PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 24 DE ENERO DE 2024, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 239/2025. 5 DE MARZO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO POR CONSIDERACIONES ADICIONALES Y ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF CON CONSIDERACIONES ADICIONALES, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIO: FROYLÁN BORGES ARANDA.
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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 239/2025, suscitada entre las extintas Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema jurídico por resolver consiste en determinar si el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente antes de la reforma de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, transgrede el principio de seguridad jurídica, contenido en el artículo 16 constitucional, al no establecer un plazo máximo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emita la resolución, a pesar de que la propia norma prevea una figura de caducidad o prescripción de cinco años para ejercer la potestad sancionadora.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Criterio de la extinta Primera Sala. En el amparo directo en revisión 5854/2024, resuelto en sesión de once de junio de dos mil veinticinco, determinó lo siguiente:
a) La ausencia de un plazo para dictar resolución en un procedimiento sancionador genera incertidumbre y dificulta que la autoridad actúe de manera necesaria y razonable.
b) La falta de dicho plazo permite la prolongación indefinida de la potestad sancionadora.
c) El plazo de caducidad no debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se realizó la conducta o se actualizó la infracción.
2. Criterio de la extinta Segunda Sala. Por el contrario, en la contradicción de tesis 121/2012 -suscitada entre los criterios de los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, y resuelta el trece de junio de dos mil doce-, así como en el amparo directo en revisión 317/2018, resuelto el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y en el amparo directo en revisión 5693/2017, resuelto el dieciocho de abril del mismo año, se sostuvieron criterios que dieron lugar a las tesis con los siguientes rubros:
a) "PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA".(1)
c) "PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA RESPETA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO".(2)
3. Denuncia de contradicción de criterios. La denuncia se originó a partir del amparo directo en revisión 5854/2024, resuelto por la extinta Primera Sala. Las constancias se recibieron y registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de octubre de dos mil veinticinco.
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios con el número 239/2025, en el que se determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado con las constancias relativas a los criterios que motivaron la posible contradicción, es decir, se aceptó el contenido de los criterios.
5. Turno. En dicho acuerdo se dispuso la remisión del asunto para su estudio al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, en su carácter de integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo el turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos para su estudio.
II. COMPETENCIA
6. Con motivo de la reforma constitucional publicada el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó prevista para funcionar exclusivamente en Pleno, suprimiéndose el sistema de Salas. En armonía con ello, la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veinticinco, derogó la fracción I del artículo 226, que atribuía al Pleno la resolución de contradicciones de tesis entre sus Salas.
7. Si bien los artículos transitorios de la reforma a la Ley de Amparo dispusieron que hasta en tanto las Ministras y los Ministros electos asumieran su encargo el uno de septiembre de dos mil veinticinco, la Suprema Corte continuaría rigiéndose por las reglas previas de resolución, votación y funcionamiento, lo cierto es que, a partir de dicha fecha, la integración de este tribunal constitucional quedó renovada y opera de manera exclusiva en Pleno.
8. No obstante, la derogación de la fracción I del artículo 226 no implica que las contradicciones de criterios surgidas entre las entonces Salas, ya en trámite, queden sin atención. Por el contrario, corresponde a este Tribunal Pleno concluir su resolución, en su carácter de único órgano de funcionamiento de la Suprema Corte, a fin de garantizar la seguridad jurídica y preservar la coherencia interpretativa de sus precedentes.
9. Esto es particularmente relevante al advertirse posiciones divergentes: por un lado, el criterio sostenido en el amparo directo en revisión 5854/2024, resuelto por la entonces Primera Sala el once de junio de dos mil veinticinco, en el que se determinó que la ausencia de un plazo para resolver un procedimiento sancionador genera incertidumbre, posibilita la prolongación indefinida de la potestad sancionadora y afecta la razonabilidad exigible a las autoridades; y, por otro, las tesis de la entonces Segunda Sala que concluyeron que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, antes de la reforma de dos mil veinticuatro, no transgrede la seguridad jurídica ni las formalidades esenciales del procedimiento.
