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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECLARARLA DESIERTA CUANDO EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA DESAHOGARLA A PESAR DE HABERSE AGOTADO LOS MEDIOS DE APREMIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 439/2005. · Registro digital (IUS): 19805
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EUROCENTER LAREDO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 1057.

AMPARO EN REVISIÓN 439/2005. EUROCENTER LAREDO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En razón del sentido que se da a esta ejecutoria, es conveniente sintetizar algunos antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de amparo indirecto número 1331/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, en particular de las copias certificadas del procedimiento del cual derivan los actos reclamados, las cuales merecen pleno valor probatorio por ser documentos públicos, acorde con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del arábigo 2 de ésta, de las cuales destaca lo siguiente:

1. Por escrito de fecha cinco de agosto de dos mil tres, la persona moral denominada Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio ejecutivo mercantil contra Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, de quien reclamó el pago de pesos y diversas prestaciones con motivo de la suscripción e impago de diversos títulos de crédito denominados "pagarés". De la demanda aludida conoció el Juez de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, quien la admitió a trámite con el número de expediente 1504/2003 y ordenó emplazar a la demandada (fojas 124 a 152 del expediente de amparo indirecto).

2. A través de diverso ocurso de fecha veintiocho de octubre de dos mil tres, Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, promovió providencia precautoria de embargo ante la posibilidad de que la parte demandada dilapidara sus bienes; asimismo, mediante escrito fechado el treinta de junio de dos mil cuatro, la accionante exhibió catorce facturas de diversos vehículos cuyo embargo se solicitó, entre otros, el siguiente: "12. Factura 2107 correspondiente a un vehículo marca Volkswagen, tipo jetta A-4, 4 puertas, modelo 2003, No. de serie 3VWRV09M33M097403, color gris plati (sic), No. de motor BEJ053785. Se encuentra en Privada 408, Chapultepec 66450, San Nicolás de los Garza, N.L." (fojas 154 a 156 y 160 a 178 ídem).

3. Mediante interlocutoria dictada el seis de julio de dos mil cuatro, el Juez natural declaró procedente la providencia precautoria intentada y, para materializarla, ordenó girar exhorto al Juez competente en esta ciudad del cual, por razón de turno, conoció el Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, quien mediante proveído dictado el veintisiete de agosto de dos mil cuatro ordenó girar oficios al secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Guadalupe, secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito de San Nicolás de los Garza y secretario de Seguridad Pública y Vialidad, de San Pedro Garza García, todos de esta entidad, lo que, por cuanto hace a la tercera de dichas autoridades, se hizo mediante oficio número 1883/04 (fojas 179 a 181 y 29 a 97 del expediente en consulta).

4. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil cuatro, Rubén Cantú Damas promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León y secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, consistente en la resolución de seis de julio de dos mil cuatro, en la que se decretó el embargo precautorio de un mueble que -a decir del quejoso- es de su propiedad, descrito como un vehículo marca Volkswagen, tipo jetta A-4, cuatro puertas, automático, modelo 2003, color gris platino, número de serie 3VWRV09M33M097403, número de motor BEJ053785 y placas de circulación RVK-94-79 del Estado de Nuevo León. De la demanda aludida conoció el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, quien la registró con el número de expediente 1159/2004, la admitió a trámite, solicitó informes justificados y ordenó emplazar a las terceras perjudicadas; sin embargo, mediante proveído de fecha veinte de octubre de dos mil cuatro, por cuestión de turno, ordenó remitir los autos al Juez Primero de Distrito de la misma especialidad, en atención a los Acuerdos Generales 23/2002 y 44/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por haber conocido de un juicio de amparo derivado del mismo procedimiento (fojas 3 a 25 y 253 a 265 del expediente en consulta).

