COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE ESTÉ RADICADO EL PROCESO PENAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 143/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 20 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA Y ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIADO: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR Y ALEJANDRO VILCHIS ROBLES.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la contradicción de criterios 143/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
ANTECEDENTES
1. Denuncia. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, dictado en el juicio de amparo **********, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 10/2025 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2024.
2. Trámite de la denuncia. El veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó formar y registrar el expediente con el número 143/2025 y solicitó a las Presidencias de los Tribunales Colegiados que remitieran las ejecutorias relativas a los conflictos competenciales 26/2024 y 10/2025 de su respectivo índice, y que informaran si los criterios sustentados en sus asuntos se encontraban vigentes o, en caso de que se tuvieran por superados o abandonados, las consideraciones respectivas. Además, se ordenó reservar el turno del asunto, hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente.
3. Integración. El diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidas las constancias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y señalaron que sus respectivos criterios se encontraban vigentes, por lo cual se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios.
4. Turno. El dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el presente asunto a la Ministra María Estela Ríos González.
I. COMPETENCIA
5. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo y cuarto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y punto Segundo, fracción X, inciso e), del Acuerdo General 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) en atención a que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distinta región.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que fue presentada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato.
III. CRITERIOS CONTENDIENTES
7. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios, se analizarán las consideraciones en que se basaron los tribunales contendientes:
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 10/2025
Antecedentes:
• El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato declaró carecer de competencia, por territorio, para conocer del amparo interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que confirmó el auto de no vinculación a proceso, al considerar que el acto reclamado tenía ejecución material en el lugar donde se encontraba la causa penal de origen y, por tanto, el asunto debía ser remitido al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato.
• El Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato no aceptó la competencia, al considerar que el acto reclamado carecía de ejecución y, por ende, la competencia se surtía a favor del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda.
• El juzgado requirente insistió en declinar la competencia y planteó conflicto competencial. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien determinó que el competente para conocer del asunto era el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato.
Criterio:
La resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso es de naturaleza declarativa y no requiere ejecución material, pues no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, en atención a que el efecto que produce en el mundo fáctico un auto de no vinculación a proceso es que no se sujeta a obligación alguna a ninguna de las partes, por lo que la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se surte en favor del Juzgado de Distrito que ejerce la jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2024
Antecedentes:
• Una persona promovió amparo contra la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de no vinculación a proceso. Conoció de la demanda el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, quien declaró su incompetencia legal por territorio, al considerar que el competente era el Juzgado de Distrito con jurisdicción sobre el juzgado que conoce de la causa, por lo que ordenó remitir los autos.
• El titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, tuvo por recibido el asunto y no aceptó la competencia, debido a que el acto reclamado tenía efectos declarativos y carecía de ejecución material, por lo que devolvió los autos al juzgado de origen.
• El juzgado requirente insistió en declarar su incompetencia, por lo cual plateó el conflicto competencial. Del asunto conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y en sesión de trece de junio de dos mil veinticuatro declaró competente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz.
Criterio:
La competencia por territorio para conocer el amparo indirecto contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso, se surte en favor del órgano con jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad ante quien se encuentra radicado el proceso penal, en virtud de que la resolución del Tribunal de alzada tiene consecuencias materiales, pues sus efectos se trasladan de manera directa al proceso penal, ya que hasta ese momento procesal quedan firmes las medidas adoptadas por la autoridad de primera instancia de ordenar la libertad inmediata de la persona imputada, revocar las providencias precautorias, así como las medidas cautelares.
Además, se garantiza que sea un mismo Juzgado de Distrito el que conozca de los diversos juicios de amparo indirecto que emanen del proceso penal, para evitar sentencias contradictorias. Máxime que, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho de que se emita un auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y formule nueva imputación.
Tesis:
Tesis aislada VII.1o.P.3 K (11a.), de rubro: “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE ENCUENTRA RADICADO EL PROCESO PENAL.”.
