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LIMITACIÓN PROBATORIA EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 202/2025. · Registro digital (IUS): 34114
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.309.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 202/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2026. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. DISIDENTES: IRVING ESPINOSA BETANZO Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. AUSENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. PONENTE: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIADO: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR Y ALEJANDRO VILCHIS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Por la cual se resuelve la contradicción de criterios 202/2025, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

ANTECEDENTES

1. Denuncia. Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el que sustentó al resolver el recurso de queja 142/2025, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2024.

2. Trámite de la denuncia. En auto de ocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó registrar y formar el expediente con el número 202/2025; solicitó a las Presidencias de los Tribunales Colegiados que remitieran las ejecutorias relativas a los recursos de queja 142/2025 y 20/2024; que informaran si sus criterios se encontraban vigentes o las razones que tuvieron para superarlos o abandonarlos,(1) y lo turnó a la Ponencia de la Ministra María Estela Ríos González.

3. Integración. En auto de treinta de septiembre siguiente, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte, tuvo por integrada la presente contradicción de criterios.

I. COMPETENCIA

4. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal;(2) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) así como el Punto Segundo, fracción X, inciso e), del Acuerdo General 2/2025 (12a),(5) del Pleno de esta Suprema Corte, debido a que se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito de distinta Región.

II. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) porque se planteó por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

III. CRITERIOS CONTENDIENTES

6. Para determinar si existe o no la contradicción de criterios, se analizarán las consideraciones en que se basaron los tribunales contendientes:

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito,

al resolver el recurso de queja 142/2025

• ********** promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión que emitió un Juez de Control con sede en Tepeaca, Puebla.

• El amparo se registró en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con el número **********. El autorizado de la quejosa solicitó al Juez de Distrito copias simples de la carpeta de investigación instruida contra la quejosa y de diversos registros de la investigación, pues se ofrecerían como prueba documental en el amparo. El juez de amparo negó tal solicitud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo.

• Inconforme, el autorizado de la quejosa interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado lo declaró infundado, conforme a las siguientes consideraciones:

- La recurrente cuestiona la constitucionalidad del artículo 75, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, al estimar que viola el derecho de audiencia. Este artículo prevé una prohibición a la excepción del principio de limitación de pruebas, que se actualiza cuando el ofrecimiento de pruebas en el amparo vulnera los principios del procedimiento acusatorio.

- La orden de aprehensión es un acto de molestia, al constituirse como un medio de conducción al proceso penal; no es un acto privativo, porque no menoscaba, disminuye o suprime, en definitiva, la libertad personal.

- Tratándose de actos privativos definitivos, la audiencia –con sus excepciones– debe ser previa a la emisión de ese acto; en actos privativos temporales o actos de molestia, la audiencia puede ser posterior a ese acto. Por tanto, en la orden de aprehensión, al ser un acto de molestia, el derecho de audiencia puede ser posterior (audiencia inicial).

- El derecho de audiencia no se encuentra en colisión con los principios del sistema acusatorio penal (que protege la norma que se combate), pues en el particular no se está frente a un acto privativo de derechos. Por ello, no es necesario otorgar audiencia previa en el juicio de amparo cuando se reclama una orden de aprehensión, si aquella implica la trasgresión a los citados principios.

- El precepto combatido no vulnera el derecho de audiencia, al no permitir a la persona quejosa ofrecer pruebas y, por tanto, la medida que contempla la norma no es desproporcionada, sino que persigue un fin constitucionalmente válido.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,

al resolver el recurso de queja 20/2024

• ********** promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión que emitió un Juez de Control de la Ciudad de México.

• Conoció del asunto el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el expediente **********. El autorizado del quejoso solicitó a la Jueza de Distrito diversas documentales de los registros de investigación, pues los ofrecería como prueba en el juicio de amparo. La jueza de amparo desechó las pruebas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo.

• Inconforme, el autorizado del quejoso interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado lo declaró fundado, al respecto determinó:

- El artículo 75, segunda parte, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es inconstitucional, porque impide admitir pruebas en el amparo pese a que el quejoso no tuvo oportunidad de ofrecerlas ante la responsable si el acto reclamado deriva de un proceso penal acusatorio, y con ello viola el derecho fundamental de audiencia en tanto que incluye en ella a los actos privativos.

- Tanto los principios del proceso penal como el de audiencia proyectan su alcance en la prueba por parte del imputado en el juicio de amparo.

- El derecho de audiencia previa sólo opera de forma irrestricta en los actos privativos, no en los de molestia.

