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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO EN EL AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL DOMICILIO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DICTÓ EL PRIMER LAUDO RECLAMADO, AUNQUE CON POSTERIORIDAD SE HAYA MODIFICADO SU COMPETENCIA O SUPRIMIDO MEDIANTE ACUERDO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 45/2026. · Registro digital (IUS): 34154
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGI
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.144.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 45/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 21 DE MAYO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veintiséis emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur y el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, ambos con residencia en la Ciudad de México.

El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente por razón de territorio para conocer del amparo directo promovido contra un laudo dictado por una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, con posterioridad a su presentación y por acuerdo administrativo, modificó su competencia o fue suprimida: el del domicilio de la junta emisora del laudo reclamado o el de la autoridad responsable sustituta.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por oficio 2154/2026 de nueve de marzo de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre:

• El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur al resolver los conflictos competenciales 49/2024, 52/2024, 55/2024, 58/2024 y 61/2024, que dieron lugar a la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/28 L (11a.),(1) de rubro:

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA QUE EMITIÓ EL LAUDO RECLAMADO, AUNQUE POSTERIORMENTE SEA EXTINGUIDA.

• El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte al resolver los conflictos competenciales 7/2026, 20/2026 y 23/2026.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente 45/2026; en el mismo acuerdo se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.

3. Asimismo, solicitó por conducto del MINTERSCJN a las presidencias de los Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur y Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, informaran si el criterio sustentado en los conflictos competenciales 49/2024, 52/2024, 55/2024, 58/2024 y 61/2024; y, 7/2026, 20/2026 y 23/2026 de su índice, respectivamente, se encuentra vigente, superado o abandonado, en versión digitalizada.

4. Mediante proveídos de quince y veintiuno de abril de dos mil veintiséis, la presidencia de los Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur informaron que los asuntos de sus respectivos índices continúan vigentes y no han sido superados ni abandonados.

5. Publicación del proyecto. De conformidad con con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(2) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

6. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción X, inciso d) del Acuerdo General Plenario 2/2025 (12a.),(6) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Plenos en Materias Penal y de Trabajo de distintas regiones.

II. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los Magistrados Integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y razonamientos que sustentan las ejecutorias denunciadas.

• CRITERIO DEL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL RESOLVER LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES 49/2024, 52/2024, 55/2024, 58/2024 Y 61/2024.

Conflicto competencial 49/2024

9. Demanda de amparo directo. Una persona pensionada presentó demanda de amparo directo contra el laudo dictado el catorce de marzo de dos mil veintitrés por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla.

10. La demanda se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, el cual determinó carecer de competencia legal, por razón de territorio, al advertir que el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro entró en vigor el “Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una Oficina Auxiliar”. De tal forma que la competencia y asuntos que se encontraban en amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla (extinta), serían tramitados por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, por lo que, concomitantemente, se convirtió en autoridad responsable sustituta, para todos los efectos jurídicos.

11. Invocó en su apoyo, por analogía, la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), sostenida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, de rubro: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO.(8)

12. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca, no aceptó la competencia declinada, porque si bien mediante el “Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje” se fijaron las competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que entró en vigor con posterioridad -dieciocho de junio de dos mil veinticuatro- a que se presentara la demanda de amparo -veintitrés de junio de dos mil veintitrés-.

13. Asimismo, determinó que no era dable atribuir competencia legal a los órganos jurisdiccionales de la Federación a través de un acuerdo que provenga de la Administración Pública Federal; en todo caso correspondería al entonces Consejo de la Judicatura Federal dilucidar la competencia correspondiente.

14. Concluyó que si el acto lo emitió la Junta con residencia en Puebla, quien tiene su domicilio en esa entidad, se actualiza la primera regla del artículo 34 de la Ley de Amparo, por ende, correspondía al Tribunal declinante conocer del juicio de amparo.

15. Conflicto competencial. Al resolver el conflicto competencial planteado, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que la competencia correspondía al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, al tenor de las siguientes consideraciones:

• Reconoció que el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro entró en vigor el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje (sic), por virtud del cual, la competencia y asuntos que se encontraban en amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Puebla (extinta), serían tramitados por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca.

• Analizó el artículo 34 de la Ley de Amparo en el sentido que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de juicios de amparo directo se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado.

