SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237-B DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER OBLIGACIONES ADICIONALES PARA LOS PATRONES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL UTILIZAR LA EXPRESIÓN "LOS DEMÁS DATOS QUE LES REQUIERA EL INSTITUTO", NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 895/2006. AGRIEXPORT, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley federal, como es la Ley del Seguro Social adicionada y reformada por decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial el veintinueve de abril del dos mil cinco, específicamente, su artículo 237-B, respecto del que si bien subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en tanto que sobre el tema existen precedentes de este Alto Tribunal que resuelven los planteamientos que en el caso concreto se hacen valer, por lo que se estima que no reviste interés excepcional.
SEGUNDO. Antes de analizar los agravios vertidos por la parte recurrente, esta Segunda Sala estima conveniente corregir de oficio la incongruencia que se advierte en la sentencia recurrida.
Efectivamente, como ha quedado puntualizado en el resultando primero de esta ejecutoria, la parte quejosa señaló en el capítulo de actos reclamados de su demanda de garantías, entre otros, los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada el veintinueve de abril del dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación.
El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, ningún pronunciamiento hizo en relación con dicho acto reclamado, como puede advertirse de las consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia que dictó, detalladas en el resultando tercero de esta resolución ya que incluso, en el considerando tercero limitó la litis constitucional a los artículos 5o. A, fracción XIX, 237-A, 237-B, 237-C y 237-D, de la Ley del Seguro Social, reformada y adicionada por decreto publicado en el aludido órgano de difusión oficial en la fecha citada.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al conocer del recurso de revisión 67/2006, en la materia de su competencia determinó confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto de los artículos 5o. A, fracción XIX, 237-A, 237-C y 237-D de la indicada Ley del Seguro Social, al calificar de infundados e inoperantes los agravios que al respecto se hicieron valer y, por otra parte, dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente, respecto del artículo 237-B de la ley en cita, con lo que pasó inadvertida aquella omisión.
Por tanto, debe corregirse de oficio la incongruencia de que se trata y, en tal virtud, elaborar el pronunciamiento que corresponda en derecho por lo que hace a los preceptos transitorios de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone:
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
Conforme al precepto legal transcrito, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados, los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.
De ello se sigue que la omisión en que incurrió el Juez de Distrito del conocimiento al dejar de pronunciarse sobre uno de los actos reclamados como es el consistente en los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada el veintinueve de abril de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, implica una incongruencia que, aun ante la ausencia de agravios debe subsanar esta Segunda Sala en términos del criterio sustentado en la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización a continuación se precisan:
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999. Tesis 2a./J. 58/99. Página 35).
TERCERO. En términos de lo antes considerado, esta Segunda Sala subsana la incongruencia advertida y acorde con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede de oficio a hacerse cargo del estudio de la causa de improcedencia que en el caso se actualiza y que dará lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías afecto a este toca, toda vez que su análisis es de orden público y de estudio preferente.
En efecto, respecto al acto reclamado por la quejosa consistente en los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada el veintinueve de abril de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que de la simple lectura de la demanda de garantías se advierte que la quejosa se limitó a señalar como actos reclamados los artículos transitorios de mérito, pero ningún concepto de violación hizo valer al respecto, ya que solamente los expresó respecto de los demás preceptos legales que tildó de inconstitucionales, materia de análisis en la sentencia recurrida, siendo en esta virtud que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, lo que conduce a sobreseer en el juicio de garantías en el aspecto de que se trata, de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la propia ley de la materia y lo establecido en la tesis que a continuación se identifica, de aplicación analógica en la especie:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porqué se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo." (Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989. Página 171).
Cabe precisar, por otra parte, que la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto de los artículos 5o. A, fracción XIX, 237-A, 237-C y 237-D de la Ley del Seguro Social en cita, trae como consecuencia que se haga extensivo a los actos de ejecución del decreto que adicionó dichos preceptos legales, atribuidos al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Consejo Técnico y director general, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado en Sonora, subdelegado en Ciudad Obregón y jefe de la oficina para cobros de esta subdelegación, del propio instituto.
El pronunciamiento respecto de los actos de ejecución del artículo 237-B de la Ley del Seguro Social, atribuidos a las mismas autoridades responsables, se hará al estudiar el problema de constitucionalidad planteado, materia de esta instancia.