10. En consecuencia, este Pleno estima que se actualiza un supuesto de excepción que justifica su intervención en la presente contradicción de criterios, máxime cuando se trata de un asunto que involucra directamente la garantía de protección al derecho de seguridad jurídica y exige clarificar el estándar constitucional que impide que la ausencia de plazos legales derive en un margen de actuación indefinido para la autoridad, contrario al artículo 16 constitucional. La resolución del conflicto interpretativo es indispensable para asegurar la unidad, coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley.
11. En ese sentido, este Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver la contradicción de criterios 239/2025, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el último párrafo del artículo Décimo Octavo Transitorio de dicha Ley Orgánica y el punto Segundo, fracción X, inciso c), del Acuerdo General 2/2025 (12a.), que facultan a este órgano como único competente para dilucidar las contradicciones sostenidas entre las extintas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, porque se realiza por conducto de la entonces presidencia de la extinta Primera Sala, es decir, la acción proviene de uno o varios de los Ministros que la integraban o de la sala en sí, como órgano de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación expresamente facultada por la Constitución según los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se sintetizan las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por las extintas Primera y Segunda Salas.
14. La extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 5854/2024, resolvió:
a) El artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su texto vigente antes de la reforma de enero de dos mil veinticuatro, es inconstitucional.
b) La inconstitucionalidad se actualizó por contravenir el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 constitucional, ya que dicho precepto no establecía un límite temporal o plazo máximo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitiera y notificara la resolución final de un procedimiento de imposición de sanciones una vez iniciado.
c) Revocó la sentencia recurrida dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
d) Concedió el amparo a la empresa quejosa en contra del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
e) Declaró infundada la revisión adhesiva presentada por la autoridad tercera interesada.
f) Debido a que la conclusión alcanzada (inconstitucionalidad del artículo 96) era contraria al criterio sostenido por la extinta Segunda Sala en el amparo directo 16/2022, la Primera Sala ordenó denunciar la contradicción de criterios ante el Tribunal Pleno.
g) El criterio de la Primera Sala se apoyó en que la omisión de un plazo para resolver no se subsana con la previsión de la caducidad de las facultades para imponer sanciones (cinco años), ya que dicha caducidad solo define el límite temporal para iniciar el procedimiento, no para resolverlo, lo que dejaría un margen de arbitrariedad a la autoridad.
15. Los antecedentes o hechos que dieron lugar al criterio de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5854/2024, se resumen a continuación:
a) El caso se originó a partir de una multa administrativa impuesta a la empresa recurrente por la Directora de Sanciones e Instituciones Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
b) La multa se impuso bajo la premisa de que la empresa cometió infracciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, específicamente a su artículo 47 y a las Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros (Segunda, fracción XVII y Trigésima Sexta, primer párrafo).
c) La infracción consistía en omitir proporcionar a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros los documentos de las sociedades de información crediticia que acreditaran haber reportado la información de todos los créditos otorgados correspondientes al tercer trimestre de dos mil dieciocho.
d) La empresa sancionada impugnó la multa administrativa mediante un juicio de nulidad y el asunto lo conoció la Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea y en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y resolvió reconocer la validez de la resolución impugnada.(4)
e) Contra la sentencia que reconoció la validez de la multa, la empresa promovió un juicio de amparo directo(5) y la demanda fue turnada al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La quejosa argumentó, principalmente, la inconstitucionalidad del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al contravenir el principio de seguridad jurídica por no establecer un límite temporal para dictar la resolución de imposición de multas una vez iniciado el procedimiento de infracción.
f) El Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado y se apoyó en el precedente de la extinta Segunda Sala que había determinado la constitucionalidad del citado artículo 96, considerando que el límite temporal de cinco años para que la facultad de sancionar caduque era suficiente para evitar arbitrariedades.(6)
g) Inconforme con la negativa del amparo, la empresa interpuso recurso de revisión y fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerándolo procedente debido a que subsistía un problema de constitucionalidad y se satisfacía el requisito de interés excepcional.
h) Al resolver el amparo directo en revisión 5854/2024, la extinta Primera Sala concluyó que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros sí violaba el principio de seguridad jurídica(7) y debido a que esta conclusión era contraria al criterio adoptado por la extinta Segunda Sala ordenó la denuncia de la contradicción de criterios ante el Tribunal Pleno.
i) La sentencia de la Primera Sala finalmente revocó la sentencia recurrida y otorgó el amparo y protección a la empresa quejosa.