• En el caso, observó que la demanda de amparo directo se presentó el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, contra el laudo emitido por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, notificado a la quejosa el seis de junio del mismo año; es decir, la presentación de la demanda ocurrió previamente a la extinción de esa Junta.

• Por tanto, el argumento para fijar la competencia a favor del Tribunal Colegiado de Puebla resultó de la aplicación estricta de la regla prevista en el artículo 34 de la Ley de Amparo, dado que tiene jurisdicción en el lugar en el que reside la junta que emitió el laudo reclamado.

• Esto es así, ya que la supresión de la Junta Especial Número Treinta y Tres ocurrió posteriormente al dictado del laudo y de la presentación de la demanda de amparo, con lo que la Junta Especial Número Treinta y Dos, si bien adquirió el carácter de autoridad responsable sustituta dentro del juicio de amparo, ello opera para que el Tribunal Colegiado que lo tramita, mantenga comunicación con la misma y, en su caso, esa Junta acate la ejecutoria que emita el órgano colegiado en tal juicio.

• Consideró que, estimar que el competente para conocer del juicio de amparo directo sea el Tribunal Colegiado donde radica la Junta que asumió el conocimiento de los asuntos de la autoridad extinta, es decir, ubicada en diversa entidad federativa, trastocaría el derecho fundamental de justicia pronta.

• Por tanto, estimó que la jurisprudencia 2a./J. 25/98 no era aplicable, pues sólo precisa que es la autoridad sustituta la que debe cumplir la sentencia de amparo, mas no determina la competencia del Tribunal Colegiado respectivo. Por lo que es distinto al caso previsto en la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, porque este criterio se refiere a un supuesto jurídico diverso al que se analiza, es decir, qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra un laudo dictado por una autoridad que, a la fecha de presentación de la demanda, se hallaba extinta, mientras que en el caso se trata de una demanda que fue presentada ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, previamente a su extinción.

16. Similares consideraciones se sustentaron en los conflictos competenciales 52/2024, 55/2024, 58/2024 y 61/2024, del índice del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en los cuales se planteó el conflicto entre órganos jurisdiccionales de los circuitos Sexto (Puebla) y Decimotercero (Oaxaca).

17. Con la precisión que, en ciertos asuntos,(9) existió un segundo argumento para fincar la competencia del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consistente en que el laudo impugnado se había emitido en cumplimiento a un juicio de amparo directo previo, fallado por el propio Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

18. De esos asuntos derivó la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/28 L (11a.), de rubro:

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA QUE EMITIÓ EL LAUDO RECLAMADO, AUNQUE POSTERIORMENTE SEA EXTINGUIDA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito, uno con residencia en Puebla y otro en Oaxaca, estimaron carecer de competencia por razón de territorio para conocer del amparo directo promovido contra un laudo emitido por la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, antes de que entrara en vigor el Acuerdo que la extinguió y en el que se estableció que los asuntos que se encontraran en dicha Junta serían tramitados por la Junta Especial Número 32, con residencia en Oaxaca.

Uno sostuvo carecer de competencia porque el Acuerdo mencionado generó a favor de la Junta Especial Número 32, con residencia en Oaxaca, la calidad de autoridad sustituta, y de obtenerse sentencia favorable en el amparo sería la que debería dar cumplimiento. Por tanto, concluyó que es competente el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta. Mientras que el otro consideró que conforme al artículo 34, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo, la competencia se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite el acto reclamado y, en ese caso, lo es la extinta Junta con residencia en Puebla.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la Junta que emitió el laudo reclamado para conocer del amparo directo promovido en su contra, aun cuando durante su sustanciación dicha Junta se haya extinguido.

Justificación: El artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la Ley de Amparo. El artículo 34 de esta ley establece, como regla general, que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del amparo directo y que su competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. También prevé una regla especial en materia agraria y en juicios contra Tribunales Federales de lo Contencioso Administrativo, conforme a la cual, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Cuando se promueve amparo directo contra un laudo dictado por una Junta que posteriormente es extinguida, debe aplicarse la regla relativa a que debe conocerlo el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable desaparecida. Esa regla de competencia por territorio no se altera por el hecho de que conforme al acuerdo que extinguió a la Junta originalmente responsable, sea una diversa la que deba dar continuidad a los asuntos respectivos, pues ello sólo es para efectos de que el Tribunal Colegiado de Circuito competente mantenga comunicación y, en su caso, requiera a la Junta sustituta el cumplimiento de la sentencia de amparo.(10)

• CRITERIO DEL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL RESOLVER LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES 7/2026, 20/2026 y 23/2026.

