INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 311, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY RELATIVA, QUE LO FACULTA PARA DICTAR REGLAS TÉCNICO-OPERATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 311, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY RELATIVA, PARA DICTAR REGLAS TÉCNICO-OPERATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DELEGATORIO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 635/2003. GRUPO K2, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia son las que a continuación se sintetizan:
El Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, después de acreditar la existencia de los actos reclamados, expuso que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en lo que correspondía a los artículos 27 y 30 a 41 de la Ley de Concursos Mercantiles, porque en su concepto, los mismos no habían sido aplicados en perjuicio de la parte quejosa y con su sola entrada en vigor no se le causaba ningún perjuicio a la misma, motivo por el cual sobreseyó en el juicio de garantías en lo que a dichos preceptos legales corresponde, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.
Posteriormente, el Juez de Distrito procedió a analizar la constitucionalidad de los artículos 26, 29, 311 y 321 de la Ley de Concursos Mercantiles, con base en los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa.
Al respecto, el Juez de Distrito concluyó que los artículos 26 y 29 del ordenamiento legal en cuestión, no eran violatorios de la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional, porque los mismos no producían ningún acto de privación, puesto que sólo regulaban los aspectos relativos a la admisión de la demanda de concurso mercantil, el emplazamiento a la parte demandada y la remisión de un oficio al Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles para la asignación de un visitador, sin producir ningún acto que implicara privación de derechos.
Sobre el propio artículo 26 de la Ley de Concursos Mercantiles, el Juez de Distrito también expuso que era inoperante el concepto de violación en el cual la parte quejosa impugnaba ese numeral, porque supuestamente concedía ventajas ilegales e injustificadas a quien denunciaba el concurso mercantil de quien era denunciado, rompiendo el equilibrio procesal de igualdad de las partes.
Ese motivo de inconformidad fue declarado inoperante por el Juez de Distrito, porque se encontraba encaminado a combatir cuestiones procesales que no afectaban de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, por lo que no se causaba ningún perjuicio de difícil reparación en agravio de la quejosa, ya que la sentencia que llegara a dictarse podía ser favorable a sus intereses, y en caso de no serlo, la quejosa tenía expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma conducentes.
Luego, el Juez de Distrito procedió a declarar inoperantes los conceptos de violación en los cuales la parte quejosa combatía la constitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como los motivos de inconformidad inherentes al procedimiento concursal, puesto que por ese numeral y por los demás relativos al citado procedimiento, había sobreseído en el juicio de amparo por no haberse demostrado un acto de aplicación concreto en perjuicio de la quejosa y porque con su sola entrada en vigor no se causaba ningún agravio a la misma.
Continuamente, el Juez de Distrito procedió a analizar la constitucionalidad de los artículos 311 y 321 del ordenamiento legal en cuestión, sobre los cuales estimó que los conceptos de violación hechos valer al respecto eran infundados.
Que ello era así, porque en nuestro país existían diversos órganos creadores de normas jurídicas generales que tenían la calidad de leyes en sentido legislativamente material, como lo eran el Poder Revisor al reformar la Constitución, el Congreso de la Unión, las Legislaturas Locales y el presidente de la República, en el uso de sus facultades extraordinarias para legislar, existiendo también leyes materiales, cuyos órganos creadores eran el presidente de la República en unión de la Cámara de Senadores al celebrar y aprobar tratados internacionales, el presidente de la República, los gobernadores de los Estados y los Ayuntamientos en el uso de su facultad para expedir reglamentos.
Que también existían normas que eran emitidas por órganos institucionales, que tenían la naturaleza de ordenamientos jurídicos generales, obligatorios, impersonales y que establecían una sanción directa o indirecta en caso de inobservancia, existiendo también normas jurídicas que eran creadas a través de la jurisprudencia por diversos órganos jurisdiccionales.
Que en el caso concreto, el Congreso de la Unión al emitir la Ley de Concursos Mercantiles, en su artículo 311, le otorgó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, autonomía de carácter técnico y operativo, facultándolo, entre otros, para expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, V, VII y XI del propio artículo.
El Juez de Distrito expuso que de la exposición de motivos de la ley en cuestión, se advertía que el Congreso de la Unión había procurado que el instituto de referencia contara con la mayor autonomía técnica y operativa posible, manteniéndola al margen de su intervención directa en los procedimientos concursales; reglas generales que, en concepto de dicho juzgador, tenían un carácter técnico y operativo que propiamente no eran leyes, además de que tampoco eran violatorias del artículo 100 de la Constitución Federal, porque esas facultades otorgadas al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, eran diferentes a las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura Federal para emitir acuerdos de carácter general, para el adecuado ejercicio de sus funciones.
