FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 224 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES NO VULNERA EL DERECHO DE ASOCIACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 50/2025. 7 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, QUIEN SE SEPARA DE LA METODOLOGÍA Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, QUIEN SE SEPARA DE LA METODOLOGÍA, LORETTA ORTIZ AHLF; GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ, CON CONSIDERACIONES DISTINTAS QUE INCIDEN EN EL TEMA DE LA TESIS Y RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIADO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Y ALICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona jurídica promovió demanda en la vía ordinaria mercantil donde ejerció la acción de oposición judicial a la fusión en contra de diversas sociedades mercantiles, de quienes reclamó, en esencia, la nulidad absoluta del acuerdo relativo; además, solicitó la suspensión de ese acto jurídico.
El Juez de primera instancia admitió a trámite la demanda y ordenó al Registro Público de la Propiedad anotar en los folios mercantiles respectivos, la suspensión de los efectos de la fusión.
Inconforme con esa determinación la empresa fusionante -demandada- promovió juicio de amparo indirecto donde cuestionó la constitucionalidad del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por restringir el derecho fundamental de asociación previsto en el numeral 9° de la Constitución Federal. El Juzgador de Distrito negó el amparo respecto a la inconstitucionalidad del precepto combatido y concedió la protección solicitada en torno al acto de aplicación.
Contra dicha resolución, tanto la quejosa, como la tercera interesada interpusieron sendos recursos de revisión. El Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para resolver sobre el tema de constitucionalidad.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 50/2025 relativo a los medios de impugnación interpuestos por ********** -quejosa- y ********** -tercera interesada- ambas sociedades anónimas de capital variable contra la resolución dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua.
El problema jurídico que debe resolver este Alto Tribunal consiste en determinar si el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vulnera la garantía de asociación prevista en el numeral 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir a los acreedores oponerse a la fusión de una sociedad mercantil y suspender los efectos de ese acto hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare infundada la oposición.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio ordinario mercantil. El seis de enero de dos mil veintidós **********, sociedad anónima de capital variable promovió en la vía ordinaria mercantil la acción de oposición judicial,(1) en contra de **********, sociedad anónima de capital variable -empresa fusionante- y otras personas jurídicas, de quienes reclamó, en esencia, la nulidad absoluta de la fusión celebrada por éstas -protocolizada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno- y todas sus consecuencias legales, así como gastos y costas.
2. Del asunto conoció el Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en el Estado de Chihuahua, en donde por acuerdo de cuatro de febrero siguiente se admitió a trámite en el expediente **********; asimismo, se instruyó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Morelos para que realizara la anotación correspondiente donde se expresara que la fusión quedaba suspendida hasta que causara ejecutoria el fallo que, en su momento, se dictara en ese procedimiento.
3. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós la demandada **********, sociedad anónima de capital variable promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y de los actos siguientes:
• Congreso de la Unión: La discusión y aprobación del texto vigente del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, expedido mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934.
• C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La sanción y promulgación del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, expedido mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934.
• Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Todo lo actuado dentro del juicio ordinario mercantil **********, incluyendo el auto de 4 de febrero de 2022, donde se ordenó suspender la fusión realizada por la quejosa con diversas empresas, protocolizada el 30 de septiembre de 2022, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
• Registro Público del Comercio para la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Morelos. La ejecución de la resolución de 4 de febrero de 2022 en el juicio ordinario mercantil **********.