5. En auto de veinticinco de octubre de dos mil cuatro, el Juez Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo se avocó al conocimiento del asunto. Al respecto, conviene hacer notar que en el caso existió dificultad para emplazar a la tercera perjudicada Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de ser erróneos los diversos domicilios proporcionados por el quejoso, pues fue mediante exhorto número 16/2005, diligenciado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Nuevo Laredo, que pudo concretarse esa diligencia, en actuaciones practicadas el veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil cinco (fojas 267, 268 y 366 a 375 ídem).

6. A través de libelo presentado el nueve de febrero de dos mil cinco, la tercera perjudicada Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, objetó las documentales anexas a la demanda de amparo, consistentes en copias notarialmente certificadas de una factura y tarjetas de circulación; asimismo, adujo que en el caso se surtía la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo (fojas 377 a 382 del expediente de amparo indirecto).

7. El veintiuno de febrero de dos mil cinco, se llevó a cabo la audiencia constitucional en la que se recibió la testimonial ofrecida por el quejoso a cargo de Laura Landa Gutiérrez y María Elena Arrambide Santamaría, empero, se declaró desierta por cuanto a la ateste María Elva González Saucedo, al no haber acudido a deponer. No obstante lo anterior, el Juez de Distrito suspendió la audiencia para su posterior reanudación, con el fin de tramitar el incidente a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Amparo, a virtud de la objeción planteada por la tercera perjudicada Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Cabe acotar que durante el lapso de la suspensión se realizó la prueba de inspección judicial propuesta por el quejoso (fojas 419 a 424 y 429 del expediente en consulta).

8. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil cinco, el quejoso Rubén Cantú Damas ofreció como pruebas en el incidente de objeción, el original de la factura número 6292, de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, en la que funda sus pretensiones, así como originales de las tarjetas de circulación y pagos de refrendo y tenencias de los años dos mil tres y dos mil cuatro. Por su parte, la tercera perjudicada objetante ofreció como pruebas de su intención las siguientes: a) la que denominó "confesional", consistente en las manifestaciones vertidas por el quejoso en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en torno a la adquisición del vehículo disputado, particularmente por cuanto afirmó haber comprado el vehículo a una persona llamada Ramsés Mireles García, en tanto que la factura fue expedida a su nombre por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable; b) Inspección judicial, en los archivos de esta última para verificar la adquisición del automóvil en cita, el pago recibido por la operación, la copia de la factura exhibida, los asientos contables y el pago de las contribuciones relativas; c) Documental privada consistente en la factura número 85360 expedida a su favor por Volkswagen de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dos, referente a la adquisición del vehículo en cuestión; y, d) Documental consistente en copia certificada de la factura número 2107, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos, expedida por Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, a favor de Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Con dichos medios probatorios la objetante pretendía demostrar que la compraventa aducida por el quejoso es un acto simulado, porque el supuesto vendedor nunca tuvo la propiedad del bien controvertido (fojas 430 a 437 y 439 a 443 ídem).

9. Cabe señalar, que no obstante distintas gestiones judiciales realizadas con el fin de perfeccionar la inspección ofrecida por la tercera perjudicada objetante, ésta no pudo realizarse por falta del domicilio de la persona moral denominada Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues dicha empresa fue requerida por conducto de su representante legal para proporcionar su domicilio, sin que haya dado cumplimiento a ello, incluso, en autos de veintisiete de junio y siete de julio de dos mil cinco, se le impusieron medios de apremio consistentes en multas; finalmente, en auto de veintiséis de julio del año en cita se ordenó su comparecencia por conducto de la fuerza pública, por lo que se ordenó girar oficio a la Agencia Federal de Investigación con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días presentaran al representante de dicha empresa a fin de que proporcionara un domicilio dónde realizar la probanza aludida; sin embargo, no fue posible cumplir el mandato del Juez de Distrito quien, incluso, en auto de veintinueve de agosto de dos mil cinco impuso multa a la autoridad investigadora por haber incumplido lo solicitado. Por último, cabe mencionar que mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil cinco, Homero Rafael Guerra Moreno (representante legal de Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable) señaló domicilio para oír notificaciones, autorizados y solicitó copias, empero, hizo caso omiso al requerimiento formulado por el a quo federal (fojas 536, 548, 555, 588 y 603 del expediente de amparo indirecto).

