AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE ADUCEN NUEVOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CONTRA EL DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO QUE NO SE HICIERON VALER ANTE EL JUEZ DE DISTRITO.
AMPARO EN REVISIÓN 194/2005. SOPORTE LABORAL, S.A. C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El análisis de los agravios formulados por la parte recurrente permite realizar las consideraciones siguientes.
Aduce la parte recurrente que la Juez de Distrito, al pronunciar la sentencia recurrida, violó las formalidades esenciales del procedimiento y las garantías de la parte quejosa por no fundar ni motivar debidamente su resolución.
Al caso, previamente debe establecerse que son inoperantes los agravios que se formulan en los que se afirma que los Jueces de Distrito violan garantías individuales cuando actúan como órganos de control constitucional, debido a que dada la naturaleza de las sentencias dictadas en materia de amparo, en todo caso, sus sentencias deben ser examinadas a la luz de los requisitos que exige la Ley de Amparo para dictarlas.
Sobre este extremo, se invoca la jurisprudencia sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, misma que se encuentra publicada con el número 35, de las páginas 28 y 29, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Afirma la parte recurrente que resulta falso lo afirmado en la sentencia en el sentido de que las constancias levantadas por el actuario responsable con motivo de las diligencias realizadas para emplazar a la parte quejosa se ajustan a lo establecido por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que afirma que dicho funcionario se concretó a sostener que se constituyó en el domicilio de la demandada, sin haberse cerciorado de que efectivamente en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio, y aludir que una "secretaria", que no proporciona su nombre y mucho menos se identifica, no constituye la razón pormenorizada contemplada por el artículo 743 antes referido; agregando que no especificó las características del lugar ni los datos de la persona que le atendió y le informó de la certeza del domicilio, siendo insuficiente que dijera ser "secretaria" del lugar, sin señalar que sea empleada de la empresa o de la fuente de trabajo que se notificaba; argumentos que deberán ser desestimados.
En efecto, tal como lo sostuvo el juzgador, de las actas levantadas por el actuario responsable se puede observar que sí hubo un cercioramiento adecuado respecto a que el domicilio en que se practicaban esas diligencias era el de la parte demandada, hoy quejosa, puesto que se consignaron como elementos de tal aseguramiento los siguientes: 1. La placa de nomenclatura de la calle adherida a la finca de la esquina más cercana; 2. El número oficial del inmueble en que se encontraba; 3. El tener a la vista el negocio que se ordenó llamar a juicio; y, 4. La manifestación bajo protesta de decir verdad de la persona con quien entendió la diligencia, en el sentido de que ahí es el negocio demandado.
Respecto a este último punto, se debe decir que de las constancias levantadas por el actuario se puede apreciar que hizo saber a la persona que lo atendía el objeto de la diligencia, a lo que se le contestó bajo protesta de decir verdad que ahí es el negocio demandado, lo que motivó que el actuario requiriera por algún documento para mayor cercioramiento, a lo que la persona que lo atendió refirió no tener alguno a la mano, pero indicó ser secretaria del lugar, negándose a proporcionar su nombre, y ante ese hecho el diligenciario procedió a tomar nota de su media filiación, indicando al respecto que se trataba de mujer de tez morena clara, delgada, de aproximadamente veinticinco años, de pelo lacio castaño y largo, y ojos de color café; y tras requerir a dicha persona por la presencia del representante legal de esa negociación ubicada en el domicilio en que se actuaba (calle Sol número 2828, colonia Jardines del Bosque), denominada Soporte Laboral, Sociedad Anónima de Capital Variable, le informó de nuevo que ahí es el negocio demandado y no está el requerido; ante lo cual el diligenciario hizo bien, primero, en dejar en poder de esa persona el citatorio para que se le esperara al día siguiente y en esa nueva fecha realizar el emplazamiento por conducto de la misma, corriendo traslado de copia autorizada y cotejada de la demanda inicial, así como del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil tres.