Posteriormente, el Juez de Distrito procedió a analizar un concepto de violación que calificó como de constitucionalidad de leyes, en el cual la parte quejosa impugnaba la validez de las reglas de carácter general emitidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el argumento de que las mismas infringían los principios de publicidad y publicación.
Dicho motivo de inconformidad fue declarado inoperante por el Juez de Distrito, porque en su concepto, la parte quejosa no señalaba en forma específica a qué clase de reglas generales se refería, ni tampoco señalaba el perjuicio que le causaba en sus derechos sustantivos el que no se hayan publicado las mismas, a fin de estar en posibilidad de poder analizar su concepto de violación.
Finalmente, el Juez de Distrito analizó los conceptos de violación relacionados con el acto de aplicación de los preceptos legales impugnados, consistente en el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil uno, dictado por el Juez responsable, que admitió a trámite la demanda de concurso mercantil, motivos de inconformidad que también fueron declarados inoperantes, porque la quejosa, en los mismos, impugnaba la legalidad de una supuesta orden de visita decretada en su contra, lo cual no contenía el acuerdo impugnado.
Por su parte, la quejosa en los agravios que hace valer en su escrito de revisión, esencialmente alega:
I. Que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
a) Que ello es así, porque el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre los conceptos de violación en los términos en que fueron planteados, porque en su demanda de amparo alegó que conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Federal, el Consejo de la Judicatura Federal era un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, gozando de la facultad de expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de tal manera que el Congreso de la Unión se encontraba impedido para facultar al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para expedir las reglas de carácter general que deberán de observarse en el juicio concursal, porque esa es una facultad constitucional otorgada al Consejo de la Judicatura Federal que no podía ser delegada por el Congreso de la Unión a un órgano técnico.
Que el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre ese punto en concreto, ya que lo que resolvió fue que la expedición de tales reglas por parte del citado instituto obedeció a la atribución establecida por el legislador y no a una delegación de facultades que hubiese llevado a cabo el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual no fue planteado por la quejosa en sus conceptos de violación.
b) Que la distinción que hace el Juez de Distrito en la sentencia reclamada respecto de normas técnicas, que son las emitidas por ciertas instituciones y normas jurídicas, que son las que emite el Poder Legislativo, sólo existe en la mente del Juez y en la doctrina, porque no encuentra sustento legal en nuestro régimen constitucional.
La recurrente insiste que el precepto legal impugnado es violatorio del régimen constitucional de distribución de competencias, porque ningún precepto constitucional faculta al Congreso de la Unión para otorgar facultades legislativas a favor de un órgano auxiliar, como lo es el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que pertenece a otro órgano auxiliar, como lo es el Consejo de la Judicatura Federal.
II. Que la resolución impugnada es violatoria de los artículos 3o. y 4o. del Código Civil Federal, así como del 6o. transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles, porque en su demanda de amparo impugnó la constitucionalidad de las normas que fundaban el acto de aplicación de los preceptos legales impugnados por encontrarse en etapa de vacatio legis, es decir, que todavía no se encontraba en vigor, ya que el artículo 6o. transitorio de la Ley de Concursos Mercantiles establece que los Jueces que conozcan de los juicios concursales deberán esperar a que se produzcan todas las disposiciones reglamentarias ordenadas para dar curso a las solicitudes y demandas que se les presenten.
Que como en el caso concreto, el Congreso de la Unión no ha emitido todas las disposiciones que regulan el juicio concursal, puesto que no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la ley respectiva no ha entrado en vigor, y por ello el Juez responsable no tenía por qué haberle dado trámite a la demanda de origen.
III. Que los argumentos utilizados por el Juez de Distrito para desestimar su motivo de inconformidad son inauditos, porque es falso que no haya señalado en forma explícita a qué clase de reglas generales se refería y mucho menos el perjuicio que le causaba en sus derechos sustantivos, puesto que en su demanda de amparo señaló que no se habían publicado todas las disposiciones necesarias para dar trámite a las demandas de concurso mercantil, entre las cuales se encuentran las reglas de carácter general ordenadas por la Ley de Concursos Mercantiles, emitidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que aparecen en la página de internet de dicho instituto.
De los antecedentes anteriormente expuestos y de los agravios planteados por la parte recurrente se desprende que la litis a resolver en el presente recurso de revisión se constriñe a determinar:
a) Si la sentencia recurrida resulta violatoria de garantías individuales por los motivos que aduce la recurrente;
b) Si el Juez de Distrito analizó el concepto de violación indicado por la recurrente en los términos en que le fue planteado;
c) Si las facultades otorgadas al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, tiene o no sustento legal en nuestro régimen constitucional; y,
d) Si el precepto legal impugnado es violatorio del régimen constitucional de distribución de competencias.
