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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL RÉGIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL RÉGIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL RÉGIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1126/2005. · Registro digital (IUS): 19438
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AGRÍCOLA SAN EMILIO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 244.

AMPARO EN REVISIÓN 1126/2005. AGRÍCOLA SAN EMILIO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II, a contrario sensu, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó el artículo 237 de la Ley del Seguro Social, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno; y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, ya que el asunto puede resolverse conforme a precedentes y la jurisprudencia que existe.

SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir los agravios propuestos en el recurso de revisión presentado por la parte quejosa, pues en ellos únicamente se formularon argumentos tendentes a impugnar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto del artículo 237 de la Ley del Seguro Social reclamado, los cuales ya fueron objeto de análisis y resolución por parte del Tribunal Colegiado que previno.

TERCERO. En mérito de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, esta Segunda Sala procede a analizar los conceptos de violación que Agrícola San Emilio, Sociedad Anónima de Capital Variable, hizo valer en su demanda de garantías, conforme a lo previsto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.

En los conceptos de violación que invoca la quejosa, impugna la constitucionalidad de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, así como el decreto que reformó su artículo 237, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil uno, en vigor a partir del día siguiente.

El precepto reclamado dispone:

"Artículo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan."

Por su parte, el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, al que remite el numeral transcrito, dice a la letra:

"Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

"I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones."

Como puede observarse, el artículo 237 de la Ley del Seguro Social impugnado, establece que los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esa ley, por lo que son considerados como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, accediendo a la seguridad social en los términos y formas que establezca la ley, "conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan".

Al respecto, la parte quejosa sostiene que esa disposición resulta inconstitucional, formulando al efecto los siguientes conceptos de violación:

Primer concepto de violación: El proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas al artículo 237 de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil uno, es violatorio de los artículos 14, 16 y 72, incisos G y H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones:

1a. Porque al tratarse de contribuciones, conforme al artículo 72, inciso H, del mismo Texto Constitucional, su iniciativa debió ser presentada a través de la Cámara de Diputados y no la de Senadores como ocurrió, violentando la garantía de legalidad, fundamentación y motivación.

2a. Porque al rechazarse la iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por ser ésta incompetente, tal iniciativa no debió ser presentada en el mismo periodo ordinario de sesiones; y el haberlo hecho vulnera y contraviene lo dispuesto en el artículo 72, inciso G, en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Segundo concepto de violación: La Ley del Seguro Social impugnada infringe los artículos 14, 16, 72, incisos G y H, y 89, fracción I, de la Constitución, porque el jefe del Poder Ejecutivo debió presentar la iniciativa de reformas por conducto de la Cámara de Diputados, ya que su contenido se ubica en el supuesto de excepción a que se refiere el tercero de esos numerales.

Tercer concepto de violación: El Poder Ejecutivo vulnera la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque no expidió el reglamento en materia de seguridad social que normaría el procedimiento para inscribir a los trabajadores del campo, por lo que no hay posibilidad de cumplir con tal obligación.

Cuarto concepto de violación: Se contravienen las garantías de igualdad y justicia que consagran los artículos 1o., 13 y 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, pues el precepto que se reclama se dirige a un grupo de sujetos determinados, como son los trabajadores eventuales del campo, a quienes trata igual que a los trabajadores urbanos, aun cuando éstos son diferentes.

Quinto concepto de violación: Los actos reclamados son violatorios de las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La de legalidad, porque se propone que se cumpla con la obligación fiscal con base en una disposición reglamentaria expedida por el Ejecutivo.

La de proporcionalidad, porque la capacidad de pago de los trabajadores eventuales del campo es inferior a la de un trabajador urbano permanente.

Y la de equidad, porque pretende que ambos trabajadores cumplan igual con sus obligaciones tributarias en materia de seguridad social, dando con ello un trato igual a los desiguales.

