Aduanera, derivaba de que en ningún precepto de dicha ley se precisa cómo se obtendrá el valor comercial de la mercancía, y que la norma impugnada era violatoria del artículo 14 constitucional, por permitir la imposición de una sanción no aplicable exactamente al caso.

2.3. El argumento relativo a la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales, específicamente, respecto a la utilización del "valor en aduana" y del "valor de transacción" que establece el "Código de Valor del GATT", como base gravable del impuesto general de importación y, por ende, para la imposición de sanciones; no constituía un argumento de legalidad, como lo calificó el Tribunal Colegiado, sino de inconstitucionalidad, pues en opinión de la inconforme, el precepto tildado de inconstitucional contraviene lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Fundamental.

2.4. Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado, la quejosa sí planteó ante la Sala responsable, la prevalencia de los tratados internacionales sobre la Ley Aduanera, por tanto, solicita que esta Segunda Sala proceda al análisis de esos argumentos.

3. La sentencia sujeta a revisión es incongruente, porque:

a) En los conceptos de violación no se planteó que el artículo 178, fracción IV, de la Ley Aduanera fuera inconstitucional por contener una multa fija, para demostrarlo, transcribe los conceptos de violación relativos, en los que expuso que el precepto era violatorio de los artículos 22 y 31, fracción IV, constitucionales, porque al establecer como base de la sanción el valor comercial de las mercancías, toma elementos ajenos a la conducta infractora que se pretende sancionar; además que la sanción resulta excesiva y provoca iniquidad, al tratar en forma desigual a sujetos iguales, que presuntamente cometieron infracciones en materia aduanera.

b) Es inaplicable la tesis de esta Segunda Sala, de rubro: "ADUANAS. EL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE FIJA MULTAS POR INFRACCIONES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN, INTERPRETADO EN JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.", porque ésta se refiere a la fracción I del artículo 178 de la Ley Aduanera y no a la fracción IV del propio precepto, que es la que se impugnó en este caso.

Como consecuencia de lo anterior, la peticionaria de garantías solicita que esta Sala estudie los conceptos de violación omitidos por el Tribunal Colegiado.

4. Es inaplicable la tesis de esta Segunda Sala, invocada por el a quo, de rubro: "DECOMISO. LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178, PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON EL 179, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, AL CONSTITUIR UNA MEDIDA DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA, NO ES CONTRARIA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", porque:

a) dicha tesis no se refiere al artículo 183-A de la Ley Aduanera, ni se expone por qué sería aplicable en forma analógica;

b) la propia tesis se relaciona con infracciones de importación y exportación de mercancías, no con el hecho de que la mercancía pase a propiedad del fisco federal;

c) el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido, desde mil novecientos noventa y cinco, que las garantías previstas en el artículo 22 constitucional no sólo rigen para la materia penal, sino para todas, y

d) el a quo determina que la sanción prevista en el artículo 183-A de la Ley Aduanera es un decomiso de mercancías; sin embargo, el caso previsto en tal precepto no se menciona en las hipótesis de excepción previstas en el artículo 22 constitucional, en las que se considera que no hay confiscación de bienes.

5. El a quo violó los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque omitió pronunciarse sobre el argumento relativo a que el artículo 183-A de la Ley Aduanera permite una doble imposición de multas, pues en el caso se impuso a la quejosa, multa por el setenta por ciento del valor comercial de la mercancía y otra diversa multa por el cien por ciento de dicho valor, al considerar la autoridad aduanera, que había imposibilidad de que la mercancía pasara a propiedad del fisco federal. En los conceptos de violación se planteó que esa doble imposición de multas es violatoria:

a) del artículo 22 constitucional, por tratarse de una multa excesiva del ciento setenta por ciento del valor comercial de la mercancía;

b) del artículo 23 de la Ley Fundamental, pues con el precepto impugnado se permite que se sancione en dos ocasiones al posible infractor, y

c) del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no atiende a la capacidad económica del infractor, pues se le puede imponer sanción por el ciento setenta por ciento del valor comercial de la mercancía.

