PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU TEMPORALIDAD ES CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 393/2025. 26 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE. YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUAN VELARDE BERNAL.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
El problema jurídico para resolver por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, *****, en su carácter de apoderado legal de la moral *****, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
• Congreso de la Unión.
• Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
• Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para adolescentes y ejecución penal, del Primer Partido Judicial de Jalisco, con sede en Tonalá, Jalisco.
ACTOS RECLAMADOS
a) Del Congreso de la Unión se reclama la aprobación y expedición del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación. Del anterior edicto se reclama el artículo 139 del cual se advierten las disposiciones aplicables sobre la imposición y duración de las providencias precautorias.
b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación.
c) Del Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Primer Partido Judicial de Jalisco se reclama la resolución de siete de marzo de dos mil veinticuatro, por la cual otorgó la prórroga sobre las providencias precautorias dictadas en favor de la moral que represento, únicamente por 30 días naturales, temporalidad que fue aplicada en atención a la norma que se reclama en puntos anteriores.
2. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el entonces Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco recibió la demanda y la registró con el número 185/2024-E; asimismo, previo cumplimiento de un requerimiento, por auto de diecinueve de marzo siguiente, admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal.
3. Sentencia de amparo: El dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, el juzgador emitió la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
4. Trámite del recurso de revisión. Inconforme con esa resolución, el apoderado legal de la persona moral quejosa, *****, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el cual, por acuerdo de presidencia de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, lo admitió con el número 336/2024.
5. Sentencia del recurso de revisión. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito dictó sentencia en la cual revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y se declaró legalmente incompetente para conocer del tema de constitucional del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, remitió los autos a este Alto Tribunal, para resolver la cuestión de constitucionalidad que persiste.
6. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de la Suprema Corte registró el asunto como amparo en revisión 393/2025, admitió el recurso asumiendo la competencia originaria y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la elaboración del proyecto de resolución.
7. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y el 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(1) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
8. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 81, fracción I,(3) inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(4) 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte diciembre de dos mil veinticuatro; así como el punto Segundo, fracción VIII, inciso a) del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.
II. OPORTUNIDAD
9. Resulta innecesario el pronunciamiento de este Tribunal Pleno en cuanto a la oportunidad del recurso de revisión, debido a que ya fue materia de estudio por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.(6)
III. LEGITIMACIÓN
10. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión fue hecho valer por parte legitimada, pues lo interpuso *****, apoderado legal de la parte recurrente, personalidad que le fue reconocida en el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, en el juicio de amparo indirecto 185/2024-E.
IV. PROCEDENCIA
11. Este Tribunal Pleno considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y; por tanto, amerita un estudio de fondo, ya que se trata del recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por una Juez de Distrito en que subiste el problema de constitucionalidad sobre los alcances y parámetros del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del cual esta Suprema Corte reasumió competencia originaria.
12. Causales de improcedencia. No se advierte que hagan valer causales de improcedencia y no se advierten de oficio.
V. ESTUDIO DE FONDO
13. En primer lugar, es importante considerar que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 336/2024, ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
14. Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Colegiado consideró que se actualiza la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por subsistir el problema de constitucionalidad del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habida cuenta que es un precepto de carácter federal impugnado, en relación con los derechos de la víctima para garantizar la reparación del daño, y dado que no existe jurisprudencia de este Máximo Tribunal, ni precedentes que diriman las cuestiones propuestas por la parte recurrente.
15. Al respeto, la parte quejosa formula los siguientes conceptos de violación contra el precepto reclamado:
• El artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la prórroga de providencias precautorias limita a una temporalidad de sesenta días naturales y una prórroga de hasta treinta días más, transgrede los derechos humanos inmersos en los artículos 1 y 20, apartado A, fracción I, y apartado C, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Atento al principio de progresividad, se debe ordenar ampliar el alcance y protección de los derechos humanos en mayor medida hasta que se logre su plena efectividad, atendiendo a las circunstancias jurídicas como a la realidad fáctica.
