CONFLICTO COMPETENCIAL. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA DEFINIDO LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA CON EFECTOS DE COSA JUZGADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 184/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PLENO REGIONAL EN MATERIA DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 8 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México; y el entonces Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León (actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México).
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio enviado el catorce de julio de dos mil veinticinco, a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), la Magistrada Presidenta del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, denunció ante este Alto Tribunal la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano, al resolver el conflicto competencial 140/2025; y el entonces Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León (actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México), al resolver el conflicto competencial 26/2023.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la contradicción de criterios con el número 184/2025; la admitió a trámite, por tratarse de una divergencia suscitada entre Plenos Regionales de diversa Región especializados en la Materia de Trabajo; reservó el turno del asunto, hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo procedente; y realizó los requerimientos de trámite de los órganos jurisdiccionales contendientes.
3. Integración del expediente. Recibidas las constancias solicitadas a los órganos contendientes, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta ordenó tener por integrada la presente contradicción de criterios, dado que los criterios que sustentaron continúan vigentes.
4. Turno. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, para que actuara como ponente en este sumario.
I. COMPETENCIA
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(2) y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en el punto segundo, fracción X, inciso d),(4) del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; por tratarse de una contradicción de criterios suscitada entre Plenos de distinta Región especializados en Materia de Trabajo.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia proviene de parte legitimada, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) ya que fue presentada por la Magistrada Presidenta del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
III.1 Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México
7. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, una persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como actos reclamados, entre otros, la omisión de ejecución de laudo atribuible al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, así como el Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Guadalajara, el Congreso del Estado y la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso, todos del Estado de Jalisco.
8. Del mencionado medio de defensa correspondió conocer a la Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, quien registró la demanda con el número de expediente 382/2023 y, previo requerimiento formulado a la persona quejosa, la admitió a trámite.
9. Recurso de queja. En contra del aludido auto de admisión, el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, así como el Tesorero Municipal, interpusieron recurso de queja, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 323/2023.
10. Sentencia en el juicio de amparo indirecto. Seguidos los trámites de ley, en el juicio de amparo indirecto 382/2023, la Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, dictó sentencia el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de sobreseer en el juicio y amparar a la persona quejosa.
11. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, el Congreso del Estado y la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso, ambos del Estado de Jalisco, interpusieron recurso de revisión, por lo que se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, para la substanciación del recurso.
12. Resolución del recurso de queja. Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés dictado en los autos del recurso de queja 323/2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se declaró legalmente incompetente, remitiéndola al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, admitió el recurso de queja, registrándolo bajo el número de expediente 213/2023 y, mediante sentencia dictada en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, lo declaró sin materia, toda vez que ya se había dictado sentencia en el juicio de amparo indirecto del que derivó el recurso.
13. Recurso de revisión. Por otro lado, mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, recibió el recurso de revisión registrándolo con el número de expediente 224/2023; y, por auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite. Luego, en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, determinó carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
14. Del recurso de revisión, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, el que, por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, registró el recurso de revisión con el número 90/2025. Posteriormente, mediante acuerdo plenario de cuatro de abril de dos mil veinticinco, rechazó la competencia para conocer del recurso de revisión y ordenó remitirlo al Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del conflicto competencial.
15. Conflicto competencial 140/2025. El conflicto competencial se radicó en el Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, con el número de expediente 127/2025, y mediante resolución de cuatro de junio de dos mil veinticinco, se declaró incompetente por razón de materia para conocer del mismo, toda vez que el órgano que previno del conocimiento del asunto fue el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, por lo que ordenó remitir los autos al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
16. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, ordenó radicar el asunto con el número de expediente 140/2025 y, seguidos los trámites de ley, declaró improcedente el conflicto competencial, con base en las consideraciones siguientes:
• El conflicto competencial se suscitó porque los tribunales colegiados se negaron a conocer de un recurso de revisión por razón de materia; sin embargo, la competencia quedó definida por ambos tribunales, al resolver sobre un recurso de queja que emanó del mismo juicio de amparo indirecto que la revisión que dio origen al presente conflicto competencial, lo que da lugar a la improcedencia de este por constituir cosa juzgada.