10. El veintidós de septiembre de dos mil cinco, el Juez de Distrito reanudó la audiencia constitucional, tuvo por recibidas y desahogadas las pruebas rendidas dentro del incidente de objeción, excepto la de inspección, la cual tuvo por desierta por imposibilidad material, ya que no fue posible obtener el domicilio de la empresa Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante haber impuesto los medios de apremio marcados por la ley (al respecto aplicó por analogía el criterio titulado: "PRUEBA TESTIMONIAL. REBELDÍA DE LOS TESTIGOS HABIÉNDOSE AGOTADO LAS MEDIDAS DE APREMIO. PROCEDE SU DESERCIÓN."). Acto continuo, el a quo federal resolvió el incidente de objeción propuesto el cual declaró infundado por insuficiencia de las pruebas rendidas por la objetante y, finalmente, dictó resolución constitucional en la que determinó conceder el amparo solicitado por Rubén Cantú Damas (fojas 607 a 619 ídem).

11. Dentro de la audiencia constitucional, el Juez de Distrito dictó una interlocutoria con motivo de la objeción de falsedad, resolución cuyo tenor literal es el siguiente: "Visto para resolver el incidente de objeción de documento promovido por el licenciado Porfirio Jiménez Carrera, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por el tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, referente al documento que anexó la parte quejosa Rubén Cantú Damas a su demanda de garantías, consistente en la factura número 6292 de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, expedida por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del quejoso. Mediante escrito recibido el nueve de febrero de dos mil cinco, el licenciado Porfirio Jiménez Carrera, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por el tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió incidente de falsedad de documento, impugnando de falso la documental privada consistente en la factura número 6292 de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, expedida por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima, a favor del quejoso. Se señalaron las doce horas con quince minutos del veintidós de septiembre de dos mil cinco, para la celebración de la audiencia constitucional y, como consecuencia del incidente de objeción de falsedad planteado, con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo, se suspendió la misma, para efecto de dar oportunidad a las partes de ofrecer las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad de la documental objetada de falsa. La parte quejosa hizo manifestaciones respecto de la autenticidad de la documental en cuestión y ofreció como de su intención las pruebas documentales consistentes en el original de la factura número 6292 de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, expedida por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del quejoso, tarjetas de circulación y recibos de tenencia y refrendo a nombre del quejoso. El licenciado Porfirio Jiménez Carrera, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por el tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, ofreció las pruebas documentales consistentes en el original de la factura 85260 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil dos, expedida por Volkswagen de México, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de la tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como copia certificada de la factura 2107 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos, expedida por dicha tercero perjudicada a favor de Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, desprendiéndose de autos que no obra prueba alguna por parte del promovente del presente incidente de objeción de documento, tendiente a acreditar la autenticidad de la factura impugnada, aun cuando la parte incidentista ofreció diversas documentales con las que pretendió acreditar la veracidad de la factura en comento, aunado a que como ya quedó asentado en líneas anteriores la prueba de inspección judicial ofrecida se dejó de recibir en virtud de la imposibilidad de su desahogo. En tales condiciones, y al no haberse aportado prueba alguna tendiente a demostrar que la factura que se anexó a la demanda de garantías fuera falsa, se debe declarar infundada la objeción de falsedad planteada, máxime que la parte quejosa exhibió el original de la factura con la que demostró la adquisición del vehículo en cuestión en fecha treinta de diciembre de dos mil dos, sin que en el caso exista prueba que haga dudar de su autenticidad. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, página 338, que dice: ‘FALSEDAD DE DOCUMENTOS, OBJECIÓN DE. CARGA DE LA PRUEBA. Cuando la negativa de la autenticidad de un documento no se haga en forma lisa y llana, sino que implique la afirmación de otro hecho, como lo es que las firmas del mismo son falsas, corresponde a la parte objetante la carga de la prueba para acreditar la falsedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal.’. Finalmente, no es el caso de aplicar la multa a que se refiere el último párrafo del artículo 153 de la Ley de Amparo, al tercero perjudicado incidentista, en virtud de que dicha facultad es potestativa a este juzgador; y en el caso, se considera que no se encuentra acreditada una actitud temeraria por parte del promovente de la incidencia para retrasar el trámite del presente juicio, que amerite la imposición de esa sanción pecuniaria; máxime que la interposición del incidente no se tradujo en un perjuicio para la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 153 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundada la objeción de falsedad respecto de la factura que anexó el quejoso a su demanda de garantías, planteada por el tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del licenciado Porfirio Jiménez Carrera, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo por dicho tercero perjudicado." (fojas 608 reverso a 610 reverso del expediente de amparo indirecto).