• Que el principio de progresividad establece hacia las autoridades exigencias positivas y negativas, mismas que para el legislador se traducen en la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplie jurídicamente el alcance y la tutela de los derechos humanos.
• Que las exigencias negativas prohíben al legislador emitir actos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en ese momento se reconozca respecto de los derechos humanos, y para el aplicador, es la prohibición de interpretar las normas de derechos humanos de manera regresiva, por lo que el parámetro de regularidad constitucional establece un estándar mínimo de exigencia, en constante ampliación para las distintas autoridades del Estado mexicano y su actuar en el ámbito de sus competencias.
• Que tiene relevancia y estricta similitud lo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2014, y mediante la cual se estableció que el examen de proporcionalidad se encuentra compuesto por cuatro subprincipios: La identificación del fin que persigue el legislador con la medida, y determinar si dicho objetivo es constitucionalmente válido; la evaluación sobre la medida legislativa, del cual se advierta si la misma satisface o alcanza de alguna forma el fin determinado; la necesidad, entendida como el hecho que dentro del catálogo fundamental, no se encuentre alguna otra opción que persiga el mismo fin legítimo y dicha opción restrinja a menor escala el derecho en cuestión; y, el estudio de proporcionalidad en sentido estricto, siendo esto la comparación sobre el alcance de la realización del fin legítimo, en atención al menoscabo directo al derecho fundamental.
• Que, si bien en el caso la norma reclamada supera las primeras tres gradas del examen de proporcionalidad, no pasa una evaluación sobre la proporcionalidad de la misma en sentido estricto.
• Que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 108 establece el concepto de ofendido, como parte del procedimiento penal, el cual atiende, en el caso particular, y que deberá otorgarse a aquella persona moral. Que derivado de la comisión del delito, algún derecho del que sea titular se vea afectado, enfatizando en el tercer párrafo de dicho numeral que a víctima u ofendido, en términos de la Constitución Federal y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen.
• Que tanto en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como el 12 de la Ley General de Víctimas prevén el derecho del sujeto pasivo, tendente a solicitar diversas providencias precautorias con la finalidad de asegurar una posible reparación sobre el daño sufrido, es así que el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla tanto el embargo de bienes, así como la inmovilización de cuentas y demás valores dentro del sistema financiero, como las disposiciones preventivas que pudiesen dictarse por la autoridad judicial, en atención a garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido.
• Que tal numeral también estipula que la concesión de dichas providencias se encuentra sujeta a la existencia de datos de prueba, de los que se desprenda la posible enmienda del menoscabo sufrido por la ofendida, así como que de ellos se logre establecer en grado de probabilidad, que el señalado como responsable del ilícito actuar ya que eventualmente será quien deba resarcir el daño ocasionado.
• Que de los registros de la indagatoria en cuestión, satisfacen los elementos para concederla, otorgando las mismas tal como se enunció en el apartado de hechos de la demanda, toda vez que de los antecedentes expuestos es apreciable que el patrimonio de la empresa se ha visto perjudicado a gran escala por el imputado, quien en su momento trabajara dentro de la misma, teniendo autoridad y acceso total dentro de los procesos internos para la realización de obras, y que valiéndose de ésto maquinar un método operativo y lo empleara durante diez años, con la finalidad de ejecutar obras y prestar servicios de perforación bajo el nombre de la moral, subvalorando los costos de perforación reales realizando obras completas por su propia cuenta, sin reportar ganancia alguna todo esto haciendo uso de la maquinaria y personal de la empresa quejosa, sin su consentimiento.
• En atención a las disposiciones que rigen el dictado de medidas precautorias necesarias para garantizar el derecho a la reparación del daño que ostenta toda víctima, se considera que la temporalidad prevista por el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su aplicación al caso concreto no atiende a una vigencia idónea y; por consecuencia, dicha temporalidad resulta ineficaz para salvaguardar el derecho de la parte ofendida.
• Que es importante precisar las valoraciones jurídicas que sustentan el sentido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales en atención a la procedencia y temporalidad de las providencias precautorias.
