RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY QUE REGULA ESE IMPUESTO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 686/2003. INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Precisado lo anterior, se advierte de la lectura del único concepto de violación transcrito en el considerando precedente, que la quejosa sostiene, fundamentalmente, que el artículo segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el primero de enero de dos mil dos en el Diario Oficial de la Federación, transgrede el principio de proporcionalidad que rige en materia tributaria, garantizado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en tanto que condiciona la deducción del monto que resulte menor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis o mil novecientos ochenta y ocho, a la circunstancia de que cambie de actividad empresarial preponderante o a que entre en liquidación, lo que da lugar a que en tanto no se presente alguna de esas hipótesis no podrá realizar las deducciones respectivas y, por ende, que el impuesto sobre la renta se cubra considerando una base gravable que no refleja el incremento real del patrimonio de los contribuyentes que cuentan con inventarios de esa naturaleza.
La quejosa apoya sus argumentos en las consideraciones vertidas por esta Segunda Sala al emitir la tesis siguiente, donde se analizó un precepto similar.
"RENTA. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA ESE IMPUESTO, PUBLICADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La fracción II del citado artículo establece que los contribuyentes que hubieran venido realizando actividades empresariales antes de la entrada en vigor del decreto mencionado, podrán efectuar con posterioridad al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, la deducción del importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis o de mil novecientos noventa, pero sujeta la procedencia de la deducción a que el causante cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o, tratándose de personas físicas, dejen de realizar actividades empresariales. Ahora bien, el indicador de capacidad contributiva a que atendió el legislador al establecer el impuesto sobre la renta, lo constituye la obtención de ingresos que representen una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, ya que si bien conforme a lo previsto por el artículo 1o. de la ley que regula ese impuesto, son objeto del mismo los ingresos y no las utilidades, lo cierto es que la base gravable se obtiene acumulando la totalidad de los ingresos objeto del gravamen y restando las deducciones procedentes, para determinar la utilidad fiscal a la que debe aplicarse la tasa para obtener el monto del impuesto a cubrir, según lo establecido por el artículo 10 de la ley referida. Por tanto, lo dispuesto en el artículo sexto transitorio citado resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al condicionar la procedencia de la deducción del costo de las mercancías inventariadas al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, a que se cambie de actividad empresarial preponderante, se entre en liquidación o se dejen de realizar actividades empresariales cuando se trate de personas físicas, se provoca que mientras estas situaciones no se presenten el contribuyente no pueda deducir el costo de las mercancías en el ejercicio en que las enajena y acumula los ingresos respectivos, ocasionándose que cubra el impuesto sobre una base gravable que no refleja el incremento real en su haber patrimonial, atribuyéndosele así una capacidad contributiva distinta de la que realmente tiene." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, junio de 2001. Tesis: 2a. XCIII/2001. Página: 312).
Así, debe estimarse que el concepto de violación que se analiza es fundado con base en las consideraciones que informan la tesis antes transcrita, sostenidas por esta Segunda Sala al resolver el veintisiete de abril de dos mil uno los amparos en revisión 779/2000 y 818/2000, que a su vez sirvieron de sustento para resolver el diez de enero, catorce de febrero, catorce de marzo y nueve de mayo de dos mil tres, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 706/2002, 1209/2002, 666/2002 y 542/2003, promovidos, respectivamente, por Poliflex, Sociedad Anónima de Capital Variable; Calzado Lancrei, Sociedad Anónima de Capital Variable; Industrias Melder, Sociedad Anónima de Capital Variable y Aceites, Grasas y Derivados, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los que se determinó la inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, que es la misma disposición reclamada en el presente asunto.
Para arribar a tal conclusión, por principio, conviene señalar que el referido precepto dispone lo siguiente:
"Artículo segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente: ... XIV. Los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieran venido realizando actividades empresariales con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1986, podrán efectuar con posterioridad al 31 de diciembre de 1986, las deducciones siguientes: a) Las pérdidas cambiarias pendientes de deducir que se hayan originado antes de la entrada en vigor de dicho decreto, por las que se haya optado por deducirlas en ejercicios posteriores conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 1986. b) El importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al 31 de diciembre de 1986 o de 1988. c) El costo de ventas de las enajenaciones a plazos por las que el contribuyente hubiere optado deducirlo conforme fuera percibido efectivamente el ingreso por dichas enajenaciones, el que sea menor, entre dicho costo pendiente de deducir al 31 de diciembre de 1986 o 1988. Las deducciones a que se refieren los incisos b) y c) de este artículo, solo podrán efectuarse en el ejercicio en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o tratándose de personas físicas dejen de realizar actividades empresariales. Para los efectos de este párrafo se considera cambio de actividad empresarial preponderante cuando el cambio de actividad preponderante implique un cambio por más de tres dígitos en la clave de actividad conforme al catálogo de actividades publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los efectos de las deducciones a que se refieren los incisos b) y c) de este artículo, el importe del inventario y del costo de ventas por enajenaciones a plazo que conforme a dichas fracciones se tenga derecho a deducir, se ajustará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 1986 o 1988, según a cuál de esos meses corresponda el menor de los inventarios o costo de ventas pendientes de deducir y el mes inmediato anterior a aquel en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o tratándose de personas físicas deje de realizar actividades empresariales."