Sexto concepto de violación: Los actos de las autoridades violan las garantías de seguridad jurídica y de legalidad previstas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, porque el patrón deberá pagar las aportaciones de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo, sin que éstos reciban del Instituto Mexicano del Seguro Social los servicios por los cuales se obliga a los patrones a cubrir las cuotas, dada la carencia de guarderías, incapacidad de prestar los servicios médicos elementales, así como la imposibilidad de cotizar para tener derecho a la cesantía y vejez ya que se trata de trabajadores estacionales, la mala prestación de servicios de maternidad y la imposibilidad de cotizar antigüedad para obtener beneficios sociales; en razón de lo cual, la reforma pretende incorporar a los más necesitados al régimen obligatorio para que generen mayores cuotas que resuelvan los problemas económicos que enfrenta el instituto, y lo peor de todo, sin otorgarles servicios.

Séptimo concepto de violación: Se infringen las garantías de legalidad, seguridad jurídica y reserva de ley, contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, en relación con el 89, fracción I, de la Constitución General de la República, porque si existiera algún reglamento a través del cual se pretendiera cumplir con las obligaciones que establece el artículo 237 de la Ley del Seguro Social, dicho reglamento sería contrario a tales principios, al incorporar en él, tanto la contribución como los elementos que la conforman, constituyendo una disposición sustantiva y no reglamentaria.

Para dar respuesta a los planteamientos de la quejosa, es necesario acudir al contenido del artículo 72, incisos G y H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone:

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"...

"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados."

Como puede observarse, el precepto constitucional que invoca la impetrante establece los lineamientos que debe seguir el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, refiriéndose el inciso H, en particular, a las leyes donde se establezcan contribuciones, las cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados y ser revisadas por la de Senadores.

De ahí que deban considerarse infundados los argumentos encaminados a demostrar que el decreto mediante el cual se reforma el artículo 237 de la nueva Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del dos mil uno, es inconstitucional, en la medida en que el proceso legislativo que le dio origen, al iniciarse en la Cámara de Senadores y no en la de Diputados, como correspondía por determinar a los sujetos de la contribución, vulneró el inciso H del artículo 72 constitucional, porque los proyectos de ley que versan sobre impuestos y contribuciones, como es el caso, necesariamente deben discutirse primero en la Cámara de Diputados.

En efecto, sobre el tema de constitucionalidad planteado, esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de votos, en sesión de cinco de agosto del dos mil cinco, el amparo en revisión 944/2005, promovido por Operadora de Servicios y Asesoría Agrícola, Sociedad Anónima de Capital Variable, estableció que la violación formal al proceso legislativo en términos de la disposición constitucional en cita, no trasciende a la norma legal impugnada y, por ende, no provoca su inconstitucionalidad, puesto que los sujetos de la contribución a los que alude el precepto 237 de la Ley del Seguro Social -trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo-, son los que el referido numeral impugnado señala que están comprendidos en la fracción I del artículo 12 de la propia ley, mismo ordenamiento que, incluso, también comprende en su artículo 15 a los patrones, como otro de los sujetos del pago de dicha contribución, los que por ser inherentes al régimen fiscal, junto con otros de la misma naturaleza, se reservaron al decidir presentar a la Cámara de Diputados, una nueva iniciativa de decreto respecto de estos preceptos legales, la que discutió y aprobó como Cámara de Origen, para luego continuar con el proceso legislativo hasta llegar a su culminación, lo que trae como consecuencia que la violación formal al proceso legislativo del que derivó la reforma al artículo 237 de la Ley del Seguro Social, apoyada en que se originó de una iniciativa presentada y discutida en la Cámara de Senadores, a pesar de que la Cámara de Origen debió ser la de Diputados, no trascendió de manera fundamental a esa norma y, por tanto, en nada afectó su constitucionalidad; conclusión que derivó del análisis del proceso legislativo de mérito, en torno al cual destacan las siguientes consideraciones:

"Del proceso legislativo de referencia, que dio origen al decreto impugnado -donde se incluye el artículo 237 de la Ley del Seguro Social impugnado-, destaca, fundamentalmente, lo siguiente:

"• En sesión de seis de diciembre del año dos mil uno, la Cámara de Senadores aprobó ‘en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social’ y ordenó se pasara a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.