16. El criterio de la extinta Primera Sala en el amparo directo en revisión 5854/2024, cuyos argumentos principales que sustentaron para determinar inconstitucional el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su texto anterior a la reforma de enero de dos mil veinticuatro y que llevaron a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la empresa quejosa, fueron los siguientes:
a) El artículo es violatorio del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 constitucional, porque no establece un límite temporal o plazo máximo con el que cuenta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para emitir y notificar la resolución final una vez que se ha iniciado el procedimiento de imposición de sanciones.
b) Los principios de legalidad y seguridad jurídica exigen que el legislador establezca los plazos en que las autoridades administrativas deben emitir sus resoluciones después de iniciados los procedimientos de imposición de sanciones. Esta certidumbre se genera cuando la ley acota de manera necesaria y razonable las atribuciones de la autoridad.
c) La omisión de prever este plazo impide que las entidades sujetas a la normatividad tengan plena certeza del tiempo máximo en que la autoridad decidirá su situación jurídica. Esta indefinición legislativa posibilita que la autoridad actúe con arbitrariedad o capricho y que el procedimiento se prolongue indefinidamente en el tiempo, dejando al particular en incertidumbre jurídica.
d) La existencia del plazo de caducidad de cinco años para imponer sanciones, contemplado en el segundo párrafo del artículo 96, no subsana la omisión del legislador de fijar un plazo para resolver el procedimiento una vez iniciado.
e) La institución jurídica de la caducidad tiene como única finalidad establecer un límite temporal para que la autoridad pueda iniciar o comenzar el ejercicio de sus facultades sancionatorias, pero no para circunscribir su actuación a un plazo determinado una vez que el procedimiento ha sido iniciado.
f) Al interrumpirse el plazo para que opere la caducidad por el hecho de iniciarse el procedimiento administrativo, se deja indefinido el momento en el cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros debe dictar la resolución que defina la situación jurídica del sujeto.
g) Para fundamentar su decisión utilizó la línea argumentativa del Tribunal Pleno, apartándose del criterio previo de la Segunda Sala, considerando que las razones contenidas en la Jurisprudencia P./J. 2/2020 (10a.) (que declaró inconstitucional el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas) eran igualmente atendibles al analizar el artículo 96.(8)
h) Se determinó que ambos preceptos de la Ley de Seguros y Fianzas y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros son de igual naturaleza y pertenecen al Derecho Administrativo Sancionador, pues regulan un procedimiento para la imposición de multas por autoridades administrativas competentes.
i) Al seguir esta línea argumentativa, la Primera Sala resolvió apartarse del criterio mayoritario anterior (sostenido por la Segunda Sala y el Tribunal Colegiado recurrido) que había validado que la figura de la caducidad podía subsanar la ausencia de plazos legales para resolver el procedimiento administrativo sancionador.
j) En virtud de estas consideraciones, la Primera Sala resolvió la inconstitucionalidad del precepto y denunció la contradicción de criterios, el presente asunto, ante el Tribunal Pleno.
17. Por su parte, los criterios sostenidos por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fueron establecidos o reafirmados en el contexto de varios asuntos(9) y los antecedentes comunes en estos casos giraron en torno a la imposición de multas administrativas por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instituciones bancarias debido a incumplimientos normativos y la consecuente impugnación de dichas multas.