6. Existe violación manifiesta a la ley que dejó sin defensa a la quejosa, pues el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre agravios en los que aquélla planteó la ilegalidad de la sentencia reclamada; por lo cual, solicita a esta Segunda Sala que se pronuncie sobre los argumentos omitidos, por ser violaciones irreparables.

QUINTO. Previamente a abordar el estudio de los agravios, es necesario precisar que en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia de esta instancia, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario 5/1999, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. Ello, porque en los agravios se pretende evidenciar que existen omisiones en el estudio de los motivos de inconformidad expresados en la demanda de amparo; además, aun cuando existen precedentes sobre algunos de los problemas de constitucionalidad planteados en la demanda de garantías, lo cierto es que aún no integran jurisprudencia.

SEXTO. Para la comprensión de este asunto, es oportuno reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, a saber:

El dos de diciembre de dos mil dos, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Coatzacoalcos, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el oficio 324-SAT-30-II-13083, por el cual requirió a Coimsa del Sureste (actualmente denominada Coimsur Sociedad Anónima de Capital Variable), diversa documentación para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, a cuya observancia está obligada como sujeto directo, en materia de impuesto general de importación e impuesto al valor agregado, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias, correspondientes al periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil.

Una vez que la intimada presentó la documentación pertinente y de que ésta fue revisada, la autoridad fiscalizadora formuló observaciones que la presunta infractora pretendió desvirtuar. Como consecuencia de lo anterior, por resolución contenida en el oficio 324-SAT-30-II-5-b-8781, de siete de agosto de dos mil tres, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Coatzacoalcos determinó el crédito fiscal a cargo de Coimsa del Sureste (ahora denominada Coimsur, Sociedad Anónima de Capital Variable), por el monto de trescientos noventa mil doscientos cuarenta y tres pesos 50/100 moneda nacional, integrado por las cantidades de ciento sesenta mil seiscientos sesenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional, por concepto de multa y de doscientos veintinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100, por "imposibilidad material".

La imposición de la sanción obedeció a que, a juicio de la administración local referida, la contribuyente revisada importó mercancías que se encuentran sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, sin que se haya comprobado tal cumplimiento. Además, en cuanto a la "imposibilidad material", aquella autoridad razonó que las mercancías importadas debían pasar a propiedad del fisco federal, conforme con lo dispuesto en el artículo 183-A, primer párrafo, fracción IV, de la Ley Aduanera; sin embargo, ante la imposibilidad material de que así ocurriera, en virtud de que las mercancías fueron enajenadas por la contribuyente revisada, a sus clientes Control de Plantas Industriales y Constructora Limpez, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, la citada autoridad determinó que la contribuyente debía pagar el importe del valor comercial de dichas mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 183-A de la Ley Aduanera vigente en dos mil.

En contra de la determinación mencionada, la empresa sancionada promovió juicio de nulidad, el cual fue registrado con el número 2665/03-13-01-2. Tal medio de impugnación fue resuelto el ocho de septiembre de dos mil cuatro, por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Xalapa de Enríquez, quien reconoció la validez de la resolución impugnada. Este último fallo fue el que se reclamó en el juicio de amparo directo que dio origen al presente recurso de revisión.

SÉPTIMO. El examen de los agravios arroja el siguiente resultado.

Los motivos de disenso reseñados en los puntos 1.1. y 1.2. del considerando cuarto son inatendibles, porque la recurrente se limita a afirmar que el a quo se basó en criterios que acuden a la interpretación histórica no progresiva del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero omite exponer, por qué considera que las condiciones jurídicas actuales son distintas a las que privaban en la época en que se emitieron las ideas que fueron tomadas en cuenta en el criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal, que dio origen a las tesis de rubros: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES INCONSTITUCIONAL POR EXCLUIR EL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA SUBJETIVA EN SU DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD, CUANDO SE DEMUESTRE LA INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DE QUIEN PROVIENEN." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SU ANULACIÓN POR INCOMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DE QUIEN PROVIENEN, DEBE BASARSE EN LA COMPETENCIA OBJETIVA Y NO EN LA SUBJETIVA."