"• En sesión de trece de diciembre de dos mil uno, en la Cámara de Diputados se atendió al dictamen de las Comisiones de Seguridad Social y del Trabajo y Previsión Social, sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, proveniente de la Cámara de Senadores, el cual quedó en primera lectura.

"• El catorce de diciembre de dos mil uno, la Cámara de Diputados, previamente a la discusión de la referida minuta, hizo el señalamiento de que las Comisiones de Seguridad Social y del Trabajo presentarían una iniciativa de reformas sobre diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, referente, exclusivamente, a los asuntos de ‘carácter fiscal’ para evitar que se pudiera entrar en un debate de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, solicitando se diera lectura a la iniciativa que se estaba presentando y posteriormente discutir la minuta recibida del Senado. De las intervenciones correspondientes se advierte que se hizo hincapié en que desde el punto de vista técnico constitucional, y para evitar problemas, no podría la Cámara, bajo el esquema que estaba planteado, aprobar la minuta del Senado sino que tendrían que votar negativamente, lo cual no les permitiría después presentar la iniciativa sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, de ahí la conveniencia de presentar primero la iniciativa de los Diputados, para después estudiar la minuta del Senado.

"• Una vez presentada la iniciativa y dispensados los trámites, se puso a discusión y votación, aprobando el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, ordenando se pasara al Senado para los efectos constitucionales.

"• En continuación de la sesión del mismo catorce de diciembre de dos mil uno, el siguiente punto del orden del día fue el dictamen a discusión de las Comisiones de Seguridad Social y del Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto de reformas a la ley en cuestión, recibido de la Cámara de Senadores.

"• Discutido tal dictamen, se determinó la reserva de los siguientes artículos del proyecto de decreto: 5o., 9o., 12, 13, 15, 15 A, 15 B, 16, 19, 22, 27, 28 A, 30, 31, 34, 39, 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 40, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F, 72, 73, 74, 79, 232, 233, 251, 270, 271, 272, 277 B, 277 G, 286 C, 287, 288, 289, 290, 291, 297, 304, 304 A, 304 B, 304 C, 304 D, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319, así como los artículos transitorios quinto, séptimo, noveno, décimo cuarto y décimo sexto, habiéndose aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados.

"• Sobre los artículos reservados se hizo la aclaración de que los mismos corresponden a la iniciativa de ley presentada por la propia Cámara de Diputados, y una vez realizada la votación correspondiente, fueron desechados los citados artículos, se tuvo por aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, y se ordenó pasara al Senado para los efectos del artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal.

"• Por último, recibido en el Senado el dictamen relativo a la iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, se dio primera lectura, se acordó la dispensa de la segunda lectura y se puso a discusión de inmediato, fue votado por ochenta y un votos a favor y ninguno en contra, ordenando pasara al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

"Conforme a lo anterior, es de suma importancia dejar establecido -ante la violación formal por la que se tilda de inconstitucional el proceso legislativo por el que se reformó el artículo 237 impugnado, en cuanto señala a los sujetos de las aportaciones de seguridad social- que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforman diversas disposiciones relativas a las aportaciones de seguridad social, entre ellas las que determinan los sujetos de éstas -artículos 12 y 15 de la ley relativa-, por haberse discutido primero en la Cámara de Diputados, se ajustan a lo previsto en el inciso H del artículo 72 constitucional, lo que estableció esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 131/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 382, de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, EN LO RELATIVO A APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO TRASGREDE EL ARTÍCULO 72, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’