Ahora bien, analizando lo realizado en las diligencias por parte del actuario responsable, se debe llegar a la conclusión de que efectivamente se ajustó a lo prevenido por la ley laboral, en cuanto a consignar los elementos que tuvo a su alcance para dejar constancia de la manera en que llegó a cerciorarse de que en ese lugar tiene su domicilio la parte demandada, puesto que, como se vio, atendió a la placa con el nombre de la calle, el número de la finca, tuvo a la vista la negociación, una persona bajo protesta de decir verdad le indicó que en ese lugar es el domicilio del negocio demandado, de donde era secretaria, negándose a dar su nombre, por ende, a identificarse (a lo que el diligenciario no la podía obligar), señalando que no contaba con documento a la mano para mayor cercioramiento de la negociación (cosa que tampoco se puede exigir), y ante todo ello procedió el funcionario a describir a la persona con quien entendió la diligencia, aportando su aspecto físico, como lo es su probable edad, tipo de piel, color de pelo, de ojos y su complexión; de donde se obtiene que no únicamente se le indicó que en ese lugar era el domicilio del negocio demandado, sino que tal señalamiento se realiza bajo protesta de decir verdad por quien dice ser secretaria del mismo, y si bien se negó a dar su nombre, ello no es imputable al diligenciario, ni tampoco podía exigir la exhibición de un documento que relacionara a la empresa demandada, porque al requerirlo, la persona que lo atendió señaló expresamente que no tenía alguno a la mano, sin que fuera dable que se suspendiera la diligencia hasta que se encontrara una persona que sí quisiera identificarse y que sí proporcionara ese documento, ya que tales extremos no son requeridos por la ley.
Sobre lo anterior, resulta no sólo aplicable sino obligatoria la jurisprudencia 4a./J. 26/94, formulada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 29, que dispone literalmente lo siguiente:
"NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio."
De lo anterior se evidencia que el diligenciario no sólo se fundó en el dicho de la persona que lo atendió para desahogar las diligencias, sino que hubo otros medios que tuvo a su alcance, como fueron el tener a la vista la placa con el nombre de la calle y el número de la finca, así como que asentó tener a la vista el negocio demandado; además, sí proporcionó los datos pertinentes de la persona quien le informó sobre la certeza del domicilio, dado que ante su negativa a proporcionar su nombre (y, por ende, a identificarse), asentó su apariencia física, destacando que no sólo indicó que en ese lugar se encontraba la negociación demandada, sino que ello obedece a que la misma sostuvo ser secretaria del lugar, es decir, no se trata de una simple afirmación sin fundamento, sino de una persona vinculada a la negociación, puesto que dice que en ese lugar está el domicilio de la demandada.
Contra lo afirmado en los agravios, de las constancias levantadas por el actuario responsable se puede afirmar que la persona con quien entendió la diligencia expresó laborar para la demandada, hoy quejosa, puesto que, por una parte, se tiene que el funcionario le indicó el objeto de la diligencia, requiriéndole por la presencia del representante legal de la negociación denominada Soporte Laboral, Sociedad Anónima de Capital Variable, indicando que no se encontraba y que ahí es dicha negociación demandada; agregando bajo protesta de decir verdad que efectivamente en ese lugar está la negociación demandada y ser secretaria del lugar, con lo cual se entiende que es secretaria de tal negociación que ahora resulta ser la parte quejosa, sin que, como ya se dijo, obste el hecho de que no se identificara y no proporcionara documentos para corroborar el cercioramiento, dado que esos aspectos no se exigen ineludiblemente como requisitos indispensables para tener certeza de que en ese lugar es el domicilio de la parte demandada.
Por lo anterior, aun cuando resulta cierto que el juzgador citó en la sentencia que la persona con quien entendió la diligencia el actuario dijo ser secretaria de la empresa demandada, ello resulta válido concluirlo, porque al afirmar dicha persona que en ese domicilio es la negociación demandada, misma que se le comunicó por el actuario al hacerle saber el objeto de la diligencia y requerirle por la presencia del representante legal de la negociación, se le dijo el nombre de la empresa, expresándolo como: "Soporte Laboral, Sociedad Anónima de Capital Variable", a lo que indicó que ahí era la negociación demandada e indicó ser secretaria de dicho lugar, concluyéndose que su afirmación implica que es secretaria de la negociación demandada, que como se ha visto, identifica como la hoy quejosa.