4. A título de conceptos de violación, la quejosa formuló, en esencia, los argumentos siguientes:
A) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DEL ARTÍCULO 224(2) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. Los actos reclamados violan en perjuicio de la quejosa los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso, libertad de asociación, propiedad, equidad y libre asociación previstos en los artículos 9, 14 y 16 constitucionales, así como 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; las garantías de legalidad y lo establecido en los numerales 1177, 1178 y 1349 a 1358 del Código de Comercio, además de los artículos 224 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al haberse apreciado inexactamente los hechos y las pruebas;
El análisis de los derechos mencionados revela que la quejosa y el resto de las demandadas tienen derecho a realizar fusiones que estimen necesarias, debido a que ésta implica el ejercicio del derecho de libre asociación contenido en el artículo 9° constitucional, -el cual señala expresamente que no debe coartarse- mediante la combinación de dos o más sociedades;
Así, el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es violatorio del derecho fundamental referido al establecer la oportunidad al acreedor para oponerse a la fusión y la posibilidad de suspenderla hasta que cause ejecutoria la sentencia del procedimiento;
Es oportuno considerar que la norma combatida es previa a la reforma realizada el 10 de junio de 2011 en el numeral 1° constitucional el 10 de junio de 2011, por tanto, no se ajusta al sistema legal actual en el que todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales; máxime que se creó desde 1934, por lo que conserva su texto desde su promulgación;
B) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DEL RESTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es procedente la suspensión de la fusión, ni la orden de hacer las anotaciones correspondientes, en virtud de que el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sólo prevé esas posibilidades para la oposición promovida en la vía sumaria; mientras que, en el caso, la accionante ejerció la acción en la vía ordinaria mercantil. De la interpretación conforme a los derechos humanos y principios rectores del artículo 1° constitucional se advierte que la suspensión de fusión de sociedades mercantiles no está destinada para el procedimiento ordinario mercantil, pues es un hecho notorio que ese tipo de juicios pueden durar años; así, la intención del legislador fue suspender la fusión en un procedimiento corto y siempre y cuando ésta no estuviese en las hipótesis del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
Violación al debido proceso por no haberse respetado el derecho de audiencia. Aún en la hipótesis de que la suspensión de la fusión prevista en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sea aplicable en una vía distinta a la incidental, como lo es la ordinaria mercantil, lo cierto es que debió tramitarse de acuerdo a las reglas de las providencias precautorias, de tal forma que se permitiera a la quejosa alegar y ofrecer pruebas en función al derecho de audiencia y debido proceso, además, la suspensión debió estar fundada y motivada, de modo que el juez tenía la obligación de expresar la necesidad de esa medida, si existía o no un derecho que tutelar, si el acto era susceptible de suspenderse o ya se había consumado y fijar a la actora una garantía suficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran a las demandadas con esa suspensión;
Los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio prevén que cuando las providencias se presenten después de iniciado el juicio debe tramitarse en incidente por cuerda separada en el que se dé vista a la persona en contra de quien se decreten para que alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas; en la especie, la actora no solicitó la suspensión de la fusión como un acto prejudicial, sino una vez iniciado el juicio;
La determinación reclamada violó el artículo 1° constitucional ya que en vez de realizar una interpretación pro persona e inaplicar el artículo 225 -sic- de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se eligió suspender ilegalmente la fusión, sin respetar el derecho de audiencia;
El juez responsable fue omiso en exponer las razones por las que consideró procedente la orden de inscripción de la suspensión de fusión, al respecto, debió motivar la decisión precisando la valoración de los hechos y las pruebas, en tanto que únicamente citó el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ordenó la suspensión y hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Morelos;
El artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles limita el derecho de libre asociación por lo que el juez debió formular una interpretación de acuerdo a los principios del numeral 1° constitucional y los tres pasos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los cuales consisten en la interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación; por lo expuesto, el juzgador debió advertir de oficio que la norma general mencionada despertaba sospechas de que violaba el derecho de libre asociación, el cual de acuerdo al artículo 9° no debe restringirse;
A lo anterior se suma que ese precepto ya no se ajusta al sistema legal actual porque fue creado en 1934, es decir, previo a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011;
Fue ilegal la medida decretada por el juez a causa de que la actora no acreditó un derecho a su favor exigible a las demandadas y que ameritara una providencia precautoria tan grave como la suspensión de la fusión y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en tanto que, la supuesta deuda alegada por la actora fue posterior a la fusión y esta última fue consentida por la accionante al haber recibido la renta los meses de octubre y noviembre de 2021, es decir, posterior a la fusión. Además, en caso de que existiera una deuda derivada del contrato de arrendamiento, ésta sería a cargo de **********, sociedad anónima de capital variable, y no así de la quejosa, pues esa persona jurídica tiene la calidad de arrendataria;
No existe sentencia ejecutoriada que establezca alguna deuda vencida, liquida y exigible a favor de la tercera interesada por lo que ésta carece de legitimación para oponerse a la fusión y solicitar la suspensión;
En la especie, no procedía la suspensión de la fusión debido a que se actualizó el primer supuesto regulado en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consistente en que la fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse. En el presente caso, la fusionante **********, sociedad anónima de capital variable, adquirió la totalidad del pasivo de las fusionadas y tomó a su cargo los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas;
Extemporaneidad. La solicitud de la actora no fue oportuna al haberse promovido fuera del plazo de tres meses previsto en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto empezó a correr desde el 30 de septiembre de 2021 -fecha de inscripción- al 30 de diciembre de 2021.
5. De la demanda conoció el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua en donde por auto de cinco de abril de dos mil veintidós se admitió a trámite en el expediente **********; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó formar el incidente de suspensión.
