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CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES PENALES POR LA COMISIÓN DE DELITOS GRAVES UNA VEZ COMPURGADA LA PENA DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G), DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL NO VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES PENALES POR LA COMISIÓN DE DELITOS GRAVES UNA VEZ COMPURGADA LA PENA DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G), DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL NO VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES PENALES POR LA COMISIÓN DE DELITOS GRAVES UNA VEZ COMPURGADA LA PENA DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G), DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL NO VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 637/2023. · Registro digital (IUS): 34038
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-05
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.38.

AMPARO EN REVISIÓN 637/2023. 14 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, LENIA BATRES GUADARRAMA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, LORETTA ORTIZ AHLF Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. DISIDENTES: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ, QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y CRISTIAN ALBERTO MEZA JIMÉNEZ.

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ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 637/2023, interpuesto por el señor persona “A”, en el que, en la materia de la revisión, se confirma la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en el amparo indirecto primer número de expediente, la cual negó la protección constitucional, respecto del artículo 27, fracción V, inciso G), de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El problema que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve, consiste en determinar que si el referido precepto de la Ley Nacional de Ejecución Penal es violatorio de los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, protección de datos personales, así como del principio de reinserción social que derivan, respectivamente, de los preceptos 1º, 6, 16 y 18 de la Constitución Política del país.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. Aproximadamente a las diez horas del veintiuno de mayo de dos mil cinco, el señor persona “A” transportó a diez personas de nacionalidad extranjera, de la central camionera de Hidalgo, Michoacán, con destino a Cananea, Sonora, en la cajuela de un vehículo tipo pick up, por lo cual cobraría mil dólares a cada una, hasta que fue detenido mientras circulaba por la carretera 15, México – Nogales.(1)

2. Causa Penal segundo número de expediente. Por esos hechos, el tres de enero de dos mil ocho, dentro de un proceso penal ordinario instruido en contra del señor persona “A”, por el delito de violación a la Ley General de Población, se le impuso una condena de seis años, tres días de prisión, entre otras sanciones.(2)

3. Recurso de apelación tercer número de expediente. Inconforme con dicha determinación, el señor persona “A” interpuso recurso de apelación del cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, que mediante sentencia de siete de noviembre de dos mil nueve, confirmó la sentencia de primera instancia.

4. Solicitud de constancia de antecedentes penales. El trece de agosto de dos mil veinte, el señor persona “A” tramitó una constancia de antecedentes penales, en la cual se asentó el registro de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal segundo número de expediente, en contra del señor persona “A”.

5. Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo con lo anterior, el señor persona “A” promovió un juicio de amparo indirecto en el que, en síntesis y en lo que interesa al asunto, reclamó lo siguiente:(3)

a) La constancia de antecedentes penales como acto de aplicación y el artículo 27, fracción V, inciso G), de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual consideró inconstitucional porque vulnera las garantías de igualdad y no discriminación que derivan del artículo 1º constitucional, al permitir la cancelación de los antecedentes penales solamente para los casos de delitos no graves.

b) La norma es incompatible con el artículo 18 constitucional, al obstruir su derecho a la reinserción social, lo estigmatiza y afecta su proyecto de vida, por lo tanto, tampoco es acorde al derecho a la protección de datos personales previsto en el artículo 6° de la Constitución Política del país.

6. Sentencia de amparo indirecto primer número de expediente. De la demanda correspondiente conoció el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, en donde mediante sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno se resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra negar el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:

a) En el caso, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en refrendo y publicación de la norma combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dichos actos no se impugnan por vicios propios, pues la parte quejosa no vierte razonamiento alguno en su contra, por lo cual sobreseyó respecto de dichos actos.

b) Asimismo, determinó que está satisfecha la aplicación de la disposición normativa impugnada, ya de la lectura de la constancia de antecedentes penales, pues si bien se advierte que no se cita el artículo 27, fracción V, inciso G, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cierto es que los antecedentes penales del quejoso por el delito de violación a la Ley General de Población se encuentran vigentes.

c) Calificó de infundados los conceptos de violación del quejoso, en virtud que la limitante relativa a la imposibilidad de cancelar los datos para efectos de la constancia de antecedentes penales respecto de aquellos sentenciados por delitos graves no vulnera los principios de no discriminación, así como los fines de la reinserción social.

d) La norma reclamada no viola las garantías de igualdad ni el derecho a la reinserción social, ya que distingue razonablemente entre delitos graves y no graves.

e) Los antecedentes penales son un registro administrativo y no deben emplearse para graduar la culpabilidad o estigmatizar a la persona, pues la finalidad de la pena es la reinserción social, sin embargo, el legislador puede establecer límites para proteger el interés público y la seguridad de la sociedad, especialmente en casos de delitos graves.