En estas condiciones, y en virtud de que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida en lo que corresponde a los artículos 27 y 30 a 41 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como la negativa del amparo decretada por el propio Juez a quo por lo que respecta a los artículos 26, 29, 311, con excepción de la fracción XIII, y 321 de la propia ley, no son impugnados por la parte recurrente, puesto que no formula ningún agravio al respecto, ya que sólo se inconforma en contra de las consideraciones en las cuales el Juez de Distrito a quo desestimó los conceptos de violación que hizo valer en contra del artículo 311, fracción XIII, de la Ley de Concursos Mercantiles, debe declararse firme la sentencia recurrida en esa parte.
Al respecto, tiene aplicación la tesis que dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, marzo de 1991
"Tesis: 3a./J. 7/91
"Página: 60
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."
QUINTO. Son infundados en un aspecto e inoperantes en otro diverso los agravios propuestos por la recurrente.
Se considera que el agravio sintetizado en el punto I en el considerando anterior, es inoperante en la parte en la cual alega la recurrente que la sentencia recurrida es violatoria de diversos artículos de la Constitución Federal, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio reiterado de que los juzgadores de amparo no violan garantías individuales, porque al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, y que por ello, los agravios en los cuales se aleguen violaciones de este tipo por parte de los juzgadores constitucionales, deben declararse inoperantes, porque el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de garantías individuales.
Al respecto, tiene aplicación la tesis que dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, enero de 1997
"Tesis: P./J. 2/97
"Página: 5
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otro lado, el propio agravio sintetizado en el punto I, en la parte subsistente, se estima que es infundado, porque en concepto de esta Primera Sala, el Juez de Distrito a quo sí analizó y contestó el concepto de violación en el cual la parte quejosa alegó que el Congreso de la Unión era el único facultado para establecer en ley todas las normas del procedimiento necesarias para el cumplimiento de la garantía de audiencia, por lo que no era válido que se pretendiera delegar esa facultad al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, puesto que las facultades delegadas a ese instituto se encuentran constitucionalmente reservadas al Consejo de la Judicatura Federal, según lo dispone el artículo 100 de la Constitución Federal, por lo que no pueden delegarse a uno de sus órganos auxiliares.
El Juez de Distrito en la sentencia recurrida, como ya se expuso en el considerando anterior, estimó que ese motivo de inconformidad era infundado, porque el proceso legislativo de leyes se encontraba encomendado al Congreso de la Unión o a los Congresos Estatales, otorgándose ciertas facultades a algunos órganos institucionales para emitir ordenamientos jurídicos de carácter general, obligatorio y personal, que contenían una sanción directa o indirecta en caso de inobservancia, pero que no constituían propiamente leyes, sino disposiciones de carácter técnico y operativo.
Que en esta categoría se encontraba la facultad conferida en el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en cuanto a expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, V, VII y XI del propio artículo, sin que ello resultara violatorio del artículo 100 de la Constitución Federal, porque aun cuando en éste se establecía que el Consejo de la Judicatura Federal era un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encontrándose facultado para expedir los acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, el hecho de que se haya otorgado al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles autonomía técnica y operativa, facultándolo para expedir reglas de carácter general, no implicaba que dichas atribuciones otorgadas a ese instituto fueran contrarias al artículo 100 constitucional, porque dichas facultades eran diferentes a las otorgadas en ese precepto constitucional al Consejo de la Judicatura Federal.
Como puede observarse, el Juez de Distrito en la sentencia recurrida analizó el concepto de violación a que se refiere la quejosa en el agravio a estudio en los términos en que le fue planteado, y en esas mismas condiciones dio respuesta al mismo declarándolo infundado por estimar que las facultades otorgadas, en el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, no era violatorio del artículo 100 constitucional, porque no se trataba de las mismas facultades otorgadas constitucionalmente al Consejo de la Judicatura Federal.
En el mismo agravio, la recurrente también alega que la distinción que hace el Juez de Distrito en la sentencia recurrida respecto de normas técnicas y normas jurídicas, sólo tiene justificación doctrinal, porque no encuentra sustento en nuestro régimen constitucional, y que por ello, las facultades delegadas al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para emitir ese tipo de normas, son violatorias del artículo 100 constitucional, porque las mismas ya habían sido conferidas al Consejo de la Judicatura Federal.