18. A continuación, se describen los antecedentes fácticos más representativos que dieron lugar al criterio de constitucionalidad de la Segunda Sala:
a) En el amparo directo en revisión 5693/2017, el criterio se desarrolló en respuesta a una multa impuesta a una institución bancaria por la Dirección General de Evaluación y Vigilancia de la citada comisión, que determinó la existencia de una cláusula abusiva en un contrato de adhesión de crédito hipotecario.
b) Tras recibir una opinión favorable de la Dirección General de Servicios Legales, el expediente fue remitido para la imposición de una sanción, en virtud de una presunta violación al artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
c) La comisión notificó a la institución financiera que había incumplido con la modificación del contrato(10) y, con fundamento en el artículo 96, le otorgó un plazo de diez días hábiles para manifestar lo que a su interés conviniera. Posteriormente, la autoridad impuso una multa por contravenir disposiciones relativas a cláusulas abusivas.
d) La institución financiera promovió un juicio de nulidad, que reconoció la validez de la multa. El juicio de amparo directo fue negado por el Tribunal Colegiado, lo que motivó el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia.
e) Por otra parte, en el amparo directo en revisión 317/2018, también resuelto por la Segunda Sala, compartió una secuencia similar de hechos: Las disposiciones generales sobre cláusulas abusivas, publicadas en noviembre de dos mil catorce, obligaban a las instituciones financieras a modificar sus contratos de adhesión para suprimir cláusulas abusivas(11) y la imposición de la multa.
f) La institución promovió el juicio de nulidad y posteriormente el amparo directo, argumentando, entre otras cosas, que el procedimiento sancionador transgredía sus garantías constitucionales porque no preveía expresamente las etapas procesales para ofrecer pruebas y formular alegatos.
g) A su vez, la contradicción de tesis 121/2012, se originó en juicios de amparo resueltos por dos Tribunales Colegiados que llegaron a conclusiones opuestas sobre el artículo 96 referido.
h) En síntesis, los hechos ante la Segunda Sala se centraron en la aplicación efectiva de sanciones por parte de la comisión ante infracciones específicas (como la falta de modificación de contratos o incumplimiento de requerimientos) y la consecuente queja de las instituciones financieras sobre la ausencia de un límite temporal expreso para que la autoridad concluyera el procedimiento sancionador una vez iniciado. 19. La extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, no transgrede la garantía de seguridad jurídica (artículo 16 constitucional), ni el derecho de audiencia (artículo 14 constitucional), conforme a los siguientes argumentos:
a) La garantía de seguridad jurídica no obliga al legislador a establecer de manera especial y precisa un procedimiento pormenorizado para regular cada relación entre las autoridades y los particulares, ni a señalar un plazo para cada etapa.
b) Lo indispensable es que la ley contenga los elementos mínimos para que el gobernado pueda hacer valer su derecho y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades.
c) La alegada omisión de un plazo para dictar la resolución final no afecta la seguridad jurídica, porque la propia norma sí establece un límite temporal para la actuación de la autoridad.
d) El segundo párrafo del artículo 96 establece que la facultad de la comisión para imponer sanciones caducará en un plazo de cinco años. Este plazo se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción.
e) Al existir este plazo de prescripción o caducidad, el gobernado -la institución financiera- tiene la certeza de que no podrán pasar más de cinco años para que la autoridad imponga una sanción, lo cual acota temporalmente su actuación e impide que sea arbitraria o caprichosa.
f) Mientras la autoridad no ejerza su facultad sancionatoria, es decir, mientras no se materialice la sanción, el particular no resiente perjuicio alguno en su esfera jurídica. Si la autoridad decide ejercer la sanción posteriormente, el particular cuenta con los medios ordinarios de defensa.
g) El artículo 96 sí respeta las formalidades esenciales del procedimiento, incluso si no detalla cada etapa, bajo la lógica de que el procedimiento sancionador es una cuestión accesoria al procedimiento principal (como el conciliatorio).
h) La clave es que el artículo 96 ordena que la Comisión Nacional deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora antes de imponer la multa.