f) La limitación para cancelar antecedentes por delitos graves responde a la necesidad de que la sociedad conozca las conductas que han generado un daño serio y esto se considera una medida proporcional, idónea y razonable. La restricción no implica violencia a los derechos humanos, ni genera discriminación injustificada, ya que está justificada por la gravedad del delito y el impacto social.

g) El trato diferenciado que se le da a quienes han cometido un delito no grave, respecto de quienes han sido encontrados culpables de cometer un delito grave, cumple una finalidad constitucionalmente legítima, que se traduce en garantizar la protección de la sociedad, mediante un registro fidedigno de aquellas conductas que han dañado de sobremanera no sólo a determinados individuos, sino a la sociedad misma.

h) Además, la medida es proporcional, pues si bien la persona sentenciada quedará marcada con el estigma de infractor el resto de su vida, la limitante no produce una afectación desmedida de otros bienes o derechos constitucionales protegidos a las personas que soliciten la cancelación de sus antecedentes penales, debido a que dicha información es concentrada por la autoridad especializada sin que sea de carácter eminente público.

i) También se trata de una medida razonable, en tanto que, sin ella existiría el riesgo de que no quedara ningún registro del delito cometido, a pesar de que se provocó una afectación de orden superior que el simple transcurso del tiempo no puede borrar.

j) La figura de los antecedentes penales no conlleva a que en automático se aplique indebidamente el derecho penal del autor y no del acto, precisamente porque es un registro que contendrá los datos de otras penas que podrán considerarse bajo la diversa figura de reincidencia a efecto que, de ser el caso, en algún procedimiento diverso se individualice la pena correspondiente, no implica una estigmatización, sino que obedece a cuestiones de política criminal.

k) Concluyó, en que la existencia de los antecedentes penales no viola la protección de sus datos personales, pues los mismos quedan bajo el resguardo de autoridades administrativas, y solo pueden tramitarse a solicitud de autoridad competente. De ahí que el solo hecho de que exista el registro no implica una violación a la privacidad de sus datos, por lo tanto, tampoco se afecta su proyecto de vida.

7. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, el señor persona “A” interpuso el presente recurso de revisión, señalando como agravios, en síntesis, los siguientes:

a) La sentencia recurrida es inconstitucional, pues el Juez de Distrito se limitó a concluir que debe prevalecer “la protección y salvaguarda de los intereses de la sociedad basada en una política criminal”, sin justificar cómo es que la permanencia de los antecedentes penales sirve para lograr una mayor seguridad ciudadana, ni las implicaciones de la imprescriptibilidad de los antecedentes penales en su derecho a la reinserción social.

b) Además, el registro de personas con antecedentes penales no tiene un origen constitucional, sino que se trata de una política pública o criminal, por lo que deben prevalecer sus derechos constitucionales a la no discriminación y a la reinserción social, en razón de jerarquía constitucional.

8. Trámite del recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito conoció del recurso de revisión y radicó el asunto con el número cuarto número de expediente, por lo que ordenó darle el trámite respectivo.

9. Resolución del recurso de revisión En sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado determinó carecer de competencia para resolver sobre la constitucionalidad del artículo impugnado, por lo que remitió las constancias a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en ejercicio de su competencia originaria, conozca del asunto.

10. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, la entonces Presidencia de esta Suprema Corte admitió a trámite el amparo en revisión y lo turnó para su estudio a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

11. Avocamiento. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro Presidente de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento del asunto y el envío de los autos al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de sentencia.

12. En sesión de trece de agosto de dos mil veinticinco, la entonces integración la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, resolvieron desechar el proyecto que se presentó y returnar el asunto para que se elaborara una nueva propuesta de resolución.(4)

13. Returno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, returnó los autos al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, para efectos de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

14. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país, 83 de la Ley de Amparo, 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto Segundo, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 2/2025 de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. OPORTUNIDAD

15. De las constancias se advierte que la sentencia de amparo fue notificada a la parte quejosa por lista, el quince de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecinueve de octubre al tres de noviembre de dos mil veintiuno.(5)

16. El recurso se presentó electrónicamente el dos de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se concluye que se interpuso oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN

17. El recurrente cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, pues en el juicio de amparo directo se le reconoció la calidad de quejoso, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, aunado a que el recurso fue presentado persona “B”, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la misma Ley.

V. PROCEDENCIA

18. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia a los que hacen alusión los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país y 83 de la Ley de Amparo.

19. Lo anterior, en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en la que por una parte, sobreseyó el juicio de amparo respecto del refrendo y publicación de la norma cuestionada y, por otra, negó la protección constitucional solicitada en torno al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 27, fracción V, inciso G, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la constancia de antecedentes penales impugnados.