CUARTO. De los agravios que se hacen valer en el escrito relativo, cabe señalar que los que se refieren a aspectos relacionados con el tema de procedencia del presente juicio de garantías, ya fueron agotados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la resolución que pronunció en la materia de su competencia.
Los agravios relacionados con la negativa del amparo, materia de la revisión en esta instancia, en esencia, se hacen consistir en lo siguiente:
1. La sentencia recurrida incumple con los artículos 14 y 16 constitucionales.
2. Lo anterior, partiendo del supuesto de que está "debidamente acreditado en autos que mi representada está expresamente reconocida como patrón del campo, que tiene trabajadores eventuales del campo y que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se refiere única y exclusivamente a los trabajadores eventuales del campo e impone diversas obligaciones a los patrones que cuentan con este tipo de relaciones laborales. Por tanto, está debidamente acreditado que existe un trato desigual y, consecuentemente, se le está imponiendo alguna discriminación entre situaciones jurídicas objetivamente iguales".
3. Las consideraciones por las que se concluye que el artículo 237-B de la Ley del Seguro Social no viola el principio de equidad son incorrectas ya que en su interpretación se hace una "transcripción inexacta y tendenciosa" de la exposición de motivos ya que de ésta y de los dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, se desprende "que las adiciones se refieren única y exclusivamente a los trabajadores eventuales del campo y a los patrones que tengan relaciones laborales con dichos trabajadores".
4. Así de la exposición de motivos y de los dictámenes emitidos por las Comisiones de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, correspondientes al decreto que contiene el referido precepto legal impugnado, se desprende que:
"a) La reforma analizada y aprobada por el Congreso de la Unión, contenida en el decreto combatido, se refiere única y exclusivamente a los trabajadores eventuales del campo y a los patrones que cuentan con este tipo de trabajadores.
"b) Mi representada tiene reconocida la calidad de patrón del campo y acreditado el que cuenta con trabajadores eventuales.
"c) En consecuencia se lesiona el principio de equidad al distinguir las obligaciones de mi representada de otros patrones del campo sin trabajadores eventuales y en relación con los patrones de trabajadores urbanos."
5. En la sentencia recurrida se "concede la razón a la recurrente al afirmar que ‘En consecuencia, lo que se intenta evitar es la existencia de normas que aparentemente se proyecten sobre situaciones de igualdad de hecho, pero que efectivamente produzcan, con su aplicación, la ruptura de esa igualdad al introducir un trato discriminatorio’ ... el decreto establece condiciones de desigualdad en contra de la recurrente que implican violación al principio de igualdad consignado en la fracción IV del artículo 31 constitucional ... como afirma el Juez de Distrito, en el argumento que invoco a mi favor ‘las leyes no serán constitucionalmente legítimas cuando impongan arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales’ ... la forma aislada en que el juzgador llevó a cabo su análisis no se limita como pretende a la simple obligación de que mi representada debe proporcionar la información" a que se refiere el artículo 237-B impugnado; y también se invoca a favor de la quejosa el argumento que se expone en la sentencia recurrida en el sentido de que "los anteriores datos son esenciales para determinar las cuotas obrero patronales, salario base de cotización y el concepto de productividad".
6. Es insuficiente invocar el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, donde se consignan las obligaciones que corresponden a todos los patrones, para determinar que no se viola el principio de equidad.
7. El juzgador señala como datos esenciales para determinar las cuotas obrero patronales y el salario base de cotización, los relativos al periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, así como la estimación de jornadas a utilizar en cada periodo; sin embargo, "en ningún caso se está ante ‘cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo’. De ahí resulta que estos datos no pueden servir de base para el cálculo que afirma la sentencia", puesto que "únicamente puede hacerse tomando en cuenta el salario base de cotización".
8. Es "falsa" la afirmación relativa a que "la información consistente en el periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, así como la estimación de jornadas a utilizar en cada periodo se traduce, esencialmente, en ese deber que tienen los patrones de aportar al instituto los datos idóneos y reales para determinar la cuantía de aquellas cuotas" y que "son elementos esenciales para determinar las cuotas obrero patronales, el salario base de cotización y el concepto de productividad".
9. Es errónea la interpretación de lo manifestado por la recurrente, "en cuanto al plazo de treinta días para informar a la autoridad fiscal cualquier modificación relativa al periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, así como la estimación de jornadas a utilizar en cada periodo".