En sus agravios la parte recurrente también sostiene que el dicho de una persona indeterminada por sí solo es insuficiente para afirmar que se trata del domicilio del demandado, alegación que se debe considerar inoperante, ya que si bien es cierto lo que se indica, en el caso a estudio no fue el único medio de cercioramiento con que contaba el diligenciario, puesto que, como ya se ha visto, observó la placa con el nombre de la calle, el número fijo en el inmueble, asentó que tuvo a la vista la negociación demandada y se corroboró todo lo anterior con el dicho de una persona que bajo protesta de decir verdad indicó que ahí era la negociación demandada, misma que se identificó como Soporte Laboral, Sociedad Anónima de Capital Variable, afirmando ser secretaria de ese lugar, lo que, como ya se ha visto, se debe entender como de la empresa ahora quejosa.
De igual manera se debe desestimar el requerimiento que pretende la parte recurrente en sus agravios que debió satisfacer el diligenciario, en el sentido de especificar las características del lugar, puesto que los medios de cercioramiento que resultaba indispensable que consignara, como son el ubicar la calle y el número correspondientes al domicilio, fueron satisfechas, además de que dijo dicho actuario tener a la vista el negocio que se ordenó llamar a juicio y si bien no lo describe, ello no resulta ser un exigido por la ley para tener por demostrado que dicho actuario se cercioró del domicilio de la demandada, hoy quejosa; máxime que se corroboró por el dicho bajo protesta de decir verdad de una persona que indicó que ahí era la negociación demandada y ser secretaria de ese lugar (por ende, de la empresa).
En cuanto al argumento que se formula en los agravios en el sentido de que el actuario no se aseguró de atender la diligencia con el representante de la persona moral o que la persona que lo atendía tuviera facultades de representación, se debe considerar inoperante, dado que el mismo no formó parte de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de garantías, de tal suerte que su estudio no fue materia de la litis constitucional y por ello este tribunal no puede ahora abordar su análisis.
Al respecto se reitera la tesis III.2o.T.22 K de este propio Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, página 887, que es del tenor literal siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE ADUCEN NUEVOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD QUE NO SE HICIERON VALER ANTE EL JUEZ DE DISTRITO Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO ÚNICAMENTE ANALIZARÁ LOS ASPECTOS ALEGADOS COMO VICIOS DEL EMPLAZAMIENTO ANTE AQUÉL. Si el quejoso impugna en amparo los vicios del emplazamiento hecho en el juicio, por los cuales considera debe declararse su ilegalidad, el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia que resuelva aquél, únicamente debe ocuparse de los aspectos que fueron alegados ante el Juez de Distrito como vicios del emplazamiento impugnado, toda vez que solamente ellos formaron parte de la litis constitucional y a su vez sólo pueden conformar la materia del recurso de revisión; en consecuencia, si se aducen nuevos motivos de inconformidad que no se hicieron valer en los conceptos de violación ante el Juez de Distrito, resultan inoperantes por ser ajenos a la litis constitucional."
También dice la parte recurrente que el dicho de una persona indeterminada es insuficiente para que el diligenciario tuviera la certeza de que dicha persona entregaría la constancia del citatorio para que se atendiera al mismo, y mucho menos atender el posterior emplazamiento haciendo entrega de las copias con que se corría traslado; argumentos que devienen inoperantes, puesto que si bien es cierto que ello no le generaba esa certeza al diligenciario, lo relevante al respecto es que se trata de un cercioramiento o convicción que no se requiere para la validez del emplazamiento, puesto que no existe disposición legal alguna que establezca que al notificar y emplazar a un demandado el actuario deba cerciorarse de que si lo atiende con una persona que no representa a quien se le ordenó emplazar, le entregue a su destinatario las constancias que le deje para atender el citatorio y posterior emplazamiento, es decir, se trata de un requisito no exigido por la ley, que dicho sea de paso, resulta excesivo, puesto que sería muy difícil que se creara la convicción de que se cumpliría con la entrega referida, a no ser de que el destinatario acudiera al juicio laboral, con lo cual se despejaría la duda, haciendo evidente que sí se entregaron.