6. Sentencia recurrida. Seguido el procedimiento en sus trámites, el dos de septiembre de dos mil veintidós el Juez de Distrito dictó sentencia en la que, por un lado, sobreseyó en el juicio respecto a los actos atribuidos a las Cámaras de Diputado y Senadores; por otro lado, negó el amparo en relación con la norma combatida, por último, concedió la protección solicitada en torno al acto de aplicación, debido a las consideraciones esenciales siguientes:
• Las Cámaras de Senadores y Diputados al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, lo que se acredita con el propio artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues se desprende que el 4 de agosto de 1934 fue promulgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades extraordinarias, por lo que es un hecho notorio que las autoridades legislativas no intervinieron en el proceso de creación de esa norma jurídica, cuyo contenido sigue vigente. En ese sentido, es procedente sobreseer en el juicio de amparo respecto a esas autoridades, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo;
• En la especie no opera la suplencia de la queja a favor de la quejosa, al no actualizarse algún supuesto del artículo 79 de la Ley de Amparo y por tratarse de un acto derivado de un juicio mercantil en el que impera el principio de estricto derecho;
• A partir del análisis de los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que regulan la fusión se concluye que es infundado el concepto de violación donde la quejosa sostiene la inconstitucionalidad del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles al estimar que vulnera el derecho de asociarse libremente contenido en el numeral 9° constitucional;
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el derecho de asociación implica la potestad que tienen los individuos de unirse para construir una entidad o persona moral, con personalidad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la conclusión de objetivos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente. Ese derecho fundamental comprende tres aspectos: 1) el derecho de formar una asociación o incorporase a otra, previamente existente; 2) el derecho a permanecer a una corporación o renunciar a ésta; 3) el derecho de no asociarse;
• La libertad de asociarse no es un derecho absoluto e ilimitado pues lo afectan condiciones y restricciones de varias índoles, las cuales supeditan su ejercicio a la preservación del interés y orden público, tales como las relacionadas con el objeto y finalidades de los diferentes tipos de asociaciones o reuniones, así como las personas que pueden o no pertenecer y participar en éstas;
• Es importante reconocer la doble dimensión que encierra la libertad asociativa, de un lado, se trata de un derecho individual, cuya titularidad corresponde a la persona singular en los términos que ya han sido desarrollados por el Pleno del Alto Tribunal. Al mismo tiempo, del ejercicio del derecho surge una nueva entidad -la asociación-, que también está tutelada por la Constitución, de manera que, en el ámbito de la libertad de asociación debe considerarse incluida la protección de la misma sociedad; sin embargo, es claro que este derecho a la autoorganización, adscrito al diverso de asociación, no puede ser absoluto, ni excluir toda intervención del legislador en el ámbito de la organización interna de las sociedades, por el contrario, la capacidad de autonormación está limitada por la Constitución, por las leyes penales que excluyen los fines delictivos, así como las leyes que regulan cada tipo de asociación;
• Si una determinada asociación pretende ser reconocida como tal por el ordenamiento jurídico, operar en el tráfico jurídico y alcanzar determinados fines, es indispensable la intervención del poder público y en concreto, del legislador, que debe velar por la seguridad de los derechos de los miembros de las asociaciones, los intereses de terceros con quienes pueda relacionarse la nueva entidad y otros intereses generales, lo que hace necesario la existencia de leyes que regulen la adquisición de una determinada forma jurídica y la capacidad de consecución de unos determinados fines, aspectos sobre los que el legislador goza de una amplia capacidad de configuración para precisar los tipos de asociación, los requisitos para su creación, entre otros;
• La regulación de los tipos de asociación no puede entenderse como una limitación del derecho de asociación ni una intromisión en el ámbito protegido por esa prerrogativa, sino como una labor de configuración, en la medida en la que el establecimiento de los distintos tipos asociativos no dificulta la creación de asociaciones, sino que regula los presupuestos y requisitos para adquirir determinadas formas jurídicas y alcanzar determinados fines, lo que lleva a concluir que dentro del ámbito constitucionalmente garantizado no está el acceso a regímenes legales concretos, ni mucho menos a que estos permanezcan inmutables;