Lo anterior resultaba indispensable, a fin de que esta Sala estuviera en aptitud de analizar si conforme a ese hipotético cambio de condiciones jurídicas, el concepto de "autoridad competente" a que se refiere el artículo 16 constitucional, ahora debe comprender también la denominada competencia subjetiva, que se concentra en los atributos personales de la autoridad y la capacidad de la persona que desempeña el cargo de autoridad, además de los aspectos relacionados con los requisitos legales para ocupar el cargo y el procedimiento legal que se siguió para efectuar su designación o elección, y no únicamente, como lo ha considerado este Alto Tribunal, respecto a la competencia objetiva, entendida ésta como el conjunto de facultades con que cuentan los órganos del Estado, para el cumplimiento de la función pública asignada a cada autoridad.

En efecto, este Alto Tribunal ha sostenido que al ser la Constitución Política un instrumento permanente de gobierno, en su interpretación deben tomarse en cuenta no solamente las condiciones y necesidades existentes al momento de su sanción, sino también las condiciones que existen al tiempo de su interpretación y aplicación, a la luz de los fines que informan la Ley Suprema de la nación.

Así, se ha dicho que la Constitución establece normas fundamentales que en sus preceptos aseguran estabilidad y certeza, que son necesarias para la existencia del Estado y de su orden jurídico y que en ocasiones, determinadas previsiones constitucionales por la materia que regulan, son redactadas por el Constituyente con el fin de que su contenido pueda ser ajustado a las nuevas condiciones sin experimentar un cambio sustancial; circunstancia que brinda mayor fuerza al principio de estabilidad de la preceptiva constitucional.

Por ello, según ha sostenido este Órgano Supremo, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, económicas, sociales o políticas, para fijar su justo alcance debe atenderse, precisamente, a esas circunstancias; sin que la interpretación relativa permita desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecerlo, lo cual ocasionaría una violación de la Carta Magna, cimiento de todo el orden jurídico que tiene la capacidad necesaria para gobernar las relaciones jurídicas, nacidas en circunstancias diferentes a las que existían en tiempos de su sanción.

En ese tenor, dado que la interpretación constitucional es dar efecto a la intención del Constituyente y ésta debe resultar tanto de la letra como del espíritu del precepto fundamental, cuando el lenguaje de la Constitución admite varias interpretaciones, se ha dicho que debe adoptarse aquella que haga más efectivo el propósito del Constituyente, pues las disposiciones constitucionales deben recibir una interpretación más amplia y liberal que los preceptos de una ley ordinaria, ya que la interpretación constitucional no puede conducir con exactitud matemática, a extremos lógicos, en tanto que los preceptos constitucionales no son fórmulas matemáticas que tienen su esencia en la forma, sino que son instituciones orgánicas vivientes, su significado es vital, no formal y debe ser determinado teniendo en cuenta su origen y su desenvolvimiento, no simplemente el significado literal de sus palabras.

El criterio expuesto, sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, dio origen a la siguiente jurisprudencia:

"INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P./J. 61/2000, página 13).

Por tanto, en este caso resultaba necesario que la recurrente aportara los elementos que permitieran advertir a esta Sala si realmente ha existido el cambio de condiciones jurídicas que aquélla afirma en forma dogmática, para estimar que la realidad actual exija dar una interpretación distinta a la competencia a que se refiere el artículo 16 constitucional, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, como aquella que radica en la esfera de atribuciones que la ley delimita a cada autoridad.

Así se observa en diversos criterios de las anteriores Segunda, Tercera y Cuarta Salas de este Alto Tribunal.