Conflicto competencial 7/2026

19. Demanda de amparo directo. Una persona pensionada presentó demanda de amparo directo en contra del primer laudo dictado el catorce de marzo de dos mil veinticuatro por la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León.

20. La demanda se turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, el cual registró el amparo directo 424/2024 y lo admitió a trámite, seguida la secuela procesal, en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado determinó carecer de competencia legal, por razón de territorio, al advertir que el laudo reclamado fue dictado por la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, previo a la modificación de su competencia, es decir, ya no conoce de conflictos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por virtud del “Acuerdo mediante el cual se modifica y amplía la competencia de diversas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se suprimen la Oficina Auxiliar de Poza Rica, Veracruz y la Junta Especial número 35, con residencia en Culiacán, Sinaloa en los términos que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

21. En estas circunstancias, el Tribunal requirente consideró que la competencia por razón de territorio para resolver el juicio de amparo directo le corresponde al Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción sobre la autoridad laboral sustituta, de conformidad con la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.) emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, de rubro: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO.

22. El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, por acuerdo de Presidencia dictado el doce de diciembre de dos mil veinticinco, en el amparo directo 1278/2025 no aceptó la competencia declinada, porque fundó su determinación en el artículo 34 de la Ley de Amparo, que fija la competencia de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado.

23. El órgano colegiado consideró que aunque la Junta Especial que dictó el laudo combatido se hubiera extinguido, la regla de competencia por territorio no se altera por el hecho de que conforme al Acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sea una diversa Junta la que deba dar continuidad a los asuntos respectivos, pues ello sólo es para los efectos de que el Tribunal Colegiado de Circuito competente mantenga comunicación y, en su caso, requiera a la Junta sustituta el cumplimiento de la sentencia de amparo que se llegara a dictar, ello conforme a la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/28 L (11a.) emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, de rubro: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA QUE EMITIÓ EL LAUDO RECLAMADO, AUNQUE POSTERIORMENTE SEA EXTINGUIDA. 24. Además, sostuvo que no desconocía el criterio jurisprudencial PR.P.T.CN. J/13 L (11a.) emitido por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, empero tal criterio quedó superado por la jurisprudencia 2a./J. 10/2025 (11a.); por lo que planteó el conflicto competencial.

25. Conflicto competencial. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que la competencia por razón de territorio correspondía al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México bajo las siguientes consideraciones:

• Refirió que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina y que por regla de competencia se establece que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.

• Sostuvo que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables.

• Señaló que, la competencia para conocer del juicio de amparo directo en los casos en que se reclame el primer laudo dictado por una Junta laboral suprimida y sustituida por una diversa que se encuentra en un circuito judicial distinto, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerce jurisdicción sobre la junta sustituta.

• Precisó que, en el caso en estudio, el laudo reclamado es emitido por primera vez, esto es, no se trata de un laudo dictado en cumplimiento de una sentencia de amparo directo, por tanto, no existe prevención en el conocimiento del asunto tampoco riesgo de que se emitan sentencias contradictorias pues, se insiste, se trata de una primera resolución.

• Con motivo de este nuevo análisis, concluyó que el citado criterio sostenido por la entonces integración del Pleno, identificado con el número PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), con registro digital 2029004, de rubro: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO., resulta aplicable a este caso concreto.

• Lo anterior, puesto que, en el asunto en estudio, la autoridad que emitió el laudo fue sustituida por otra que se encuentra en diversa localidad, de modo que, conforme al criterio de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 25/98, al asumir la junta sustituta el conocimiento del asunto será a quien le corresponda ejecutar la sentencia.

• Señaló que la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.) emitida por ese Pleno sostuvo que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia 2a./J. 25/98 estableció que, cuando por virtud de reformas constitucionales o legales la autoridad responsable obligada queda impedida para cumplimentar la sentencia, por no corresponder ya al ámbito de su competencia –tal como ocurre en este caso– o por haber desaparecido, debe acatar el amparo la autoridad en la que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia.

• Ello lo llevó a concluir que, con motivo de la reforma legal en cita, se advertía que la competencia y asuntos que se encontraban en trámite en determinada junta, al suprimirse, se subsumieron y serían tramitados por diversa junta ubicada en una localidad distinta lo que, concomitantemente, la convertía en autoridad responsable sustituta, para todos los efectos jurídicos.