• El carácter voluntario de la asociación no se ve afectado por el hecho de que la libertad de autoorganización de los miembros venga limitada por las normas que regulan las distintas asociativas o, incluso, porque se imponga una forma concreta para la consecución de un fin;
• El hecho de que el legislador goce de un amplio margen de maniobra en atención a las características organizativas de la entidad que regula, no significa que tenga una libertad absoluta, pues en la regulación de cada tipo legal hay un núcleo infranqueable consistente en la autonomía de la asociación para la formación de su voluntad. La ley podrá imponer una determinada estructura, podrá exigir una organización interna democrática, etc., pero las limitaciones deberán respetar el principio de proporcionalidad o razonabilidad, y el legislador tendrá que garantizar, en todo caso, la libre formación de la voluntad de asociación, de manera que en ese ámbito no caben injerencias externas que puedan alterar el proceso de formación de la voluntad, ya se trate de poderes públicos o de otros particulares;
• Bajo este esquema, resulta infundado el agravio planteado por la quejosa, ya que la libertad de asociación no impide que el legislador vele por la seguridad en el tráfico jurídico de los intereses de terceros con quienes se relacionaron las sociedades que desaparecerán y también aquellos con los que en un futuro pueda relacionarse la nueva entidad, como en el caso, y brindar la oportunidad de los acreedores de las sociedades que se fusionan de oponerse judicialmente a la fusión;
• La posibilidad que se les da a los acreedores en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de que dentro de los tres meses siguientes de haberse efectuado la inscripción de la fusión se opongan judicialmente a ésta, si bien se trata de un aspecto que incide en la formación de la voluntad social, debe decirse que no se trata de una regulación desproporcionada o irracional ya que persigue una finalidad constitucionalmente válida, como es, proteger los intereses de terceros con quienes las sociedades que van a desaparecer celebraron un acto jurídico y así no se vea afectado su patrimonio o intereses con la desaparición de estas sociedades;
• Existe una relación entre los medios adoptados por el legislador y la finalidad que persigue, pues es razonable que a través del mecanismo descrito es de algún modo factible obtener la protección que se busca;
• Asimismo, la medida legislativa no genera una afectación desmedida al derecho de asociación, en virtud de que aunque incide en la formación de la voluntad social al otorgar esta protección a los acreedores, el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala que la fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores, es decir, le permite a las sociedades que llevaran a cabo la fusión que ésta surta plenos efectos desde que se inscribe en el Registro Público si se lleva a cabo lo anterior;
• La redacción del artículo referido confirma que lo que se busca al permitirles a los acreedores se opongan a la fusión es protegerlos a fin de que se establezcan la forma en que las sociedades fusionadas cumplirán con su obligación contractual, ya que en el artículo 225 le da la opción a las sociedades de que la fusión surta sus efectos desde que ésta se inscribe cumpliendo ciertas condiciones las cuales van encaminadas al pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse;
• Por tanto, se concluye que el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no atenta contra la libertad de asociación que consagra el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, pues en modo alguno coarta el derecho de asociarse;
• Estudio de los conceptos de violación enderezados contra el acto de aplicación. Si bien, el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse a la fusión judicialmente en la vía sumaria, no debe soslayarse que ese ordenamiento legal, no señala un procedimiento específico para dirimir los conflictos deducidos de la acción de oposición judicial a la fusión de sociedades y, como consecuencia, la nulidad de las resoluciones de las asambleas generales que de ésta deriven; lo que otorga la posibilidad de que se pueda ejercer en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el artículo 1377 del Código de Comercio, el cual indica que todas las contiendas entre partes que no tengan prevista una tramitación especial en las leyes mercantiles, como en la especie acontece, se dilucidaran en juicio ordinario mercantil; de ahí que resulte infundado el primer concepto de violación;
• Del artículo 1177 del Código de Comercio se advierte que las providencias precautorias pueden solicitarse antes o durante el procedimiento mercantil, dependiendo del nivel de secrecía y urgencia que tenga para que la medida cause efectos. Mientras que la hipótesis de salvedad que refiere el numeral 1178 de la legislación citada opera cuando la relación jurídico procesal ya se constituyó por virtud del emplazamiento. En ese sentido, podemos distinguir dos momentos dentro del procedimiento para solicitar providencias precautorias, dependiendo de si ya se practicó el emplazamiento.