• Que una vez analizados los argumentos que motivan las disposiciones que rigen la temporalidad y prórroga de las providencias precautorias, es apreciable que la limitación de treinta días naturales, por lo que respecta a la ampliación de su vigencia una vez decretadas, carece de justificación al tenor de resultados y conclusiones que desprendan de un método científico de investigación de conocimientos y que éstos soporten que la temporalidad reclamada no impide garantizar el derecho fundamental, por lo que es presumible que el legislador, con base en razonamientos limitados y alejados de empírica, consideró ajustado y suficiente que la prórroga tendiente a treinta días bastan de forma genérica para garantizar el derecho a la reparación del daño, sin establecer el por qué dicha temporalidad es apta o adentrarse al estudio técnico sobre si las disposiciones reúnen o no, las condiciones suficientes para lograr su función, por lo que se concluye que la medida legislativa no supera la segunda etapa del examen de proporcionalidad.
• Que la subsistencia de las mismas tendría que estar limitada estrictamente a un ejercicio argumentativo entre los titulares de los derechos e intereses que colisionan a causa de su ejecución, seguido de la interpretación sobre el caso en concreto por parte del juzgador competente desde una perspectiva de idoneidad y necesidad obligada por la normatividad aplicable y no restringida de forma inmediata por una temporalidad que además de carecer de justificación jurídica alguna, es contraria al principio de progresividad, el cual exige a las autoridades del Estado, aumentar el nivel garante en la promoción y protección de los derechos humanos e impide, en virtud de la no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyen el nivel de protección a los derechos humanos.
• Que de acuerdo a los pasos de dicho modelo de interpretación y la segunda grada del examen de proporcionalidad, se solicita declare la inconstitucionalidad de las disposiciones inmersas en el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se contempla la prórroga sobre las providencias precautorias limitada a una temporalidad de treinta días naturales, puesto que atenta contra el principio de progresividad en materia de Derechos Humanos, y al derecho a que se le garantice la reparación del daño a quien se le reconozca el carácter de víctima dentro de un procedimiento penal.
16. A partir de lo anterior, se establece que la problemática jurídica a responder es determinar si el límite de temporalidad establecido en el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales es constitucional, conforme al derecho de las víctimas a la salvaguarda de la reparación del daño.
17. Al respecto, con el fin de dar solución a dicha problemática, este Tribunal Pleno determina que la norma impugnada debe interpretarse y aplicarse, de manera conjunta con el diverso precepto 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que las providencias precautorias pueden prorrogarse hasta el tiempo necesario para garantizar la reparación del daño de las víctimas, o bien, en el momento en que se actualicen los supuestos señalados en la propia legislación.
18. Esta interpretación debe realizarse bajo un enfoque de derechos humanos y justicia social, privilegiando siempre la protección integral de la víctima por encima de formalismos procesales.
19. Para arribar a dicha conclusión se establecerá, primero, el parámetro de control de regularidad constitucional del derecho de las víctimas y, en siguiente orden, se analizará el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con su interpretación y aplicación conjunta con el diverso 138 de la propia legislación.
Derechos de las víctimas.
20. Uno de los principales cambios con la reforma constitucional de dieciocho de julio de dos mil ocho en materia penal, además del tránsito de un proceso penal inquisitivo a uno acusatorio y oral, fue el reconocimiento formal y material de la víctima del delito, como parte del proceso penal acusatorio y oral, así como los derechos constitucionales reconocidos, los cuales quedaron plasmados en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, que establece:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(...)
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
21. En el caso que nos ocupa, resulta relevante hacer énfasis que la Constitución Federal reconoce como derechos de este rango a favor de las víctimas el relativo a la reparación del daño; a que el Ministerio Público garantice su protección; así como el derecho de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.