SEXTO. Son jurídicamente ineficaces los agravios hechos valer los que, por cuestión de método, se analizarán en diverso orden del propuesto, atendiendo a cada argumento en particular.

Inicialmente, debe analizarse el alegato que involucra una cuestión de índole procesal, por cuanto se aduce que la prueba de inspección propuesta por la aquí recurrente no se realizó por causas imputables al Juez de Distrito, pues dice el a quo federal debió agotar todas las medidas de apremio, o bien, de acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, recabar de oficio las pruebas necesarias.

Deviene ineficaz el aserto sintetizado, en la medida de las siguientes consideraciones.

Tal como se precisó en el considerando anterior, consta en autos del juicio de amparo indirecto que a través de ocurso presentado el siete de marzo de dos mil cinco, Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable ofreció diversos medios de convicción para demostrar la objeción de falsedad planteada, entre otros, la prueba de inspección judicial en los archivos contables de Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, para verificar la adquisición del automóvil disputado, el pago recibido por la operación, la copia de la factura exhibida, los asientos contables y el pago de las contribuciones relativas; sin embargo, no fue posible perfeccionar dicha probanza por falta del domicilio de la empresa mencionada, cuyo representante legal fue requerido para tal efecto, sin que haya dado cumplimiento; incluso, por tal motivo, en autos de veintisiete de junio y siete de julio de dos mil cinco, se le impusieron medios de apremio consistentes en multas (por quinientos y mil pesos) y, finalmente, en auto de veintiséis de julio del año en cita se ordenó su comparecencia con auxilio de la fuerza pública, para lo cual se giró oficio a la sede local de la Agencia Federal de Investigación, pero no fue posible cumplir el mandato del Juez de Distrito quien, incluso, en auto de veintinueve de agosto de dos mil cinco impuso multa a la autoridad investigadora por haber incumplido lo solicitado. Cuestión que a la postre motivó la declaratoria de deserción de la citada probanza.

Ahora, el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece:

"Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de mil pesos, y II. El auxilio de la fuerza pública. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia."

Pues bien, adverso a lo sostenido por la disconforme, no es verdad que la falta de desahogo de la prueba de inspección sea imputable al Juez de Distrito, ya que basta imponerse de autos para advertir que éste hizo uso de todos los medios legales a su alcance para lograr la materialización de la citada probanza (multa y auxilio de la fuerza pública), sin embargo, la notoria contumacia del representante legal de la tercera perjudicada Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable constituyó un obstáculo material para concretar ese medio de convicción (ello, con independencia de la responsabilidad que de dicha rebeldía pudiera derivar de acuerdo con la última parte del numeral reproducido).