- El artículo impugnado no supera el test de proporcionalidad, porque, aunque sí persigue un fin constitucionalmente válido y es una medida idónea y necesaria, a la hora de ponderar entre los principios es debido anteponer el de audiencia previa, pues los costos de no priorizar este derecho son superiores que los beneficios que implicaría anteponer los principios del sistema penal acusatorio.

- Recibir pruebas en el amparo cuando el quejoso no lo pudo hacer en el proceso penal implica que algunos principios de este último sí se vean afectados, pero sólo de manera parcial.

- Con el propósito de clarificar los alcances de esta interpretación, en una orden de aprehensión la falta de audiencia previa no será remediada con audiencia posterior. Si hubiera convicción de que la orden de aprehensión sólo es un acto de molestia no habría razón en dispensarle ese derecho (de audiencia) de probar en el juicio de amparo.

- La orden de aprehensión que surgió en este nuevo sistema penal constituye un acto privativo (no de molestia) si bien no desde el punto de vista procesal sí lo es por el daño irreparable que genera en la libertad por ejecutarse.

IV. EXISTENCIA

7. La doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos jurisdiccionales contendientes: a) Analizan un mismo punto de derecho, y b) Llegan a conclusiones distintas, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(7)

8. En el caso, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron con relación a dos puntos de derecho. El primero, la constitucionalidad del artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, en relación con el derecho de audiencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. El segundo, si la aplicación de esa regla, tratándose del amparo promovido contra la orden de aprehensión, vulnera o no el derecho de audiencia.

9. Al respecto, los órganos de amparo adoptaron posturas diferentes, pues, en relación con el primer punto, mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito estimó que el artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, era constitucional, por ser acorde al derecho de audiencia,(8) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que tal precepto era inconstitucional por vulnerar el derecho en comento.

10. Con relación al segundo punto jurídico, el órgano colegiado del Sexto Circuito precisó que no se afectaba el derecho de audiencia con la prohibición de ofrecer pruebas en el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión. En cambio, el tribunal del Primer Circuito se pronunció en un sentido opuesto.

11. Atendiendo a lo anterior, en términos de los numerales 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno considera que la contradicción de criterios versa sobre las siguientes problemáticas jurídicas:

¿El artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, resulta violatorio o no del derecho de audiencia, previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

¿La aplicación del artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, tratándose del amparo indirecto promovido contra la orden de aprehensión, vulnera o no el derecho de audiencia?

V. IMPROCEDENCIA

12. En principio, con relación al cuestionamiento precisado en segundo lugar, que consiste en determinar si la aplicación del artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, al tratarse del amparo indirecto promovido contra la orden de aprehensión, vulnera o no el derecho de audiencia, procede declarar improcedente la contradicción de criterios,(9) pues la solución encuentra respuesta en la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (10a.), de rubro: “PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO)”,(10) que derivó de la contradicción de criterios 171/2020 resuelta por la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte.

VI. ESTUDIO DE FONDO

13. En este apartado resolveremos el primer cuestionamiento. El artículo 75, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

“Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto la persona quejosa podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez o jueza de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio [...]”.

14. A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis,(11) que tuvo por objeto armonizar el sistema penal acusatorio con diversas leyes y códigos, entre ellas, la Ley de Amparo, deben aplicarse las siguientes reglas con relación a la admisión y ofrecimiento de pruebas en el juicio de amparo:

1) No se admitirán pruebas que no se hubieran rendido ante la autoridad responsable (regla general).

2) Es posible ofrecer pruebas en amparo indirecto cuando la persona quejosa no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable (excepción).(12)

3) Aunque se actualice el supuesto anterior, no serán admisibles las pruebas en el amparo cuando su ofrecimiento implique violar la oralidad o los principios que rigen el proceso penal acusatorio (meta-excepción).(13) Este supuesto se denomina “principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio”.(14)

15. Al respecto, la extinta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis (ahora contradicción de criterios) 171/2020, determinó que la regla y no la excepción, es la imposibilidad del ofrecimiento de pruebas en el amparo indirecto para alterar la percepción de la responsable del acto reclamado. La única excepción es en aquellos casos en que el oferente no haya tenido oportunidad de ofrecer pruebas ante la responsable, pero esta excepción encuentra una prohibición tajante en materia penal y no se actualiza cuando tal ofrecimiento vulnere los principios del procedimiento acusatorio (oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación o demás principios del sistema acusatorio).