• En efecto, la competencia por materia quedó definida por sentencia firme del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito cuando se avocó al estudio del recurso de queja y lo declaró sin materia. Lo anterior con mayor razón si se toma en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio por los órganos jurisdiccionales respectivos. En esa medida, en el caso, ya no es posible analizar cuestiones relativas a la competencia por materia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (Jalisco), en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional.
• Bajo ese contexto, si la competencia por materia en el juicio de amparo indirecto en revisión del que deriva el conflicto competencial quedó definida por sentencia firme del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (Jalisco), cuando se avocó al estudio del recurso de queja y dictó la resolución respectiva, no es jurídicamente permisible abordar el tema de la competencia legal por razón de materia, por constituir cosa juzgada.
• Consecuentemente, a pesar de que los órganos contendientes determinaron de manera expresa que carecían de competencia legal por razón de materia para conocer del recurso de revisión, lo cierto es que el conflicto competencial es improcedente, porque sobre el tema existe un pronunciamiento que constituye verdad legal y no puede abordarse nuevamente el análisis de ese presupuesto procesal, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
• En tal sentido, no se comparte el criterio aislado del entonces Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con Residencia en Monterrey, Nuevo León, PR.L.CN.8 L (11a.), de rubro: “CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE LA MATERIA. ES INEXISTENTE POR CONSTITUIR COSA JUZGADA, SI UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES, PREVIO A LA DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN, RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO DERIVADO DEL MISMO JUICIO NATURAL.”
• Además, se abandona la tesis PR.L.CS.2 K (11a.) emitida por la anterior integración de este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con Residencia en la Ciudad de México, de rubro: “CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE LA MATERIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES VÁLIDO JURÍDICAMENTE QUE ALGUNO DE ELLOS PLANTEE SU LEGAL INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO OBSTANTE QUE PREVIAMENTE HAYA RESUELTO UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEL MISMO JUICIO, SIEMPRE QUE SÓLO HAYA DETERMINADO SI LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE MOTIVÓ ESA DECISIÓN ERA O NO MANIFIESTA E INDUDABLE.”
• Lo anterior, dado que se considera que la aceptación de competencia de un recurso de queja, así como su resolución, fijan la competencia por materia de un órgano jurisdiccional, por lo que ese presupuesto procesal adquiere el carácter de cosa juzgada, de ahí que no pueda abordarse nuevamente su estudio con posterioridad, pues constituye verdad legal.
III.2 Criterio del Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León (actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México).
17. Primer juicio de amparo directo. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, una persona quejosa promovió juicio de amparo directo en contra del laudo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
18. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, el que mediante acuerdo plenario de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, declaró carecer de competencia legal por razón de materia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo.
19. Del asunto conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, el que aceptó la competencia que le fue declinada y registró la demanda con el número de expediente 1053/2019. Seguidos los trámites de ley, en sesión de quince de julio de dos mil veinte dictó sentencia concediendo el amparo para el efecto de dejar insubsistente el laudo y dictar uno nuevo en que se realizaran de manera correcta las operaciones aritméticas para determinar la cantidad a pagar por concepto de horas extraordinarias al actor, por todo el tiempo que perduró la relación de trabajo.
20. Segundo juicio de amparo directo. En cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 1053/2019, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora emitió un nuevo laudo el catorce de octubre de dos mil veinte, el cual fue impugnado nuevamente a través de un diverso juicio de amparo directo. Del asunto correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien lo registró y admitió a trámite con el número de expediente 805/2020.
21. Seguidos los trámites de ley, en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, dictó sentencia otorgando el amparo para el efecto de dejar insubsistente el laudo reclamado y dictar uno nuevo en el que subsane la incongruencia interna en que incurrió, al pronunciarse respecto de las horas extras a que condenó a la demandada.
22. En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora emitió un nuevo laudo.
23. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad y otras autoridades, por las omisiones de cumplir con el laudo definitivo y acordar el escrito de solicitud de auto de ejecución forzosa.