IV. EXISTENCIA
8. Para determinar la existencia de contradicción de criterios, este Alto Tribunal ha establecido que se requiere cumplir con las siguientes condiciones:
9. Que los Tribunales Colegiados:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por “tesis” el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Adopten criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
10. Así se determinó en la jurisprudencia P./J 72/2010(5) y en la tesis aislada P. XLVII/2009.(6)
11. En ese contexto, este Tribunal Pleno estima que, en el presente caso, sí existe la contradicción de criterios denunciada, pues ambos Tribunales Colegiados decidieron sobre una misma temática, pero arribando a conclusiones distintas.
12. En efecto, de los antecedentes narrados se advierte que los tribunales abordaron el mismo punto litigioso: determinar si la resolución que confirma un auto de no vinculación a proceso tiene o no ejecución material y, en ese sentido, si la competencia para conocer del amparo indirecto contra ese acto se surte a favor del órgano con jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal o del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda.
13. En este contexto, ante lo narrado en los antecedentes, resulta evidente la existencia de la contradicción de criterios denunciada, porque mientras uno de los tribunales contendientes sostiene que la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso es un acto que genera efectos materiales y, por tanto, para fijar la competencia se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el otro órgano colegiado considera que dicho acto reclamado no requiere ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del artículo 37 de la misma ley.
14. Atendiendo a lo anterior, en términos de los numerales 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo del problema advertido, cuyo punto de contradicción es: ¿La resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso requiere ejecución material? y, en ese sentido, ¿la competencia para conocer del amparo indirecto contra ese acto se surte a favor del Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal o aquel ante quien se presente la demanda?
V. ESTUDIO DE FONDO
15. Debe de prevalecer con carácter de jurisprudencia, respecto de la contradicción analizada, el criterio de este Alto Tribunal.
16. Para abordar la problemática jurídica, en esta sentencia se adoptará la siguiente metodología: en primer término, analizaremos los efectos del auto de no vinculación a proceso y de la resolución que lo confirma en apelación; después nos ocuparemos de analizar las reglas de competencia en amparo indirecto que prevé la Ley de Amparo; y, por último, resolveremos el caso concreto a partir de los temas anteriores.
A. Efectos del auto de no vinculación a proceso y de la resolución que lo confirma
17. El auto de no vinculación a proceso encuentra sustento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) que fija el plazo para que la persona juzgadora de control dicte auto de vinculación a proceso y, correlativamente, la posibilidad de no vincular a proceso.
18. De acuerdo con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(8) el auto de no vinculación a proceso surge cuando no se cumplan los requisitos señalados en el mismo código en relación con el artículo 19 constitucional. Pero lo relevante es que genera determinados efectos e impone obligaciones materiales para su cumplimiento.
19. Esto se debe a que, al emitir un auto de no vinculación a proceso, la persona juzgadora de control debe pronunciarse, de ser el caso, sobre la liberación de la persona imputada y la revocación de providencias precautorias y medidas cautelares que en ese momento se hubieren decretado.
20. De esta manera, el auto de no vinculación produce efectos materiales dentro del proceso penal, en virtud de que, en relación con la persona imputada, le permite recuperar su libertad personal (de ser el caso), o bien, ser restituida en sus derechos afectados por alguna medida cautelar. En contraste, tratándose de personas víctimas u ofendidas, la revocación de las providencias precautorias pone en riesgo su derecho a la reparación del daño.(9)
21. En términos prácticos, el auto de no vinculación fija una causa legal que impide continuar con el proceso penal, pero también produce determinados efectos dentro de éste que se relacionan con el cumplimiento material de las órdenes de liberación y revocación de medidas cautelares o providencias precautorias. Tan es así que en la ejecución de estas determinaciones pueden participar autoridades distintas del Juez o Jueza de control, como la persona titular del centro penitenciario en el que se encuentra recluida la persona imputada y la autoridad de supervisión de medidas cautelares.