20. En virtud de la resolución anterior, el Tribunal Colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, toda vez que el mismo exige un análisis de constitucionalidad respecto del artículo antes señalado, a la luz de los derechos a la igualdad y no discriminación, protección de datos personales y a la reinserción social, previstos, respectivamente, en los preceptos 1º, 6, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

21. El señor persona “A”, impugna el artículo 27, fracción V, inciso G, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la porción normativa: “salvo en la emisión de delitos graves previstos en la ley”, que le fue implícitamente aplicada en la constancia de antecedentes penales reclamada de trece de agosto de dos mil veinte.(6)

22. Al respecto, considera que dicha porción, que regula que, para efectos de la emisión de cartas de antecedentes penales, se conservará la información relativa a la comisión de delitos graves, resulta violatoria de los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, a la protección de datos personales, así como del principio de reinserción social que derivan, respectivamente, de los preceptos 1º, 6, 16 y 18 de la Constitución Política del país.

23. Dicho precepto señala lo siguiente:

Ver precepto destacado

G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley; [...] (Lo destacado es de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación)

24. En ese sentido, para resolver el planteamiento de constitucionalidad planteado, la metodología que emprenderá esta Suprema Corte consiste en desarrollar los siguientes apartados: (i) breve referencia sobre las constancias de antecedentes penales; (ii) análisis sobre si la norma impugnada vulnera el derecho humano a la protección de datos personales y de acceso a la información; (iii) estudio sobre si el precepto impugnado trasgrede el derecho humano a la igualdad y no discriminación; y (iv) escrutinio sobre si el artículo impugnado es contrario al principio de reinserción social. Veamos.

VI.1 Breve referencia sobre las constancias de antecedentes penales

25. Conforme al artículo 27, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de mantener una base de datos con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con el sistema único de información criminal que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para recolectar información pública relacionada con el sistema de información estadística penitenciaria.(7)

26. Conforme a la citada ley general, el sistema nacional de información es un conjunto integrado, organizado y sistematizado de registros y bases de datos nacionales que se compone por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.

27. El objetivo de dicho sistema es que las instituciones de seguridad pública, policiales, de procuración de justicia o penitenciarias, entre otras, compartan, actualicen y consulten diariamente la información que generen para cumplir, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los planes y programas nacionales y locales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que se vinculará con el sistema nacional de información en materia de seguridad pública, previsto en el artículo 21, párrafo onceavo, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(8)

28. En ese sentido, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, policiales, de procuración de justicia, penitenciarias, entre otras, estarán obligadas a compartir y actualizar la información que generen en el ámbito de sus competencias, conforme a la normativa que emita el Secretariado Ejecutivo y a permitir la alimentación de sus bases de datos en el sistema nacional de información de manera objetiva, veraz y verificada.

29. La información de la base de datos de ese sistema nacional de información es clasificada como reservada y respecto de cada persona que ingrese al sistema penitenciario debe contener: (i) una clave e identificadores biométricos; (ii) nombres, fotografía y lugar del centro penitenciario; (iii) características sociodemográficas de la persona.

30. Además debe existir un expediente de ejecución que contendrá los siguientes datos: (a) nombres, identificadores biométricos y fotografía; (b) fecha de inicio del procedimiento penal, delito, fuero judicial, la determinación privativa de la libertad, fecha de ingreso al centro penitenciario; ubicación del centro; (c) fecha de la sentencia, pena impuesta, traslados, inventario de objetos personales, ubicación en el interior del centro, personas autorizadas para visita; sanciones y beneficios obtenidos; y (d) información de cónyuge o pareja sentimental, familiares directos, dependientes económicos y plan de actividades.(9)

31. En ese sentido, la fracción IV del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone la emisión de una constancia de antecedentes penales, sólo en los casos siguientes:

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.

32. En este caso la información puede ser útil para desarrollar líneas de investigación o para identificar un caso de reincidencia, esto es, que la persona sentenciada ha vuelto a cometer un delito de la misma naturaleza que amerite una mayor respuesta penal.(10)

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.

33. Dependerá su emisión que se justifique la existencia de un derecho que no puede hacerse valer o un deber que no se puede cumplir, si no es a través de la existencia de esa constancia.

34. Es decir, el derecho o el deber relativos pueden estar sujetos para su ejercicio a una condición específica relacionada, por ejemplo, con que a través de la citada constancia se demuestre que la persona interesada ya no cuenta con registro de antecedentes penales o que ya compurgó la pena de prisión impuesta.

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. 35. Este supuesto se refiere a ciertas actividades específicas, que por su naturaleza requiera de funciones específicas determinadas en materia de seguridad pública o privada, procuración o administración de justicia, o bien, de un cuidado especial, como la atención de grupos vulnerables, es decir, el cuidado de personas enfermas, con discapacidad, de la tercera edad, indígenas, niñas, niños o adolescentes.