Luego, si agotados los medios de apremio no fue posible realizar la inspección, es dable concluir que la declaratoria de deserción hecha por el a quo federal no es contraria a derecho, pues aun cuando de conformidad con los artículos 59 y 90 del código procesal civil federal, el juzgador puede apremiar a la persona de quien se requiera su colaboración para realizar una prueba, lo cierto es que agotado el medio legal, sin conseguir el fin buscado, el juicio no puede prolongarse indefinidamente (por efecto del artículo 17 constitucional), entonces, es jurídicamente correcto -como lo hizo el a quo federal- declarar desierta la prueba, pues el juzgador, actuando dentro del marco jurídico que lo rige, carece de otros instrumentos para vencer la contumacia de una persona (ello, se insiste, al margen de lo previsto en el último párrafo del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

En lo atinente a que la responsable debió recabar oficiosamente las pruebas, debe decirse que la recurrente parte de una premisa inexacta, si se considera que el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo dispone: "El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."

Del texto reproducido se colige que la ley no impone al Juez de amparo la obligación de recabar cualquier tipo de pruebas -a manera de instructor oficioso- sino sólo aquellas que, rendidas ante la autoridad responsable, no obren en el expediente de amparo y sean necesarias para apreciar en su justa dimensión el acto reclamado. En este sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 108, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", determinó que la finalidad perseguida por el legislador en el artículo 78 de la Ley de Amparo consiste en que el juzgador tenga a la vista todos aquellos elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, se estimen imprescindibles para resolver los planteamientos en torno a los cuales gira la controversia sometida a su potestad, para lo cual debe allegarse de ellos oficiosamente.

Así, es inconcuso que la recurrente tergiversa el sentido del precepto en cuestión pues, en la especie, la prueba de inspección que refiere la inconforme, ni siquiera forma parte de las actuaciones que integran el juicio de origen, sino que obedece a una objeción de falsedad planteada por la propia recurrente.

Ahora, no se desconoce que la intención de la recurrente al proponer la objeción de mérito era evidenciar una causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso, de conformidad con el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y que, por esa razón, pudiera considerarse que el Juez de Distrito estaba obligado a recabar las pruebas necesarias, sin embargo, si como ya se puso de manifiesto con antelación, en la especie existió una situación de hecho que impidió al juzgador de amparo el desahogo de la probanza relativa (a saber, la contumacia del representante legal de la empresa Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, en designar un domicilio dónde realizar la inspección en los registros contables), no obstante haber agotado los medios de apremio a su alcance, es claro que ese impedimento limita la posibilidad de acopio probatorio. Ello con independencia de los efectos que pudieran derivar de la conducta contumaz señalada.

Diversa inconformidad de carácter formal se aduce en el sentido de que el a quo federal soslayó analizar las pruebas ofrecidas para acreditar la falsedad de los documentos exhibidos por el quejoso, entre otras, la "confesión expresa" del quejoso con motivo de las manifestaciones vertidas en la demanda de garantías, pues adujo haber comprado el vehículo a Ramsés Mireles García pero exhibió una factura expedida por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Es fundado pero inoperante el agravio relatado, según se pondrá de relieve a continuación.

De las constancias que integran el expediente de amparo indirecto, se desprende que por escrito presentado el siete de marzo de dos mil cinco, la ahora recurrente, a través de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, ofreció diversos medios de convicción dentro del incidente previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, entre otros, el que denominó "confesional expresa del quejoso", consistente en las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, particularmente, por cuanto afirmó haber adquirido la unidad motriz disputada mediante compraventa realizada con Ramsés Mireles García y, sin embargo, exhibe una factura expedida por Sistemas y Servicios de Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo cual, afirmó la aquí recurrente, demuestra una falsificación, pues no consta que el supuesto vendedor haya expedido o endosado alguna factura a favor del quejoso.

Asiste razón a la inconforme por cuanto señala que el Juez de Distrito omitió valorar la probanza aludida, pues no obstante que con fecha veintidós de septiembre de dos mil cinco, en la reanudación de la audiencia constitucional, acordó lo siguiente: "... asimismo, se tiene al tercero perjudicado Eurocenter Laredo, Sociedad Anónima de Capital Variable ofreciendo como de su intención la documental expresa ... pruebas que en razón de su naturaleza y al no requerir desahogo especial alguno, se admiten en sus términos ..." (fojas 607 reverso del expediente de amparo indirecto), basta la simple lectura del fallo recurrido para advertir que ni al resolver el incidente de objeción ni en la resolución constitucional, el Juez de Distrito vertió pronunciamiento alguno en torno a dicha probanza, omisión que transgrede el principio de congruencia que rige las resoluciones jurisdiccionales.