22. Ahora, el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(10) establece la procedencia del recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso. Al resolver este medio de impugnación, el Tribunal de alzada competente podrá confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida, o bien, ordenar la reposición del procedimiento.(11)
23. La confirmación del auto de no vinculación a proceso no sólo convalida la legalidad de la resolución adoptada por el Juez o Jueza de control sobre la decisión de no continuar con el proceso, sino que declara la firmeza de esa determinación(12) y, de forma paralela, reafirma el estado de libertad de la persona imputada, así como la revocación de medidas cautelares y providencias precautorias que en ese momento se hubieran decretado.
24. Adicionalmente, la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso establece el punto de partida para que la fiscalía pueda reanudar la investigación penal y, en su caso, formular nuevamente imputación, siempre que no se hubiera decretado el sobreseimiento en la causa penal.
25. Desde esta perspectiva, la resolución del Tribunal de alzada que confirma el auto de no vinculación a proceso genera determinados efectos de carácter material dentro del proceso penal.
B. Competencia por territorio en el amparo indirecto
26. La competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado previamente a cualquier otra cuestión.
27. La competencia por territorio se trata de un criterio que permite identificar al órgano jurisdiccional que debe conocer del juicio de amparo atendiendo al espacio geográfico en el que válidamente puede ejercer su jurisdicción y, en términos del artículo artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal,(13) se determina en función del lugar en que el acto reclamado tenga un grado de ejecución.
28. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo,(14) establece tres reglas competenciales para conocer de un juicio constitucional por territorio:
a) La primera considera competente a la Jueza o Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
b) [...]
c) La tercera regla establece que, cuando el acto no requiera ejecución material, la competencia recae en el Juez o Jueza de Distrito ante quien se presentó la demanda.
29. La primera regla finca la competencia de la persona juzgadora de amparo en función del grado de ejecución del acto reclamado. La tercera, en cambio, fija la competencia del órgano jurisdiccional por virtud de la ausencia de ejecución material del acto y sobre la base de un criterio de prevención, de forma tal que el competente será aquel juzgado que reciba la demanda de amparo.
30. Tomando en consideración que el presente asunto versa sobre la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso, la aplicación de la regla de competencia opera de la siguiente forma: si el acto reclamado tiene un grado de ejecución, entonces la competencia atiende al lugar en cuya jurisdicción se esté ejecutando materialmente el acto reclamado, esto es, el lugar donde se encuentre radicado el proceso penal y sólo en caso que no se llevara a cabo un acto de ejecución, la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo.
C. Solución del caso
31. Como punto de partida, este Tribunal Pleno estima necesario retomar el criterio de la extinta Segunda Sala, al resolver la contradicción de criterios(15) 7/2015, en el que determinó que, para asignar competencia por territorio a los Juzgados de Distrito que conozcan de juicios de amparo, debe atenderse al criterio de “ejecución material”, según el cual, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.
32. En ese contexto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso constituye un acto que trae aparejados efectos que conllevan ejecución material, precisamente porque se trata de la resolución que declara firme la situación jurídica de la persona imputada, al constatar que no se cumplieron los requisitos del artículo 19 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, de forma paralela, ratifica la libertad de la persona imputada (de ser el caso), así como la revocación de medidas cautelares y providencias precautorias que se hubieran decretado.
33. Desde esta perspectiva, tal resolución judicial prácticamente reproduce los efectos del auto de no vinculación a proceso, pero genera firmeza sobre la decisión adoptada por el Juez o la Jueza de control y de sus circunstancias colaterales, lo que implica que la resolución que confirma el auto de no vinculación traslada sus efectos al propio proceso penal.(16)
34. Además, a partir de la resolución de segundo grado, la fiscalía se encuentra en posibilidad de reanudar la investigación penal y solicitar audiencia inicial para formular una nueva imputación (si estima que tiene méritos para ello). Esto resulta relevante no sólo porque se trata de una facultad constitucionalmente válida del Ministerio Público prevista en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(17) sino porque incide en un aspecto medular del proceso: la prescripción de la pretensión punitiva, que puede generar, para la fiscalía, la extinción de la potestad de investigar y perseguir los delitos por el transcurso del tiempo.(18)
35. Naturalmente, la posibilidad de que el Ministerio Público continúe con la investigación de un hecho delictivo está supeditada a que previamente no se hubiera decretado el sobreseimiento en la causa penal, tal como lo dispone el artículo 319 del código en comento.