i) La expresión "oír previamente" involucra los actos de notificación del posible incumplimiento y la comparecencia para que la institución pueda argumentar y probar en su defensa. Esto cumple con las formalidades fundamentales que debe tener todo procedimiento administrativo, incluyendo el derecho de audiencia.
j) La ley también establece que la autoridad fijará un plazo para la audiencia, el cual no podrá ser inferior a cinco días hábiles. Esta flexibilidad, que deja el plazo máximo al arbitrio de la autoridad según las circunstancias, lejos de perjudicar, beneficia a las instituciones financieras.
k) La imposición de la multa es una cuestión accesoria al procedimiento, ya que el procedimiento principal (como el conciliatorio, previsto en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros), puede continuar su marcha independientemente de que la multa se aplique o no.
l) En conclusión, la Segunda Sala consideró que la Constitución exige elementos mínimos de defensa, y el artículo 96 los cumple al prever la garantía de audiencia previa y al acotar las facultades de la autoridad sancionadora mediante el plazo de cinco años de caducidad.
m) El criterio sostenido por la Segunda Sala es que la garantía de seguridad jurídica se mantiene salvaguardada en un procedimiento administrativo sancionador, incluso si no se establece un límite temporal para la emisión de la resolución, porque la sanción es una cuestión accesoria que no impide el ejercicio de los derechos del particular mientras no se materialice y la facultad de la autoridad para imponerla está acotada por el plazo general de caducidad de cinco años.
20. De los anteriores criterios surgieron las tesis de título y contenidos siguientes:
a) PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA RESPETA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.(12)
b) PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.(13)
21. Del análisis comparado de las consideraciones esenciales sostenidas por las extintas Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal Pleno advierte que existe una oposición frontal, directa y sustancial respecto del mismo punto de derecho, es decir, la constitucionalidad del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su versión anterior a la reforma de enero de dos mil veinticuatro, específicamente en lo relativo a la omisión de un plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador.
22. Mientras la Primera Sala concluyó que dicha omisión violaba la seguridad jurídica por permitir indeterminación temporal e incertidumbre en el proceso sancionador, la Segunda Sala sostuvo, en sentido contrario, que la existencia del plazo de cinco años de caducidad o prescripción era suficiente para acotar razonablemente las facultades de la autoridad, por lo que el precepto sí era constitucional, aun sin establecer un plazo específico para resolver.
23. En ese sentido, la contradicción entre criterios es evidente, porque ambas salas interpretaron el mismo precepto legal, en su mismo texto vigente al tiempo del análisis, y bajo el mismo problema jurídico, pero arribaron a conclusiones diametralmente opuestas, basadas en razones incompatibles entre sí.
24. La Primera Sala sostuvo que el límite de cinco años no suple la ausencia de plazo para resolver, mientras que la Segunda Sala afirmó que sí lo suple.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
25. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una oposición será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.
26. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(14)
27. Asimismo, la tesis aislada P. XLVII/2009, del Pleno de este Alto Tribunal, de voz: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS".(15)
28. En esa medida, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, es posible afirmar su existencia cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1) Los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
2) En tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
3) La situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
29. Por tanto, existe una contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales: a) hayan realizado ejercicios interpretativos; b) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y c) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
30. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
31. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo. Se considera que se acredita ya que los órganos contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas, es decir, las extintas Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias que emitieron.
32. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que el segundo requisito se cumple, porque del examen de los supuestos fácticos y de las consideraciones jurídicas desarrolladas en las ejecutorias respectivas, se advierte que las extintas Salas contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica y, no obstante, adoptaron criterios discrepantes.
33. Del análisis comparativo de las consideraciones esenciales sostenidas por las extintas Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal Pleno advierte que existe una oposición frontal, directa y sustancial respecto del mismo punto de derecho, que es la constitucionalidad del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su versión anterior a la reforma de enero de dos mil veinticuatro, específicamente en l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34224-3451e577/proteccion-y-defensa-al-usuario-de-servicios-financieros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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