También se alega por la parte inconforme que la media filiación que describe el actuario en las constancias levantadas con motivo de las diligencias llevadas a cabo para realizar el emplazamiento es muy general e inconcusa (sic) para determinar si alguien que pudiera haberse encontrado presente fuese conocida de la empresa; argumento que deviene infundado, dado que de la media filiación descrita por el diligenciario se aprecia que definió el sexo, probable edad, complexión, color de piel, ojos y cabello de la persona, que son los datos que puede apreciar a simple vista, sin que se puedan exigir mayores descripciones, puesto que son sólo las genéricas las que pueden ser observadas y descritas por el común de las personas y resultan suficientes para conocer su aspecto y condición particular.
Además, no se requiere en esos casos que se dé la media filiación. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 162/2004, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, página 68, que es del tenor literal siguiente:
"EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación."
Respecto al agravio que se formula en el sentido de que algunos de los argumentos del juzgador en la sentencia fueron suposiciones que en todo caso pudieran ser otras, se debe decir que las prevenciones o estimaciones genéricas que se hacen en la sentencia son únicamente enunciativas de las consideraciones en que se basó para emitir la sentencia en el sentido en que lo hizo y dar el tratamiento que estimó adecuado para los argumentos que se hicieron valer por la parte quejosa, por lo cual esa referencia genérica no puede deparar perjuicio alguno ni agravio a la parte recurrente, sino que, por el contrario, se evidencia que se formularon con la sana intención de clarificar los puntos y argumentos jurídicos en que se basó su decisión.
Se duele también la parte recurrente de que en la sentencia se hace referencia a un expediente y a una persona moral que no corresponden al caso en estudio, además de que el juzgador afirma hechos que no se contienen en las actas levantadas por el actuario, señalando la quejosa que por ese motivo la sentencia combatida resulta ilegal y que la convierte en incongruente; argumento que a pesar de ser fundado no puede tener el alcance jurídico que se pretende y debe considerarse inoperante.
Para así considerarlo se debe tener presente que a pesar de que en algunas partes de la sentencia se contienen las incongruencias que se destacan por la recurrente en los agravios, a final de cuentas ello no resulta suficiente para que la sentencia sea invalidada por completo, ya que sí contiene una serie de expresiones y razonamientos encaminados al análisis de los motivos de inconformidad que se hicieron valer en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta también las constancias del juicio laboral, cuya copia certificada obra en autos del juicio de garantías, por lo que se cuenta con suficientes elementos para sustentar la sentencia, de modo que los errores que por citas indebidas e incongruentes que se cometen no son de tal magnitud de que toda la sentencia se deba considerar errónea, sino únicamente los aspectos que la propia parte agraviada destaca; ante ello, prescindiendo de esas citas, se tiene que el resto de la sentencia sí resulta atinente a las partes y constancias propias de los juicios laboral y de amparo de los que deriva este recurso, haciendo con ello inoperantes los reclamos que al respecto se analizan.
También refiere la parte quejosa que el juzgador omitió analizar el cuarto concepto de violación, lo que se estima fundado, puesto que basta dar lectura a la sentencia para apreciar que efectivamente se omite hacer análisis de los motivos de inconformidad contenidos dentro del cuarto concepto de violación del capítulo respecto de la demanda de garantías.
Tras considerarse fundado el motivo de agravio analizado en último término, se impone que este Tribunal Colegiado, con apoyo en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, deba abordar el estudio de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.
SEXTO. El análisis de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, cuyo estudio no se abordó por el juzgador, permite realizar las consideraciones siguientes.