Para poder realizar el estudio de constitucionalidad planteado, debe partirse por precisar que los artículos 22, fracción II y 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, establecían lo siguiente:
"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: ... II. El costo."
"Artículo 29. El costo de las mercancías que se enajenen, así como de las que formen el inventario al final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados, excepto cuando esta ley prevea específicamente que se siga el sistema de costeo directo. En todo caso, el costo se deducirá conforme se acumulen los ingresos relativos. Cuando el costo de las mercancías, integrado a base de costos históricos o predeterminados, sea superior al de mercado o reposición podrá considerarse, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el que corresponda de los siguientes valores: I. El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del valor de realización ni sea inferior al neto de realización. II. El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. III. El neto de realización, que es el equivalente del precio normal de enajenación menos los gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición. Los contribuyentes que se dediquen a la agricultura, ganadería o pesca, podrán dejar de determinar el costo de las mercancías que enajenen, en este caso, deducirán en el ejercicio en que se efectúen, los gastos correspondientes a dichas mercancías."
De las disposiciones transcritas se obtiene que hasta el año de mil novecientos ochenta y seis las sociedades mercantiles podían deducir de los ingresos gravables el costo de las mercancías que enajenaran, así como el de las mercancías que formaran el inventario al final del ejercicio, conforme se acumularan los ingresos relativos.
Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del año de mil novecientos ochenta y siete, en el que se reformaron, entre otros, los artículos 10 y 22, fracción II y se adicionó la ley con un título VII, denominado "Del sistema tradicional del impuesto sobre la renta a las actividades empresariales", y con un título VIII, denominado "Del mecanismo de transición del impuesto sobre la renta a las actividades empresariales". Los artículos citados y las adiciones referidas, en lo que al caso interesa, disponen lo siguiente:
"Artículo 10. Las sociedades mercantiles deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 35%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título. II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."
"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: ... II. Las compras de mercancías; así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilice el contribuyente para producir otras mercancías. No se incluirán los activos fijos, los títulos valor excepto aquellos que representen la propiedad de mercancías, ni los terrenos, salvo que tratándose de estos últimos la actividad del contribuyente consista en la enajenación de inmuebles."
"Artículo segundo. Se adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta con un título VII denominado ‘Del sistema tradicional del impuesto sobre la renta a las actividades empresariales’, para lo cual se estará a lo siguiente: I. El título VII se integra con el mismo texto de los artículos de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta que integran el título II y el capítulo VI del título IV de dicha ley, vigentes al 31 de diciembre de 1986, con las reformas y adiciones que se señalan en la fracción VIII de este artículo. ... VII. El título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta estará vigente del 1o. de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1990."
"Artículo tercero. Se adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta con un título VIII denominado ‘Del mecanismo de transición del impuesto sobre la renta a las actividades empresariales’, para lo cual se estará a lo siguiente: I. El título VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta estará vigente del 1o. de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1990. II. Para formar parte del título VIII, se adicionan los artículos 801 al 817, para quedar como sigue: ‘Artículo 801. Las sociedades mercantiles aplicarán, por separado, las disposiciones contenidas en los títulos II y VII de la ley. El impuesto conjunto del ejercicio será la cantidad que resulte de sumar los montos de impuesto determinados de conformidad con cada título en las siguientes proporciones:
Ver tabla
Como puede advertirse, a partir del ejercicio de mil novecientos ochenta y siete se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta al establecerse las denominadas "base nueva o base ampliada", contenida en el título II de la ley, y la "base tradicional", que pasó a formar el título VII. Ambas bases debían coexistir por cuatro años y aplicarse conjuntamente para determinar el impuesto del ejercicio.