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. En el juicio de garantías, sólo deben combatirse actos de autoridad, y por lo mismo, no deben atacarse las incompetencias de origen, pues la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumben constitucionalmente a otros poderes, y en el caso, si se declarara que la autoridad señalada como responsable, propiamente no es autoridad, el amparo interpuesto contra sus actos resultaría notoriamente improcedente." (Tesis aislada, materia común, Quinta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXV, página 8268).

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración." (Tesis aislada, materia común, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXV, página 874).

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. El juicio de garantías sólo estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no compete a la autoridad federal entrar en apreciaciones sobre si dicha autoridad está capacitada o impedida para dictar la resolución que se reclama." (Tesis aislada, materia común, Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 443).

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros Poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un Poder que, como el Judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de Poderes que deben ser independientes de él." (Tesis aislada, materia común, Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, página 363).

De ahí que el agravio que se analiza no sea apto para evidenciar la pretendida ilegalidad de la resolución recurrida, pues no se advierte que, en este caso, se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, que autorice a esta Segunda Sala, a suplir la deficiencia de los agravios.

En otro aspecto, respecto al argumento contenido en el punto 1.3., relativo a la inaplicabilidad de la jurisprudencia de rubro: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN.", el motivo de inconformidad es infundado, porque para considerar aplicable una tesis, no es indispensable que los argumentos que la informan sean totalmente coincidentes con las circunstancias existentes en el caso concreto en que se invoca el criterio relativo, pues basta que el tema central analizado en la tesis se aborde también en el caso concreto, para estimar que el criterio relativo resulta aplicable, toda vez que la aplicación del precedente judicial es imperativo, en virtud de la garantía de igualdad, establecida constitucionalmente a favor de los gobernados.

Entonces, es irrelevante que en la tesis invocada por el Tribunal Colegiado de Circuito se afirme que una razón para que a la autoridad judicial le esté vedado el análisis de la competencia de origen de las autoridades, sea que no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumben a otros poderes, y que el caso concreto, en opinión de la inconforme, no esté vinculado con una cuestión política; ello, porque finalmente, la premisa fundamental que se sostiene en la tesis de que se trata, es que en el juicio de amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino únicamente sobre su competencia, que es la garantizada en el artículo 16 constitucional, misma que no prejuzga sobre la legitimidad de las autoridades.

Los diversos argumentos expuestos en el punto identificado como 1.4., son infundados.

Es así, porque opuestamente a lo que la recurrente sostiene, el Tribunal Colegiado de Circuito sí examinó el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, el cual estimó infundado, según se observa al inicio del considerando quinto de la sentencia recurrida, donde el órgano colegiado se abocó al estudio conjunto del precepto tildado de inconstitucional, en relación con las garantías mencionadas.

Para ello, el órgano colegiado se basó en el criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal, sostenido en la ejecutoria atinente al amparo en revisión 426/2004; después, concluyó que la circunstancia de que el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no haga referencia a la ilegalidad de los actos emitidos por un servidor público que incumpla con los requisitos legales para ejercer su encargo, no implica violación a los preceptos 14, 16 y 17 constitucionales.

El análisis conjunto del precepto tildado de inconstitucional en relación con las garantías contenidas en los preceptos invocados resulta lógico, porque aquéllas no pueden entenderse en forma aislada, pues son parte de un sistema, toda vez que las garantías de acceso a la jurisdicción y de audiencia no son ilimitadas, en tanto que hacen efectivas a través de un procedimiento judicial, pero en éste, el juzgador debe decidir sobre los hechos sometidos a su potestad jurisdiccional, sólo en función de los límites que establece la propia Constitución Federal; siendo uno de tales límites, el establecido en el artículo 16 constitucional, relacionado con los criterios de este Alto Tribunal, en el sentido de que la competencia de las autoridades sólo puede analizarse por los tribunales, desde el punto de vista de la calidad de autoridad que tiene el funcionario, considerada como tal, y si está facultada para la realización del acto impugnado, con independencia de que esté investido del carácter de funcionario, de los posibles vicios de su origen, o de cualquier ot

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20010-692a33c0/decomiso-el-sistema-previsto-en-la-ley-aduanera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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