24. Del asunto correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, el que lo registró y admitió a trámite con el número de expediente 738/2022; seguidos los procedimientos de ley, dictó sentencia el diez de agosto de dos mil veintidós, sobreseyendo en el juicio.
25. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la persona quejosa promovió recurso de revisión el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, el que lo registró y admitió a trámite con el número de expediente 194/2022.
26. Seguidos los trámites de ley, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por lo que lo remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito.
27. Conflicto competencial 26/2023. Del asunto correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien lo registró con el número 370/2023 y no aceptó la competencia declinada, por lo que ordenó su remisión al Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León.
28. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, ordenó radicar el asunto con el número de expediente 26/2023 y, seguidos los trámites de ley, declaró inexistente el conflicto competencial, con base en las consideraciones siguientes:
• El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte considera que el conflicto competencial planteado debe declararse inexistente, porque el presupuesto procesal consistente en la competencia por razón de materia adquirió el carácter de cosa juzgada, en razón de que uno de los órganos colegiados contendientes anteriormente conoció y resolvió dos juicios de amparo directo derivados del propio expediente del índice de la autoridad responsable, por lo que independientemente de la argumentación expuesta por los tribunales, resultaría contrario a los derechos de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica privar a los justiciables de la definición adquirida.
• Se llega al convencimiento de que la controversia planteada en el juicio de amparo de origen corresponde al ámbito laboral, en tanto ese aspecto de competencia constituye cosa juzgada, toda vez que en contra de las sentencias dictadas en los amparos directos previos (en los cuales se aceptó competencia laboral) no existe medio de defensa alguno, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Siendo importante dejar en claro que, incluso, el órgano jurisdiccional que conoció de los juicios de amparo directo tuvo la oportunidad de rechazar la competencia que le fue declinada cuando conoció del primer amparo directo; sin embargo, contrario a ello, la aceptó y resolvió no solo tal asunto, sino también uno posterior que le fue turnado con motivo de un segundo juicio de amparo directo que deriva del mismo expediente natural. • Bajo este contexto, al estar definida la materia del asunto con carácter de cosa juzgada, es evidente que en el caso debe declararse inexistente el conflicto competencial que nos ocupa, pues ahora no es jurídicamente posible desconocer un pronunciamiento definitivo sobre la competencia, en relación con los juicios de amparo directo promovidos contra los laudos dictados en el juicio natural.
29. Los antecedentes de los criterios contendientes pueden esquematizarse de la siguiente forma:
Ver criterios contendientes
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
30. De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) este Tribunal Pleno ha sostenido que la existencia de la contradicción de criterios se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.(9)
31. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.
32. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de criterios deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Política del país como en la Ley de Amparo, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
33. Así, si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de criterios es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que, para que una contradicción de tesis exista, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(10)
34. En el presente caso, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumplen con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. En virtud de que los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo (primer requisito).
35. Además, existe un punto de toque y diferendo de criterios interpretativos (segundo requisito), toda vez que el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que debía declararse improcedente el conflicto competencial por materia suscitado entre dos tribunales colegiados de circuito, cuando sobre la cuestión competencial se considera que existe cosa juzgada. En cambio, el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León (actual Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México), resolvió que debía declararse inexistente el conflicto competencial por materia suscitado entre dos tribunales colegiados de circuito, cuando sobre la cuestión competencial se estima que existe cosa juzgada.
36. Ante las anteriores posturas divergentes, debe estimarse que la contradicción de criterios da lugar a la formulación de una pregunta genuina (tercer requisito), consistente en: ¿Debe declararse inexistente el conflicto competencial suscitado entre tribunales colegiados de circuito cuando se considera que existe resolución firme que define la competencia laboral con efectos de cosa juzgada, o bien, reconocerse su existencia, pero declararlo improcedente?
V. ESTUDIO DE FONDO
37. Una vez determinada la existencia de la presente contradicción de criterios, se estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por este Tribunal Pleno, en el sentido de que debe declararse inexistente el conflicto competencial suscitado entre tribunales colegiados de circuito cuando se advierta la existencia de resolución firme que haya definido la competencia en razón de materia con efectos de cosa juzgada.