Contrariamente a lo alegado por la recurrente, esta Primera Sala advierte que la distinción existente entre normas técnicas y jurídicas no sólo tiene justificación doctrinal, sino también constitucional, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera reiterada ha sustentado el criterio de que de la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Federal, se advertía que con el establecimiento del principio de división de poderes, se había reservado al Poder Legislativo la potestad necesaria para emitir los actos legislativos de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, es decir, los actos formalmente legislativos, dado que por ser éstos constitucionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una especial trascendencia en la esfera jurídica de los gobernados, debían aprobarse generalmente por el órgano de representación popular, pero que de ninguna manera se había reservado a dicho poder la atribución para expedir cualquier disposición de observancia general, por lo que no existía precepto constitucional alguno que impidiera al Congreso de la Unión otorgar a un órgano auxiliar, la atribución para expedir reglas generales sujetas al principio de primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso h), de la Constitución Federal, lo que conllevaba a que la regulación contenida en esas normas de rango inferior, no podían derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que tenían una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, porque podían derogarlas o por el contrario elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con ello su propia fuerza superior.
Dicho criterio fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión números: 40/2001, 88/2001, 89/2001, 90/2001, 91/2001, 92/2001, 94/2001, 200/2001, 221/2001, 460/2001, 516/2001, 518/2001 y 600/2001, promovidos todos ellos por Guillermo Alonso Cisneros, en sesión de uno de octubre de dos mil uno, y que por su importancia, en lo conducente, dice:
"A. Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la Unión, a una de las secretarías de Estado a que alude el artículo 90 constitucional, corresponden a la categoría de ordenamientos que no son legislativos ni de índole reglamentaria, sino que son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; de suerte que su expedición por los referidos secretarios de Estado no pugna con el principio constitucional de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público, y en el caso de autos, con las facultades reglamentarias del presidente de la República previstas en los artículos 90 y 92 de la Constitución Federal.
"En efecto, el texto de los artículos 90 y 92 constitucionales, en lo pertinente, dice así:
"‘Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos.’
"‘Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.’
"B. Cuando el Congreso de la Unión expide una ley en el ámbito de su competencia, facultando a alguno de los secretarios de Estado para emitir reglas técnicas y operativas en el área material que le marca determinada ley, de ninguna manera entraña una delegación de facultades, sino que se trata de la asignación directa de una atribución para allanar la aplicación técnico-operativa de la ley dentro de su ámbito específico.
"Por otra parte, el Congreso de la Unión no delegó facultades reglamentarias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al expedir el artículo 36, fracción I, inciso a), de la Ley Aduanera, porque no está despojándose a sí mismo de una facultad propia, condición insalvable de todo acto delegatorio, sino que está ejercitando la potestad legislativa que le asignan los artículos 73, fracciones X, XXIX apartado E y XXX, en relación con el 90, primer párrafo y 131, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que hablan de la facultad privativa de la Federación para gravar las mercancías que se importen o exporten, frase que implícitamente remite a los mecanismos instrumentales de una Ley Aduanera.
"Todavía más, el artículo 92 de la Carta Fundamental de la República es el precepto que con toda claridad finca en el presidente de la República la facultad expresa de expedir ‘reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes’, que a su turno deberán ser refrendados por los secretarios de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda; y cabe agregar que el otorgamiento de atribuciones por la Constitución a los diferentes órganos gubernativos, no puede extenderse analógicamente a otros supuestos que los expresamente previstos en la Norma Constitucional, por lo que en sana lógica las reglas técnicas y operativas caen fuera del ámbito exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, gravitando dentro de la potestad legislativa del Congreso de la Unión para autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, cuya distribución de competencias figura tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en las demás leyes que le incumben al Congreso de la Unión.
"El artículo 36, fracción I, inciso a), de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:
"‘I. En importación:
"‘a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.’
"Por su parte, el artículo 73 constitucional en sus fracciones X, XXIX apartado E y XXX, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
"‘...
"‘XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
"‘...
"‘XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.’
"C. Bajo la anterior tesitura, resulta claro que el artículo 36, fracción I, inciso a), de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir reglas técnico-operativas referentes a determinados aspectos de la importación de mercancías, precisando los requisitos, entre otros, que deben contener los documentos relacionados con las operaciones aduanales, no contraría el artículo 92 constitucional, puesto que la facultad del Congreso que deriva de los artículos 73 y 90 constitucionales, corre paralela y distinta a las atribuciones que señala el artículo 92 de la propia Constitución al presidente de la República.
"Cabe destacar que, en la especie, la litis consiste en determinar el sustento constitucional de la atribución del Congreso de la Unión para habilitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de que pueda expedir reglas técnico-operativas de carácter general, a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso a), de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis, que se tilda de inconstitucional.
"Por considerarse necesario para el estudio de este asunto, se transcriben los artículos constitucionales q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19247-543b3615/instituto-federal-de-especialistas-de-concursos-mercantiles-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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