"En ese contexto, queda claro que no afecta la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley del Seguro Social -reformada por decreto publicado el veinte de diciembre del año dos mil uno-, la violación formal que la quejosa atribuye al respectivo proceso legislativo, toda vez que el hecho de que tal precepto legal hubiera derivado de una iniciativa que se presentó y discutió en la Cámara de Senadores, a pesar de que la Cámara de Origen debió ser la de Diputados en términos de lo dispuesto en el numeral 72, inciso H, de la Carta Fundamental, lo cierto es que no trascendió a la norma impugnada, tomando en cuenta que la relevancia que podía tener -en cuanto a que se trata de una disposición que determina los sujetos de las contribuciones de seguridad social-, finalmente no trascendió, porque los sujetos de las contribuciones de seguridad social a que alude el artículo 237 impugnado, es decir, los trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo, están comprendidos en la fracción I del diverso artículo 12 de la propia Ley del Seguro Social, mismo ordenamiento que en su artículo 15, también comprende a los patrones como sujetos de dicha contribución tripartita, habiendo quedado demostrado conforme al proceso legislativo que dio lugar a las reformas de estos dos últimos numerales, que no obstante las circunstancias en que se inició el respectivo procedimiento legislativo, al final, fue la Cámara de Diputados la que fungió como Cámara de Origen en lo referente a la iniciativa de reformas de las disposiciones de mérito, cumpliéndose con lo dispuesto en el inciso H del artículo 72 constitucional, razón por la que no trascendió de manera fundamental al artículo 237 reclamado, que en el respectivo proceso legislativo que culminó con la aprobación de su reforma, no existiera un estricto apego a las formalidades establecidas en el citado precepto constitucional -aspecto por el que la quejosa reclama su inconstitucionalidad-, puesto que la finalidad de que los sujetos pasivos de la contribución a que alude el referido artículo 237 impugnado, estuvieran contenidos en normas jurídicamente válidas atendiendo al imperativo constitucional en cita, se cumplió al estar comprendidos los sujetos de la contribución de que se trata en los diversos numerales 12 y 15 de la propia Ley del Seguro Social, de ahí que no se afectara la constitucionalidad del precepto legal reclamado por el motivo aducido por la quejosa en el concepto de violación que se analiza.

"Cabe citar en apoyo de la anterior conclusión, por su sentido y alcance, la tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001, publicada en la página 438 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor:

"‘VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.’."

En esa tesitura, es dable concluir que los argumentos de la quejosa relativos a la violación formal del proceso legislativo del que derivó la reforma al artículo 237 de la Ley del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el inciso H del artículo 72 de la Constitución, resultan infundados en términos del criterio sustentado por esta Sala en la ejecutoria de mérito, mismo que reiteró al resolver el amparo en revisión 1120/2005, en sesión de diecinueve de agosto del dos mil cinco.

Por lo que se refiere al inciso G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se prohíbe que habiéndose rechazado en la Cámara de Origen un proyecto de ley o decreto, éste se presente nuevamente en las sesiones del año, tampoco es infringido por el proceso legislativo que dio origen a la reforma del artículo 237 de la Ley del Seguro Social.

Ciertamente, como resultado del análisis del procedimiento legislativo al que se contrae la ejecutoria antes detallada, se destacó que una vez que la Cámara de Senadores, en sesión de seis de diciembre del dos mil uno, aprobó "en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social" y ordenó que pasara a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes, en sesión de catorce de diciembre de dos mil uno, la Cámara de Diputados, previamente a la discusión de la referida minuta, hizo el señalamiento de que las Comisiones de Seguridad Social y del Trabajo presentarían una iniciativa de reformas sobre diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, referente, exclusivamente, a los asuntos de "carácter fiscal", solicitando se diera lectura a la iniciativa que se estaba presentando y, con posterioridad, se discutiera la minuta recibida del Senado, advirtiendo, de las intervenciones correspondientes, que se hizo hincapié en que desde el punto de vista técnico constitucional y para evitar problemas, no podría la Cámara, bajo el esquema que estaba planteado, aprobar la minuta del Senado sino que tendrían que votar negativamente, lo cual no se les permitiría después presentar la iniciativa sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, de ahí que se estimara conveniente presentar primero la iniciativa de los diputados, para después estudiar la minuta del Senado.

Una vez presentada la iniciativa y dispensados los trámites, se puso a discusión y votación, aprobando el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, ordenando se pasara al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.