38. A efecto de sustentar lo anterior, se trae a cuenta que, al resolver la contradicción de tesis 173/2012, este Alto Tribunal indicó(11) que el atributo de cosa juzgada no es únicamente propio de las sentencias que resuelven el juicio en lo principal, sino de todas las decisiones que el juzgador puede emitir durante un proceso.
39. Al respecto, la cosa juzgada puede entenderse en dos sentidos: formal o procesal (consistente en que hay imposibilidad de impugnar la decisión jurisdiccional, ya sea porque no existe recurso contra ella, o porque se ha dejado transcurrir el término para hacerlo) y, por otro, sustancial o material (que deriva de la resolución de un medio de impugnación en contra del cual ya no procede recurso alguno).
40. La cosa juzgada —desde cualquiera de las dos vertientes— constituye una verdad definitiva, indiscutible e inmodificable que no puede ser rebatida desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad, ya que justamente en esas características estriba su objetivo inmediato, que es el de establecer el carácter definitivo de las situaciones jurídicas creadas o determinadas en la resolución jurisdiccional de que se trate, a efecto de procurar el principio de seguridad jurídica de los justiciables.
41. De igual forma, en el precedente citado se indicó que es factible que hubiera cosa juzgada sobre cuestiones competenciales, pues para ello era suficiente que un órgano jurisdiccional se pronunciara sobre su competencia y al respecto no hubiere medio de defensa, o de haberlo, éste no se hubiere interpuesto oportunamente (cosa juzgada formal o procesal); o bien, que en caso de existir un recurso, éste se hubiera interpuesto en tiempo y hubiera pronunciamiento sobre la cuestión competencial sin que exista otro recurso ulterior (cosa juzgada sustancial o material).
42. En cualquiera de sus dos supuestos —cosa juzgada formal o procesal, o sustancial o material— la determinación sobre la competencia puede adquirir la calidad de verdad legal y, por tanto, es incontrovertible. En este sentido, si bien es cierto que el aspecto competencial es de estudio oficioso y orden público, también es verdad que cuando existe cosa juzgada al respecto —desde cualesquiera de sus dos vertientes—, los órganos jurisdiccionales ya no pueden pronunciarse sobre ese tema ni siquiera para examinar los agravios que hayan propuesto al respecto, al ya existir verdad legal irrebatible; esto, a efecto de no afectar la seguridad jurídica de los justiciables.
43. Las consideraciones del anterior precedente fueron retomadas, a su vez, al resolver el conflicto competencial 142/2016,(12) para concluir que, de existir cosa juzgada en cuestiones competenciales, entonces, el conflicto competencial debía declararse inexistente, dado que, al existir verdad legal, no habría cuestión de fondo que resolver sobre temas de competencia.
44. Además, en el citado conflicto competencial, se indicó que la cosa juzgada en cuestiones competenciales tutelaba el principio de seguridad jurídica, pues los justiciables tendrían certeza respecto de la competencia del órgano jurisdiccional y podrían conocer las consecuencias derivadas de ello, aunado a que así se evitaría la indebida dilación en la resolución del caso en compatibilidad con el derecho a la impartición pronta de justicia, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política del país.
45. Finalmente, al resolver el conflicto competencial 551/2018, esta Alta Corte reiteró que, cuando esté definida la competencia en razón de materia debe declararse inexistente el conflicto competencial, toda vez que el motivo de su denuncia radicó en una disputa respecto de la cual ya existe verdad legal. Tales consideraciones dieron lugar a la tesis aislada siguiente:
CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE LA MATERIA. ES INEXISTENTE SI SE RESOLVIÓ UNO PREVIO POR EL QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ LA MATERIA A LA QUE PERTENECE EL CASO, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA. La resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito en un conflicto competencial constituye cosa juzgada en su ve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33988-e5b922be/conflicto-competencial-debe-declararse-inexistente-cuando-exista-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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