36. En ese sentido, la resolución del Tribunal de alzada que confirma el auto de no vinculación a proceso, al establecer la posibilidad de que la fiscalía reanude la indagatoria penal y posteriormente formule una nueva imputación, permite generar nuevos efectos dentro del proceso penal.
37. De acuerdo con estas consideraciones, este Tribunal Pleno arriba al convencimiento de que la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso tiene ejecución material, en virtud de que sus efectos generan un cambio material y a la vez establece alcances materiales que pueden llegar a producirse en el mundo fáctico.
38. En consecuencia, cuando se reclame ese acto en amparo indirecto debe aplicarse la regla competencial establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que será competente el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre radicado el proceso penal de origen.
39. Por las razones expresadas, con fundamento en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:
HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar si la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso tiene ejecución material y, en ese sentido, si la competencia para conocer del amparo indirecto en su contra se surte en favor del Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar en el que se encuentra radicado el proceso penal o aquel en el que se ejerce jurisdicción donde se presentó la demanda.
CRITERIO JURÍDICO: La resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso constituye un acto con ejecución material que actualiza la hipótesis del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que resulta competente para conocer de la demanda el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando materialmente el acto reclamado, esto es, donde está radicado el proceso penal de origen.
JUSTIFICACIÓN: La resolución referida constituye un acto que trae aparejados efectos que conllevan ejecución material, porque declara firme la situación jurídica de la persona imputada y, paralelamente, ratifica su libertad (de ser el caso), así como la revocación de las medidas cautelares y providencias precautorias que se hubieran decretado.
La resolución prácticamente reproduce los efectos del auto de no vinculación a proceso, pero genera firmeza sobre la decisión adoptada por la persona juzgadora de Control y de sus circunstancias colaterales, lo que implica que la resolución que confirma el auto de no vinculación traslada sus efectos al propio proceso penal.
Además, a partir de la resolución de segunda instancia la Fiscalía puede reanudar la investigación penal y solicitar audiencia inicial para formular una nueva imputación, siempre y cuando no se haya decretado el sobreseimiento, por lo que es posible que se generen nuevos efectos dentro del proceso penal.
VI. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Existe la contradicción de criterios denunciada.
SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno.
TERCERO. Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; conforme a derecho corresponda, a los órganos colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos de las personas Ministras Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. La señora Ministra Herrerías Guerra votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Figueroa Mejía reservó su derecho de formular voto concurrente.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
En términos de los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...)
XIII.- (...) Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno decida el criterio que deberá prevalecer. (...)
Las resoluciones que pronuncie el Pleno de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; (...).
2. Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por: (...)
II. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones, y (...).
3. Artículo 16.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: (...)
IX. De las denuncias de contradicción de criterios sustentados por las Salas del Tribunal Electoral en los términos de los artículos 293 y 294 de esta Ley, por los Plenos Regionales, o por Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones.
4. SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución: (...)
X. Las contradicciones de criterios sustentadas entre: (...)
e) Tribunales Colegiados de Circuito de distinta región.
5. Tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, registro 164120, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”
6. Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, página 67, registro 166996, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.”
7. Artículo19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (...).
8. Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso
En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado.
El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento.
9. Véase artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
10. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (...)
VII. El auto que resuelve la vinculación y la no vinculación del imputado a proceso; (...).
11. Véase artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
12. En ese sentido, la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 4552/2018, estableció, en lo conducente, que la firmeza de la resolución de no vinculación a proceso es indispensable para que pueda insistirse de nueva cuenta en la imputación.
13. Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...)
VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a pers
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34109-a8c96abc/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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