En esas condiciones, se hace necesario que este tribunal supla esa deficiencia y asuma jurisdicción para analizar ese medio probatorio.

Al respecto, debe decirse que si bien, por cuestión de técnica jurídica, dicha prueba no puede considerarse propiamente como una confesión expresa (dada la connotación que la ley da a ese tipo de prueba [ver artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles] y atento a la prohibición establecida en el artículo 150 de la Ley de Amparo), lo cierto es que el Máximo Tribunal del país ha sostenido en reiterados criterios, que la protesta de decir verdad prevista en el artículo 116, fracción IV, de la ley de la materia, y las manifestaciones relativas, tienen por efecto sujetar al quejoso a las consecuencias previstas en el numeral 211 de la Ley de Amparo(1) y, por esa razón, hacen prueba sin necesidad de ser ofrecida como tal.

En el capítulo de "antecedentes del acto reclamado" el quejoso manifestó lo siguiente: "1. En fecha 27 de diciembre del año 2002, en el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el suscrito quejoso Rubén Cantú Damas, llevé a cabo una operación de compraventa con el señor Ramsés Mireles García, respecto a un vehículo de motor marca Volkswagen, tipo jetta A-4, cuatro puertas, automático, modelo 2003, color gris platino con número de serie 3VWRV09M33M097403 y con número de motor BEJ053785, teniendo el compareciente el carácter de comprador y el señor Ramsés Mireles García el carácter de vendedor, lo cual me permito acreditar con la factura número 6292 de fecha 30 de diciembre del año 2002, expedida por la empresa denominada Sistemas y Servicios de Telefonía, S.A. de C.V., mismo documento que se encuentra expedido a favor del compareciente ..." (fojas 8 del expediente de amparo indirecto).

La ahora recurrente pretende derivar de las manifestaciones reproducidas, la falsedad de la factura exhibida por el quejoso, lo cual resulta desacertado, pues el hecho de que la operación la hubiere concertado con una persona y la factura la hubiese expedido otra, de ninguna manera implica, necesariamente, que aquél era dueño de la unidad motriz y, por ello, la factura debiera estar a su nombre, pues bien pudo tratarse de un intermediario. Además, si la finalidad de la objetante era evidenciar la falsedad de la factura, entendida como la falta de veracidad o autenticidad, o bien, disconformidad entre las palabras, ideas y cosas, mutación u ocultación de la verdad,(2) es inconcuso que el hecho a demostrar dentro del incidente a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Amparo, es que la factura exhibida por el quejoso adolece de los vicios apuntados, lo cual no puede inferirse de las afirmaciones preinsertas, pues de éstas sólo se desprende la narrativa del quejoso de cómo adquirió el vehículo disputado, empero, se insiste, ello no conduce indefectiblemente a concluir en la falsedad de la factura (lo anterior, sin desdoro de que, como se verá con posterioridad, ante las autoridades del orden común pueda demostrarse lo contrario).

En adición a lo anterior, cabe señalar que en el fallo combatido, el a quo federal no basó su determinación en la factura exhibida por el quejoso, pues claramente estableció que dicho documento, al haber sido objetado perdió todo valor probatorio -como así lo reconoce la inconforme en sus agravios-; razón por la cual, el Juez Federal basó su determinación en el resto del cúmulo probatorio, particularmente, en las tarjetas de circulación y pagos por contribuciones, así como la testimonial, lo que proporcionó certeza al juzgador del derecho defendido por el quejoso, ello, se insiste, sólo para efectos del juicio de amparo y la tutela de las garantías individuales de los gobernados, pero al margen de lo que pueda demo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19805-25df8439/prueba-de-inspeccion-judicial-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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