Con el resultado de tal análisis, queda claro que no se actualiza la violación al inciso G del artículo 72 constitucional, que la quejosa atribuye al proceso legislativo en el que la Cámara de Diputados se erigió como Cámara de Origen, al serle presentada la iniciativa de reformas a los artículos referentes a contribuciones de la Ley del Seguro Social, puesto que la presentación de dicha iniciativa, su discusión, votación y aprobación, las realizó la Cámara de Diputados, previamente al estudio de la minuta del proyecto de reformas de los demás artículos de la Ley del Seguro Social, que le envió el Senado, de manera que si el proyecto de reformas a los artículos que se referían a contribuciones no fue desechado por la Cámara de Diputados -Cámara de Origen-, no pudo actualizarse el supuesto al que se contrae el inciso G del artículo 72 constitucional, que establece: "Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año."

En esa tesitura, deben considerarse infundados los conceptos de violación primero y segundo que hace valer la quejosa en contra del proceso legislativo que dio origen al artículo 237 de la Ley del Seguro Social.

En su tercer concepto de violación, la impetrante sostiene que el Poder Ejecutivo vulnera el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque no expidió el reglamento en materia de seguridad social que normaría el procedimiento para inscribir a los trabajadores del campo al régimen obligatorio; en razón de lo cual no hay posibilidad de cumplir con tal obligación.

Para dar respuesta a ese planteamiento, conviene recordar que la Ley del Seguro Social cuestionada, se publicó el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; y que en el título segundo "Del régimen obligatorio", contiene el capítulo X, denominado "De la seguridad social en el campo."

En ese capítulo se encuentra el artículo 237, que establecía en su texto original:

"Artículo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente ley, y conforme a las modalidades que para el efecto establezca el reglamento de afiliación."

Precepto que se complementa con el artículo vigésimo sexto transitorio, que dice a la letra:

"Vigésimo sexto. El reglamento de afiliación que normará el procedimiento a través del cual se inscribirán los trabajadores asalariados a que se refiere el capítulo X del título II de esta ley, se expedirá dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento."

Conforme al numeral transcrito, el reglamento de afiliación que normaría el procedimiento para inscribir a los trabajadores asalariados del campo al régimen obligatorio, debía ser expedido dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social.

Esa disposición fue cumplida por el titular del Poder Ejecutivo, si se toma en cuenta que, de acuerdo al artículo primero transitorio del decreto que la contiene, la fecha para que la Ley del Seguro Social entrara en vigor, estaba señalada para el primero de enero de mil novecientos noventa y siete; sin embargo, en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se modificó ese artículo transitorio para señalar el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, como la nueva fecha para que entrara en vigor ese ordenamiento legal. Consecuentemente, el lapso de ciento ochenta días previsto en el artículo vigésimo sexto transitorio, para expedir el reglamento que debía normar el procedimiento de inscripción de los trabajadores asalariados del campo al régimen obligatorio, corrió del dos de julio al veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Plazo que fue acatado por el titular del Poder Ejecutivo, toda vez que el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, en cuyo artículo primero transitorio se dispuso que entraría en vigor al día siguiente, primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

No sobra señalar que en el artículo segundo transitorio del mismo ordenamiento, se abrogó el Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta (que a su vez derogó el reglamento de quince de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro establecido para los Estados de Baja California, Sonora y Sinaloa), así como cualquier otra disposición reglamentaria o administrativa que se opusiera a la observancia de ese cuerpo normativo; y en el sexto, estableció que las disposiciones previstas en el nuevo reglamento para los trabajadores eventuales, serían aplicables a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, manteniéndose vigente, mientras tanto, lo dispuesto para dichos trabajadores en el reglamento que se abrogaba.

Ahora bien, con motivo de la reforma que reclama la quejosa, publicada el veinte de diciembre de dos mil uno, el artículo 237 de la Ley del Seguro Social quedó como sigue:

"Artículo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan."

El decreto de esa reforma contiene los artículos primero y segundo transitorios, que dicen a la letra:

"Primero. El presente decreto entrará

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19438-f9064be3/seguro-social-el-articulo-237-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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