En la denominada "base tradicional", contenida en el título VII de la ley, se mantuvieron las reglas existentes hasta mil novecientos ochenta y seis, entre ellas, la relativa a la deducción del costo de las mercancías, según la cual dicho costo debía deducirse en el ejercicio en que fueran enajenadas las mercancías. Es decir, se hacía coincidir en el mismo periodo de causación del impuesto, tanto el efecto del ingreso derivado de la venta de la mercancía, como la disminución patrimonial producida por el costo de la mercancía vendida.
En la base contenida en el título II se modificó esta regla, permitiendo que se dedujera el costo de las mercancías tan pronto como se adquirieran y sin tener que esperar a que se efectuara su enajenación.
No obstante lo anterior, en virtud de que la generalidad de los contribuyentes mantenían en sus inventarios al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, mercancías que fueron compradas a más tardar en esa fecha, se presentaba el problema de que al vender dichas mercancías tendrían que acumular el ingreso correspondiente, pero no podrían disminuir del mismo el precio pagado por la mercancía, en virtud de que el concepto deducible, es decir, la adquisición o compra no se habría verificado durante la vigencia de la nueva regulación que comenzó a regir esta deducción, sino que tuvo lugar antes de que la nueva normatividad hubiera entrado en vigor. Para solucionar este problema, desde la regulación transitoria vigente a partir de mil novecientos ochenta y siete, declarada inconstitucional en los precedentes antes citados, así como en el precepto impugnado por la quejosa, vigente a partir de dos mil dos, se ha permitido deducir el costo de las mercancías que se mantenían en inventario hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, pero a diferencia de lo que sucedía en la base tradicional, no se estableció que la deducción pudiera efectuarse al momento de que fueran enajenadas las mercancías, sino que dicha deducción se sujetó a que se presentara alguna de las siguientes situaciones:
a) Que la empresa cambiara de actividad preponderante; o,
b) Que la sociedad entrara en liquidación.
Estas condiciones son precisamente las que la quejosa estima violatorias del principio de proporcionalidad, en atención a que al posponerse la deducción del costo de las mercancías respecto del momento en que las mismas fuesen enajenadas, hasta que se dé alguna de las situaciones referidas, se provoca que se acumule a la base gravable el ingreso bruto derivado de la enajenación de las mercancías en el ejercicio en que ésta se efectúe, sin permitirse en ese mismo ejercicio deducir el costo de las mercancías vendidas, teniendo que cubrirse un impuesto sobre una base gravable que no refleja el incremento real en el haber patrimonial del contribuyente.
Ante tal regulación, esta Segunda Sala estima, como lo aduce la quejosa, que el precepto combatido imputa a sus destinatarios una capacidad contributiva superior a la que realmente tienen, y por ello resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.
En efecto, el indicador de capacidad contributiva a que atendió el legislador al establecer el impuesto sobre la renta, lo es la obtención de ingresos que representen una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, lo que se advierte de la propia ley que regula dicho impuesto, ya que si bien conforme al artículo 1o. de la misma el objeto gravable está constituido por los ingresos y no por las utilidades, debiendo las personas morales residentes en el país, como lo es la quejosa, acumular la totalidad de los ingresos que obtengan, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, según lo previsto en el artículo 17 de la ley referida, lo cierto es que ésta permite que se efectúen las deducciones relacionadas con los gastos relativos a la obtención de los ingresos, como se aprecia en el artículo 29. Atento lo establecido por el artículo 10, el resultado fiscal se determina calculando la utilidad fiscal, disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas y restando de dicha utilidad, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores, debiendo aplicarse la tasa impositiva al resultado fiscal para obtener el monto del impuesto a cubrir.
Como se advierte, si bien el objeto gravable del impuesto que se analiza lo constituyen los ingresos y no las utilidades, son éstas las que conforman la base gravable a la que debe aplicarse la tasa para calcular el monto del impuesto a pagar, de lo que deriva que el indicador de capacidad contributiva en el gravamen de que se trata, no lo es la mera obtención de ingresos sino que es necesario que éstos produzcan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes.
Es por lo anterior que el sistema previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir el costo de las mercancías, ya sea en el momento de su enajenación o desde el momento mismo de su adquisición, como se prevé en el título II de la ley de la materia pero, en todo caso, reconociendo el derecho a esa deducción.
El propio artículo transitorio combatido reconoce el derecho a la deducción del costo de las mercancías, pero sujetándola indebidamente a condiciones ajenas a la situación económica del contribuyente, como son el hecho de que cambie de actividad preponderante o que entre en liquidación la sociedad.