Refiere en los motivos de inconformidad la parte quejosa que lo asentado por el actuario en las actas levantadas con motivo del emplazamiento no se debe entender como una afirmación inequívoca de certeza como lo exige el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; argumento que resulta infundado, en la medida de que, como ya se ha dicho en esta resolución, fue correcto que el actuario tuviera por comprobada la certeza de que el domicilio en que actuaba para la realización del emplazamiento es el de la parte demandada, hoy quejosa, mediante los medios que se han destacado y ahora se reitera, consistieron en la placa con el nombre de la calle, el número fijo en el inmueble, el que asentara que tuvo a la vista la negociación demandada y que se lo corroboró una persona bajo protesta de decir verdad, aduciendo que ahí es la negociación demandada, persona que identificó a la buscada como Soporte Laboral, Sociedad Anónima de Capital Variable, manifestando también ser secretaria de ese lugar y negándose a proporcionar su nombre, de tal suerte que, contra lo alegado por la parte quejosa, sí se tuvo certeza sobre el domicilio en términos de lo previsto por la fracción I del numeral 743 de la ley laboral.
Respecto a dicha certeza sobre el domicilio abunda la parte agraviada, alegando que el actuario debió precisar el lugar exacto en que se haya constituido legalmente para la práctica de las diligencias de emplazamiento, así como que en el mismo la persona que buscaba habita, trabaja o tiene su domicilio, así como que el hecho de que en un formato preestablecido se consigne que tuvo a la vista la placa con la nomenclatura de la calle, adherida a la esquina más cercana, ello no implica que esté constituido en el inmueble, puesto que del mismo no hace descripción alguna, además de que no se entregaron al funcionario documentos para su mayor cercioramiento; argumentos que también se desestimarán, debido a que el actuario sí precisó el lugar exacto en que practicó las diligencias de emplazamiento, cerciorándose del domicilio en los términos en que se han citado ya en esta resolución, con los medios que se desprenden de las actas que se levantaron para tal efecto, mientras que el hecho de que en las actas se use un formato donde se consigna el tener a la vista el nombre de la calle, hace que se tenga por realizado ese acto, puesto que el actuario goza de fe pública en la realización de sus funciones, por lo que si afirma, aun siendo en formato preimpreso, que se constituye en un lugar y tiene a la vista la placa con la nomenclatura de la calle y firma la constancia relativa, se debe entender que efectivamente eso sucedió de la manera apuntada, máxime cuando, como en el caso, existen otros medios que condujeron al diligenciario a estimar que sí era el lugar en que la parte demandada tiene su domicilio, sin que fuera necesario que ineludiblemente describiera el inmueble, puesto que no hay disposición legal que lo obligue a hacerlo, sino únicamente a que consigne los medios que tuvo a su alcance para cerciorarse de que se trata del domicilio de la parte demandada a quien se pretendía emplazar, lo que en reiteradas ocasiones se ha visto en esta resolución que sí se cumplió por el diligenciario, y si bien es cierto que no le fue exhibido documento alguno para un mayor cercioramiento del domicilio, ello no le resulta imputable, puesto que del acta se aprecia que en tal sentido requirió a la persona con quien entendió la diligencia y le manifestó no tener alguno a la mano, por lo cual dicho funcionario carece de facultades para obligar a dicha persona, ni tampoco existe precepto que indique que ante tal evento se deba suspender la diligencia y en una nueva fecha intentar el emplazamiento.
Con relación a la persona con la que el actuario asienta en sus constancias que entendió las diligencias para realizar el emplazamiento a la parte quejosa, aduce la misma en sus conceptos de violación que no se conoce su nombre y que de sus rasgos físicos se deduce que no trabaja para esa empresa, además de que el actuario no la identifica plenamente ni la requiere para que le exhiba documento alguno para hacerlo, sin que se desprenda tampoco que el diligenciario la conoce o si a dicha persona la identifican dos testigos o si se identifica ante su presencia; argumentos que se deben desestimar por infundados, ya que como se asentó en las actas cuestionadas, la persona con quien el actuario entendió la diligencia se negó a proporcionar su nombre, de donde resulta obvio que si alguien no quiere proporcionar su nombre y apellidos, mucho menos estará dispuesto a exhibir un documento que lo identifique; de tal suerte que no se identificó con documento alguno, sin que sea el caso de que el actuario requiriera que le exhibiera un documento para tal efecto, puesto que su negativa a decir su nombre implica que no quiere proporcionarlo y por ello no dirá su nombre; además, de las actas se aprecia qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19311-e8a54503/agravios-inoperantes-en-la-revision-lo-son-aquellos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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