22. Como se aprecia, la reforma constitucional de dos mil ocho incluyó los derechos y garantías de las víctimas y el ofendido, a través de una mayor participación de ambos durante el proceso penal, en el que se garantiza en el juicio la posibilidad de hacer valer sus derechos e impugnar resoluciones, así como señalándose el acceso de la víctima a una reparación del daño efectiva y a una mayor protección de su persona y bienes frente al acusado. Esto último fortalece los derechos de la víctima y el ofendido, lo cual ofrece mayor eficacia y congruencia con principios identificables dentro de un Estado democrático y social de Derecho.
23. En dos mil catorce, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual establece que todas sus disposiciones son de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados, tanto en nuestra Constitución Federal, como en los tratados internacionales en los que México es Estado Parte.
24. También puntualiza que el objeto del proceso penal es establecer todas aquellas normas que habrán de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, el proteger al inocente, evitar la impunidad y lograr la reparación del daño, para contribuir al aseguramiento del acceso a la justicia.
25. De esta manera, se reconoce que la protección a las víctimas u ofendidos, nace de una relación recíproca con el Estado, es por ello por lo que la seguridad, como una condición necesaria para contar con libertad, debe ser garantizada a toda víctima u ofendido, y no es posible comprender la una de la otra.
26. Es conveniente destacar que los derechos de las víctimas de un ilícito penal y el correspondiente deber de los entes del Estado de protegerlos no surgen a partir de las reformas constitucionales de dos mil ocho, ni del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que derivan de derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su propia dignidad como sujetos de derechos humanos que fueron transgredidos por actos delictuosos.
27. En el caso del sistema regional de protección de derechos fundamentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido los alcances de la necesidad de protección para aquellos supuestos en que las amenazas de daño pongan en riesgo la integridad de las personas y equipara la obligación de salvaguardarlas con el derecho de llevar adelante su proyecto de vida y de cumplir con los compromisos que haya asumido como propios.
28. Se reconoce en el sistema regional, en el artículo 25(7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a la protección judicial y en el diverso 63.1(8) dispone que la Corte garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertades conculcados, así como la reparación de los daños.
29. Mientras que el numeral 63.2(9) insta a la Corte a tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en los casos de extrema gravedad, urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.
30. La protección de los derechos de las víctimas es un tema importante en las Constituciones de América Latina. En la mayoría de los países de la región, se reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas de delitos, así como el deber del Estado de promover medidas de protección y asistencia.
Naturaleza providencias precautorias.
31. Las providencias precautorias y su duración se encuentran reguladas en los artículos 138 y el 139 reclamado del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan:
Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima.
Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias:
I. El embargo de bienes, y
II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.
El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.
Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público.
Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño.
La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Artículo 139. Duración de las medidas u órdenes de protección y providencias precautorias.
La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos.
Tratándose de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
32. En términos del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.
33. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público.
34. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño.
35. La naturaleza de las providencias precautorias penales es la de ser medidas cautelares instrumentales y provisionales dictadas por un juez de control para asegurar la reparación del daño a la víctima y garantizar la eficacia de la sentencia, inmovilizando bienes o cuentas del imputado, no para castigar, sino para asegurar el pago futuro de una indemnización, permitiendo embargos o retenciones patrimoniales con temporalidad limitada y respetando la presunción de inocencia, solicitadas por víctima, el Ministerio Público o asesor jurídico.
36. Si bien, el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnado establece que las providencias precautorias, que constituyen herramientas a favor de las víctimas para proteger y garantizar la reparación del daño, no pueden tener una duración mayor a sesenta días naturales y que únicamente pueden ser prorrogables hasta por treinta días, lo cierto es que dicho precepto, como se adelantó debe ser interpretado de manera sistemática y funcional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, en relación con el diverso 138 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como se demuestra a continuación.
37. El artículo 138 penúltimo párrafo del código nacional señala textualmente supuestos en que las providencias precautorias pueden y deben ser canceladas, esto es: a) si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; b) si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este código; c) si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero; y d) si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño.
38. Asimismo, el último párrafo de ese precepto establece que las providencias precautorias se harán efectivas a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria.
39. Cl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33999-0bc16f71/providencias-precautorias-el-articulo-139-del-codigo-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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