Lo antes aseverado se apoya en que "por principio debe estimar la inconstitucionalidad de la obligación de aportar esos datos y que ahora, en caso de no hacerlo, la expone a una sanción y multa, en términos de los artículos 304-A y 304-B de la Ley del Seguro Social", y que al calificarse de infundado el referido concepto de violación con base en que el referido plazo de treinta días "es un aspecto que le beneficia", y porque la sanción "aún no acontece y, por tanto, no le depara perjuicio, ‘ya que las potenciales violaciones a la ley que no le irroguen agravio no pueden fundar una impugnación, y como en el caso quedó probado que el dispositivo controvertido es benéfico para Agriexport, S.A. de C.V., resulta deficiente su motivo de inconformidad por no afectar su esfera jurídica’. Es decir, como lo señalo en el primer agravio, el Juez a quo estima que primero se me sancione y después acuda al juicio de garantías".
10. Conforme a los razonamientos del Juez de Distrito, "el artículo 237-B de la Ley del Seguro Social no transgrede en perjuicio de la quejosa el principio de equidad, habida cuenta que no se le está dando un trato desigual en relación con los patrones que carecen de trabajadores eventuales del campo y consecuentemente no se le está imponiendo alguna discriminación entre situaciones jurídicas objetivamente iguales"; sin embargo, dicho precepto legal "tiene repercusiones en cada uno de los numerales adicionados al capítulo especial ‘De la seguridad social en el campo’, puesto que las obligaciones que impone a mi representada, repercuten en las diversas hipótesis que se contienen en el decreto combatido" además, su fracción I, que impone la obligación del registro patronal, guarda relación con su fracción II, "por lo que carece de razón el juzgador al pretender aplicar la fracción I del artículo 15".
11. Reitera el concepto de violación relativo a que la adición de que se trata no puede imponer a la quejosa, "cargas que afecten desproporcionada o injustificadamente su esfera jurídica y su patrimonio. En este sentido, el artículo referido transgrede en contra de la quejosa, el principio de seguridad jurídica previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponerme la obligación de poner a disposición de las autoridades del organismo fiscal autónomo, ‘los demás datos que les requiera el instituto’", a cuyo efecto se transcribe la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión 422/2005, donde levantó el sobreseimiento decretado respecto del mismo precepto legal reclamado, declaró su legal incompetencia y remitió los autos a este Alto Tribunal para conocer de la revisión en el aspecto de que se trata.
12. El artículo 237-B impugnado vulnera las garantías de legalidad, de exacta aplicación de la ley y de equidad, por lo que "es necesario que se analicen los argumentos precisados en los conceptos de violación", mismos que se reiteran para concluir que debió declararse la inconstitucionalidad del referido precepto legal.
QUINTO. Los agravios antes detallados devienen jurídicamente inoperantes e infundados, en atención a las siguientes consideraciones.
Los agravios en los que se aduce que las consideraciones en las que el Juez de Distrito sustentó el sentido del fallo recurrido, violan en perjuicio de la quejosa recurrente sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, son planteamientos que resultan inoperantes en términos del criterio sustentado por esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia que a continuación se identifica:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Tesis 2a./J. 12/96. Página 507).
Del análisis de los restantes agravios se advierte que la quejosa no combate ni menos desvirtúa los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la negativa del amparo respecto del artículo 237-B de la Ley del Seguro Social, materia de estudio en esta instancia, que se transcriben en el resultando tercero de esta resolución, conforme a los cuales el Juez de Distrito analizó y superó los conceptos de violación que se reproducen en los agravios planteados, por lo que en este aspecto se califican de inoperantes dichos motivos de inconformidad en los que no se precisan las razones por las que se tildan de falsas o erróneas algunas de esas consideraciones, o bien, porque otras le benefician.
Atendiendo a la causa de pedir, los agravios que giran en torno a que el precepto legal en cita sí vulnera el principio constitucional de equidad tributaria, en contra de lo determinado en la sentencia recurrida, devienen jurídicamente infundados.