36. También puede ser que implique la utilización de elementos de riesgo, como el empleo de armas de fuego, en donde se exija la ausencia de antecedentes penales por parte de las personas que buscan desempeñar esos empleos, cargos o comisiones de carácter público o privado.

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México o embajada o consulado de nuestro país en el extranjero.

37. Sin duda, esta información puede resultar de utilidad en la realización de un servicio, incluso, para la autorización de visas que permitan a una persona ingresar a otro país.

38. De igual manera, la fracción V, del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información de la referida base de datos, se cancelará cuando:

• Se resuelva la libertad del detenido.

• En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal.

• Se haya determinado la inocencia de la persona imputada.

• El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado.

• En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada.

• La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión correspondiente.

• La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley.

• Cuando la pena se haya declarado extinguida.

• La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima al hecho el carácter de delito.

• A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación.

• Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.

39. Como podemos apreciar, la base de datos que contiene la información de las personas que ingresan a los centros penitenciarios, tiene la calidad de reservada con propósitos operativos dentro del sistema nacional de información en materia de seguridad pública, conforme al contenido en el artículo 21 constitucional.

40. La citada información pertenece a un flujo interconectado de autoridades relacionadas con la seguridad pública y nacional, con las policías, la procuración y la administración de justicia, que además contribuye a la emisión de estadísticas que sirvan para orientar las política públicas criminológicas del país.

41. Asimismo, específicamente las constancias de antecedentes penales, tienen el objetivo de proporcionar la información de la base de datos de una determinada persona para fines específicos, no públicos o de difusión, aunado a que serán cancelados, exclusivamente para la emisión de esas constancias, sólo los registros de delitos no graves, una vez que se compurgue la pena de prisión impuesta.

42. Al respecto, para identificar los delitos graves, basta una simple remisión al artículo 150, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece como tales: a) los previstos en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa contenidos en el artículo 19, párrafo segundo constitucional;(11) y b) aquellos cuya pena media aritmética sea superior a cinco años de prisión.(12)

43. Acorde con lo anterior, la información de las personas que han ingresado a los centros de reclusión, aun cuando se cancelen los registros criminales en delitos no graves para el efecto de la expedición de una constancia de antecedentes penales, dicho registro de antecedentes penales seguirá formando parte del sistema nacional de información, de acuerdo con su utilidad en el intercambio operativo de información por razones de seguridad pública y nacional.

VI.2 Análisis sobre si el artículo 27, fracción V, inciso G), de la Ley Nacional de Ejecución Penal trasgrede el derecho humano a la protección de datos personales y de acceso a la información

44. La protección de datos personales ha tenido una gran relevancia en el sistema jurídico, lo cual se justifica por los importantes avances sociales y tecnológicos, especialmente en el control de la información que se intercambia todos los días en múltiples formas.

45. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido como datos personales aquellos que se relacionan con el ámbito privado de las personas, siendo esto, lo que no constituye vida pública.(13)

46. Es decir, el ámbito privado es reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, entonces, se trata de aquello que las personas desean compartir únicamente con quienes elijan de acuerdo con su esfera particular. Por lo tanto, el derecho a la intimidad protege la posibilidad de oponerse a la difusión de datos de la vida privada.

47. No obstante, la interacción con entes públicos y privados exige de la aportación y recolección de datos personales para contratar servicios, ejercer derechos o ante la existencia de relaciones con el Estado que requieran de esa información para fines estadísticos, control administrativo, de interés social, seguridad pública o nacional, procuración o administración de justicia, entre otros.

48. De este ejercicio surge también el derecho humano de las personas a obtener información que puede relacionarse con datos personales, lo cual amerita una protección especial.

49. Al respecto, los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el derecho humano a la información y a la protección de datos personales frente al Estado o los particulares.

50. El artículo 6 de la Constitución Política del país, en lo que interesa, señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, de manera que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Además, tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

51. En ese sentido, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

• En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

• Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

52. Además, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

53. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, en la cual se establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

54. El derecho a la protección de los datos personales y la vida privada también está reconocido entre otros ordenamientos internacionales, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(14) 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(15) y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(16)

55. En ese sentido, el ordenamiento jurídico nacional cuenta con distintas normas relevantes en el tema, como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuyo objetivo es proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, la Federación, las entidades federativas y los municipios.

56. El objetivo que persigue la citada ley general es regular el debido tratamiento de la información con que cuentan las autoridades del Estado y garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de sus datos personales.(17)

57. Específicamente las autoridades pueden manejar datos personales sensibles, entendidos por estos, los que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para su titular. Por ejemplo, aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.(18)

58. En ese supuesto, los distintos entes del Estado están obligados a resguardar esa información respecto de sus datos de acceso público y sólo podrán proporcionarla una vez obtenido el consentimiento libre, específico

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34038-3bfaeb9a/constancias-de-antecedentes-penales-por-la-comision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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