• En ese sentido, el Pleno Regional destacó que el carácter de autoridad sustituta, conlleva que de acuerdo con su nueva esfera competencial, al asumir el conocimiento del asunto del cual emana el acto reclamado en el juicio constitucional, derivado de que la autoridad que emitió el acto reclamado, a saber, la Junta Especial Número 19, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, cesó de tener jurisdicción, al haber sido modificada su competencia por virtud de una reforma legal, implementada en el referido Acuerdo.

• Aunado a lo anterior, y conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, precisó que debe entenderse que cuando la autoridad llamada al juicio de amparo como responsable sustituyó a otra en las funciones de las que emanó el acto reclamado, la nueva autoridad tiene el derecho procesal de apersonarse al juicio constitucional como sustituta, ya que la sentencia que en el amparo directo se llegue a dictar, en todo caso surtirá plenos efectos contra la autoridad que resultó sustituta de las facultades que tenía la diversa autoridad que dictó el acto reclamado, o que tenga cualquier aspecto que atender en su ejecución.

• En ese sentido, estableció que no obstante que el laudo reclamado lo hubiera dictado una junta –ahora con diversa competencia–, antes de que entrara en vigor el Acuerdo por el que fue modificada; resultaba claro que se generaba a favor de la junta a quien se le encomendó el conocimiento del órgano suprimido, la calidad de autoridad sustituta por mandato constitucional, toda vez que de obtenerse sentencia favorable en el juicio de amparo directo, y en virtud que la junta que emitió el acto reclamado dejó de tener competencia legal, asumió las funciones y facultades respecto de los asuntos que le correspondían a aquélla y, en su caso, será la encargada de dar cumplimiento a la sentencia que en su momento se dicte.

• Concluyó que la competencia se surtía a favor de la autoridad que ejercía jurisdicción sobre la junta que sustituyó a la que inicialmente dictó el laudo.

• En suma, si bien el criterio del Pleno Regional contendió en la contradicción de criterios 249/2024, atendiendo a los supuestos fácticos y las consideraciones esgrimidas en dicha contradicción, ello lo fue para los casos en los que se reclame un segundo laudo, por tanto, al no aplicarse al supuesto que se estudia, en donde se reclama un primer laudo, consideró que es aplicable la jurisprudencia emitida por ese Pleno, máxime que los supuestos jurídicos no son los mismos que analizó la entonces Segunda Sala y, como se vio, tampoco pudieran ser adoptados por analogía.

• Por lo anterior, determinó que cuando, en un juicio de amparo directo se reclama un primer laudo y la sede de la autoridad sustituta, se encuentra en otra entidad federativa, será competente el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción sobre ésta, de modo que, en dichos casos, el criterio sustentado por este tribunal continúa vigente y para los casos en los que se reclame un segundo laudo será aplicable, por las razones apuntadas en esta determinación lo resuelto por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 283/2024.

26. Con similares consideraciones resolvió el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, los conflictos competenciales 20/2026(11) y 23/2026,(12) en los cuales las demandas de amparo se presentaron con anterioridad a la emisión del “Acuerdo mediante el cual se modifica y amplía la competencia de diversas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se suprimen la Oficina Auxiliar de Poza Rica, Veracruz y la Junta Especial número 35, con residencia en Culiacán, Sinaloa en los términos que se indican.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

27. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(13)

28. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

29. En este orden de ideas, cuando las cuestiones fácticas, aun siendo semejantes, influyen de manera determinante en las decisiones de los órganos de amparo —ya sea porque el criterio jurídico se construyó a partir de dichos elementos particulares o porque la legislación aplicable ofrece soluciones distintas para cada supuesto—, resulta inconcuso que la contradicción no puede configurarse. Ello, en tanto no sería posible arribar a un criterio único ni sustentar jurisprudencia a partir de cada problema jurídico específico, pues ello implicaría una revisión de los juicios o recursos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Si bien las particularidades pueden analizarse al resolver una contradicción de criterios, ello únicamente es viable cuando la postura que deba prevalecer sea única y resulte aplicable a los razonamientos efectivamente contradictorios de los órganos participantes.

30. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34154-c2e70293/competencia-por-territorio-en-el-amparo-directo-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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