• Así, los efectos previsorios de la providencia precautoria pueden procurarse aun cuando se pida durante el procedimiento, siendo viable que se resuelva de plano y sin citación de la contraparte, siempre y cuando no haya sido emplazada. Si en el caso particular, la suspensión de la fusión se solicitó en la demanda y se dictó en el auto de admisión, sí era dable que tal providencia precautoria se decretara de plano al no haber sido emplazadas las demandadas al juicio, tal como lo hizo el juez de origen con el objeto de asegurar la eficacia que pretende la actora, por lo que es infundado el concepto de violación donde la quejosa sostiene que no era dable que la medida se concediera de plano a efecto de que se le diera derecho de audiencia;
• Resulta inoperante el cuarto concepto de violación en el que la quejosa afirma que la autoridad responsable estaba obligada a realizar una interpretación más amplia y pro persona del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, inaplicar esa norma, pues como quedó plasmado, la citada disposición no es inconstitucional;
• Es fundado el tercer concepto de violación en el que la quejosa alega que el juez omitió motivar su determinación porque se limitó a citar el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sin exponer una motivación. Al respecto, el juez no justificó la concesión de la suspensión, en tanto que no analizó la actualización de los supuestos de procedencia que establece la norma mencionada. Además, tampoco se advierte que la autoridad fijara alguna garantía, considerando que la medida puede ocasionar daños y perjuicios a la sociedad mercantil, así como el hecho de que los artículos 201 y 202 de la mencionada legislación prevén expresamente la obligación de otorgar una fianza como requisito de efectividad para paralizar los efectos de la ejecución de la determinación;
• En relación con los conceptos de violación quinto y sexto, este juez de distrito se encuentra impedido para analizarlos debido a que versan sobre el fondo del estudio de la providencia precautoria de suspensión de la fusión de las sociedades, y, en caso de examinarlos se sustituiría a la autoridad responsable para realizar ese análisis, lo que no permite la técnica de amparo.
7. Recursos de revisión. En desacuerdo con esa sentencia las partes interpusieron sendos recursos de revisión.
8. La tercera interesada **********, sociedad anónima de capital variable formuló, en síntesis, los agravios siguientes:
I. En la sentencia impugnada se concluye que no se actualiza de alguna causa de improcedencia a partir de un análisis superficial y escueto del acto reclamado, de las pruebas aportadas y desahogadas en el juicio, particularmente el informe justificado rendido por el juzgador de origen; sin embargo, de los antecedentes y particularidades del caso se evidencia la actualización de dos causas de improcedencia: la quejosa omitió agotar el recurso ordinario previo a acudir al juicio de amparo y señaló un acto reclamado, cuyos efectos son de imposible reparación;
II. El fallo recurrido es ilegal pues señala que el acto reclamado carece de motivación y fundamentación, imponiendo un trato preferencial en beneficio de la quejosa y apartándose de literalidad del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A diferencia de otros supuestos, la providencia precautoria regulada en esa norma es más laxa debido a que sus efectos inciden de manera mínima en la esfera jurídica del ejecutado y la mera solicitud basta para que se provea, por lo que la determinación impugnada atenta contra el derecho de igualdad y privilegia la protección del supuesto derecho vulnerado al promovente, pues impone al juez de origen, así como a la tercera interesada requisitos que no están contenidos en la ley.
9. Por su parte, la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable expuso en vía de agravios los argumentos siguientes:
I. De forma incongruente, el Juez de Distrito sobresee el amparo respecto a la discusión y aprobación del texto vigente del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque el Congreso de la Unión negó el acto reclamado, mientras que, en el considerando cuarto tiene por cierta la existencia del acto reclamado al estimar que basta que esté publicado en un medio de difusión oficial para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver; al efecto, no debe soslayarse que por la naturaleza del artículo mencionado no es factible que pueda existir respecto de unas autoridades y no en relación con el órgano legislativo que lo expidió;
II. La resolución combatida es ilegal, pues niega el amparo respecto al artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la especie, sí resulta procedente la suplencia de la queja en favor de la quejosa conforme lo previsto en la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo, en tanto que existió una violación evidente de la ley que la deja sin defensa por afectar derechos establecidos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, a causa de que el primer acto de aplicación de la norma combatida fue emitido sin dar vista a la quejosa, lo que vulneró sus derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, libertad de asociación, acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad;
Se consideró ilegalmente que quien resolvía era el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, quien emitió la sentencia impugnada es un Juzgado de Distrito. Si lo que quiso decir este último es que existía un criterio del Alto Tribunal, debió precisar los datos de identificación del criterio, lo que dejó en estado de indefensión a la quejosa por no dar a conocer todos los fundamentos de la resolución;
La oportunidad que la norma recurrida les da a los acreedores para oponerse judicialmente a la fusión dentro de los tres meses siguientes de haberse efectuado la inscripción correspondiente sí viola el artículo 9° constitucional en virtud de que este último numeral es categórico en señalar que no puede limitarse el de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34084-5cebf27a/fusion-de-sociedades-mercantiles-el-articulo-224-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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