De esta forma, al tener que acumularse el ingreso derivado de la venta de la mercancía, sin que pueda deducirse su costo en el mismo ejercicio, se grava una capacidad contributiva distinta de la que realmente revela la manifestación de riqueza sobre la que recae ese tributo, transgrediéndose así el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
En apoyo a lo anterior, se invoca la siguiente tesis jurisprudencial, en cuanto determina lo que debe entenderse por proporcionalidad tributaria:
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P./J. 109/99. Página: 22).
De lo hasta aquí expuesto se sigue lo fundado del concepto de violación que se examina, ya que el artículo transitorio reclamado contiene la regulación de un elemento para la determinación de la base gravable que afecta al impuesto sobre la renta, puesto que se refiere a las deducciones que pueden efectuarse de los ingresos acumulables y, según se ha razonado, al no permitir deducir el costo de las mercancías que se hubieran adquirido hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, mientras no se entre en liquidación o se cambie de actividad preponderante, se ocasiona que se obligue a los contribuyentes a acumular los ingresos por la venta de productos o mercancías sin permitirles deducir su costo, lo que origina que el impuesto se cubra sobre una base que no refleja la real capacidad para contribuir al gasto público, por incluirse en ella el ingreso bruto del causante y no sólo la renta o ganancia que incrementa su haber patrimonial.
Así, la fracción XIV del artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, viola el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que no permite a los contribuyentes tomar en consideración, en el mismo periodo de causación, los elementos que inciden positiva y negativamente en la base del impuesto, debiendo acumularse a ésta el ingreso obtenido, sin deducción alguna, ya que para poder deducir el costo respectivo tendrán que esperar hasta que se liquide la empresa, o bien, cambie de actividad preponderante, lo cual se traduce en un desconocimiento de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del gravamen.
Además de lo anterior, debe precisarse que el criterio que se sostiene en esta resolución se ajusta a lo determinado en la jurisprudencia P./J. 52/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, página 101, que establece:
"RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO.-De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación en la medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la ley en comento, sea hasta el fin del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad."
Como se advierte, en la jurisprudencia transcrita se explica que conforme al artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos y que, por esa razón, la obligación tributaria a su cargo nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del ordenamiento legal citado (artículo 17 de la ley vigente), y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades, sin que sea obstáculo para tal conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyan la base a la que debe aplicarse la tarifa conforme a la cual se determina el impuesto, ni la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, ya que en este caso se entiende que los ingresos que, sujetos a las deducciones previstas en la ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y que la pérdida fiscal sufrida en un ejercicio será motivo de compensación en ejercicio posterior.
Por tanto, si bien el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos y no las utilidades, resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria el que el sistema para determinar la base gravable únicamente tome en cuenta los ingresos, sin permitir las deducciones correspondientes, en virtud de que la base gravable se obtiene acumulando la totalidad de los ingresos objeto del gravamen y restando las deducciones procedentes, para determinar la utilidad fiscal a la que debe aplicarse la tasa para obtener el monto del impuesto a cubrir sobre la renta o incremento real en el haber patrimonial del contribuyente.
Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 214, que establece:
"-De lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que el indicador de capacidad contributiva a que atendió el legislador al establecer ese tributo es la obtención de ingresos que representen una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes; de ahí que para la determinación de la base gravable, dicho ordenamiento establezca un sistema conforme al cual deben acumularse los ingresos objeto del gravamen y restarse las deducciones legalmente procedentes, a fin de determinar la utilidad fiscal a la que habrá de aplicarse la tasa respectiva para obtener el monto del impuesto a cubrir, lo que implica que para efectos de la obtención de la base gravable, los contribuyentes deben considerar todos los cambios que se produzcan en su patrimonio, ya sea que lo afecten de manera positiva o negativa. En ese sentido, la fracción XIV del artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, vigente a partir de esa fecha, que establece que los contribuyentes que hubieran venido realizando actividades empresariales con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en ese medio de difusión oficial el 31 de diciembre de 1986, podrán efectuar, con posterioridad a esa fecha, las deducciones señaladas en los incisos a) al c) de la fracción en cita, refiriéndose el inciso b) a la deducción del importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al 31 de diciembre de 1986 o de 1988, y respecto a esta deducción y a la indicada en el inciso c), que sólo podrán efectuarse en el ejercicio en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante o entre en liquidación, viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no permite a los contribuyentes que han venido realizando actividades empresariales, tomar en consideración, en el mismo periodo de causación, los elementos que incidan positiva y negativamente en la base del impuesto, debiendo acumularse a ésta el ingreso obtenido por la enajenación de dichas mercancías, sin poder efectuar la deducción del costo respectivo,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17820-ebd4c2c3/renta-el-articulo-segundo-transitorio-fraccion-xiv-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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