16. Ahora bien, los órganos colegiados contendientes examinaron el artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, a la luz del derecho de audiencia tutelado en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente:

“Artículo 14. [...]

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [...]”.

17. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho de audiencia se integra por garantías aplicables a cualquier procedimiento jurisdiccional,(15) denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten a las y los gobernados ejercer su defensa hasta antes de que su esfera jurídica sea modificada definitivamente por las autoridades.(16) Por ello, se da la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas de manera oportuna.(17)

18. Así pues, para garantizar el derecho de audiencia, las autoridades deben oír a la parte afectada y brindarle la oportunidad de ejercer una defensa previa al acto privativo(18) de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, para que las y los gobernados no queden en estado de indefensión.(19)

19. Los actos de molestia, en cambio, no tienen la finalidad de privar a la persona de algunos de sus bienes o derechos, por lo que sólo se rigen por el principio de seguridad jurídica (debida fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.(20) Tales actos, si bien afectan la esfera jurídica de la persona, sólo limitan de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.(21)

20. Este Tribunal Pleno considera que el artículo 75, párrafo segundo, segunda parte, de la Ley de Amparo, que contiene el principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio, no vulnera el derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 constitucional.

21. El precepto cuestionado no se traduce en una prohibición absoluta para ofrecer pruebas en el juicio constitucional en menoscabo del derecho de audiencia. El ofrecimiento de pruebas en el amparo indirecto en materia penal no distingue entre actos privativos y actos de molestia, sino que se vincula a preservar la oralidad y los principios rectores del sistema penal acusatorio. Se trata de una regla lógica y coherente con la naturaleza del juicio de amparo y del actual modelo de justicia penal.

22. El proceso constitucional de amparo y el procedimiento penal persiguen finalidades distintas;(22) el juicio de amparo no es una extensión del procedimiento penal. En ese contexto, las personas juzgadoras de amparo no deben sustituir la jurisdicción ordinaria de las autoridades responsables.(23) Las y los jueces de amparo no pueden suplantar a los órganos jurisdiccionales ordinarios(24) en sus facultades de admisión, desahogo y valoración de medios probatorios relacionados con actos que son propios del procedimiento penal, y cuyo desahogo, además, se rige por la oralidad y los principios de rango constitucional: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

23. Actuar en sentido contrario, implicaría, por un lado, reconocer poderes probatorios(25) amplios a la persona juzgadora de amparo para relegar a las y los jueces de control, Tribunales de enjuiciamiento e incluso Tribunales de alzada(26) de sus funciones en materia probatoria y, por otro lado, despojar a los datos, medios de prueba o pruebas(27) de los principios y formalidades que les son aplicables conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

24. En ese sentido, para determinar la constitucionalidad del artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, no es necesario realizar un test de proporcionalidad —como lo refirieron los Tribunales Colegiados—, debido a que la problemática no comporta un conflicto entre principios y un derecho, sino que se soluciona atendiendo a la finalidad perseguida: mantener la vigencia de los principios que soportan el proceso penal acusatorio en armonía con el juicio de amparo.

25. En este orden de ideas, si bien el principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio es acorde con la regla general de que no se admitirán pruebas que no se hubieran rendido ante la autoridad responsable,(28) lo cierto es que también se encuentra en armonía con el derecho de audiencia, en virtud de que no se trata de un principio absoluto que prohíba, en todos los casos, el ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio constitucional.

26. Esto obedece a que se trata de un mandato dirigido a la persona juzgadora de amparo para que, a partir de un examen casuístico que atienda sobre todo a la naturaleza de la prueba y al tipo de acto reclamado, pueda definir si el ofrecimiento de pruebas en el amparo indirecto —que tenga por objeto introducir nuevos elementos, variar la forma en que se analizó el acto reclamado o que pretendan demostrar su inconstitucionalidad—,(29) compromete o no la oralidad o los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Lo anterior puede dar lugar a dos decisiones:

• Si la parte oferente no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable, pero el ofrecimiento de aquellas en el amparo violaría la oralidad o los principios rectores del proceso penal, la persona juzgadora de amparo debe desechar los medios probatorios ofrecidos.

• Si el análisis concluye lo contrario, deberán admitirse las pruebas, siempre y cuando cumplan todas las formalidades previstas en la ley.

27. En cualquier caso, la decisión de la persona juzgadora de amparo debe estar debidamente fundada y motivada, en cumplimiento del artículo 16 constitucional, y debe ser razonable de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto, pues el artículo 75, párrafo segundo, segunda parte, de la Ley de Amparo, no autoriza un actuar arbitrario por parte de las y los jueces constitucionales.