En efecto, el artículo 237-B de la Ley del Seguro Social, adicionado por decreto publicado el veintinueve de abril del dos mil cinco, establece:
"Artículo 237-B. Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:
"I. Al registrarse ante el instituto, deberán proporcionar el periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jornadas a utilizar en cada periodo y los demás datos que les requiera el instituto. Para el caso de los patrones con actividades ganaderas, deberán proporcionar la información sobre el tipo de ganado y el número de cabezas que poseen. La modificación de cualquiera de los datos proporcionados deberá ser comunicada al instituto en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se produzcan;
"II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores de siete días hábiles, y
"III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos."
Ahora bien, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya abordó el tema de constitucionalidad del artículo 237-B de la Ley del Seguro Social, antes transcrito, al resolver en sesión de diecisiete de marzo del dos mil seis, el amparo en revisión 2088/2005, promovido por Cota Productores Agrícolas, Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, de cuyas consideraciones destacan, en esencia, las que establecen:
• El artículo 237-B de la Ley del Seguro Social no vulnera el principio constitucional de equidad tributaria, pues como se desprende del propio texto del precepto legal impugnado, las obligaciones ahí establecidas (proporcionar el periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jornadas a utilizar en cada periodo, entre otras) van dirigidas tanto a los patrones que tienen trabajadores eventuales del campo como a aquellos que no tienen esa clase de trabajadores, atento a que en su primer párrafo establece que: "Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente: ...", esto es, no hace distinción alguna entre los patrones que tienen trabajadores eventuales del campo y los que no tienen trabajadores con ese carácter, sino que se refiere a los patrones del campo en términos generales, es decir, que tengan trabajadores permanentes o eventuales; por ende, en este aspecto no resulta inequitativo el precepto legal impugnado.
• Sobre el mismo tema de la equidad se deben tomar en cuenta las razones o motivos que consideró el legislador federal para establecer un tratamiento distinto en materia de obligaciones entre los patrones del campo (artículo 237-B de la Ley del Seguro Social) y los patrones en general (artículo 15 de la Ley del Seguro Social). De ahí que, como se dijo, no todo trato desigual de la norma resulta inconstitucional dado que ello sucede sólo cuando no pueden advertirse las razones objetivas que llevan al legislador a otorgar un trato diferente a los sujetos de una determinada contribución u obligación fiscal.
• Sentado lo anterior, resulta necesario precisar que de la exposición de motivos que dio origen a la adición, entre otros, del precepto legal de que se trata, del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, se pone de manifiesto que el diverso tratamiento que establece el artículo 237-B de la Ley del Seguro Social, adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de abril de dos mil cinco, en cuanto a diversas obligaciones de los patrones del campo y los patrones en general ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo constituye el aseguramiento de que el referido instituto de seguridad social cumpla sus funciones de vigilancia, respecto del cumplimiento de las obligaciones de los patrones del campo con sus trabajadores, esto es, para otorgar en términos generales certeza jurídica a patrones y trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones y, en el caso concreto de los trabajadores, en el otorgamiento de las prestaciones que la ley les otorga, porque:
• Las condiciones físicas y climatológicas de las regiones productivas del país, difícilmente permiten al patrón del campo alterar los calendarios de trabajo, por lo que la contratación de la mano de obra eventual, suficiente y oportuna es primordial para satisfacer las necesidades productivas.
• La obligación para que los patrones del campo, al momento de registrarse, proporcionen el periodo y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jornadas a utilizar en cada periodo y, en el caso de la actividad ganadera, el tipo de ganado que se críe y el número de cabezas que posean, constituyen elementos necesarios para determinar el salario base de cotización y el concepto de productividad a fin de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte del patrón del campo.
• De acuerdo a la eventualidad de las contrataciones, en la cual influyen factores diversos como un determinado número de hectáreas cultivadas, la naturaleza perecedera del producto, los tiempos y periodos de la actividad agrícola y las causas de terminación laboral, el plazo de comunicación de altas, bajas y reingresos de los trabajadores, así como las modificaciones de su salario y demás datos exigidos en el reglamento no será mayor de siete días hábiles.
• Cuestiones que fueron tomadas en cuenta, en relación con la eventualidad de los trabajadores del campo -en materia de las relaciones laborales- cuyas condiciones de trabajo se negocian en el momento, no sólo el salario, sino también los horarios, las cargas de trabajo, el periodo de trabajo y para los trabajadores estacionales un l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19764-6c7bcc54/seguro-social-el-articulo-237-b-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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