28. Por lo demás, el desechamiento de pruebas en el amparo indirecto conforme al principio de limitación probatoria referente al sistema penal acusatorio, no genera estado de indefensión a la persona quejosa, debido a que esto no limita su oportunidad de ofrecer medios probatorios en las distintas fases del procedimiento penal.(30) Se insiste, el juicio de amparo no es una extensión del proceso penal; debe preservar su objeto: la revisión constitucional de los actos de autoridad para determinar si violan o no derechos humanos.

29. En consecuencia, este Tribunal Pleno concluye que el artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, respeta el derecho de audiencia y, por tanto, es constitucional.

30. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el artículo citado vulnera el derecho de audiencia, al establecer que en materia penal el Juez o Jueza de Distrito deberá cerciorarse de que el ofrecimiento de pruebas en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.

Criterio jurídico: El artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo no vulnera el derecho de audiencia, ya que no contiene una prohibición absoluta para ofrecer pruebas en el juicio constitucional.

Justificación: El citado precepto que prevé el principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio, se vincula a preservar la oralidad y los principios rectores del sistema penal acusatorio. Contiene una regla lógica y coherente con la naturaleza del juicio de amparo y del actual modelo de justicia penal.

El juicio de amparo no es una extensión del procedimiento penal, por lo que las personas juzgadoras de amparo no pueden suplantar a los órganos jurisdiccionales ordinarios en sus facultades de admisión, desahogo y valoración de medios probatorios relacionados con actos que son propios del procedimiento penal, y cuyo desahogo, además, se rige por la oralidad y los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

En consecuencia, el principio de limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio configura un mandato dirigido a la persona juzgadora para que a partir de un examen casuístico que atienda sobre todo a la naturaleza de la prueba y al tipo de acto reclamado, pueda definir si el ofrecimiento de pruebas –que tenga por objeto introducir nuevos elementos, variar la forma en que se analizó el acto reclamado o que pretendan demostrar su inconstitucionalidad–, compromete la oralidad o los principios que rigen el proceso penal acusatorio.

Además, no genera un estado de indefensión a la persona quejosa, debido a que el desechamiento de las pruebas en estos supuestos, no limita su oportunidad de ofrecer medios probatorios en las distintas fases del procedimiento penal.

VII. DECISIÓN

Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Existe la contradicción de criterios denunciada

SEGUNDO. Se declara improcedente la contradicción de criterios, en términos del apartado V, de la presente resolución.

TERCERO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, conforme al apartado VI, de la presente resolución.

CUARTO. Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; conforme a derecho corresponda, a los órganos colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de seis votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf y Presidente Aguilar Ortiz. Los señores Ministros Espinosa Betanzo y Guerrero García votaron en contra. Las personas Ministras Herrerías Guerra, Ortiz Ahlf y Presidente Aguilar Ortiz anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Figueroa Mejía no asistió a la sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

**********En términos de los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. En auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informó que su criterio continuaba vigente.

2. Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente.

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno decida el criterio que deberá prevalecer. [...].

3. Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por: [...]

II. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones, y [...].

4. Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: [...]

IX. De las denuncias de contradicción de criterios sustentados por las Salas del Tribunal Electoral en los términos de los artículos 293 y 294 de esta Ley, por los Plenos Regionales, o por Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones [...].

5. SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución: [...] - - - X. Las contradicciones de criterios sustentadas entre: [...] - - - e) Tribunales Colegiados de Circuito de distinta región. [...].

6. Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas: [...] - - - II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ministras o los ministros, los plenos regionales, o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes, la o el Fiscal General de la República, las magistradas o los magistrados del tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron, y [...].

7. Cfr. Jurisprudencia P./J. 72/2010, Tribunal Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 7, registro 164120, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.

8. No pasa inadvertido que el examen que realizó el tribunal colegiado sobre la constitucionalidad del artículo 75, segundo párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, estuvo asociado con la orden de aprehensión, lo cual técnicamente fue incorrecto, pues el examen de constitucionalidad debió ser en lo general y no conforme a una situación concreta. Sin embargo, se considera que existe la contradicción, pues el Tribunal Colegiado concluyó de forma general que la norma de la Ley de Amparo era constitucional.

9. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.) de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, página 1193, registro 2000743, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA SE PRESENTÓ DESPUÉS DE HABERSE EMITIDO LA JURISPRUDENCIA QUE RES

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34114-2325adda/limitacion-probatoria-en-amparo-indirecto-en-materia-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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